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Panamá pasa esta semana una etapa importante en su camino por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). El organismo internacional tiene su reunión plenaria en París entre el 22 y el 27 de febrero.

Desde el pasado mes de junio, Panamá forma parte de la denominada lista gris del Gafi, una institución intergubernamental que establece estándares legales y promueve medidas para mejorar la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. En una evaluación ejecutada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2012 se revelaron las deficiencias de la estructura legal del país para combatir estos actos ilícitos, lo que dio pie al Gafi para considerar a Panamá dentro de la lista de observación.

Esto sucedió unos meses antes de que saliera a la luz pública la existencia de cuentas millonarias en bancos locales cuyos fondos supuestamente procedían de actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración, hechos que refuerzan las tesis del Gafi y el FMI.

Cuando el Gobierno, todavía durante la pasada administración, supo que Panamá entraría en la lista, pactó un plan de acción con el organismo internacional con miras a fortalecer el marco legal contra el lavado.

A través de la división latinoamericana del Gafi (Gafilat), Panamá presentará en París los avances que ha tenido hasta la fecha en la ejecución de dicho plan.

Representan a Panamá en esta misión el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó a este diario que se elevarán al pleno los resultados de la reunión cara a cara que mantuvo el Gobierno de Panamá con el Gafilat el pasado mes de enero en Miami.

Representan a Panamá en Francia la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Ministerio Público, el MEF y la UAF.

Panamá presentará como avances la reestructuración de la UAF y de la comisión presidencial de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. También conocerá el Gafi las reglamentaciones aprobadas por los reguladores de banca y valores para prohibir en sus sectores el uso de sociedades con acciones al portador si estas no están  inmovilizadas.

Aunque su contenido todavía no se ha completado, Panamá también llevará a París el borrador de la nueva ley contra el lavado de capitales. El texto, que fue revisado por el Gafilat, está circulando entre los gremios empresariales de Panamá que, según De La Guardia, tienen hasta el próximo 25 de febrero para hacer sus comentarios al respecto.

La principal novedad de esta norma es que eleva los niveles de control en una serie de actividades económicas para prevenir el lavado de capitales. Además, crea una unidad dentro del MEF que será la encargada de supervisar el cumplimiento de los estándares en estos sectores. Las superintendencias de bancos, valores y seguros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo seguirán haciendo esta labor en sus respectivas áreas.

Bajo la supervisión del MEF quedarán actividades como la construcción, los promotores y corredores de bienes raíces, la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, los comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, casas de cambio y de empeño, así como los casinos y juegos de azar.

Los controles que se impongan a cada actividad dependerán del nivel de riesgo que conlleve el negocio. “No es igual el control que tiene que tener un banco al que tiene que tener una pequeña casa de empeño”, explicó De La Guardia.

Para determinar las políticas de prevención que se deben aplicar a cada actividad, el Gobierno está elaborando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo un plan nacional de riesgo.

“Algunas entidades solamente estarán obligadas a enviar reportes sobre transacciones en efectivo o cuasi efectivo, otras tendrán que tener procesos de cumplimiento, identificar personas políticamente expuestas y hacer una diligencia debida ampliada en función del cliente o de la industria”, añadió.

En algunas situaciones, los controles que ya existen se podrían ver ampliados. Los casinos, que según la norma vigente están obligados a declarar transacciones en efectivo y sospechosas a la Junta de Control de Juegos y la UAF, se podrían ver obligados a establecer oficinas de cumplimiento en función de su tamaño, informó el ministro.

Aunque en la plenaria de esta semana se presente el proyecto de ley antilavado, el Gobierno es consciente de que no será tomado en cuenta hasta que no sea aprobado como ley de la República, algo similar a lo que ocurre con dos proyectos de ley presentados por el Ministerio Público. “Lo único que nos hace falta realmente es que los tres proyectos sean aprobados antes del 30 de abril”, reconoció De La Guardia.

La de febrero es la primera plenaria de las tres que celebra el Gafi anualmente. La segunda será en junio, luego de una nueva reunión en mayo entre Panamá y el Gafilat. En la tercera, que tendrá lugar en octubre, Panamá ya debería haber completado todo el plan de acción, incluyendo la evaluación de riesgos. En ese momento, el país estaría en disposición de solicitar la exclusión de la lista gris.

Además del efecto que tiene para la imagen exterior, el hecho de haber sido señalado como un país con una estructura débil en la lucha contra el blanqueo está teniendo consecuencias para la economía real.

Los bancos de Estados Unidos, por mandato de una dependencia del Departamento del Tesoro, están obligados a hacer una diligencia debida ampliada en el caso de hacer negocios con bancos ubicados en los territorios que figuran en la lista gris. Esta medida dificulta las relaciones de corresponsalía de los bancos panameños, una actividad clave en cualquier transacción internacional. Además, el propio De La Guardia reveló recientemente que empresas panameñas de determinados sectores estaban teniendo dificultades para acceder al sistema financiero estadounidense para hacer transferencias de dinero.

Si Panamá no consigue salir airoso de este proceso, las restricciones podrían acentuarse, afectando otras actividades. Por eso, tanto el Gobierno como gremios empresariales han identificado la inclusión en la lista gris como la principal amenaza para la economía.

 

Las empresas que entregaron ofertas para el diseño y construcción de la segunda línea del Metro tienen una trayectoria conocida en el sector, pero algunas están vinculadas con sobrecostos, tienen un alto nivel de endeudamiento o son investigadas por supuesto fraude o sobornos en otro país.

 En la licitación por mejor valor entregaron propuestas tres consorcios integrados por compañías de China, de España, una de México, una de Brasil y una de Perú. Llama la atención que no hay ninguna de Estados Unidos, uno de los mayores inversionistas en Panamá y donde el Metro es uno de los principales medio de transporte.

China First Highway Engineering Company Limited, holding de China Harbour Engineering and Construction Company, que forma parte de uno de los tres consorcios que presentó propuesta técnica y económica para la segunda línea del Metro, está en una lista de inhabilitación para participar en proyectos del Banco Mundial por fraude y corrupción.

La empresa está inhabilitada para adjudicarse contratos financiados por el Banco Mundial entre el 4 de febrero de 2015 y el 14 de diciembre de 2017, según aparece en la lista de empresas de diferentes países que registra en su página web la entidad multilateral.

“La inhabilitación se hace extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma invalidada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada”, explica el Banco Mundial.

Esta lista de fraude y corrupción la prepara el Banco Mundial con base en algún proceso administrativo en el que se haya visto involucrada la compañía o por información cruzada de otros bancos.

A diferencia de la línea 1, en la cual el Estado puso el capital para su financiamiento, en la línea 2 el consorcio que se adjudique la licitación por mejor valor debe buscar el dinero para desarrollar la obra, con previa aprobación del Gobierno. En caso de ser favorecido, el grupo donde participan dos empresas chinas y una española no podría tener financiamiento del Banco Mundial.

Consultado al respecto, la Secretaría del Metro de Panamá informó de que las causales que producen incapacidad legal para contratar se encuentran en el texto único de la Ley 22 de 2006, y no están sujetas a las regulaciones de una entidad bancaria.

Asegura la Secretaría del Metro de Panamá que los proponentes firman una declaración jurada adjunta a la propuesta señalando que no se encuentran dentro de las restricciones que establece la Ley 22. La entidad que dirige el también ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, añadió que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene un registro de las empresas inhabilitadas para participar en licitaciones.

“El proceso de contratación de la línea 2 se da por las normas de Panamá reguladas en la Ley de 22 de 2006 y no por la normativa del Banco Mundial”, recalca.

El artículo 16 de la legislación enumera siete causales que generan incapacidad legal para contratar por parte del Estado. Indica que podrán contratar con las entidades estatales las personas naturales capaces conforme al derecho común, y las personas jurídicas legalmente constituidas, sean nacionales o extranjeras”, siempre que no se encuentren inhabilitadas o “haber sido condenadas, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”.

Pese a que entre las causales aparece el impedimento de contratar a una empresa que se haya declarado en “quiebra” no se refiere a los casos de compañías que tengan un alto nivel de endeudamiento.

Odebrecht

Norberto Odebrecht, que presentó oferta en conjunto con la española FCC, es mencionada en las investigaciones que se adelantan en Brasil por supuestos sobornos a través de una cuenta en Panamá.

La investigación surge a raíz de la denuncia de Pedro Barusco, exgerente de ingeniería de Petrobras, quien dijo que Odebrecht transfirió $916 mil 697 entre mayo y septiembre de 2009 a una cuenta offshore en Panamá a nombre de Constructora Internacional del Sur, S.A., publicó el diario Folha de Sao Paulo. La empresa con sede en Brasil ha negado estos señalamientos y afirma “no haber hecho ningún pago o depósito a ejecutivos o exejecutivos de la estatal”.

La mexicana ICA

 

 

La empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) participa en conjunto con Dragados de España y Graña y Montero de Perú en el consorcio denominado UTE Panamá II para la licitación de la línea 2 del Metro. 

ICA se asoció con Carso y Alstom para la línea 12 de la ciudad de México donde se denunció que hubo utilización de “recursos no comprobados para otros fines”, sobrecostos y desvío que superan $41 millones.

La Contraloría General del Distrito Federal, por medio de su titular Hiram Almeida, impuso 54 sanciones a 33 funcionarios y exfuncionarios del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo.

De acuerdo con el informe, que fue reproducido por medios de comunicación de México, se autorizaron pagos indebidos por $32 millones , se desviaron recursos por $7.7 millones, se dejaron de cobrar $334 mil y se autorizaron pagos indebidos para ICA.

La española ACS

Entre las empresas que entregaron propuestas está la española Dragados, una de las compañías cabecera de construcción del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, también presidente del club Real Madrid.

En 2012, el diario estadounidense The New York Times advirtió que ACS estaba fuera de control con una deuda de $11 mil millones, casi el 50% de la deuda pública actual de Panamá.

En su jugada financiera más reciente, ACS firmó un préstamo por $2 mil 350 millones con representantes de 40 bancos por una vigencia de 5 años. 

Entre los bancos que participaron en este refinanciamiento, la mayoría son extranjeros, entre ellos Crédit Agricole, BNP Paribas, HSBC, UniCredit, Bayern LB, ING, Intesa, Natixis, RBS, Société Générale y Goldman Sachs. “Por primera vez en mucho tiempo, los bancos españoles no son los protagonistas de una refinanciación”, publicó Expansión.com al referirse a la transacción de ACS.

A finales de enero pasado, Vozpopuli, otra publicación española tildaba de “triquiñuela contable” la información financiera al anunciar una de $6 mil 790 millones, que no se corresponde con la real, que es de $11 mil millones.

El truco: tener desde hace dos años “activos no corrientes mantenidos para la venta” por valor de más de 6 mil millones de euros ($6 mil 830 millones) que no es capaz de colocar, pero que le permiten reducir su deuda contable en $4 mil millones. La Comisión Nacional de Mercado de Valores la ha reprendido por ello y le exige que demuestre que realmente los está intentando vender.

Empresarios piden cumplir con los procesos

El Estado debe ser celoso de que las empresas cumplan con los procesos establecidos para la contratación de proyectos donde se invierten grandes sumas de dinero que provienen de los impuestos, advirtió José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

“Todos queremos transparencia y que se cumpla con los procedimientos y leyes panameñas. Que las empresas no estén involucradas en manejos no éticos”, dijo Ford.

Igualmente, añadió que la no presencia de empresas estadounidenses en la licitación se puede atribuir a que desde hace años varias compañías de ese país han dejado de participar en proyectos.

La línea 2 del Metro será de gran beneficio para la movilidad de miles de panameños que residen en lado este de la ciudad, añadió, pero lo importante es que aunque lo inaugure el próximo Gobierno no se le dejen de reconocer los méritos al actual.

La línea 2 tomaría 48 meses de construcción, y según los planes de la Secretaría del Metro si se cumple con los procesos acordados se podría dar la orden de proceder en abril próximo.  

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Colegio Nacional de Abogados (CNA) elaboran un proyecto de ley para actualizar las regulaciones del ejercicio de la profesión del derecho, con miras a hacerla más ética.

El presidente del CNA, José Alberto Álvarez, explicó que la iniciativa ha sido discutida desde enero del año pasado en varios foros y gremios de abogados, a fin de modificar la Ley No. 9 de 1984 que regula dicha profesión en el país.

Adelantó que el documento indica que para obtener el certificado de idoneidad los abogados deberán aprobar un examen elaborado por la CSJ, el CNA y por representantes de las universidades.

La propuesta, que en este momento está en manos de la procuradora Kenia Porcell, también establece que cada tres años los que ejerzan la carrera deberán realizar un curso de 30 horas, de las cuales 10 horas serán de ética profesional.

Igualmente, estipula que el tribunal de honor del CNA podrá actuar de oficioen contra de los juristas que ventilen sus casos en los medios de comunicación.

“La base de la administración de justicia son los abogados y si tenemos malos abogados habrá mala justicia”, dijo Álvarez.

En ese sentido, indicó que le han pedido a la procuradora Porcell que no le permita a los fiscales que hablen de los casos “ante la palestra pública”. A su juicio, existen muchos “media lawyer”, “que solo anuncian que presentarán algún recurso, pero no lo hacen”.

Aseguró que una vez Porcell presente sus observaciones del proyecto, este será llevado a la Asamblea.

MIL DENUNCIAS

A la fecha existen unas mil quejas presentadas ante el CNA con relación a faltas a la ética y a malas prácticas en el ejercicio.

En el país hay 23 mil abogados, de los cuales 8 mil 850 forman parte del CNA.

 

Mañana viernes 20 de febrero vence el plazo para que el fiscal designado Pedro Miguel González, culmine las investigaciones en contra del magistrado separado de la Corte Suprema, de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna. 

Para mañana según informó la diputada Zulay Rodríguez, una de las juezas de garantía se espera que el fiscal entregue en sobres sellados, el escrito con los resultados de las investigaciones, los cuales, según Rodríguez, deberán ser entregados en el despacho de la subcomisión de garantías. 

En una fecha posterior las juezas de garantías deberán convocar una audiencia para determinar si admiten o no la acusación de González. Si es admitido, deberán remitir el expediente al pleno de la Comisión de Credenciales, Ética y Asuntos Parlamentarios de la Asamblea Nacional. Si los jueces desestiman los cargos, ordenarán el archivo inmediato de la denuncia. 

En este escrito el fiscal González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD determinará si ha encontrado elementos o no para realizar la acusación formal contra Moncada Luna por los delitos por los cuales se le investiga. 

El magistrado separado es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, falsedad de documentos, corrupción de servidores y blanqueo de capitales.  

El proceso inició en octubre del año pasado, tras una denuncia interpuesta por el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, luego de conocerse —a través de una investigación de La Prensa— que Moncada Luna adquirió -desde que accedió al cargo y con un salario de $10 mil mensual- dos apartamentos en Coco del Mar valorados en $1.7 millón, uno en el PH Ocean Sky y otro en el PH Santorini. 

Las dudas sobre la adquisición de estas propiedades surgieron debido a que Moncada durante los cinco años en los que se ha desempeñado como magistrado de la Corte, habría devengado, en salarios, $600 mil. A esta cifra habría que descontarle los descuentos formales como impuestos y sus aportes a la Caja de Seguro Social. Moncada, en diciembre de 2010 declaró bajo juramento que sus únicos bienes eran una camioneta de 2005 y un reloj de oro marca Rolex.

 

‘Hubo blanqueo de capitales’ 

Las investigaciones llevadas a cabo González han estado centradas en demostrar si el magistrado ha recibido dinero o bienes a través de representantes legales de empresas que contrataron con el Órgano Judicial. 

Moncada Luna, en sus argumentos ha planteado que uno de los apartamentos, el del PH Santorini, lo adquirió a través de un préstamo por $700 mil que le hizo el empresario Alejandro “Pipo” Virzi. 

No obstante, este argumento contrasta con la versión que Virzi dio en una entrevista con el fiscal. Afirmó que le prestó $1.8 millón al magistrado separado. 

La fiscalía también duda de la autenticidad del documento sobre el acuerdo de préstamo entre Virzi y Moncada Luna, que fue entregado por el abogado Sidney Sittón, quien fungía como el representante legal del magistrado separado. 

En las diligencias realizadas ya se han aprehendido provisionalmente más de 14 cuentas bancarias que según el propio fiscal tienen alguna vinculación en las investigaciones seguidas en contra del imputado. 

El 29 de noviembre pasado se aprehendió $1 millón a Corporación Luxol, S.A., ligadas al proceso de la investigación. Otros $500 mil corresponden a una trasferencia hecha por la sociedad Reyna y Asociados, S.A. a las cuentas de Corporación Cubemu y a Sarelan Corporation, S.A., todas vinculadas al proceso. 

A la Corporación Cubemu, S.A. se le transfirieron $125 mil y a Sarelan Corporation, S.A., $400 mil dólares. Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que el empresario Felipe “Pipo” Virzi es uno de los principales accionistas. 

Por coincidencia, la fiscalía ha cautelado cuentas, a otras sociedades con alguna relación con Virzi, entre ellas, Summer Venture Inc., la Fundación Ricala y Medipres Investments, S.A.  

Aunque el equipo legal de Virzi, encabezado por José maría Castillo ha negado cualquier vínculo de las sociedades con la investigación a Moncada Luna, el fiscal González cree lo contrario. “Ha quedado claramente demostrada la participación de estas empresas en el  

hecho investigado de enriquecimiento injustificado agravado, y existen señales de que se ha incurrido en el delito de blanqueo de capitales”, sostuvo el perredista en una de las audiencias previamente realizadas. 

En la última audiencia realizada el pasado 30 de enero, el fiscal informó de la aprehensión de otras dos cuentas bancarias por medio millón de dólares en el banco BAC, a nombre de las sociedades PR Solutions, S.A. y Omega Ingeniering. Esta última empresa, que construye la ciudad judicial en Panamá Oeste, habría recibido un adelanto del pago cuando Moncada Luna era presidente de la CSJ.  Tanto el abogado principal de Moncada; Ramiro Jarvis, como el jurista sustituto Enrique Domínguez han negado que las cuentas aprehendidas por González tengan relación con su cliente. 

Entre cuentas bancarias, autos de lujo y los dos apartamentos relacionados con la investigación, el monto de los bienes aprehendidos  

relacionados con el caso suman ya $4.6 millones.

Esperan escrito de acusación  

Para el abogado de Moncada, Enrique Domínguez, en este escrito del fiscal González, no esperan ningún resultado favorable a su cliente. “El fiscal ya ha adelantado conceptos, así que esperamos que su posición sea en contra nuestra. Esta es una de las cosas que le está prohibida a un fiscal, lo más probable es que presentará un escrito de acusación”, sostuvo. Expresó además que luego de la presentación del documento, interpondrán varios recurso legales, además del proceso de presentación de pruebas y contrapruebas de parte y parte. Se estima que esta parte tomará 20 días.  

“Se pueden pedir declaraciones de expertos para que digan si hubo blanqueo de capitales o no, o de un experto en el sistema penal acusatorio para que nos diga si hay nulidades en el caso o no, como en efecto las hay”, precisó. 

El jurista manifestó además que cuestionarán el hecho de que acusen a su cliente de supuesto enriquecimiento injustificado sin tener un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. “Eso debió hacerse y no se hizo, esa es una causa de nulidad, el fiscal puede investigar, pero tiene que respetar las normas.  Este ha sido un craso error acá y que las juezas tampoco advirtieron”, precisó. 

No hay los votos 

Al ser consultada sobre la fecha tope de la investigación, la jueza de garantías Zulay Rodríguez explicó que todavía queda la posibilidad de un acuerdo entre el fiscal con la defensa de Moncada, tal como lo permite el sistema penal acusatorio, o se va a la imputación de  

cargos. De acuerdo con el artículo 220 del Código Procesal Penal un posible arreglo consistiría en la aceptación del imputado de los delitos que se le acusan, o parte de ellos, y de la pena a imponérsele. 

Rodríguez detalló que si se va a la imputación de cargos lo cual se tiene que hacer a través de la Comisión de Credenciales, el caso pasaría al pleno. 

De ir al pleno el proceso, Rodríguez expresó sus dudas de que existan los 47 votos (dos terceras partes de la Asamblea Nacional) para una eventual condena al imputado. La Asamblea Nacional actualmente está conformada así: 26 diputados del PRD, 25 de Cambio Democrático, 16 del Partido Panameñista, 2 diputados del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, 1 independiente.