Piden investigar delitos por cobro ilegal de cheques

El ciudadano Ángel Rodríguez Quintero, a través de su abogado, Raúl Ossa, interpuso ante el Ministerio Público una denuncia penal por los delitos de estafa y contra la administración pública, tras detectar que otras personas habrían usurpado su identidad para cobrar algunos cheques de la planilla de la Asamblea Nacional.

En la denuncia contra quienes resulten responsables de este hecho, se destaca que el querellante se percató de la comisión de estos delitos resultando imposible determinar la identidad de las personas responsables de la comisión de este ilícito.

Rodríguez denunció recientemente que cuando fue a hacer los trámites a la Caja de Seguro Social (CSS) para optar por su jubilación anticipada, se le informó que en sus datos reflejaba unos ingresos en concepto de salarios obtenidos en la Asamblea Nacional.

En una nota entregada por la CSS, se señala que Rodríguez había recibido pagos en diciembre de 2011 por $2,925, y en marzo y abril de 2012, por $2,950.

No obstante, Rodríguez, quien realiza labores agrícolas de subsistencia en La Chorrera, indicó que nunca ha suscrito contrato de servicios, suministro, obra o similar, ni ha recibido donativo ni ningún tipo de beneficio dinerario de la Asamblea.

‘El delito querellado constituye una causa de profundo deshonor para el querellante, su esposa, sus hijos y toda su familia, lo cual denigra su reputación personal’, precisa Ossa en la denuncia.

 

Gustavo A. Aparicio O.

Juez debe decidir hoy el futuro de pruebas sensitivas

El magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, tendrá que resolver hoy en la audiencia de acusación que se sigue contra el expresidente Ricardo Martinelli el destino de varias pruebas sensitivas que contienen información íntima de las víctimas de los pinchazos telefónicos, y que el fiscal Harry Díaz se ha negado a proporcionar a la defensa por temor a que las víctimas sean amenazadas.

En la audiencia de ayer, el fiscal Díaz no estuvo dispuesto a revelar a los abogados de Martinelli el nombre o señas particulares del testigo protegido, quien denuncia que el Consejo de Seguridad Nacional utilizó equipos para la interceptación de comunicaciones de manera clandestina.

En la audiencia que se retomó ayer, celebrada en el Segundo Tribunal de Justicia del Órgano Judicial, el fiscal presentó algunos ajustes al escrito de acusación a petición de la defensa.

Sin embargo, la fiscalía no accedió a compartir algunas evidencias consideradas sensitivas.

La defensa había solicitado copia de un sobre cerrado que el fiscal entregó al juez de garantías, que contiene siete cuadernillos con información íntima de las víctimas. Están en reserva por disposición de la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a su contenido, evitando de esta manera su publicidad y la revictimización de las personas mencionadas.

El fiscal pretende proteger este material por temor a que los afectados sean sometidos a coerción por parte del equipo legal de Martinelli.

Díaz también pidió reservar un disco compacto que incluye material sobre los pinchazos efectuados a las víctimas.

La mayor parte de la información sensitiva que Díaz busca alejar de las manos de la defensa se obtuvo en las inspecciones oculares a computadoras del Consejo de Seguridad y al correo electrónico ‘brad.pty@gmail.com’, de donde se extrajo la información recolectada de las comunicaciones privadas por los funcionarios del Consejo de Seguridad que supuestamente violaron la intimidad de las víctimas entre 2012 y 2014.

El fiscal también pretende mantener al margen de la contraparte el informe de un DVD en el que una persona narra la forma en que se intervinieron los teléfonos de las víctimas.

La publicación de lo anterior recae únicamente en la autorización del Tribunal competente, ya que ni la defensa o las víctimas pueden reproducir su contenido, según Díaz. Anteriormente, el fiscal anunció que cuando se ventilen estos datos en la audiencia, solicitará que se realice a puerta cerrada para evitar que se conozca el contenido de las comunicaciones.

Sidney Sittón, abogado de Martinelli, refutó la acción de la fiscalía de no querer entregarle copia de las evidencias. ‘Le vamos a solicitar al magistrado de garantías que él resuelva el destino de estas pruebas porque no se han atendido las observaciones de la defensa y la entrega de evidencias que señala el fiscal en su escrito de acusación’, dijo Sittón al salir de la audiencia.

El defensor buscó desestimar la legitimidad del testigo protegido aduciendo que en una audiencia celebrada en un juzgado de circuito, el juez determinó que ‘el testigo protegido no existía, sino que se trataba de un denunciante’. ‘Se nos quiere ocultar esta información. El fiscal debe darnos las señas de esta persona’, añadió Sittón.

Con respecto a las correcciones que efectuó el fiscal al documento de acusación, Díaz detalló que se centró en tres aspectos fundamentales. Dijo al juez que, para satisfacción de la defensa, desglosó y convirtió en ‘papilla’ la acusación para fácil entendimiento. Los puntos que accedió a modificar son: detalles de la relación directa de los hechos, el delito y los testigos con que piensa probar estas acusaciones.

Como segundo punto, amplió los tratados internacionales y las leyes internas que protegen los derechos a la intimidad y la no violación a sus comunicaciones. Y por último, el fiscal precisó las modalidades del delito del que está acusado el expresidente: inviolabilidad de las comunicaciones, vigilancia y seguimiento, derecho a la intimidad y peculado en dos formas (malversación y fraude).

Díaz describió que funcionarios del Consejo de Seguridad, por órdenes impartidas por el entonces presidente de la República y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Ricardo Martinelli, realizaron interceptaciones, intervenciones, la obtención ilícita de comunicaciones, de los correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audioambiente, grabación de conversaciones confidenciales y personales de teléfonos celulares y fijos, de fotografías, lo cual implicó en varios casos la práctica de vigilancia y seguimiento de personas, entre las cuales se encontraban activistas y líderes políticos, dirigentes sindicales, gremios educativos, grupos organizados de la sociedad civil, abogados, médicos, actividades de espionaje político, que implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos de los ciudadanos panameños.

El acusador también se refirió a que el fiscal de Atención Primaria será el encargado de localizar al testigo protegido, ya que esta tarea recaía en el fiscal auxiliar, pero que con el cambio al Sistema Penal Acusatorio, se adjudicó al primero.

Con respecto a las alegaciones de la defensa, en el sentido de que se sentían en desventaja frente a las actuaciones de la fiscalía, Díaz estuvo dispuesto a contraargumentar con un cuadro comparativo que preparó para demostrar que los abogados de Martinelli han ejercido pleno derecho en el caso.

Después de que terminó la presentación de las modificaciones de la acusación por parte del fiscal, Sittón solicitó al juez un receso hasta hoy para presentar un escrito y contrastar lo solicitado al fiscal y lo que este accedió u omitió. La defensa dijo que no busca hacer nuevas alegaciones a la acusación ampliada que presentó el fiscal, sino que pretende señalar al juez las omisiones de la fiscalía para que decida su rumbo.

Una vez culminó la intervención de Sittón, el querellante autónomo David Cuevas indicó que podría presentar la ampliación a su acusación en la audiencia de hoy, a lo que el juez no tuvo objeción, pues ya había concedido a la defensa el receso solicitado.

Los querellantes, en voz de Carlos Herrera Morán, se opusieron a la solicitud de la defensa porque, dijeron, se trataba de una práctica dilatoria al proceso y exigieron un pronunciamiento del juez al respecto.

No obstante, el juez se mantuvo firme en reanudar hoy la audiencia por la necesidad de que la defensa comprendiera a la perfección las acusaciones del fiscal, pues entiende que se trata de una fase crítica y no de un subterfugio de la defensa, pues si fuera así no lo permitiría. Hoy se debe cerrar el proceso de acusación y entrar en el debate de la validación de testigos, pruebas periciales, documentación y otras disposiciones.

RECHAZAN QUERELLANTE

Lo primero que ocurrió en la audiencia de ayer fue la solicitud de Renaldo Milwood, abogado de Gabriel Carreira Pitty, víctima de los pinchazos, quien intentó constituirse como querellante autónomo en la causa. Sin embargo, las partes rechazaron la petición, ya que la víctima tuvo un plazo para adherirse a la acusación de la fiscalía o presentar querella como autónomo, lo que no hizo.

El juez, siendo consecuente con lo antes decidido en el caso del diputado José Luis Varela y Yassir Purcait (ambos intentaron formar parte de la acusación de la fiscalía), rechazó la solicitud de Carreira, basado en que no permitió la adhesión de los mencionados cuando intentaron ser parte del proceso.

El fiscal y la defensa rechazaron la petición de Carreira alegando que tuvo tiempo suficiente para ceñirse al proceso y se le notificó del mismo, prueba de ello es que su firma representa los intereses de una de las víctimas en el proceso, Juan Carlos Navarro.

Por otra parte, la abogada Holanda Polo avanzó que el miércoles el expresidente debe acudir al Hospital Punta Pacífica para atender una cita con el oftalmólogo. La abogada dijo desconocer el padecimiento de su cliente porque ‘no es doctora’, y que solo está enterada de las referencias.

La literatura entre rejas

Mientras el fiscal Harry Díaz leía las modificaciones a la acusación, el imputado Ricardo Martinelli ojeaba un libro de Santiago Posteguillo, Africanus . Uno más de los libros que ha mostrado antes de ingresar a la audiencia de acusación.

Parte de la trilogía de la novela histórica más exitosa de Posteguillo, que presenta en tres libros: El hijo del cónsul ; Las legiones malditas y La traición de Roma .

El exmandatario parece estar atrapado en las narraciones del autor español.

El pasado 4 de julio, Martinelli mostró la segunda parte de la trilogía, La traición de Roma.

Las obras narran uno de los episodios épicos más representativos de la historia romana.

Africanus explica con detalle la destrucción de Roma, el momento en que atravesaba por un cruento conflicto bélico. Unos años antes de que comenzara la guerra, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia: Escipión .

A juzgar por la cantidad de libros que exhibe a la prensa antes de ingresar a las audiencias, Martinelli se ha entregado a la lectura mientras permanece en la celda del centro penitenciario ‘El Renacer’.

 

Adelita Coriat

Independientes: unos 59 panameños buscan llegar a la Asamblea

A cinco meses de que finalice el período de recolección de firmas para los aspirantes a un cargo de elección popular por libre postulación, por el momento son 59 los panameños que intentan llegar a la Asamblea Nacional.

La información corresponde a los libros que han ingresado hasta el 30 de junio de 2018 y que se han validado hasta el 9 de julio, reporta el Tribunal Electoral (TE), en su portal digital.

Como establece la ley electoral, los independientes que buscan una curul y que se la disputarán con los partidos tradicionales el 5 de mayo del próximo año tienen hasta el 3 de enero de 2019 para postular sus candidaturas y entregar las firmas de respaldo.

En cada circuito, la cantidad de firmas de respaldo es diferente, depende de la cantidad de votos válidos en este cargo de la última elección.

Sin embargo, hasta el 9 de julio, de los 59 panameños que quieren ser diputados independientes en 2019, ya 15 han logrado la cifra requerida por el TE.

De ese grupo, solo una mujer podría tener asegurada una de las tres casillas habilitadas en la papeleta de votación.

En total, once mujeres intentan entrar al Legislativo en julio de 2019 como independientes. Actualmente, solo hay una diputada por la vía independiente.

REFORMAS

Los independientes, una opción en el 2019

El Código Electoral establece las normas para la recolección de firmas.

Solo tres candidatos podrán participar en las elecciones de manera independiente.

El politólogo Richard Morales considera que el número de panameños que pretenden obtener un puesto en la Asamblea Nacional por libre postulación se debe a dos factores.

‘Lo primero es la pérdida de credibilidad de los partidos políticos tradicionales, el creciente descontento ante los diputados y la Asamblea Nacional y los partidos tradicionales’, asegura Morales.

El segundo fenómeno que identifica Morales se debe a la flexibilización de las normas para aspirar a los cargos de libre postulación.

En las últimas reformas al Código Electoral, la cantidad de firmas necesarias para una postulación se redujo a la mitad.

En los siguientes circuitos electorales a lo largo del país hay panameños recolectando firmas: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-5, 5-2, 6-2, 6-3, 7-1, 8-1, 8-2, 8-3, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-10, 9-1, 12-3.

Ismael Gordón Guerrel

Martinelli se postulará como diputado

Luego que el expresidete Ricardo Martinelli no pudiera postular su para la alcaldía la ciudad de Panamá debido a que se encuentra reservada, ahora correrá para una precandidatura a diputado por el circuito 8-8.

La información fue confirmada por su vocero Luis Eduardo Camacho quien publicó en su cuenta de Twitter que el anuncio se realizaría el viernes a las 11:00 a.m. en la sede del Partido Cambio Democrático.

Ese mismo día Camacho dará a conocer lo referente a la postulación de Alcalde.

En el circuito 8-8, se escogen cinco diputados. La Junta Directiva de Cambio Democrático en este circuito reservó dos espacio que no irán a primaria.

Martinelli, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario El Renacer, desde el 11 de junio de 2018, luego de ser extraditado desde Estados Unidos está siendo investigado por pinchazos telefónicos que se dieron durante su mandato (2009-2014).

Guadalupe León Barría

Credenciales espera ya nombres de magistrados

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, se encuentra ya en espera de que el Órgano Ejecutivo designe a los dos juristas que deberán reemplazar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Oydén Ortega y Jerónimo Mejía.

La lista con los nombres de los veinte abogados seleccionados para ser entrevistados para el cargo ya fue devuelta al Órgano Ejecutivo el pasado 27 de junio; sin embargo, aún el Consejo de Gabinete no ha sido convocado para analizar estas designaciones.

El Pacto de Estado por la Justicia recomendó para los cargos vacantes a: Juan Francisco Castillo, Luis Camargo Vergara y María Eugenia López Arias, para la Sala Civil; y a Luis Mario Carrasco, María Luisa Vigil y Maruquel Castroverde, para la Sala Penal.

La Comisión de Credenciales ya fue instalada formalmente, por lo que el presidente de esta instancia, el diputado Sergio Gálvez, expresó que el presidente de la República puede enviar ya los dos nombres para someterlos a la consideración de la Asamblea.

‘Una vez lleguen los nombres de los designados, serán presentados, primero, ante la Comisión de Credenciales, y si se recomienda su ratificación, pasarán al pleno de la Asamblea’, precisó.

 

Gustavo A. Aparicio O.

Han surgido varios acercamientos con la defensa de Martinelli

Carlos Herrera Morán, representante legal del doctor Mauro Zúñiga, víctima de los pinchazos telefónicos, asegura que tuvo una reunión de acercamiento con un abogado de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena en el caso que se le sigue al exmandatario por cuatro supuestos delitos cometidos durante su administración, entre los años 2012 y 2014.

El acercamiento, que según Herrera Morán es otro más de los siete u ocho encuentros previos que apuntan al mismo objetivo, se produjo el miércoles 11 de julio en una oficina de la ciudad capital y estuvieron presentes, además, Marta Linares de Martinelli, esposa del exgobernante; y un abogado de la defensa (Carlos Carrillo, según otras fuentes). Este medio no ha podido contactar al jurista para conocer su versión de los hechos.

La expectativa de Herrera Morán, según dijo a La Estrella de Panamá , era lograr que Martinelli se declarara confeso y pactar una pena de prisión de siete a ocho años. Es decir, una tercera parte de la pena de 21 años de prisión que solicitó el fiscal de la causa, Harry Díaz, al juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la acusación contra el exgobernante.

‘Si la defensa no concreta sus intenciones con el fiscal, es por gusto hablar de acuerdos. Martinelli debe aceptar su culpa y resarcir al Estado y a las víctimas’,

MITCHELL DOENS

QUERELLANTE

‘La reunión duró unas dos horas. Ellos (la defensa) querían explorar un acuerdo de pena’, pero sin éxito, dijo Herrera Morán.

Al día siguiente de la reunión, apenas dio inicio la audiencia que se había programado el jueves en la Corte Suprema de Justicia, circuló un manuscrito de Martinelli en el que dejaba claro que no aceptaría un acuerdo de pena y sostenía su inocencia.

Herrera Morán asegura que contaba con la venia del resto de los querellantes para este acercamiento. ‘El que diga que no sabe, miente’. Añadió que la reunión se centró en el tema jurídico y que no tocó la indemnización, ‘no se habló de una suma’, agregó Herrera Morán.

El fiscal Díaz corroboró a La Estrella de Panamá que Herrera Morán le informó sobre una cita convocada por el abogado de la defensa, Carlos Carrillo, acompañado de Linares de Martinelli, para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena, pero no se habló nada de fondo. La indemnización en este caso, añadió Díaz, se debe convenir con los querellantes. ‘Lo que siempre ha mantenido es que ningún acuerdo de pena puede ser menor a cinco años de prisión. Siempre y cuando los querellantes estén de acuerdo con estos principios, el acuerdo de pena puede contemplarse como una posibilidad’, manifestó el fiscal.

Sin embargo, Rosendo Rivera, querellante autónomo en el caso, indicó que hasta el día de hoy no ha autorizado a Herrera Morán a que realice ninguna reunión en su nombre. ‘Los hechos como los señala, no fueron de esa forma. No me dejarán mentir el resto de lo querellantes que no es, sino hasta después de que supuestamente Herrera Morán se reúne con Carlos Carrillo, Marta Linares, que nos informa que se había llevado a cabo la reunión. En ese momento, mis palabras y las del resto de los querellantes fue que no era correcto reunirse unilateralmente con la contraparte para tratar temas que inciden en todos ‘, indicó Rivera.

El tema trascendió luego de que se difundiera en redes sociales una conversación entre la joven María Cecilia Jiménez y Herrera Morán.

Jiménez, de nacionalidad colombiana, es conocida de Herrera Morán y de la señora Linares. En el audio difundido, la joven Jiménez dice que sirvió como puente entre las partes que buscaban un acuerdo. ‘Marta no te conocía (a Herrera Morán), si no tienes nada que perder, habla’, reclamaba Jiménez, quien se presentó al penal la semana pasada para hacer una visita a Martinelli.

Mitchell Doens, también querellante en el caso, consideró que los acuerdos se hacen con el fiscal únicamente. Cuando Martinelli pide un acuerdo, es porque está dispuesto a declararse culpable, y una vez que lo hace, se discute el tema de las penas, resarcimiento al Estado y las víctimas. Él no ha hecho ningún acuerdo, mal se puede hablar de eso’, manifestó Doens. Si la defensa no concreta sus intenciones con el fiscal es por gusto hablar de supuestos acuerdos, es perder el tiempo, acotó el también político.

Aunque a la fecha cualquier arreglo entre las partes ha sido infructuoso, sigue siendo una posibilidad en el caso.

 

Adelita Coriat

 

 

Magistrado Luis Ramón Fábrega será el ponente en demanda contra Rómulo Roux

El magistrado Luis Ramón Fábrega será el ponente de la demanda de inconstitucionalidad que presentó Rodrigo Sarasqueta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Rómulo Roux, precandidato presidencial de Cambio Democrático (CD). Sarasqueta, también precandidato presidencial para las primarias de CD el próximo 12 de agosto, presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el acto de inscripción de Roux. En su denuncia, Sarasqueta alega que Roux habría renunciado a la nacionalidad panameña, por lo que a su juicio debería quedar inhabilitado para las elecciones. Sarasqueta – exasesor presidencial de Ricardo Martinelli- ya había impugnado la candidatura de Roux ante el Tribunal Electoral, pero sufrió un revés. El Juzgado Cuarto Electoral rechazó de plano “por improcedente” el recurso de impugnación.

José González Pinilla

 

Testigo protegido, la clave para la defensa y la fiscalía

Sidney Sittón, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, solicitó ayer al magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la continuación de la audiencia intermedia, que el magistrado fiscal, Harry Díaz, realice varias correcciones al escrito de acusación que presentó el pasado 9 de julio de 2018.

Entre las peticiones, la defensa intentó que Mejía obligara al fiscal a revelar el nombre del testigo protegido, así como el contenido de un sobre con las transcripciones de un disco compacto que tiene información sobre los pinchazos. La defensa pretende atacar esta prueba más adelante en el juicio.

Sittón también requirió al juez Mejía que se le brinde una copia del contenido de las siete carpetillas que guardan el resultado de una diligencia de inspección ocular al correo electrónico del que se recuperó información, que fue entregada por el fiscal al juez en un sobre cerrado en audiencia previa. De no hacerlo, exclamó la defensa, se sentirían en desventaja procesal por desconocer el contenido de los cuadernillos a los que se requiere hacer pruebas periciales para atacar o invalidar la evidencia.

El fiscal se opuso a revelar la identidad del protegido y el contenido del sobre cerrado con la información de las carpetillas con datos sensitivos. No obstante, la defensa insistió en conocer el nombre de esta persona y el objeto del mismo en el caso para establecer una teoría de la defensa. Así se trancaron las posturas.

El juez dio un plazo de cinco días para que las partes puedan acercarse, y que se explique a la defensa la decisión que tome el fiscal en cuanto a corregir la acusación. ‘Yo no quiero hacerlo como juez, prefiero que se comprendan las partes para que se sientan en iguales condiciones en este proceso’, indicó Mejía.

DEFENSA METICULOSA

Una de las observaciones recurrentes de la defensa es que la acusación no cumple con la técnica de la relación precisa y circunstancial de cada hecho que citó el fiscal.

Por tal motivo, solicitó al juez varios reparos: enlazar los hechos con los tipos penales; que le brinde los datos generales del testigo protegido; acceso a un sobre que contiene siete cuadernillos con las transcripciones de los correos de la cuenta ‘bradpty507@gmail.com’, de la que supuestamente los forenses recuperaron información sobre correos, imágenes, textos o archivos y grabaciones de audio, de las víctimas. El apoderado también pidió que se enumeren correctamente las pruebas testimoniales, así como las documentales que presentó el fiscal en la acusación ya que presenta saltos.

El defensor de Martinelli leyó los primeros párrafos de la acusación en los que se relatan, de forma general, los hechos y el tiempo en que ocurrieron los supuestos delitos de interceptaciones, así como los grupos a quienes se les vulneraron sus derechos: sindicalistas, políticos, periodistas, etc. Sobre lo anterior, alegó que la acusación carece de precisión en cuanto a la identificación de los funcionarios del Consejo de Seguridad a los que supuestamente Martinelli dio órdenes de interceptar las comunicaciones, y los nombres de las personas vulneradas.

La técnica de acusación, de acuerdo con Sittón, requiere que se identifique con nombre propio a las víctimas a las que se les vulneró sus comunicaciones, en vez de encasillarlas en grupos sindicales, civiles y políticos, a los que se refiere el fiscal en los primeros párrafos de la acusación.

El fiscal confeccionó la acusación por bloques. Es decir, enumeró una serie de testigos y el delito que pretendía probar con sus declaraciones. No obstante, Sittón pretende que el fiscal enumere cada uno de los testigos y que enlace cada delito. Pidió, en particular, que se detalle para qué se requiere la comparecencia de Gustavo Pérez y de Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad durante el mandato de Martinelli. De esta forma, cuando se acerquen las observaciones de fondo, la defensa pueda aceptarlo como testigo o no.

Luego argumentó que ‘debe haber, hechos, derechos y pruebas que tienen que ir concatenados, pero el fiscal solo habla de dos delitos, que son contra la intimidad, y no de los dos delitos de fraude’, dijo Sittón.

‘O el fiscal suprime en la acusación el delito contra la administración pública, o agrega los hechos que considera que corresponden a esa acusación en cuanto a este delito. También tiene que decir para qué quiere a cada testigo y qué pretende probar con cada uno’, añadió.

En cuanto a la participación delictiva que se le atribuye a su cliente, el defensor reclamó que se debió establecer el aspecto objetivo y subjetivo.

Fue entonces que salió el tema del testigo protegido. ‘En la carpeta existe una nota del fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, que establece que no se ha ubicado a esta persona y que su teléfono sonaba apagado’, leyó el abogado. Seguidamente, la defensa recordó que el fiscal revelaría, en la fase intermedia, la identidad de esta persona, razón por la que solicitó conocer las generales del protegido y qué entidad lo ubicaría.

Después de un receso de tres horas, se retomó la audiencia para que la defensa presentara las correcciones del querellante autónomo, Rosendo Rivera, quien acusó a Martinelli por dos delitos, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. En cambio, los querellantes que se adhirieron a la querella del fiscal lo hicieron también por dos delitos contra la administración pública.

Sittón dijo que el escrito de Rivera es una réplica de la acusación del fiscal, que ‘coincide en un 95%’. Narró los mismos errores de la fiscalía.

‘Los alegatos del autónomo no corresponden con la técnica ni la estructura de los elementos de convicción que vinculan al acusado’, manifestó el abogado. Además, adoptó los mismos elementos de prueba que empleó el fiscal en su escrito.

El fiscal respondió que la vinculación de Martinelli a los hechos de los que se le acusa es en calidad de autor.

Hay quienes se preguntan, por los libros que presenta en cada audiencia, si el expresidente participa en un círculo de lectura en el penal ‘El Renacer’. Ayer tenía Los Templarios , de Juan Eslava Galán. Parece que Eslava Galán es uno de los autores preferidos del exgobernante, porque en una audiencia previa llevaba La Primera Guerra Mundial contada para escépticos , también de su autoría.

El juez citó a una nueva audiencia para el martes 24 de julio.

Martinelli dice ‘no’ a un posible acuerdo de pena

A pocos minutos de haber iniciado la audiencia intermedia contra el expresidente Ricardo Martinelli, a las 10:26 a.m., uno de sus colaboradores salió del salón del Segundo Tribunal de Justicia con un papel en la mano en el que se leía: ‘Jamás aceptaré hacer un acuerdo de pena, este juicio es político porque soy inocente, todo es fabricado por Varela’. El texto estaba escrito a mano en una hoja de rayas en la que se leía la firma de Ricardo Martinelli.

El juez apenas había iniciado la sesión en la que la defensa contestaría los argumentos que empleó la fiscalía en su acusación. Sin embargo, para Martinelli era imprescindible mostrar la nota a la prensa, para dejar claro que no haría un arreglo de pena con los querellantes o el fiscal.

La aclaración del exgobernante se debe a los rumores que han surgido en referencia a las vías legales por las que podría optar la defensa del expresidente, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara que mantiene la competencia sobre su cliente.

En este sentido, una alternativa es continuar con el proceso como hasta ahora. Pero la otra sería establecer un arreglo de pena con la fiscalía y los querellantes. Una posibilidad que puede estar presente en los procesos de esta naturaleza, pero aunque Martinelli lo niegue, los querellantes hablan de previos acercamientos.

Según Nicomedes Castillo, abogado de Juan Carlos Navarro, los abogados del exgobernante se acercaron al fiscal a mediados de junio, cuando las audiencias estaban a punto de iniciar. ‘Alma Cortés se acercó con el fiscal y los querellantes para explorar la posibilidad de un arreglo de pena, pero no se arribó a nada y por tal razón no se presentó ante el juez de garantías’, indicó el abogado.

Castillo agregó que su cliente no se opondría a un arreglo de pena y que aún no han presentado un monto de resarcimiento que compense el daño que causó la violación a la intimidad de las comunicaciones de Navarro.

El otro lado de la moneda de un acuerdo de pena consiste en que si Martinelli acepta su responsabilidad de haber pinchado los teléfonos de las víctimas, asumiría una culpa que siempre ha negado. El expresidente insiste en que su caso es político, que es inocente y que todo se trata de una venganza del presidente Juan Carlos Varela.

Por otro lado, un arreglo de pena implicaría resarcir a las víctimas monetariamente. Hasta ahora, el único que ha solicitado una compensación es el querellante autónomo Rosendo Rivera, por casi $1 millón.

Martinelli tendría que negociar con el resto de los afectados, en la rama civil y cada uno por separado, lo que corresponde a cada uno, en caso de hacer este trato que hasta ahora niega la defensa.

 

Adelita Coriat

 

Defensa de Martinelli contesta hoy acusación de los querellantes

Llegó el turno de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para objetar, limpiar y refutar la acusación del fiscal Harry Díaz contra su cliente.

Solventados casi una docena de recursos presentados por el equipo de abogados del exmandatario, el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, debe hoy dar la palabra a Sidney Sittón, abogado de Martinelli, quien anticipó que contestará la acusación desde el punto de vista técnico.

‘Se trata de una argumentación a cada señalamiento’ del fiscal ante la conducta y los elementos que ofrece como prueba, explicó Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados El rol de la defensa radica en demostrar que los hechos no corresponden al tipo penal planteado por el fiscal o el querellante autónomo, Rosendo Rivera, o que no son conducentes para probar lo que asegura el fiscal.

También es un instante importantísimo para el juez de garantías. Jerónimo Mejía es quien debe garantizar que estas dos teorías enfrentadas, sin punto de encuentro, arriben a la etapa de juicio oral con las mismas armas, sin que se perciban desventajas de uno u otro lado. Se impone el principio de la defensa plena de cada parte.

Araúz analiza que el fiscal ya ha presentado sus fundamentos de prueba, pero la defensa tendrá que introducir elementos de convicción y oponerse a los que el fiscal invocó. ‘Esto puede hacerse alegando que la técnica no fue la correcta’, señala el abogado.

La defensa ha avanzado que la querella autónoma es muy similar a la presentada por la Fiscalía. Es decir, que los testigos que invocó la fiscalía coinciden en un 95% con los que anunció Rivera. No obstante, se trata de hechos distintos, y hubiera esperado que se marcaran las diferencias entre ambos. ‘Además, el fiscal debió explicar no leer la acusación como si se tratara de un libro’, mencionó uno de los abogados a este diario.

Es posible, dice el expresidente del gremio, que cuestionen ritualidades del proceso y en la forma en que se desarrolló la lectura de la acusación. Es decir, que la fundamentación de la acusación debía hacerse explicando la relación de cada testigo en una ambientación de lo que querían de cada uno de ellos, recreándolo para asociarlo al delito.

ETAPA DEL PROCESO

Se espera que a partir de hoy la defensa sustente la inocencia de Martinelli

Hasta ahora en el proceso ha sido evaluada una docena de recursos de los abogados defensores.

El abogado defensor Sidney Sittón dice que responderá a los elementos acusatorios.

Por tanto, el desafío de Mejía consiste en cómo limpiar de impurezas el enfrentamiento en el juicio oral, de una forma en que se palpe que hay igualdad de armas. Esta etapa es la más importante para conocer el valor de los hechos que por obligación son antagónicos.

Especula Araúz que la defensa puede ‘continuar con su estrategia de atacar, pero cualquier debate técnico jurídico en esta etapa, más allá del sustento de una norma, es el conjunto del ordenamiento jurídico para resguardar el rol de defensa, de víctima o de fiscal. Es un ejercicio de interpretación del juez que tiene que primar en una situación del conflicto’.

A lo mejor la defensa invoca testimonios que puedan contradecir algún personaje clave para la fiscalía.

Durante las audiencias que se realizaron en Miami, Florida, en el proceso de extradición, los abogados de Martinelli cuestionaron la declaración del único testigo que lo apunta como autor de las intervenciones telefónicas y seguimientos, Ismael Pittí, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que radica en el extranjero.

También podrían presentar actores del mismo rango que muestren una versión diferente a los hechos que se explican, o atacar la credibilidad de un testigo (a través del interrogatorio en la fase de juicio oral).

‘Ellos apostarán a reducir la lista de testigos y que la acusación se tenga como no presentada’, apuesta Araúz.

Pueden traer a colación convenciones internacionales, pueden apelar a cualquier herramienta que les permita decir que la acusación está basada en inobservancia de la ley.

En este periodo, según explicó Araúz, se pueden descartar testimonios pero con un sustento de conducencia; es decir, alguien que no guarda relación con los hechos que se revisan, puede ser inconducente.

El nivel de los abogados adquirirá relevancia en cuanto a la técnica que empleen. Hay algunos bufetes que dividen a su equipo. Una parte se encarga de la audiencia de juicio, otra de la fase intermedia, y así. El sistema coloca cada etapa en un tipo de especialidad para el abogado, según sus destrezas de interrogación.

Hasta ahora, Mejía no ha intervenido de manera coercitiva, a pesar de que los querellantes han solicitado que se sancione a la defensa por los excesos que han empleado. Es posible que el juez mire esto como parte del enfrentamiento natural que existe entre las partes. Hasta la fecha, no ha multado o iniciado un proceso disciplinario contra la defensa.

Mejía tendrá el reto de demostrar que ninguna de las partes se sienta en desventaja para probar su teoría del caso: qué, cómo, cuándo, y dónde ocurrieron los hechos. ‘Son visiones contrarias, el juez debe garantizar no que uno entre con menos fuerza que otro, sino que lo hagan en partes iguales’, concluyó Araúz.

 

Adelita Coriat

 

Corte confirma decisión de Mejía

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en función de apelación, tardó más de cinco horas para rechazar el recurso de nulidad por doble juzgamiento anunciado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli ante el juez de garantías, Jerónimo Mejía.

Los magistrados, de forma unánime, consideraron que no se configura el principio de non bis in ídem o cosa juzgada, ya que en el presente caso ‘no se cumplen los elementos mínimos que se adecúen a esta doctrina, puesto que se trata de hechos distintos y personas diferentes, y sin sentencia ejecutoriada’.

Carlos Carrillo, apoderado de Martinelli, alegó que en 2011 la Asamblea Nacional desestimó tres querellas por interceptaciones telefónicas ilegales. Una de ellas en perjuicio de Juan Jované, Alberto Guardia y otros; otra querella interpuesta por el entonces presidente del Partido Popular, Carlos Ernesto González, y una tercera que interpuso Luis Ernesto Carles (quien fungió como ministro de Trabajo 2009-2011).

Para el Pleno, las resoluciones de la Comisión de Credenciales no se admitieron y las denuncias se archivaron por falta de pruebas. Aunado a esto, no coinciden con los hechos en la carpetilla 138-15 que se le sigue al exmandatario. Por tanto, no se puede hablar de doble juzgamiento.

El Pleno actuó en ausencia del exmandatario, quien nuevamente se encuentra incapacitado por 24 horas adicionales a las 72 horas ya concedidas el lunes pasado. Pero eso no fue obstáculo para se vieran llegar a la Corte varias patrullas y linces que transportaban al detenido para que presentara el certificado que prolongaba su incapacidad.

PLENO EN APELACIÓN

Estuvo conformado por ocho magistrados

Hernán De León (presidió), Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), Efren Tello (suplente de Luis R. Fábrega, quien solicitó licencia), Abel Zamorano, Ángela Russo, Wilfredo Sáenz (suplente de Harry Díaz), Oydén Ortega y Luis Mario Carrasco (suplente de Cecilio Cedalise), Jerónimo Mejía no tuvo suplente.

Su abogado, Carlos Carillo, señaló a los medios que se trataba de un dolor molar, pero sin precisar la dolencia del expresidente. Este medio conoció que se debió a un corte de sutura de la extracción de una muela. En todo caso, para el magistrado Hernán De León no fue una excusa para suspender la audiencia.

Ante el Pleno, lo primero que hizo Carrillo fue desistir del recurso de hecho que también se debía dirimir ayer, ya que la Corte tomó decisión previa sobre la recusación contra el magistrado Mejía. Esta moción fue aceptada por el Pleno.

Seguidamente, Carrillo argumentó sobre el non bis in ídem o doble juzgamiento. Comenzó por enunciar la separación de poderes y las funciones que tiene el Órgano Legislativo, la facultad que tiene la Comisión de Credenciales para juzgar a magistrados y presidentes en ejercicio. En este aspecto, dijo que el juez Mejía infringió la norma al descartar lo actuado por esta Comisión, que archivó tres denuncias en contra de su cliente. Añadió que el caso en cuestión es cosa juzgada, ya que desde el momento en que se presenta la acción penal se da inicio al proceso.

‘Hubo tres denuncias (en la Asamblea Nacional) presentadas por líderes sindicales. Dos resueltas en enero de 2011 y una en abril de 2013. En esta última se hacía énfasis que en el Consejo de Seguridad se habían efectuado intervenciones’, señaló Carrillo, quien agregó que se ordenó el archivo de las mismas.

Por lo anterior, solicitó al Pleno se anule la decisión del juez de garantías de no admitir cosa juzgada.

Después llegó el turno al fiscal Harry Díaz, quien aclaró que la incapacidad de Martinelli vencía ayer a la 1 de la tarde.

Precisó que la versión de la defensa no es correcta, ya que para que exista un doble juzgamiento es necesario que se conjuguen tres elementos: identidad de las partes, el mismo hecho y que el proceso haya concluido en una sentencia o sobreseimiento. ‘Ninguno de estos hechos coinciden con lo que reclama la defensa, solo que se trata de la misma persona, Ricardo Martinelli’, dijo el fiscal, quien solicitó se confirme la decisión de Mejía.

Mientras que el vocero de los querellantes, Carlos Herrera, reforzó las palabras del fiscal en cuanto a la trilogía procesal y solicitó al Pleno se reniegue la apelación de la defensa y se confirme lo actuado por el juez.

David Cuevas, abogado del querellante autónomo Rosendo Rivera, recordó que dos de las querellas presentadas en la Comisión de Credenciales se recibieron el 3 de enero de 2011 y se desestimaron dos días después. La tercera, contra el Consejo de Seguridad, fue presentada en marzo de 2013 y archivada en abril del mismo año. ‘¿Qué investigación pudo haber hecho la Comisión en dos días o un mes?’, preguntó Cuevas. El abogado solicitó que se le llame la atención a la defensa por prácticas dilatorias en el proceso.

En audiencia del 4 de julio pasado, el magistrado Mejía decidió que para se declare cosa juzgada debe existir una sentencia en firme o un auto de sobreseimiento, pero no fue así en el caso de la Asamblea, donde se archivaron los expedientes. Carrillo apeló la decisión de Mejía.

 

 

Adelita Coriat