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El pasado 7 de enero, la fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, ingresó al expediente que adelanta en contra del exdirector del Fondo de Inversión Social Giacomo Tamburrelli una solicitud inédita.

La fiscal pide a la Corte Suprema de Justicia investigar al expresidente de la República Ricardo Martinelli por la posible comisión de delitos. Aunque la solicitud, filtrada ayer a los medios de comunicación no tiene la firma, una fuente judicial informó que hoy será enviada a la Corte.

La solicitud va acompañada de la copia del sumario número 323-201, que se le sigue a Tamburrelli por el delito en contra de la administración pública y el patrimonio económico relacionada con sobrecostos en la compra de comida deshidratada para los centros escolares, que sumaron $45 millones.

La solicitud de la fiscal se sustenta en la norma constitucional que determina que la Corte Suprema juzga a los diputados y Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

RESPONSABLE DE ESPIAR

Mientras la Corte decide si investiga o no a Martinelli, distintos sectores piden que el exmandatario también sea juzgado por espionaje telefónico durante su gobierno. Esto, luego de que dos exjefes del Consejo de Seguridad —Alejandro Garuz y Gustavo Pérez— son procesados por escuchas ilegales.

La perredista Balbina Herrera echó mano de un viejo adagio: todos los caminos conducen a Roma y ‘Roma está aquí en Panamá y se llama Ricardo Martinelli’.

Lo que se debe hacer es buscar el mecanismo legal para llegar a él y hacer que responda por el espionaje que se desarrolló durante su gobierno, reitera Herrera,

El Ministerio Público formuló cargos y dictó cárcel preventiva a Pérez y Garuz por los delitos de violación a la intimidad y al secreto. Pero para el abogado y activista de los derechos humanos Miguel Antonio Bernal, ‘mientras Martinelli no sea llevado a las autoridades, no habrá reposo en el país’.

La Fiscalía Auxiliar que lleva el caso de Pérez y Garuz de igual forma tendría que solicitar a la Corte investigar a Martinelli, pero primero debe solicitarle al Parlacen el levantamiento de su inmunidad como diputado. (Ver nota relacionada) .

Sin embargo, Bernal considera que al presidente Juan Carlos Varela lo favorece la Constitución y puede ordenar el arresto de Martinelli. Hace referencia a las atribuciones constitucionales del presidente de la República, específicamente el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución, que dice: ‘Velar por la conservación del orden público’.

A juicio de Bernal, Martinelli perturba el orden público por sus constantes declaraciones públicas y el tono con que las hace.

El exmandatario ha dicho que el equipo para interceptar comunicaciones se encuentra en la Policía Nacional y ha culpado a Varela de interferir en la justicia panameña.

Ayer, Martinelli publicó dos tuit. ‘Puedo asegurarles que en Panamá no se respeta la ley ni el debido proceso. Las arbitrariedades que comete el Ministerio Público son muchas’, afirmó en uno. En el segundo, escribió ‘en el caso Garuz y Pérez decretan detención antes de indagatoria cuando el delito no lo permite. Negarán fianza, habbeas corpus’.

Otro que responsabiliza a Martinelli es el hermano del presidente Varela. El diputado José Luis Varela dice que, como jefe directo del Consejo de Seguridad, Martinelli es el responsable directo de todas las ilegalidades cometidas.

La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez también recurre a un adagio para vincular a Martinelli. ‘El pez muere por su propia boca’, comentó al referirse a declaraciones de Martinelli, cuando dijo que ‘conocía el pedigrí de cada uno’. Para la diputada, es hora de que la Corte revise la información que el Ministerio Público ha recabado sobre las escuchas ilegales.

Por el Ministerio Público han pasado dirigentes políticos que adversaron a Martinelli para certificar conversaciones grabadas y que, ahora, son las pruebas contundentes contra Pérez y Garuz.

Silvia Carrera, cacica de la comarca Ngäbe-Buglé, le pone más sal a la herida. Alega que Pérez y Martinelli debieron estar presos desde hace años por las violaciones de los derechos humanos durante las protestas indígenas en Changuinola, Bocas del Todo, y San Félix, Chiriquí. Ahora, Martinelli alega violación de derechos humanos y no se acuerda lo que hizo con ‘nuestro pueblo’, sentenció Carrera.

El abogado Cristóbal Arboleda, defensa legal de Alejandro Garuz exsecretario del Consejo de Seguridad, manifestó que la procuradora Kenia Porcell era la subdirectora y encargada de asuntos de legal del consejo en el nuevo gobierno que inició el 1 de julio del 2014, por la información que él dispone fue ella la que dentro de la institución hizo las investigaciones y las denuncias que se han presentado.

“Ella pareciera tener un interés emocional en estas situaciones, mi consejo es que es una cosa es cuando usted actúa como representante del consejo y otra cosa cuando es procuradora de la nación, son dos sombreros muy distintos”, adujo Arboleda.

Uno de los anhelos truncados de la exprocuradora Ana Belfon se cumplió tan solo cinco días después de haber abandonado el cargo. El magistrado Erasmo Pinilla accedió voluntariamente a levantarse el fuero penal electoral.

Es así como Pinilla ‘renuncia de manera expresa’ al fuero y accede a ser investigado en por lo menos cinco procesos penales que, por causas diversas, se adelantan en distintas fiscalías del Ministerio Público.

DECISIÓN VOLUNTARIA

El magistrado detalla en las notas enviadas a la Procuraduría de la Nación que al renunciar a esta garantía procesal —el fuero penal electoral—, espera que se continúe con las investigaciones pertinentes.

Durante el proceso electoral, la entonces procuradora Ana Belfon había solicitado, en varias ocasiones, el levantamiento del fuero para adelantar las investigaciones.

Los magistrados del Tribunal Electoral, dedicados entonces a la organización de los comicios, no habían considerado las repetidas solicitudes de Belfon .

El propio Pinilla había restado importancia a las solicitudes y consideró que no era el momento para levantarse el fuero porque no existían las garantías para tomar una decisión como esa.

COMUNICACIÓN OFICIAL

La decisión de Pinilla fue comunicada el primer día de trabajo regular en el que la nueva procuradora, Kenia Porcell, estuvo al frente del Ministerio Público. Las cinco notas en las cuales se hizo la comunicación oficial, se remitieron a la nueva procuradora el 5 de enero.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a cada una de las notas, las cuales tienen impreso el sello de recibido de la subsecretaría general de la Procuraduría de la Nación y fueron redactadas en papel oficial del Tribunal Electoral.

PERCEPCIÓN DE PINILLA

Según conoció La Estrella de Panamá , el magistrado está confiado de su inocencia y ahora ve a las autoridades judiciales de otra forma y por eso decidió levantarse el fuero.

En las notas entregadas al Ministerio Público, el magistrado Pinilla alega que en el pasado quinquenio, durante el cual estuvo al frente de la nave del Estado el presidente Ricardo Martinelli, fue objeto de un cúmulo de denuncias que considera ‘absurdas’ y que fueron presentadas con claros propósitos ‘políticos intimidatorios’, razones por las que no quiso hacer frente en el medio de la vorágine del proceso electoral que en ese entonces se encontraba en marcha.

MOMENTO DE LA DECISIÓN

En las notas enviadas al Ministerio Público, el magistrado Pinilla detalló que hubiera preferido esperar que se cerrara el proceso electoral, pero con las impugnaciones presentadas tras las últimas elecciones parciales del 21 de diciembre, ‘ese paso se ha alejado’, razón por la que prefiere ‘no esperar más para hacerle frente a las demandas y trámites de los testaferros del poder ocasional’.

DELITOS Y DENUNCIAS

Los procesos que fueron abiertos contra Pinilla son por diversas causas, así mismo el número de denunciantes, pero el magistrado insiste en restarle importancia al considerar que fueron presentadas por ‘testaferros del poder ocasional’, en clara referencia a colaboradores de Martinelli. El magistrado considera que los recursos en su contra no tendrán futuro por ser legalmente ‘absurdos’.

Entre los delitos, se le acusa al magistrado de abuso de autoridad, infracción de servidores públicos, atentar contra la administración pública, así como la seguridad jurídica de los medios electrónicos.

Se le denunció también por atentar contra la personalidad interna y la seguridad colectiva del Estado.

Los delitos se repiten una y otra vez en las denuncias, así mismo los denunciantes coinciden en cada uno de los recursos legales.

Corresponderá al Ministerio Público determinar si las denuncias se acumulan o se analizan por separado.

Honorio Quezada, quien presentó una propuesta para la reelección presidencial en la época de Ricardo Martinelli, es uno de los autores de al menos tres denuncias.

Miembros del movimiento Panamá Avanza, que durante el proceso electoral dieron claras muestras de estar a favor de la candidatura presidencial de José Domingo Arias, postulado por Cambio Democrático, están en la lista de demandantes. Entre ellos, Carlos Zavala y Alfonso Zomora. También hay denuncias presentadas por Ricardo Pinilla y Rafael Ho.

La procuradora de la Nación, Kenia Isolda Porcell, hizo cambios en esa institución, tres días después de asumir el cargo.

David Díaz asumirá la subsecretaría general, en reemplazo de Marta Gómez, mientras que Mercedes De León será sustituida por Silvia García en la Dirección de Recursos Humanos.El nuevo secretario general de la entidad Rolando Rodríguez Cedeño -que reemplazó a Ramsés Barrera- anunció que Berta De La Guardia relevará a Indira Ríos de Broce como secretaria administrativa.

Delia de Castro será fiscal superior de Litigación, cargo que ocupaba Francisco Rodríguez.

En auditoría fiscal fue nombrado Rómulo Bethancourt.

Los cambios no implican, hasta ahora, a las fiscalías, aunque Porcell previamente anunció que revisará las tareas de estos. Esta mañana, en Telemetro Reporta, informó que hará una reestructuración en las cuatro fiscalías anticorrupción.