Martinelli es querellado

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Una nueva querella criminal por la supuesta interceptación ilegal de llamadas telefónicas y otras comunicaciones fue presentada ayer ante el Ministerio Público (MP) contra el expresidente Ricardo Martinelli por el dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens.

 

Doens acusa al exmandatario de la supuesta comisión de los delitos de violación del derecho al secreto y a la intimidad, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, asociación ilícita y peculado por apropiación de bienes.

 

A su juicio, esta vez Martinelli “no tiene escapatoria”, ya que “gente” que se dedicaba a interceptar las comunicaciones lo ha denunciado.

 “La semana pasada hice un reconocimiento en la Fiscalía Auxiliar no solo de los pinchazos telefónicos, sino, incluso, del correo electrónico y celulares, donde este señor, a través de los mecanismos que se saben públicamente, hacía intercepciones sobre los pasos que estaban dando sus opositores políticos, competidores en el sector empresarial y sindicalistas”, declaró Doens.

 

El expediente que instruye la Fiscalía Auxiliar incluye registros de interceptaciones al celular y correos de Doens desde 2010. De hecho, el político ya había denunciado a Martinelli en 2012 por los pinchazos a su celular y este caso está en manos del magistrado Hernán De León. 

 

La diputada perredista Zulay Rodríguez también acusó a Martinelli por las escuchas ilegales en 2011. El magistrado Abel Zamorano tiene este caso.

 

AURELIO BARRÍA SE NOTIFICA

 

Mientras tanto, el exmiembro de la cruzada civilista Aurelio Barría fue notificado ayer por la fiscalía de que está en la lista de las personas a quienes se interceptó sus comunicaciones. 

 

“No había tenido esta experiencia desde la época de Manuel Antonio Noriega en su dictadura militar, y parece que en la dictadura civil de Martinelli se dieron estos casos”, manifestó.

“De alguna manera, han violado la intimidad y privacidad de las personas y esto es grave. Creo que la responsabilidad de uno es verificar el caso y denunciar lo  sucedido, porque tenemos que evitar que se siga dando”, acotó.

 

Según las pesquisas, unas 150 personas fueron objeto de escuchas ilegales en el gobierno de Martinelli, en especial cuando Alejandro Garuz y Gustavo Pérez eran los secretarios del Consejo de Seguridad Nacional.

 

La Fiscalía Auxiliar –a cargo de Marcelino Aguilar– formuló cargos a Garuz y a Pérez la semana pasada por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y ordenó su detención preventiva. El viernes pasado fueron trasladados a la cárcel La Gran Joya.

 

MÁS DENUNCIAS

 

Por otra parte, la también dirigente del PRD Balbina Herrera afirmó que quien estuvo detrás de los pinchazos fue el expresidente.

“Estamos valorando interponer una denuncia contra la exprocuradora Ana Belfon y contra José Ayú Prado, este último presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien formó parte de este engranaje”, indicó.

 

Las declaraciones de Herrera se dieron tras una reunión con el secretario general de la Procuraduría, Rolando Rodríguez Cedeño, en la que se revisaron los dos procesos que tiene en el Ministerio Público.

 

En uno de los casos, radicado en la Fiscalía Séptima de Circuito, se le acusa del delito de inviolabilidad del secreto tras divulgar correos electrónicos de conversaciones entre el exmandatario y el empresario italiano Valter Lavítola. La denuncia fue presentada por Martinelli.

 

CAMBIO DEMOCRÁTICO SE PRONUNCIA

 

Abogados de Cambio Democrático (CD) se pronunciaron la tarde de ayer sobre los casos en los que se señala a exfuncionarios del pasado gobierno y que son investigados por el MP.

Yajaira Pittí, a nombre de los abogados del CD, señaló que el MP se ha convertido en un show mediático, en el que a los supuestos implicados no se les ha garantizado el debido proceso.

 

Por otro lado, el magistrado Luis Ramón Fábrega puso a circular en lectura simultánea entre los miembros del Pleno de la Corte, por cinco días, el proyecto de fallo que resuelve los recursos de hábeas corpus presentados por las defensas  de Garuz y de Pérez.

 

Una fuente de esa corporación de justicia confirmó que para el próximo viernes el Pleno de la Corte podría tener un fallo en cuanto a las peticiones de los abogados. También se conoció que la defensa de Garuz presentó ayer una solicitud para que su cliente sea favorecido con una fianza de excarcelación.

 

 

El proceso electoral entra a su etapa final

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Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) deben decidir sobre las solicitudes de reconsideración que presentaron abogados de candidatos a diputados por el partido Cambio Democrático (CD) que perdieron en las elecciones del llamado superdomingo, el pasado 21 de diciembre.

Inicialmente, los abogados impugnaron las elecciones convocadas luego de haber sido anulados los resultados del 4 de mayo; sin embargo, los magistrados no admitieron el recurso.

La semana pasada, tras el fallo del TE, los juristas presentaron un recurso de reconsideración cuyo trámite en manos de los magistrados toma, regularmente, menos de ocho días.

Una fuente del TE dijo a La Estrella de Panamá que esta semana se resuelven estas reconsideraciones y, según adelantó, es probable que los magistrados se ratifiquen en su decisión de no admitir la demanda por supuesto uso de recursos del Estado.

En la última elección, el 21 de diciembre, seis circuitos electorales eligieron igual número de diputados; además, fueron escogidos alcaldes y cuatro representantes de corregimiento.

Por las impugnaciones, tres candidatos a diputados que resultaron vencedores no han recibido sus credenciales.

Una vez se entreguen las credenciales a estos diputados —las únicas pendientes—, el TE emitirá una resolución para el cierre del proceso electoral.

En esa fecha, empiezan a contar los 90 días en que se mantiene vigente el fuero electoral a los candidatos y presidentes de los partidos políticos, como es el caso del exmandatario Ricardo Martinelli.

El Código Electoral, en su artículo 143, establece que gozarán de fuero penal electoral, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del TE, excepto en caso de flagrante delito.

Algunos juristas han explicado que el único escollo legal que enfrenta la Corte Suprema de Justicia para investigar a Martinelli, por ser diputado del Parlamento Centroamericano, es el fuero electoral que lo ampara por ser el máximo líder de CD.

Auditarán contratos por $75 millones

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El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Jesús Sierra, presentará mañana las dos primeras denuncias ante el Ministerio Público (MP) por irregularidades encontradas en la institución bajo la dirección de Salomón Shamah, durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

De los 18 expedientes que enviarán al MP en los próximos meses, los dos primeros tienen que ver con la contratación de asesorías y funcionarios “ fantasma”. Se encontró un contrato de una consultoría por 600 mil dólares, pero no hay pruebas de que la institución haya recibido servicio alguno.

Se halló el registró de un funcionario que estaba en la planilla de la institución con un salario superior a los 5 mil dólares mensuales, aunque no hay registro de que haya pisado la institución en el quinquenio pasado.

“Estaba en la planilla de la ATP, pero al parecer trabajaba en la Presidencia; y los informes que entregaba de su labor no superaban las tres páginas”, indicó Sierra.

El funcionario prefirió no adelantar el nombre de las personas que serán denunciadas, para no entorpecer las investigaciones que realizará el MP. 

Lo que sí reiteró es que habrá certeza de castigo para las personas y funcionarios que utilizaron de forma negligente los recursos del Estado.

En total, se están auditando contratos por 75 millones de dólares entregados en la pasada administración.

La mayoría de los contratos fueron ya cancelados, pero en algunos casos no existe constancia de que tengan el visto bueno de recibido.

También se han detectado servicios que se contrataban todos los años, pero con la agravante de que el costo era superior cada vez que se renovaban.

Uno de estos casos sería la creación y manejo de la web visitpanama.com, donde la ATP contrató de manera directa a Pensanómica, S.A. A esta empresa se le pagó en mayo de 2012 la suma de $447 mil por la creación y manejo de este sitio. Y en marzo de 2013 desembolsaron otros $600 mil por los mismos servicios.

En total, la institución pago en 24 meses más de un millón de dólares por un servicio que de acuerdo con expertos consultados por este diario, no debía superar los 100 mil dólares.

Actualmente, la página está en proceso de rediseño por personal técnico de la ATP, que también modifica las redes sociales que utiliza el Gobierno para promocionar los atractivos turísticos del país.

De acuerdo con Sierra, la modalidad que utilizó la pasada administración era contratar servicios por menos de 300 mil dólares, evitando así pasar por el Consejo Nacional de Turismo, entidad que debe aprobar todas las contrataciones estatales cuando superan esta cantidad.

Para agilizar la revisión de los expedientes, la ATP solicitó al nuevo contralor, Federico Humbert, que designe a más funcionarios para agilizar las auditorías, ya que hay contratos que fueron firmados en Panamá, pero con servicios prestados en el extranjero.

A Shamah se le llamó en varias ocasiones para conocer su versión de los hechos. Y en un último intento por reflejar su punto de vista, se le enviaron mensajes de texto el día de ayer. Respondió: “No tengo conocimiento a lo que se refiere. Tendré que esperar para saber de qué se trata… Y no especular”.

La mayoría de los contratos revisados por los peritos de la Contraloría están relacionados con mercadeo, publicidad y consultorías.

Durante la gestión de Shamah se contrató a cuatro agencias de publicidad y mercadeo para que se encargarán de la publicidad de Panamá en Europa.

 

Tres cuentas corporativas ‘salvaron’ a Financial Pacific

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El 2 de enero de 2013, en dos bancos de la localidad se firmaban los cheques millonarios que salvarían a la casa de valores Financial Pacific de revelar los nombres de sus clientes y las cifras que manejaban en sus cuentas.

Los $12.2 millones que totalizaban los documentos de gerencia, evitaban que el regente ordenara la liquidación de la casa de valores bajo el argumento de desfalco. Con ese dinero, el entonces presidente de la casa de valores, West Valdés, abrió una cuenta nueva en el Banco Universal, que desoyó las alertas de la Superintendencia de Mercado de Valores a la banca local de ‘abstenerse’ de hacer transacciones bancarias con Financial Pacific. La SMV había suspendido la licencia de operaciones a Financial Pacific en noviembre de 2012. Hoy, la cuenta ya no existe. El Banco Universal tomó la decisión de cerrarla en el año 2014.

Otros intereses primaron entonces en el Banco Universal, que en cuarenta y ocho horas, a partir de la emisión de los cheques, se arriesgó a abrir una cuenta ‘exprés’ a nombre de Financial Pacific, con la que se evitó la autopsia forense del supervisor, habilitado para investigar los movimientos financieros de la compañía cuestionada, en medio de un escándalo internacional que llegó a vincular al entonces presidente Ricardo Martinelli, en la compra de acciones con información privilegiada.

LOS CHEQUES

El primer día hábil del año 2013, un martes, se confeccionaban los documentos que pondrían en negro las cuentas de Financial Pacific. El 2 de enero, dos cheques de gerencia a nombre de la empresa estaban listos para se r depositados. El grueso del dinero provino del Banco Universal. Era el cheque de gerencia número 55902 por la suma de $7 millones. Según fuentes que intervinieron en la transacción, la suma provino de dos cuentas distintas del mismo banco que se unificaron en un solo cheque.

Un segundo cheque se emitió desde el Banco Multibank, el número 273139, por $5.2 millones, también a nombre de Financial Pacific, en el que se lee la justificación: ‘banca comercial’.

Ambos documentos comparten la misma fecha, y los bancos, consultados por La Estrella de Panamá , los reconocen como propios. Totalizan $12.2 millones, el monto faltante en las cuentas de los inversionistas de Financial Pacific. En julio de 2012, los principales directivos de la casa de valores, Iván Clare y West Valdés, habían denunciado a una de sus colaboradoras por fraude.

Fue el propio Valdés el que acudió al Banco Universal para abrir la cuenta y hacer el primer y único depósito que salvaría a su empresa de una investigación en profundidad. Este diario tuvo acceso al documento que registra la transacción, con fecha 4 de enero de 2013, firmado por Valdés, según se publicó el pasado 12 de enero.

Entre la suspensión de la licencia de Financial Pacific, en noviembre de 2012, y la apertura de la cuenta que saldó el faltante millonario, pasaron menos de dos meses.

Los exdirectivos declararon que lograron racaudar los $12.2 millones con préstamos personales de ‘familiares, amigos e inversionistas’.

REACCIÓN DE LA BANCA

Javier Carrizo, primer vicepresidente de negocios corporativos de Multibank, indicó que su banco verificó con el Departamento de Operaciones que el cliente emisor de uno de los cheques destinado a Financial Pacific seguía los parámetros de ‘diligencia debida’ que dictan las normas y la cuenta tenía el ‘perfil’ apropiado. ‘El cheque fue emitido a solicitud de una empresa que mantiene su cuenta corriente en orden y de la que el banco posee toda la documentación pertinente y a disposición de las autoridades competentes en caso de ser requerida’, dijo Carrizo. ‘Si el cliente tiene el dinero en la cuenta y lo solicita, el banco debe dárselo’, finalizó.

El Banco Universal, por primera vez desde que se desató el escándalo de Financial Pacific, explicó a este diario su intervención en el saldo de la cuenta de la casa de valores.

El gerente, Sergio Altamiranda, explicó que los $7 millones del cheque que emitió su entidad ya estaban en el banco. Su versión aparenta contradecir las declaraciones de Valdés y Clare, quienes establecieron que los dineros provinieron de préstamos de terceros, contra hipotecas y venta de algunas propiedades.

‘En su momento hubo una instrucción para hacer un cheque de gerencia por esa cantidad’, comentó Altamiranda. Luego añadió: ‘ese cheque sale de una cuenta cuyos clientes pasaron el proceso de due dilligence ’.

El gerente detalló que el banco cuenta con un catálogo de firmas de los directivos que se combinan, según el monto de los cheques de gerencia, para avalar el trámite .

APERTURA VELOZ

A West Va ldés le tomó unas horas abrir la cuenta en el banco en el que depositó $12.2 millones. Por lo general, un proceso de esta naturaleza conlleva una serie de cuestionarios rígidos de la banca y un trámite administrativo de semanas antes de acceder a la transacción.

En su momento, el caso se discutió en la Junta Directiva. La cuenta en mención se abrió a través de un alto directivo que tenía una estrecha relación con el expresidente Ricardo Martinelli. La operación se concretó en la sucursal de Los Ángeles (Betania). La oficial de cumplimiento se opuso al trámite, según la versión que conoce este periódico, pero no pudo contra la orden directa ‘de arriba’. La fuente mencionó que en aquel momento el gerente de la sucursal recibió una llamada de Martinelli, quien le solicitó que abriera la cuenta

Para esa fecha, ya la SMV había enviado un aviso de rutina a la banca en general en el que detallaba que había suspendido la licencia de operaciones de Financial Pacific y solicitaba precaución a los bancos de la plaza. Las transacciones de la casa de valores debían estar congeladas, a excepción de los gastos administrativos (agua, luz, teléfono y otros servicios).

Un año más tarde, el banco decidió cerrar la cuenta. Altamiranda se limitó a ofrecer las razones: ‘son asuntos confidenciales entre el banco y el cliente’, puntualizó.

¿Qué criterios se tomaron al abrir la cuenta?, preguntó este diario. ‘Se ponderan los riesgos y se toman decisiones’, añadió escueto Altamiranda. ‘Fue un tema administrativo y el banco hizo todas las diligencias al abrir la cuenta’, aclaró Altamiranda, nombrado gerente después de los hechos.

EL REGULADOR PREVENTIVO

-¿Usted puede asegurar, mediante las investigaciones que realizó la Superintendencia de Bancos (SB), que estos dineros son de procedencia lícita?, preguntó La Estrella de Panamá a Gustavo Villa, secretario general.

-Yo no le puedo asegurar una cosa como esa porque yo no soy el que lo determina, es la esfera judicial, la nuestra es de control y prevención, dijo.

-¿Usted sabe de dónde provienen los fondos ?

-Esa no es mi responsabilidad. De lo que tengo que asegurarme es de que el banco tenga los controles.

Villa añadió que la SB practicó una inspección de prevención de blanqueo de capitales al Banco Universal en el mes de enero de 2013 en base a la Ley 42. ‘Dentro de la inspección integral que practicamos al banco en esa fecha se hizo especial referencia al tema de Financial Pacific, en lo que respecta a la inspección de prevención’. No obstante, Villa indicó que los resultados de esta diligencia son confidenciales.

REGENTE DE VALORES

Juan Manuel Martans, director de la SMV, aseveró que cada banco debió haber efectuado una investigación para determinar la procedencia de los dineros. Al ser cheques de gerencia, no hay responsable directo de la cuenta. ‘El cheque de gerencia se puede rastrear si lo solicita el Ministerio Público, y eso lo debe responder el banco. Yo dificulto que, por las cantidades, sean cuentas personales’, asumió Martans y anunció que, en su momento, la SMV indagó sobre el origen de los dineros, pero la SB se limitó a responder que eran lícitos. ‘Ellos no están obligados a hacer público el dueño de la cuenta, a menos que se trate de una investigación por lavado de activos, y es el Ministerio Público quien debe investigarlos’, sostuvo Martans.

En la SMV, la Dirección de Supervisión debió haber efectuado un informe al respecto. Ignacio Fábrega fungía como director. Meses más tarde, Fábrega fue querellado por la SMV por filtrar información reservada a Financial Pacific acerca de las investigaciones que hacía la SMV de la casa de valores.

 

Ley de ‘Blindaje’ legal protege a Martinelli

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La Corte Suprema de Justicia está facultada para juzgar a los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá y lo mismo puede hacer con los del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El único impedimento para llevarlos a juicio es el fuero que protege a todos los actores del proceso electoral, hasta tres meses después del cierre del torneo. Además lo complicaría la Ley que blinda a los diputados y que promovió el exdiputado, Hernán Delgado.

El proceso electoral permanece abierto hasta que se resuelvan todas las impugnaciones pendientes de reconsideración en el Tribunal Electoral.

Este manto protege a Ricardo Martinelli, quien no se puede ser investigado, a menos que el Tribunal Electoral lo autorice.

Mientras siguen las personas siguen presentándose a la Fiscalía Auxiliar a identificar si sus comunicaciones fueron intervenidas. Reynaldo Rivera es uno de ellos, quien a su salida señaló directamente a Martinelli de estas operaciones. ‘No dudo que esto lo usó con fines comerciales’.

PROCESO MARTINELLI

Hoy, a las 9 de la mañana, será el reparto de expedientes en la Secretaría de la Corte. En el sorteo se conocerá cuál de los magistrado será el encargado de decidir si admite o no el expediente de más de 22 tomos que envió la Fiscalía Segunda Anticorrupción en el que se vincula al exmandatario.

Ésta es una de las formas como puede ingresar un expediente a la Corte para que se investigue a un miembro del parlamento, según refiere al artículo 4 del Código Procesal Penal.

El presidente de la Corte, José Ayú Prado, explica que, según la norma, cualquier autoridad que se percate de que alguna persona involucrada en una investigación tiene la investidura de miembro de la Asamblea Nacional, debe detener el trámite y enviarlo a la Corte.

Martinelli, como diputado del Parlacen, adquiere las mismas prerrogativas que un diputado nacional.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción investiga a Giacomo Tamburrelli por delito contra la administración pública, en el que se menciona y se vincula al exmandatario. El magistrado que reciba el expediente tendrá diez días para leer los documentos y evaluar si abre una investigación a Martinelli y solicita al Tribunal Electoral el levantar el fuero.

‘A los miembros del Parlacen se les da el mismo trato que si fuera un miembro de la Asamblea Nacional’, reiteró Ayú Prado, aunque no quiso adelantar conceptos sobre la posibilidad de que algún magistrado se declare impedido en el proceso.

BLINDAJE DEL LEGISLATIVO

La Ley 55 del 2012 —iniciativa del entonces diputado de Cambio Democrático Hernán Delgado— determina el procedimiento para juzgar a un diputado. La norma, que es catalogada por sectores de la sociedad civil y por el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, como un blindaje, podría proteger al expresidente Martinelli.

La ley agregó el artículo 491-A al Código Procesal Penal y estableció que una vez designado, el magistrado fiscal deberá concluir la investigación en los dos meses siguientes al inicio.

‘En caso de imputación compleja, podrá prorrogarse este plazo hasta por un mes adicional, decisión que adoptará el magistrado que ejerza funciones de Juez de Garantías a requerimiento del magistrado fiscal’.

Sin embargo, el imputado tiene un recurso para evitar la extensión del plazo: solicitar al juez de garantías que le fije un término no mayor de diez días para finalizar la investigación.

‘Si en un término de diez días el magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías no fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el magistrado fiscal no remite a dicho juez de garantías la investigación, en el plazo fijado, será extinguida la acción penal…’.

En caso de que la Corte determine levantarle el fuero, le correspondería al magistrado fiscal solicitar la acción al Tribunal Electoral.

El problema estriba en que el proceso electoral aún permanece abierto, ante la disputa de las curules de los circuitos 4-5, 4-6 y 9-1. Todos impugnaron los últimos resultados y pidieron una reconsideración al TE.

El periodo de los dos meses podría agotarse entre las solicitudes que deban hacerse entre las distintas instancias de justicia que intervienen en el caso.

Ernesto Cedeño: “Gonzalo Moncada Luna mintió”

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El abogado penalista, Ernesto Cedeño, aclaró a La Estrella de Panamá que él no ha firmado ni pertenece a la defensa grupal del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),Alejandro Moncada Luna.

"Yo no soy abogado de Moncada Luna ni he firmado nada, yo desconozco cómo me menciona a mí y porqué utiliza mi nombre con esto", señaló Cedeño, quien dijo estar indignado por esto.

Ayer, el abogado Gonzalo Moncada Luna dijo a los medios de comunicación que el jurista Ernesto Cedeña estaba en la lista de 50 abogados que defendería al magistrado Moncada Luna.

"Gonzlalo Moncada Luna mintió, yo no he firmado nada, no voy a defender esa causa y que ese señor que se defienda por otro lado", reiteró Cedeño, en referencia a las declaraciones que dio Gonzalo Moncada Luna.

Caso Moncada Luna

Alejandro Moncada Luna está siendo investigado por la Asamblea Nacional, por supuesto enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.

 

 

Diputados enviarán expedientes contra Martinelli a la CSJ

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La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados enviará este jueves, dos expedientes abiertos en contra del expresidente Ricardo Martinelli, confirmó el diputado y presidente de esta comisión, Luis Barría.



Barría explicó, que estas denuncia fueron presentadas en el 2011 y 2012 en contra del exmandatario por el perredista Mitchel Dones y Zulay Rodríguez, ahora diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).



Según el diputado Barría, estas denuncias tienen relación a pinchazoz telefónicas en contra de Doens y Rodríguez, donde comprometen al expresidente Martinelli.

#PlanVarela: Familiares de excomisionado de la PN denuncian persecución de Varela

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Los familiares del excomisionado de la Policía Nacional Rony Rodríguez, uno de los mencionados por el caso de los pinchazos telefónicos denunciaron persecusión por parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela.
 
La familia aseguraron que desconocen dónde está Rony y que están descontentos con el allanamiento en su casa. "Desbalijaron el apartamento de mi hermano fuera un delincuente, desbarataron los muebles", manifestó la hermana del exoficial.
 
Además afirmaron que Rony no tiene ninguna propiedad a su nombre, ni ganados solo su apartamento que está pagando en este momento.
 
"Sabemos que a partir de hoy la familia de nosotros corre peligro", argumentó uno de los hermanos del excomisionado.

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La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, determinó ayer imponer la medida cautelar de detención preventiva para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Por segundo día consecutivo, Gustavo Pérez fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, al despacho de la Fiscalía Auxiliar, en Calidonia, para continuar con la indagatoria que había sido suspendida el pasado lunes.

A las 8:00 a.m. y escoltado por seis miembros de la DIJ, Pérez fue ingresado al edificio del despacho judicial.

El proceso de indagatoria terminó a eso de la 1:00 p.m. e inmediatamente fue trasladado a la celda preventiva en la DIJ. A su salida de la Fiscalía, Gustavo Pérez no dio declaraciones.

Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente durante la diligencia de indagatoria declaró “todo lo que él sabe”. Considera que no existen hechos delictivos contra el exsecretario del CSN que lo vinculen con las escuchas telefónicas como para ordenarle su detención preventiva y mucho menos se cumple con los factores legales, por ser delitos con penas mínimas de dos años.

Agregó que pueden haber aspectos contundentes en las grabaciones, pero no algo que vincule directamente a su defendido.

“Vamos a solicitar copia de la declaración de indagatoria de él (Pérez), del documento de providencia que ordena la detención preventiva y la indagatoria para presentar acciones judiciales ante los tribunales”, recalcó.

INDAGAN A ARAÚZ

A las 2:30 p.m., Alejandro Garuz, otro de los investigados por los supuestos pinchazos telefónicos, fue llevado a la Fiscalía Auxiliar para el proceso de indagatoria.

Garuz también fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad, tanto que los medios de comunicación no pudieron captar imágenes claras del también exsecretario del CSN durante la administración del exmandatario Ricardo Martinelli.

Mientras el fiscal Aguilar realizaba la indagatoria a Garuz, la defensa de este, Cristóbal Arboleda, interponía una acción de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrá 48 horas para dar una respuesta a este recurso legal.

La diligencia terminó a las 10:20 p.m. tras ocho horas de indagatoria.

Arboleda manifestó que interpuso la acción de hábeas corpus, porque considera que es absolutamente ilegal e injustificada la detención preventiva contra Garuz decretada por el fiscal Aguilar.

“En consecuencia, le hemos pedido a la CSJ que revise los fundamentos y la legalidad de la decisión del fiscal”, agregó.

ARMAS

Tanto la defensa de Garuz como de Pérez informaron que por las armas encontradas en las residencias, donde la Fiscalía hizo los allanamientos, no se han iniciado investigaciones.

Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, dijo que en el caso de las armas de fuego encontradas en la casa de su cliente, todas tienen su debido permiso.

Por su parte, Armando Fuentes, abogado de Pérez, indicó que sobre este tema no sabe nada y que hasta la fecha solo ha visto el caso sobre las posibles escuchas telefónicas.

El pasado lunes, horas después de que se diera la aprehensión y detención de Pérez y Garuz, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, detalló que el caso que lleva la Fiscalía 

Auxiliar tiene que ver con intervenciones telefónicas, mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, recepción de audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria y ubicación del sitio donde estaba el teléfono celular.

 

La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, determinó ayer imponer la medida cautelar de detención preventiva para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Por segundo día consecutivo, Gustavo Pérez fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, al despacho de la Fiscalía Auxiliar, en Calidonia, para continuar con la indagatoria que había sido suspendida el pasado lunes.

A las 8:00 a.m. y escoltado por seis miembros de la DIJ, Pérez fue ingresado al edificio del despacho judicial.

El proceso de indagatoria terminó a eso de la 1:00 p.m. e inmediatamente fue trasladado a la celda preventiva en la DIJ. A su salida de la Fiscalía, Gustavo Pérez no dio declaraciones.

Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente durante la diligencia de indagatoria declaró “todo lo que él sabe”. Considera que no existen hechos delictivos contra el exsecretario del CSN que lo vinculen con las escuchas telefónicas como para ordenarle su detención preventiva y mucho menos se cumple con los factores legales, por ser delitos con penas mínimas de dos años.

Agregó que pueden haber aspectos contundentes en las grabaciones, pero no algo que vincule directamente a su defendido.

“Vamos a solicitar copia de la declaración de indagatoria de él (Pérez), del documento de providencia que ordena la detención preventiva y la indagatoria para presentar acciones judiciales ante los tribunales”, recalcó.

INDAGAN A ARAÚZ

A las 2:30 p.m., Alejandro Garuz, otro de los investigados por los supuestos pinchazos telefónicos, fue llevado a la Fiscalía Auxiliar para el proceso de indagatoria.

Garuz también fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad, tanto que los medios de comunicación no pudieron captar imágenes claras del también exsecretario del CSN durante la administración del exmandatario Ricardo Martinelli.

Mientras el fiscal Aguilar realizaba la indagatoria a Garuz, la defensa de este, Cristóbal Arboleda, interponía una acción de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrá 48 horas para dar una respuesta a este recurso legal.

La diligencia terminó a las 10:20 p.m. tras ocho horas de indagatoria.

Arboleda manifestó que interpuso la acción de hábeas corpus, porque considera que es absolutamente ilegal e injustificada la detención preventiva contra Garuz decretada por el fiscal Aguilar.

“En consecuencia, le hemos pedido a la CSJ que revise los fundamentos y la legalidad de la decisión del fiscal”, agregó.

ARMAS

Tanto la defensa de Garuz como de Pérez informaron que por las armas encontradas en las residencias, donde la Fiscalía hizo los allanamientos, no se han iniciado investigaciones.

Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, dijo que en el caso de las armas de fuego encontradas en la casa de su cliente, todas tienen su debido permiso.

Por su parte, Armando Fuentes, abogado de Pérez, indicó que sobre este tema no sabe nada y que hasta la fecha solo ha visto el caso sobre las posibles escuchas telefónicas.

El pasado lunes, horas después de que se diera la aprehensión y detención de Pérez y Garuz, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, detalló que el caso que lleva la Fiscalía 

Auxiliar tiene que ver con intervenciones telefónicas, mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, recepción de audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria y ubicación del sitio donde estaba el teléfono celular.

 

 

Arrestan a Pérez y a Garuz por pinchazos

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La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, determinó ayer imponer la medida cautelar de detención preventiva para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Por segundo día consecutivo, Gustavo Pérez fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, al despacho de la Fiscalía Auxiliar, en Calidonia, para continuar con la indagatoria que había sido suspendida el pasado lunes.

A las 8:00 a.m. y escoltado por seis miembros de la DIJ, Pérez fue ingresado al edificio del despacho judicial.

El proceso de indagatoria terminó a eso de la 1:00 p.m. e inmediatamente fue trasladado a la celda preventiva en la DIJ. A su salida de la Fiscalía, Gustavo Pérez no dio declaraciones.

Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente durante la diligencia de indagatoria declaró “todo lo que él sabe”. Considera que no existen hechos delictivos contra el exsecretario del CSN que lo vinculen con las escuchas telefónicas como para ordenarle su detención preventiva y mucho menos se cumple con los factores legales, por ser delitos con penas mínimas de dos años.

Agregó que pueden haber aspectos contundentes en las grabaciones, pero no algo que vincule directamente a su defendido.

“Vamos a solicitar copia de la declaración de indagatoria de él (Pérez), del documento de providencia que ordena la detención preventiva y la indagatoria para presentar acciones judiciales ante los tribunales”, recalcó.

INDAGAN A ARAÚZ

A las 2:30 p.m., Alejandro Garuz, otro de los investigados por los supuestos pinchazos telefónicos, fue llevado a la Fiscalía Auxiliar para el proceso de indagatoria.

Garuz también fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad, tanto que los medios de comunicación no pudieron captar imágenes claras del también exsecretario del CSN durante la administración del exmandatario Ricardo Martinelli.

Mientras el fiscal Aguilar realizaba la indagatoria a Garuz, la defensa de este, Cristóbal Arboleda, interponía una acción de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrá 48 horas para dar una respuesta a este recurso legal.

La diligencia terminó a las 10:20 p.m. tras ocho horas de indagatoria.

Arboleda manifestó que interpuso la acción de hábeas corpus, porque considera que es absolutamente ilegal e injustificada la detención preventiva contra Garuz decretada por el fiscal Aguilar.

“En consecuencia, le hemos pedido a la CSJ que revise los fundamentos y la legalidad de la decisión del fiscal”, agregó.

ARMAS

Tanto la defensa de Garuz como de Pérez informaron que por las armas encontradas en las residencias, donde la Fiscalía hizo los allanamientos, no se han iniciado investigaciones.

Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, dijo que en el caso de las armas de fuego encontradas en la casa de su cliente, todas tienen su debido permiso.

Por su parte, Armando Fuentes, abogado de Pérez, indicó que sobre este tema no sabe nada y que hasta la fecha solo ha visto el caso sobre las posibles escuchas telefónicas.

El pasado lunes, horas después de que se diera la aprehensión y detención de Pérez y Garuz, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, detalló que el caso que lleva la Fiscalía 

Auxiliar tiene que ver con intervenciones telefónicas, mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, recepción de audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria y ubicación del sitio donde estaba el teléfono celular.

 

La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, determinó ayer imponer la medida cautelar de detención preventiva para los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Por segundo día consecutivo, Gustavo Pérez fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, al despacho de la Fiscalía Auxiliar, en Calidonia, para continuar con la indagatoria que había sido suspendida el pasado lunes.

A las 8:00 a.m. y escoltado por seis miembros de la DIJ, Pérez fue ingresado al edificio del despacho judicial.

El proceso de indagatoria terminó a eso de la 1:00 p.m. e inmediatamente fue trasladado a la celda preventiva en la DIJ. A su salida de la Fiscalía, Gustavo Pérez no dio declaraciones.

Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente durante la diligencia de indagatoria declaró “todo lo que él sabe”. Considera que no existen hechos delictivos contra el exsecretario del CSN que lo vinculen con las escuchas telefónicas como para ordenarle su detención preventiva y mucho menos se cumple con los factores legales, por ser delitos con penas mínimas de dos años.

Agregó que pueden haber aspectos contundentes en las grabaciones, pero no algo que vincule directamente a su defendido.

“Vamos a solicitar copia de la declaración de indagatoria de él (Pérez), del documento de providencia que ordena la detención preventiva y la indagatoria para presentar acciones judiciales ante los tribunales”, recalcó.

INDAGAN A ARAÚZ

A las 2:30 p.m., Alejandro Garuz, otro de los investigados por los supuestos pinchazos telefónicos, fue llevado a la Fiscalía Auxiliar para el proceso de indagatoria.

Garuz también fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad, tanto que los medios de comunicación no pudieron captar imágenes claras del también exsecretario del CSN durante la administración del exmandatario Ricardo Martinelli.

Mientras el fiscal Aguilar realizaba la indagatoria a Garuz, la defensa de este, Cristóbal Arboleda, interponía una acción de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrá 48 horas para dar una respuesta a este recurso legal.

La diligencia terminó a las 10:20 p.m. tras ocho horas de indagatoria.

Arboleda manifestó que interpuso la acción de hábeas corpus, porque considera que es absolutamente ilegal e injustificada la detención preventiva contra Garuz decretada por el fiscal Aguilar.

“En consecuencia, le hemos pedido a la CSJ que revise los fundamentos y la legalidad de la decisión del fiscal”, agregó.

ARMAS

Tanto la defensa de Garuz como de Pérez informaron que por las armas encontradas en las residencias, donde la Fiscalía hizo los allanamientos, no se han iniciado investigaciones.

Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, dijo que en el caso de las armas de fuego encontradas en la casa de su cliente, todas tienen su debido permiso.

Por su parte, Armando Fuentes, abogado de Pérez, indicó que sobre este tema no sabe nada y que hasta la fecha solo ha visto el caso sobre las posibles escuchas telefónicas.

El pasado lunes, horas después de que se diera la aprehensión y detención de Pérez y Garuz, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, detalló que el caso que lleva la Fiscalía 

Auxiliar tiene que ver con intervenciones telefónicas, mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, recepción de audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria y ubicación del sitio donde estaba el teléfono celular.