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El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén ratificó –en su indagatoria del pasado 22 y 23 de enero, colgada por el expresidente Ricardo Martinelli en su cuenta de Facebook— el nombre de empresas beneficiadas con millonarios contratos y órdenes de compra bajo su administración. 

Ya en una nota publicada por La Prensa el pasado 21 de noviembre –basada en una denuncia ante la Fiscalía Primera Anticorrupción– se revelaban detalles de contratos con empresas, como Balanced Investment Group Inc., Grupo Arquitectónica S.A., EM-Y-M, APM Supplies, S.A., que llamaron la atención de las autoridades.

A Balanced Investment Group Inc., por ejemplo, cuyo representante legal es Aldo Mangravita Fernández-Miranda, se le otorgó una compra de granos por 4.8 millones de dólares.

Grupo Arquitectónica, S.A., creada el 29 de abril de 2010, y cuyo presidente es Diego Dolando de Ycaza, obtuvo otro contrato para distribuir arroz y menestras para escuelas de difícil acceso en áreas de pobreza extrema.

EM-Y-M, S.A., que tiene como presidente a Félix Fernández-Miranda, también facturó con el PAN 5.7 millones de dólares entre contratos y órdenes de compra.

APM Supplies, S.A., que operaba desde la boutique DHD –propiedad de la empresaria Poulett Morales– vendió al PAN 6 millones de dólares en mochilas.

Y la sociedad Hialing Corporation, S.A. –ligada a Pablo Ruiz Obregón– se benefició con un contrato de 5.1 millones de dólares para suministrar bolsas con comida navideña al despacho de la primera dama.

Todas estas sociedades ya habían sido objeto de denuncias y blanco de investigaciones periodísticas de La Prensa. 

Nuevos nombres de empresarios –supuestamente vinculados al expresidente Ricardo Martinelli– revelaría hoy el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli  en su indagatoria en la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

Tamburrelli —quien asegura que Martinelli le dio órdenes de firmar contratos millonarios con supuestos sobrecostos, como el de la comida deshidratada por $45 millones— fue citado hoy para ampliar su indagatoria.

Martinelli, consultado por La Prensa sobre las nuevas revelaciones que haría Tamburrelli, afirmó que no aclarará ninguno de los señalamientos en su contra porque se trata de “una indagatoria plantada con fines aviesos y de persecución política”.

Algunas de las empresas favorecidas con contratos millonarios del PAN son Hagoca M. Group, APM Supplies y Comercializadora Galbedusa Panamá, ligadas a la empresaria de modas Poulett Morales, quien vendió mochilas al Ministerio de Educación, transacción  investigada por el Ministerio Público.

Sociedades relacionadas con  Morales —quien también aparece en una  en la que Martinelli es suscriptor— obtuvieron millones de dólares en contratos y órdenes de compra del PAN, incluso en la administración de Rafael Guardia Jaén. 

Desde una boutique en Marbella,  Morales distribuyó estufas, electrodomésticos variados, máquinas de coser y hasta prestó el servicio de alquiler de equipos rodantes al PAN.

Una fuente vinculada a las investigaciones informó que Tamburrelli se ratificará de su testimonio contra Martinelli y aportará nuevas pruebas documentales en la diligencia de  hoy.

MILLONES DETRÁS DE UNA ‘BOUTIQUE’

El millonario negocio de la venta de mochilas al Ministerio de Educación (Meduca) no fue el único contrato que obtuvieron sociedades pertenecientes a un  grupo económico  que operaba  bajo un  techo y que logró más de 10 millones de dólares –entre 2010 y 2014– con una misma entidad del Estado.

También las sociedades Hagoca M. Group, APM Supplies y Comercializadora Galdebusa Panamá –vinculadas a la empresaria Poulett Morales– recibieron  contratos directos en  el Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante las administraciones de Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén.

Tamburrelli –quien está bajo arresto domiciliario– debe ampliar hoy su indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción y, según una fuente vinculada al exfuncionario, proporcionará nombres clave de empresarios favorecidos con contratos  supuestamente vinculados al entonces presidente Ricardo Martinelli. Sería la segunda ocasión en la que Tamburrelli implica al exgobernante.

Interrogado sobre el particular por La Prensa, Martinelli –a través de un correo electrónico– esquivó las preguntas y respondió marginalmente que la entonces fiscal Lizzett Chevalier “amenazó” e intimidó a Tamburrelli para que lo implicara.

“La indagatoria del señor Tamburrelli se da bajo presiones y amenazas de una fiscal [Chevalier] deformada profesionalmente a la que exigiré todas las responsabilidades civiles y penales. En consecuencia, nada debo de aclarar de una indagatoria plantada con fines aviesos y de persecución política”, se excusó Martinelli.

A su vez, Chevalier dijo que no quería referirse al tema por hallarse de vacaciones.

NEGOCIOS

Poulett Morales es una joven empresaria del mundo de la moda, propietaria de una conocida boutique en Marbella (DHD), especializada en accesorios y zapatos femeninos que con mucha frecuencia ella misma modela para su página en Facebook.

Morales, además de moverse como pez en el agua en el titilante mundo de la moda, ha incursionado en otros ramos de negocios menos glamorosos. Sus sociedades no solo han vendido mochilas al Meduca, sino todo tipo de mercancía al PAN.

La Prensa preguntó a Morales ¿cómo pudo, a través de su boutique, dedicarse a vender   y distribuir mochilas y electrodomésticos, como estufas o máquinas de coser? ¿Cómo hizo trabajos de inspección o alquilar equipo rodante?

Pero la empresaria no contestó las llamadas ni las preguntas enviadas por este medio a su correo electrónico.

Tampoco respondió cómo logró que sociedades suyas recién creadas obtuvieran millonarios contratos del PAN y del Meduca.

NEXOS

En el Registro Público quedan huellas de que en alguna ocasión, Ricardo Martinelli y Poulett Morales se conocieron y sostuvieron una relación comercial o fueron actores de una transacción que involucró, al menos, una sociedad anónima.

Es el caso de la sociedad Inmobiliere Richeliu, en la que aparece Morales como secretaria y Ricardo Martinelli como suscriptor, al igual que Ulises González –padre de María Cristina González, exdirectora de Migración, y jefe de seguridad en Importadora Ricamar, razón social del Súper 99.

Un año después de ser inscrita la sociedad en el Registro Público –septiembre de 2006– Martinelli renunció a la presidencia y a su representación legal. Morales asumió entonces la representación legal, según el acta de reunión extraordinaria de la sociedad que presidió Martinelli.

Además de esta relación comercial, Morales se declaró abiertamente partidaria del entonces oficialista Cambio Democrático (CD), que preside Martinelli (ver foto, Gracias Martinelli). 

El 4 de mayo de 2014, día de las elecciones generales, la empresaria colgó en su cuenta de Facebook  un video en el que se daba las gracias a Martinelli por las obras realizadas y, de paso, pedía votos para CD.

LOS MILLONES

Y es que, después de todo, Morales tenía mucho que agradecerle al gobierno de CD. Sociedades de ella o vinculadas a ella facturaron millones de dólares en la administración Martinelli, especialmente en el PAN, cuyo exdirector Giacomo Tamburrelli dará detalles en su próxima deposición indagatoria prevista para hoy.

Aunque en ocasiones Morales no era visible en las sociedades beneficiadas, su correo electrónico se repetía en las constancias de contratación directa, como en el caso de la sociedad APM Supplies, para una venta de 6 millones de dólares en mochilas para el Meduca, entre  2011 y 2012.

En  2011, la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, entregó un anticipo de 500 mil dólares a APM Supplies para suministrar y distribuir las mochilas, según una modificación al contrato al que tuvo acceso La Prensa.

APM Supplies fue inscrita en mayo de 2008 en el Registro Público. En julio de 2010, la directiva cambió y Janeth Araúz –empleada de Morales en DHD– fue nombrada presidenta de la sociedad. Al ser inscrita en el Ministerio de Comercio e Industrias, se observa un hecho curioso. La sociedad no solo amplió su actividad comercial general, sino que reveló específicamente que vendería mochilas al Estado.

 La dirección proporcionada por la sociedad es la misma de Hagoca M. Group, ubicada  en Marbella, y presidida por Morales, y en donde también se ubica la tienda de modas de la empresaria (ver facsímiles superiores).

Este medio se comunicó a la boutique DHD y preguntó  por Araúz, pero  se informó que no estaba en la oficina y que no tenía  correo electrónico para recibir un cuestionario de La Prensa.

Hagoca M. Group, nacida en la vida jurídica al inicio del gobierno de Martinelli –en agosto de 2009–, obtuvo alrededor de un millón de dólares en contratos con el PAN, según un informe parcial de la Contraloría, en el que se detalla el suministro continuo  de electrodomésticos, estufas, máquinas de coser y hasta de moler.

En diciembre de 2013, la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini, refrendó un pago de 148 mil dólares a favor de Hagoca para el suministro de electrodomésticos al PAN.

Otra sociedad beneficiada fue Comercializadora Galdebusa Panamá, que obtuvo 3.9 millones de dólares para proveer mochilas a los estudiantes de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Comercializadora Galdebusa Panamá –constituida el 15 de abril de 2013– logró obtener contratos del PAN por más de $1.5 millón.

En esta sociedad figuran como presidente y tesorero Franklin Araúz y como secretaria Vanessa Gutiérrez.

La Prensa se comunicó a la tienda DHD Sexy, una de las sucursales del almacén de Morales, y Gutiérrez contestó la llamada, identificándose como empleada de la tienda.

Gutiérrez dijo al principio desconocer sobre los contratos de Comercializadora Galdebusa Panamá. “¿Pero, por qué me llama a mí, si yo no sé de eso?”, respondió. Luego aceptó ser dignataria de la sociedad, pero que no podía hablar de ello. A su vez, una fuente informó que Franklin Araúz también trabaja para Poulett Morales.

Todos los cheques pagados a estas sociedades fueron refrendados por la  contralora Torres de Bianchini hasta junio de 2014, justo cuando terminaba la gestión de Martinelli.

El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli,  concluyó su declaración indagatoria reafirmando lo que había dicho con anterioridad: que firmó contratos por hasta $45 millones para adquirir alimentos deshidratados, siguiendo órdenes del entonces presidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014). 

Tamburrelli compareció este lunes 26 de enero a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para ampliar su indagatoria. La diligencia estuvo a cargo de Vielka Broce, quien el pasado 15 de enero fue designada fiscal Segunda Anticorrupción, en reemplazo de Lizzett Chevalier. 

También dijo que Adolfo “Chichi” De Obarrio, exsecretario privado del expresidente, llegaba con las órdenes sobre lo que debía adquirir y a quién.  

Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, explicó que por hoy ya acabó la indagatoria, pero que su cliente –que tiene una medida cautelar de casa por cárcel e impedimento de salida del país- está dispuesto a seguir colaborando. 

Contó que solicitó a la fiscalía una modificación de la medida cautelar de arresto domiciliario por una menos severa. También ha solicitado mayor protección para el exfuncionario. 

El exdirector del PAN, entre julio de 2009 y agosto de 2012, tenía un certificado de incapacidad médica que venció el 22 de enero pasado luego de someterse a un procedimiento cardíaco. 

Tanto Tamburrelli como Rafael Guardia Jaén, otro exdirector del PAN actualmente encarcelado en La Gran Joya, son indagados este lunes, en relación con anomalías en esa entidad durante la pasada administración gubernamental (2009-2014). 

El primero en llegar al edificio Avesa fue Guardia Jaén, quien rinde declaración en la Fiscalía Tercera Anticorrupción, en la investigación relacionada con un contrato para comprar llantas para vehículos del Estado. 

Víctor Orobio, abogado de Guardia Jaén, dijo que este dirá todo lo que sabe. Sostuvo que su cliente está cooperando con la justicia, por lo que no puede inventar nombres. 

El viernes pasado Guardia Jaén aceptó su culpabilidad en el caso de la compra de bolsas de arroz con sobreprecios que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción y decidió colaborar con el Ministerio Público para regresar al Estado todos los bienes que adquirió de forma irregular cuando ocupaba el puesto en la entidad (2012-2014). 

El pasado miércoles, el magistrado Víctor Benavides presentó un impedimento para separarse de conocer de los hábeas corpus a favor de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez. 

La razón: es una de las víctimas de los pinchazos ilegales que llevó a cabo el Consejo de Seguridad Nacional, y que abarcan a más de 150 políticos, comunicadores, magistrados, empresarios, sindicalistas y opositores al gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). 

Por este caso, la Fiscalía Auxiliar procesa a Garuz y Pérez por la supuesta comisión de los delitos de violación de secreto y derecho a la intimidad. 

Los abogados de Garuz y Pérez –Cristóbal Arboleda y Armando Fuentes, respectivamente- presentaron acciones de hábeas corpus. El ponente de ambos recursos es el magistrado Luis Ramón Fábrega, quien puso a circular simultáneamente un proyecto de fallo. Los magistrados se han dado un plazo de cinco días hábiles –que vencen el viernes- para resolver. 

Un abogado de Benavides ya se acercó a la Fiscalía Auxiliar para ver el expediente y anunció que el magistrado presentará una querella particular por la violación de sus comunicaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) interpuso una querella penal contra Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, por el supuesto delito de “falsificación ideológica de documento público”, que según el Código Penal está sancionado con prisión de cuatro a ocho años. 

La acusación se refiere al contrato entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y Cobranzas del Istmo, firmado en 2010 por Cucalón con el objetivo de recuperar impuestos morosos.  

El MEF argumenta que el contrato contiene una declaración falsa, ya que se dice que se formalizó bajo la figura de “excepción de acto público y autorización de contratación directa”, pero Cucalón no tramitó la autorización para hacer una compra directa, algo que “resultaba obligatorio” desde el punto de vista del MEF. “Este procedimiento nunca se realizó, mas se insertó como cumplido en el contrato…”, dice la querella. 

La Ley de Contrataciones Públicas determina a qué instancia se debe elevar la solicitud para hacer una contratación directa dependiendo del monto. Si la compra es inferior a $300,000 la evaluación y aprobación corresponde al propio MEF; las adquisiciones entre $300,000 y $3 millones deben recibir el visto bueno del Consejo Económico Nacional; y aquellas que superen los $3 millones requieren la aprobación del Consejo de Gabinete.  

La investigación del MEF determinó que Cucalón no tramitó la autorización en ninguna de las instancias. 

Consultado ayer al respecto, Cucalón señaló que la contratación de Cobranzas del Istmo se apegó a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 22 de 17 de marzo de 2010, que reglamentó la contratación de gestores de cobro y que al no tener un monto fijo el contrato —los honorarios de la empresa dependían de cuánto dinero moroso recuperaran— no se podía determinar a qué instancia solicitar la autorización. Cucalón argumentó también que el contrato fue revisado por el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, quien era asesor legal de Dulcidio De La Guardia cuando este ejerció como viceministro de Finanzas.  

En el seno del MEF se considera que esta contratación debió haber sido evaluada por el Consejo de Gabinete. La norma establece que una compra directa debe ser autorizada previamente y, en este caso, el monto pagado a la empresa supera los $47 millones.  

Mientras que el MEF considera que estos pagos se constituyen en un “perjuicio consumado en detrimento directo del Estado panameño”, Cucalón dijo que si ese el monto que se pagó a la empresa significa que se recuperaron más de $400 millones para el Estado. Añadió que “yo siempre cobré con la ley de frente. Que pongan todas las querellas y demandas que quieran. Si hubiera hecho algo ilegal no estaría ya en Panamá”.  

Este proceso es independiente de los que se siguen en el MEF y en la Corte Suprema de Justicia para determinar la legalidad del contrato. Desde el pasado 8 de enero, la Sala Tercera de la CSJ decretó la suspensión temporal del mismo por lo que la empresa ya no estaría facultada para seguir cobrando a los contribuyentes morosos.