El denominador común de los abogados de los procesados en el caso ‘El Gallero’ fue el cuestionamiento de la investigación de la Fiscalía Primera Superior en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que las técnicas especiales utilizadas, como las escuchas telefónicas, carecen de elementos de convicción para mantener a sus clientes en detención provisional.
En audiencia, que inició ayer a las 9 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche en el Sistema Penal Acusatorio, la jueza Josefa Monfante escuchó los alegatos de los once juristas que se opusieron a las que calificaron de ‘severas medidas’ contra sus clientes por parte de la Fiscalía que solicitó la detención provisional para cada uno de ellos, excepto de Ernesto Ricardo Bowell, considerando sus 70 años de edad.
Alexander De Gracia, defensa de Manuel Antonio ‘Tony’ Domínguez Walker, a quien la Fiscalía considera el cabecilla de la red, cuestionó la veracidad de las escuchas alegando que la Fiscalía no tenía la capacidad de probar que la voz era la de su cliente, ni que él estuviera en los sitios que señala la autoridad porque no existía un informe de la empresa telefónica que señalara la activación de la antena mientras se escuchaban las conversaciones. Aunado a esto, indicó que el fiscal a cargo Marquel Mora, hizo referencia sobre la imputación de bienes de su cliente, más no confirmó ni uno de ellos en el Registro Público.
‘Tony’ había sido procesado anteriormente por delito de blanqueo de capitales, caso en el que salió absuelto en el 2015. Su abogado tomó esta experiencia para llamar la atención de la jueza y ‘desmentir las afirmaciones del fiscal’. El abogado también reclamó el hecho de que la investigación que se inició en octubre de 2016, y se han abierto otras investigaciones por las incautaciones de droga en otras jurisdicciones nacionales, debieran remitirse a la capital. De Gracia solicitó para su cliente país por cárcel y que acuda a firmar una vez por semana a la oficina que designe la jueza.
‘NO ES POLÍTICA’
Por su parte, la abogada Gladys Quintero apoderada del alcalde de La Villa de Los Santos Eudocio ‘Pany’ Pérez Flores imputado por blanqueo de capitales, reclamó al fiscal Mora la vinculación de su cliente con el delito. Dijo que no estaba claro si es producto del tráfico de drogas o por corrupción. ‘El fiscal lo confunde’, manifestó.
Mientras hablaba la defensora -el alcalde vestido de saco azul y camisa a rayas celestes, con mejor semblante que el primer día que compareció ante la jueza- la miraba y asentaba con la cabeza, luego volteaba a ver a la jueza como si fuera a cerciorarse de que tomara nota de su defensa, de las palabras que podrían exculparlo de las acusaciones de la Fiscalía.
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Quintero preponderó que el alcalde es un hombre de 60 años, con siete hijos, y dos de ellos dependen de manera directa de él. Coincidió, no obstante, con la petición de la Fiscalía de suspenderlo de las funciones públicas para dar tranquilidad a la autoridad de que no destruiría prueba alguna. Narró que su cliente no tiene antecedentes penales y que pertenece a un partido político reconocido, por lo tanto, no tiene peligro de fuga como alegaba el fiscal en sus argumentos. Así, solicitó a la jueza que le conceda país por cárcel en vez de la detención provisional.
El Fiscal Mora refutó a la abogada en el punto del blanqueo. Dijo que la interpretación de las unidades policiales que analizaron las escuchas fue que el dinero que entregó ‘Tony’ al alcalde no era para el Municipio, sino para el funcionario. Dejó saber a la sala que ‘esto no tiene nada que ver con política, yo vine a hacer un trabajo aquí’, reiteró Mora.
LOS DATOS DEL MAYOR
Quizás una de las exposiciones más concisas de las intervenciones de los abogados fue la de Israel Marín, que representa al Mayor de la Policía Luis Omar Álvarez. El mayor está relacionado al caso por aportar a uno de los supuestos miembros de la banda, información sobre la placa de un vehículo.
La llamada, interceptada por las autoridades, se efectuó el 29 de mayo pasado, el mismo día que consta en la resolución que autoriza la interceptación. Esta casualidad llamó la atención del abogado quien puso en duda el proceso efectuado por la Fiscalía para este propósito. Marín explicó que su cliente no entró en la base de datos para obtener la información, tal como lo asegura la Fiscalía. Hecho que da pie al delito de corrupción de funcionarios que pesa sobre el Mayor. El defensor comunicó que el Policía con 24 años de carrera llamó a la Dirección de Investigación Judicial para recabar la información, y retó al fiscal a aportar las pruebas que indican que el Mayor no siguió los procedimientos normales. Incluso dijo que la parte acusadora no tenía certificación de las telefónica de que el número interceptado de Andrés Moreno Zamora (integrante de la red que recibió la información) le pertenezca. Además no se benefició económicamente por haber otorgado al información, dijo el abogado.
El Mayor no aparece en ninguno de los 6 eventos que citó el fiscal como principales que permitieron la operación y no conoce a los miembros de la red. Lo que no explicaron durante la audiencia es cómo, o por qué razón, Moreno Zamora llamó directamente al celular del mayor para reportar la placa de un auto sospechoso, y no a la central de la Policía.
El mayor cuenta con 25 meses acumulados de vacaciones que cumple por orden de sus superiores después de haber sido acusado en una Junta Técnica de varios delitos.
EL AGENTE POLICIAL
Manuel Estéban Salazar, agente de la Policía imputado por delito de tráfico internacional de drogas, estuvo representado por Rigoberto Vergara.
Se le acusa de haber ayudado a hacer un hueco para ocultar droga que había ingresado por la costa de Los Santos. Su defensor alegó que en el Código Procesal Penal no está tipificado el delito de ocultamiento, sino de intentar o de sacar la droga del país. Solicitó a la fiscalía explicar cómo su cliente ayudó a ocultar la droga o sacarla.
Su cliente está vinculado por una llamada entre miembros de la organización que mencionaron el nombre de ‘Manuel’ como uno de los que podría ayudar a hacer el hoyo. El analista, según el letrado, interpretó que se trataba de él por tener el mismo nombre. Ante esto, el fiscal refutó que los actos que se exponen en la carpetilla con respecto al agente son convincentes en cuanto a la relación del mencionado con la organización. ‘El hecho de ocultar la droga es delito en tanto y cuanto a que prestaba ayuda para cometer un delito’, respondió Mora.
El abogado solicitó a la jueza que le otorgue medida de país o casa por cárcel y firmar dos veces por semana.
BRAZO FINANCIERO
Alberto Luis Chávez Chen es catalogado como el brazo financiero de Tony, líder de la banda. El jurista Arquímedes Saez rebatió la postura de la Fiscalía en cuanto a la ausencia de detalles en las actividades que supuestamente practicó su cliente, como dónde, cuándo, etc. Se pregunta qué certeza tiene el fiscal de que su cliente -cuyas comunicaciones telefónicas eran escuchadas por las autoridades- era quien conversaba con Gabriel Ibarra, un joven detenido en uno de los decomisos de droga efectuados a lo largo de la operación Gallero.
Alegó que la petición de la medida de la fiscalía, que solicitó la detención provisional, es más bien un debate jurídico y no un mandato. ‘Hay que convencerla -dijo a la jueza- que si otorga una medida diferente pueda poner en riesgo la comparecencia de mi cliente’. Aunado a esto indicó que las implicaciones de Chávez Chen son por referencia indirecta, pero que el fiscal no cuenta con pruebas que lo comprueben. Solicitó entonces a la jueza imponga impedimento de salida del país, arraigo domiciliario y que comparezca a firmar lunes, miércoles y viernes a la oficina que designe la jueza.
El fiscal Mora rebatió los alegatos de la defensa al decir que Chávez Chen estuvo presente en las tres entregas que se hicieron al alcalde, que además existen en la carpetilla las diligencias donde los tribunales de garantía autorizaron la intervención telefónica y que el brazo financiero de Tony aparece en registros fotográficos en distintos episodios relacionados con los cargos endilgados.
Al final de la sesión, la jueza ordenó arresto domiciliario para el alcalde Eudocio ‘Pany’ Pérez y Roxana Norato.
EL ALCALDE DE LOS SANTOS RECIBIÓ APOYO DE SUS COPARTIDARIOS
A la audiencia celebrada ayer presidida por la jueza Josefa Monfante acudieron miembros del partido Revolucionario Democrático para dar respaldo al alcalde Eudocio Pany Pérez, primer subsecretario de este colectivo. Mitchell Doens, Pedro Miguel González, Doris Zapata, Rosario Turner, y otros simpatizantes mostraron su apoyo moral al alcalde que tuvo ocasión de saludar a algunos de ellos en los recesos convocados por la jueza.
La audiencia estuvo marcada por largas intervenciones de los abogados que iniciaron a la una de la tarde, después de un receso que dio punto final al periodo de imputaciones de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Droga.
La jueza no impuso límite de tiempo a las intervenciones de los juristas, por lo que cada uno se tomó casi una hora para su descargo. Actualmente la carpetilla 2017-1506 consta de 6 tomos, dos de ellos contienen registros de llamadas telefónicas.
Adelita Coriat
