El fiasco de la gira del expresidente

El 28 de enero pasado, el expresidente Ricardo Martinelli salió en su avión privado del país, argumentando que empezaría una gira internacional para denunciar la “persecución política” en su contra por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Se fue de Panamá en momentos en que la Corte admitió el conocimiento de una denuncia en su contra, luego de que el exdirector del Programa de Ayuda Nacional Giacomo Tamburrelli dijera que el exmandatario le dio la orden de pactar el contrato para la compra de comida deshidratada por $45 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Con quién se ha reunido? ¿Dónde está? Del periplo internacional, poco se sabe. El pasado 11 de febrero le dio una entrevista a la periodista María Elvira Salazar, del canal Mira TV, disponible para el área sur de Florida, Estados Unidos (EU). Dijo sentirse lejos y manifestó su deseo de volver a Panamá, pero aseguró que los procesos legales en su contra se lo impiden. El exmandatario, quien también es diputado del Parlamento Centroamericano, manifestó: “Lo que yo más quiero es regresar a Panamá. Mi nieta, mis negocios, mi vida está en Panamá”. Antes y después de esa entrevista han circulado fotografías del exgobernante en Miami.

Guatemala fue su primera parada. Quiso cobijarse con el foro que una vez llamó“cueva de ladones”. Recibió un balde de agua fría. El vicepresidente de este organismo, Rafael Espada, aseguró: “Martinelli no tiene inmunidad. Si el parlamento panameño no da inmunidad, tampoco la damos nosotros”.

Ayer su vocero, Luis E. Camacho, expresó que Martinelli “ha tenido, sobre todo, en EU reuniones muy importantes”. “Tiene dos agendas: la privada, porque es una persona de negocios, y la otra política, que mantenemos la reserva de con quiénes se reunió…”. Sobre el retorno de su jefe, Camacho dijo: “Eso va a depender de varias cosas. No nos hemos puesto plazos. Algunos le hemos propuesto que cuando concluya su gira y comience la discusión de su regreso, se analice si existen las garantías de que se va a respetar su integridad física y moral”. ¿Dónde está? Su vocero informó que “él se mueve en otros países”. Pero sigue activo en Twitter, postea noticias y critica a Juan C. Varela.

 

Visas ilegales, un negocio de 100 millones de dólares

El empresario Alexandre Ventura Nogueira –otrora amigo de la exdirectora de Migración María Cristina González– describió una red delictiva en la emisión de visas restringidas en Migración, un negociado de unos 100 millones de dólares.

Ventura Nogueira –que admitió su participación en este escándalo– acusó a Gabriel De Janon (miembro del Molirena) de ser el cabecilla.

El exministro de Seguridad José Raúl Mulino reconoció que hubo alertas sobre De Janon por sus vínculos con González, quien fue destituida. A su vez, González dijo que el negocio se hizo a sus espaldas, y señaló a sus acusadores.

Tráfico de personas, millones amasados a la sombra del poder

A mediados de 2011, funcionarios de Aduanas de Miami (Estados Unidos) descubrieron cuatro pasaportes envueltos en papel periódico de ciudadanos de la India –pero residentes en Bangladesh– enviados desde Panamá.

El hecho encendió toda clase de alarmas porque, además, las visas múltiples de no residentes estampadas en sus páginas eran falsas.

Se trataba de un posible caso de tráfico de personas del que fue informado el hoy exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, que tenía bajo su paraguas la Dirección de Migración.

La investigación interna la inició el comisionado de la Policía Nacional Javier Carrillo, que semanas antes había reemplazado a María Cristina González, una joven abogada nombrada en Migración por el presidente Ricardo Martinelli. “Investiga y mete preso al que tengas que meter”, fue el mensaje de Mulino, que habló con La Prensa este fin de semana.

“Hay un lugar que se llama Disney World, al que yo no quiero dejar de ir cuando tenga nietos. Muchos quieren ir y no pueden. Tengo una extraordinaria relación con las autoridades de Estados Unidos y con eso no me meto”, dijo Mulino el pasado sábado, cuando confirmaba que María Cristina González fue destituida de Migración por este escándalo.

EL NEGOCIO DEL TRÁFICO

En enero pasado, La Prensa sostuvo una entrevista de dos días con Alexandre Ventura Nogueira en Santo Domingo, República Dominicana. El brasileño es el mismo que le dio el dinero en efectivo al hoy exalcalde Bosco Ricardo Vallarino en el video grabado por el Consejo de Seguridad Nacional para extorsionarlo, divulgado la semana pasada en redes sociales y en televisoras locales.

Ventura Nogueira –otrora amigo de María Cristina González– desvelóuna sorprendente trama de corrupción con la emisión fraudulenta de visas restringidas que, según dijo, avaló la exfuncionaria con un supuesto cómplice: Gabriel De Janon.

Ventura Nogueira se tomó unos instantes para responder la pregunta a cuánto ascendió el negociado. Hecho el cálculo mental, dijo convencido: pudieron haber sumado unos 100 millones de dólares.

¿Y cómo sabría él de este negociado? Pues Ventura Nogueira admitió ser parte de esta red, cuyo cabecilla –aseguró– era Gabriel De Janon (miembro del Molirena). “Yo siempre estaba en Migración con De Janon y María Cristina. Sé qué hicieron con la plata…”, contó el empresario.

Ventura Nogueira aportó pruebas. Por ejemplo, entregó a La Prensa copias de transferencias de dinero triangulados a través a paraísos fiscales, correos electrónicos, chats y contratos de compraventa de inmuebles de los implicados que evidencian cómo movieron el dinero.

COMPONENDA

El brasileño explicó que al comenzar el gobierno, Martinelli autorizó a González a emitir, al menos, 100 visas semanales a ciudadanos chinos y de otras nacionalidades. Pero tal era la demanda de visas que De Janon convenció a González de emitir las visas “necesarias” para cumplir con la “demanda”. Así prosperó un negocio que generó cientos de miles de dólares diarios, narró Ventura Nogueira.

Por cada visa expedida a ciudadanos de China o de la India –explicó– se cobraba más de 25 mil dólares, y los “clientes”, muchas veces representados por abogados de firmas específicas con los que tenía comunicación De Janon, no necesitaban tener los documentos ni hacer el largo y engorroso trámite que exige el Estado panameño para las visas de estos ciudadanos.

El “trámite” de estas visas –recordó Ventura Nogueira– se hacía en habitaciones de hoteles como el Le Meridien o Sheraton, rentadas a nombre de empleados de Migración. Allí también se repartían las ganancias De Janon, González, Ventura Nogueira, así como los abogados del “círculo cero” de Migración.

Ventura Nogueira también aseguró que Adolfo Chichi De Obarrio –el hoy prófugo ex secretario privado del expresidente Martinelli– llegó a buscar dinero que posteriormente repartía con su jefe.

se comunicó con Martinelli. Tras recibir la comunicación, desde el exterior –donde permanece desde hace un mes– Martinelli comentó en Twiter: “el diario oficialista usando un delincuente prófugo… empiezan una nueva novela”.

Su vocero, Luis Eduardo Camacho, negó las acusaciones de Ventura Nogueira y agregó que este tiene una componenda con La Prensa y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

DINERO A MANOS LLENAS

Tal era la cantidad de efectivo que recibían los involucrados, que ya no podían contar a mano y decidieron hacerlo en máquinas, como las de los bancos. Este dato no es una novedad para Mulino. “Informantes” habían advertido sobre ello, reveló. Incluso, que el nombre de De Janon fue mencionado con “detalles exclusivos” por primera vez en una reunión entre estamentos de seguridad, pero dijo que no tuvieron en ese momento evidencias contundentes de corrupción en Migración.

“Dimos seguimiento a estos temas hasta que tuvimos certeza absoluta de lo que estaba sucediendo… Había que fortalecer las evidencias hasta que fuera inobjetable. Aquí está el caso y te vas”, rememoró Mulino el episodio de la destitución de González.

Contrario a lo expresado por Mulino, la exdirectora de Migración dijo ayer que fue “víctima” de estos escándalos. De Janon y Ventura Nogueira eran los que hacían esos negocios a sus espaldas, afirmó (ver nota relacionada).

En cuanto al “dinero que era pagado en los consulados [de Panamá en el exterior], se depositaba en la cuenta de esa dependencia. Lógicamente, esa plata tenía que llegar a Panamá para las transacciones, usándose el Banco Trasatlántico y St. Georges Bank”, relató Ventura Nogueira.

SIN RASTROS DE DE JANON

Pese a ser señalado por exfuncionarios de Migración y ahora por el propio Ventura Nogueira, De Janon no ha sido citado por una Fiscalía.

dejó mensajes en el celular de la esposa de De Janon, a fin de localizar a su esposo para que diera su versión, pero no respondió. Una fuente comentó que De Janon puede que esté en el exterior.

Mulino recordó que en abril de 2011 –durante la gestión de González– se descubrió que ciudadanos chinos ingresaban al país como marinos. “Esto resultó ser más grande de lo que se piensa”, subrayó. Desde entonces, el Gobierno verifica en el Consejo de Seguridad todas las visas restringidas, con asistencia del Ministerio de Seguridad Pública y otro organismo creado para tal fin.

Esa responsabilidad había sido transferida a Migración porque el Consejo de Seguridad, al inicio de la gestión de Olmedo Alfaro (2009-2010), demoraba en aprobar las solicitudes de visas restringidas por falta de personal.

“Cuando eso sucede, se decide salir de esa señora [María Cristina González]. La mejor decisión y de la que no me arrepiento es haber designado al comisionado de la Policía Javier Carrillo en Migración”, reiteró Mulino.

IMPUNIDAD

El exministro recordó que la Fiscalía Auxiliar y la Policía Nacional sacaron de las oficinas de Migración a funcionarios esposados por actos de corrupción, principalmente, por tráfico de chinos. Uno de ellos fue el excomisionado y exjefe de Operaciones y Seguridad de Migración Rolando Taboada que, curiosamente, fue recomendado por De Janon, según González.

Taboada, junto a otros cinco exfuncionarios, incluido un abogado, fue absuelto por el otrora juez penal Adolfo Mejía. El caso está en casación.

El juez –que luego fue designado magistrado del Segundo Tribunal de Justicia por la Corte Suprema de Justicia– estimó que en el sumario no hay evidencias ni pruebas determinantes sobre la participación de los funcionarios en el tráfico de humanos.

Ello, a pesar de que ciudadanos chinos argumentaron que pagaron entre 15 mil y 20 mil dólares para ingresar a Panamá por Tocumen.

“¿Qué pasó allí? No lo sé, pero ese expediente fue archivado”, dijo Mulino al insistir en que fue muy “lastimoso” que este caso no haya prosperado.

Quien sí tiene sospechas de lo que pasó es Ventura Nogueira. Dijo que corrió mucho dinero para gente que estaba en el negocio, incluyendo “regalos” de inmuebles, cuyos dueños también reveló.

 

Cámara de Comercio pide recuperación del país sin descuidar la inversión

Han transcurrido 8 meses desde que la actual administración gubernamental asumió el poder que le otorgó el pueblo. En este periodo, se ha visto hechos que agobian por el manejo de la cosa pública, producto de señalamientos de delitos contra la administración pública y la privacidad que se presentaron en el periodo anterior, las autoridades han asumido la responsabilidad de realizar las investigaciones pertinentes. 

Tal como se ha señalado en innumerables ocasiones, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá confia en que los procesos se llevarán a término dentro de lo que establecen las leyes, respetando la presunción de inocencia y en estricto apego al debido proceso.

A la vez, aspiramos a que quienes resulten culpables de los cargos que se les imputan, ya sean exfuncionarios o empresarios, reciban sanciones ejemplares tanto para el país como para la región. 

Sin dejar estos asuntos de lado, la Cámara apela a que el Gobierno, el sector privado y la sociedad en general reenfoquen los esfuerzos para mantener el acostumbrado dinamismo de los sectores productivos del país. 

Para ello, es obligatoria la ejecución de acciones que permitan cumplir estratégicamente, con transparencia, responsabilidad y eficiencia, el Plan de Inversión Pública presentado por el Gobierno, el cual requiere de la participación del sector privado.

La Cámara de Comercio reitera que para atraer inversiones de calidad, es imperativo ofrecer un ambiente donde impere, entre otros factores, la seguridad jurídica. Por tanto, las actuaciones del Gobierno deben estar centradas siempre hacia ese objetivo, pues las señales equivocadas pueden afectar irreversiblemente el apetito de inversión y financiamiento.

La falta de atención de los asuntos económicos hoy, podría traer consecuencias negativas en el futuro. Brindémosle, con prontitud, la prioridad que merecen, a fin de cumplir el máximo objetivo nacional: lograr que los beneficios del crecimiento lleguen a todos.

 

Exministro Guillermo Ferrufino y la finca de El Lirio

Moisés Cedeño es el nuevo protagonista de una trama de embargo y subasta de tres fincas en el distrito de La Chorrera, en la que, supuestamente, estuvo detrás el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino.

Ayer, Cedeño rindió declaración jurada ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción y dio detalles de la repentina forma en que perdió sus tierras.  

Hace 15 días, a Cedeño lo visitó personal de la Dirección de Investigaciones y Auditorías Forenses de la Contraloría, que adelanta la auditoría sobre el supuesto enriquecimiento injustificado de Ferrufino.

Esta semana lo contactó la fiscalía para que, junto a su hijo del mismo nombre, rindiera declaración jurada. De acuerdo con Cedeño, el entonces titular del Mides en la administración de Ricardo Martinelli se habría apropiado de las fincas en medio de un proceso legal, cuya génesis se remonta a 2005.

Ese año, Cedeño, expresidente del Patronato de la Feria de La Chorrera, y su hijo, compraron una finca de 2.7 hectáreas a Luis Olmedo Riso Reyes, en $8 mil. 

Luego, en marzo de 2006, adquirió dos globos de terreno más –uno de 13.6 hectáreas, por $35 mil 907, y otro, de 44.1 hectáreas, por $79 mil 665– a la Sociedad Pine Ridge Ranch, Inc.

De acuerdo con el denunciante, la primera de las fincas la obtuvo con fondos propios y las otras con un préstamo del Global Bank, por la suma de $105 mil.

EMBARGO Y DEUDAS

Debido a supuestos incumplimientos de Cedeño con el banco, el Juzgado Cuarto Civil decretó, en julio de 2010, el embargo de los bienes.  

Meses después, específicamente en abril de 2011, el juzgado aprobó el remate, en subasta pública, de las tres fincas, incluyendo una camioneta pick up Toyota Hilux 4×2. La deuda calculada con el banco era de $138 mil 351.

La convocatoria para la subasta de los terrenos fue publicada los días 16, 17 y 18 de marzo de 2011 en el diario Panamá América.

El mejor postor en el acto fue Inversiones Lymber, S.A., que ofreció $260 mil 500 por las tres propiedades. La propuesta superó la oferta inicial del banco, que fue de $92 mil 234.

Inversiones Lymber, S.A. está compuesta por Fotis Georgios Lymberópulos Cossiori (presidente), Panagiotis Jorge Lymberópulos Cossiori (secretario) y Dionisio Jorge Lymberópulos Cossiori (tesorero).

El Juzgado Cuarto de Circuito Civil, que llevó adelante el proceso judicial, aprobó el precio de la subasta a favor del banco.

Una de las fincas subastadas está identificada con el número 162739, tiene 2.7 hectáreas y está ubicada en el corregimiento de El Arado, en La Chorrera. Hoy, en esta propiedad el exministro Ferrufino tiene un establo para el cuidado de sus caballos, de acuerdo con moradores de la zona. 

Las otras fincas se identifican como 138730 y 215002 y están en la comunidad de El Lirio, corregimiento de La Represa, en La Chorrera.

En estas Ferrufino posee, por lo menos, 250 cabezas de ganado, de acuerdo con los residentes.

Los moradores señalaron que, luego de que surgieran los escándalos por el supuesto enriquecimiento injustificado de Ferrufino y que las fiscalías Anticorrupción solicitaran la cautelación de sus bienes, hubo un constante movimiento de ganado en esas fincas.

SOCIEDAD CANCELA

Inversiones Lymber, S.A. consignó el pago de la subasta con un certificado de depósito judicial del Banco Nacional de Panamá, por $13 mil 835 con 14 centésimos, y otro certificado de depósito por $246 mil 664.

Global Bank recibió los $260 mil 500, de los cuales, cobró la suma embargada de $138 mil 351 y devolvió a Cedeño $122 mil 148.

ACCIONES LEGALES

Rogelio Cruz, abogado de Cedeño, denunció una serie de irregularidades previo a la subasta.

Destacó que antes del proceso, a su cliente se le acercó un señor de apellido Samaniego. Este lo puso en contacto con el abogado Jorge Garrido, quien supuestamente le dio aviso de que las fincas serían subastadas al día siguiente.

“Consíguete $11 mil”, le dijo Garrido a Cedeño, quien reunió $8 mil y el abogado puso la diferencia.

Al día siguiente, Garrido informó a Cedeño: “Nos ganaron. Alguien ofreció más, pero te conseguí $100 mil”.

De acuerdo con Cruz, como Cedeño supo que el que adquirió la finca fue el entonces ministro Ferrufino, no se atrevió a reclamar. Pero ahora, con Ferrufino fuera del gobierno, su cliente inició acciones legales para recuperar sus bienes.

FERRUFINO, DETRÁS

A pesar de que los documentos en el Registro Público señalan que Inversiones Lymber, S.A. es propietaria de las fincas, pobladores aseguran que el verdadero dueño es el exministro.

Uno de ellos es el propio Cedeño, quien aseguró que cumplió con los pagos y, a pesar de ello, a la semana comenzaron los embargos, por ejemplo, del carro de su hijo.

“Benjamín Quintero, mi oficial de cuentas en la 24 de Diciembre, me dijo: ‘Eso no puede ser, porque usted está paz y salvo”, afirmó.

Cedeño relató que cuando fue a Global Bank a ver lo que pasaba, habló con Rogelio Biendicho, encargado de asesoría legal.

“Cuando voy allá, le digo que estoy al día y me dice que eso ya lo habían pasado a legal. Hago una carta diciéndole que deseaba pagar finca por finca y que el banco decida cómo pagarla. Biendicho me negó un préstamo agropecuario. Eso jamás se había visto”, planteó.

Cedeño denunció que “el exministro Ferrufino andaba detrás de la finca mía de Santa Cruz, donde tiene los caballos, y la de pasto mejorado, en El Lirio. El que lo ayudó a eso fue el señor Rogelio Biendicho, de asesoría legal”.

En cuanto a que las fincas aparecen registradas a nombre de Inversiones Lymber, S.A., destacó que son los mismos directivos que le hicieron los cheques para comprarle la finca a [Carlos] Crespo.

Moradores de El Lirio también aseguran que el exministro Ferrufino es el dueño de las fincas.

 

Fiscalía Auxiliar iniciará investigación por caso Bosco Vallarino

La Fiscalía Auxiliar de la República iniciará una investigación de oficio luego de conocerse ayer, jueves, de un video relacionado a Bosco Vallarino, exalcalde de la capital, cuando aceptaba un soborno.

En estos momentos el despacho judicial prepara una resolución para empezar las investigaciones. Para ello, tomará como referencia tanto los reportes periodísticos como el video divulgado ayer a través de distintas redes sociales.

Es necesario esperar la confección de dicha resolución para ver qué tipo de delito se investigará. Fuentes del Ministerio Público dijeron a este medio que sería por posibles delitos contra la administración pública.

En la grabación se observa a Ventura Nogueira –amigo personal y vecino de Vallarino– conversar con el exalcalde, antes de entregarle 30 mil dólares. Este dinero se lo enviaban supuestamente empresarios interesados en hacer un negocio de estacionamientos bajo tierra en el parque Belisario Porras.

El objetivo era lograr que el exalcalde de la comuna capitalina cayera en la “trampa”, tal como lo solicitaba el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y lograr su salida de la Alcaldía de Panamá, a fin de que Roxana Méndez lo reemplazara.   

En esta trama participaron  Gabriel De Janon (miembro del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista) y Santiago Fascetto (ex director general asociado del grupo Editora Panamá América–Epasa, informó el brasileño Ventura Nogueira a La Prensa.

Luego de conocer de la divulgación del material, Vallarino admitió que aceptó el dinero (6 mil dólares). “Se ve feo, y le pido disculpas al pueblo panameño, a mi partido, a Dios. Le pido a Dios que me dé perdón y que me oriente”, concluyó el exalcalde, quien por primera vez habla del soborno que recibió.

Audiencia del caso Alejandro Moncada Luna será el próximo 4 de marzo

La audiencia del caso que se le sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, será celebrada el próximo miércoles 4 de marzo del presente año en la Asamblea Nacional, informó anoche en Telemetro Reporta la jueza de la causa, la diputada  Katleen Levy. 

Levy explicó que el procedimiento consiste en que se le pregunta al imputado si reconoce la firma del acuerdo y si sabe lo que conlleva esto. Además, se procede a explicarle la pena. Manifestó que el imputado podría reconocer que firmó el acuerdo o no. 

La jueza de la causa indicó que el acuerdo establece una pena de prisión, pero la defensa podrá argumentar y hacer cambiar de opinión a las juezas por una pena de casa por cárcel o servicio comunitario. 

Adelantó que luego de cerrar el caso Moncada Luna, las juezas de la causa procederán a pedirle al fiscal de la causa, Pedro Miguel González,, que pase copia de la investigación al Ministerio Público. 

El pasado lunes, el abogado de Moncada Luna, Ramiro Jarvis, firmó un acuerdo con González, quien el 20 de febrero había concluido una investigación en su contra y lo iba a acusar por enriquecimiento injustificado, lavado de dinero, falsedad y corrupción.  

En el acuerdo, Moncada Luna se declaró responsable de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó una condena de cinco años de prisión.

Además de la condena, aceptó el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco.

Como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ.  

Anulan indagatoria que rindió Garuz por la pérdida de equipo de espionaje

El Juzgado Séptimo Penal revocó la declaración indagatoria que rindió el exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado, a raíz de la pérdida del equipo que se utilizó para intervenir comunicaciones en el gobierno anterior.

Mediante fallo del 12 de febrero pasado, el juez Felipe Fuentes admitió el incidente de controversia presentado por la defensa de Garuz contra la resolución del 12 de enero de 2015 en el que la Fiscalía ordenó la indagatoria.

La  investigación inició luego que Rolando López, actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, denunciara la pérdida de equipo, que costó $13.5 millones y fue adquirido a una empresa israelí, con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El juez argumentó que "no existe en la actualidad procesal del expediente vinculación de Alejandro Garuz con este delito de peculado, pues los testigos señalan a Ronny Rodríguez, William Pitti e Ismael Pitti", todos exfuncionarios del Consejo.

Este es uno de los procesos que enfrenta Garuz. En el otro tiene que responder por la posible comisión de los delitos de inviolabilidad de secreto y derecho a la intimidad por el espionaje masivo a más de 300 políticos, periodistas, empresarios, miembros de la sociedad civil organizada y  opositores al gobierno de Ricardo Martinelli  (2009-2014).

Por este último proceso, Garuz se encuentra detenido preventivamente en La Gran Joya, lo mismo que su antecesor en el cargo, Gustavo Pérez.

Pérez también es investigado en el caso de presunto peculado que maneja la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción apeló la anulación de la indagatoria, por lo que el Segundo Tribunal debe decidir.

 

Contralor ordena investigar a exministro Vergara

Una auditoría forense para determinar el posible enriquecimiento injustificado del exministro de Salud Franklin Vergara ordenó ayer el contralor de la República, Federico Humbert.

La decisión se tomó tras una investigación de La Prensa, que evidenció que el patrimonio del exministro Vergara aumentó en más de $1 millón en apenas 33 meses que dirigió el Ministerio de Salud (Minsa).

Ello, sin contar las propiedades que adquirió su entorno familiar, incluyendo una casa de playa de más de medio millón de dólares.

Humbert instruyó realizar “diligencias tendientes a reunir los elementos que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y llevar a cabo cualesquiera otras pruebas instituidas por la Ley”.

Vergara –que llegó al Minsa con parte de su salario como médico embargado, hecho que omitió en su declaración de bienes patrimoniales– nombró con jugosos salarios a un grupo de amigos del círculo íntimo de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.  

Candidatura de Marta de Martinelli fue inconstitucional

Las primeras damas de la República no pueden postularse como candidatas a la vicepresidencia del país, debido a que son parientes por afinidad de los mandatarios de turno.

Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 12 de febrero pasado, que declaró inconstitucional la postulación de Marta Linares de Martinelli como candidata a vicepresidenta de la República en las pasadas elecciones.

Linares de Martinelli, esposa del expresidente Ricardo Martinelli, fue postulada el 1 de febrero de 2014 por el Tribunal Electoral como vicepresidenta de la República por los partidos Cambio Democrático (CD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Fue compañera de fórmula del candidato presidencial de CD y Molirena, José Domingo Arias, y perdió las elecciones del pasado 4 de mayo.

El fallo, que tuvo como ponente al magistrado Oydén Ortega, fue unánime y resolvió dos demandas de inconstitucionalidad presentadas el 1 y 2 de abril pasado por el abogado Isaac Mendoza, en representación del ciudadano Raúl Figueroa, y otra de los abogados Mario Galindo y Ramón Arias.

Mendoza demandó la postulación por el Molinera, en tanto que Galindo y Arias hicieron lo propio con la postulación de CD.

El fallo

El documento, al que este medio tuvo acceso, concluye que se violó el artículo 193 de la Constitución, que prohíbe la elección de los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Ortega argumentó que aun cuando en el citado artículo no menciona al cónyuge del que está ocupando la Presidencia, debe entenderse que dicho cónyuge sí está comprendido entre los parientes aludidos.

“Si para tales efectos se mencionan, entre otros, a los parientes dentro del segundo grado de afinidad (suegros y cuñados), evidentemente el cónyuge tiene más afinidad con el Presidente de la República, que aquellos”, señala el documento.

Mencionó además que la Constitución prohíbe que los ministros de Estado tengan parentescos con el Presidente de la República.

“No se registra en la historia republicana el caso en que la esposa de un Presidente haya ocupado el cargo de Ministro de Estado mientras ha durado el período presidencial de su esposo, respetándose esa prohibición”, advirtió.

El magistrado consideró que en una elección donde es candidata a vicepresidenta la esposa del presidente de turno, no se garantiza la honradez del sufragio, que prohíbe el apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular.

“La elección debe ser transparente y libre de coacciones, lo que no se logra si se permite el apoyo oficial como podría darse si el candidato a vicepresidente fuera la esposa del presidente en ejercicio”, indica el fallo.

“Si bien es importante el derecho que tiene una persona para ser elegida, tal prerrogativa debe verse en función del derecho del resto de los ciudadanos a elegir a sus funcionarios”, manifestó Ortega.

Ceville, a favor

Las dos demandas fueron acumuladas en un expediente y admitidas el 9 de abril pasado.

En su opinión enviada a la Corte el 25 de abril, el entonces procurador de la Administración Óscar Ceville indicó que la postulación de Linares de Martinelli no era inconstitucional.

Ceville explicó que de acuerdo al Código de la Familia, “los cónyuges entre sí no son parientes por consanguinidad ni por afinidad, lo que significa que entre los esposos no existen ningún tipo de parentesco”.

Agregó que la ex primera dama no tenía ningún impedimento para ser elegida vicepresidenta.

Durante la campaña electoral, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la candidatura de Linares de Martinelli al considerarla “una reelección disfrazada”.

Para defenderse de las críticas, CD divulgó una nota en la que el equipo de Asesoría Legal del Tribunal Electoral manifestó, a solicitud del partido, que los cónyuges no son parientes por afinidad. El fallo está pendiente de notificación.

Alejandro Moncada Luna se declara culpable

Alejandro Moncada Luna, separado magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), escogió el camino más fácil.

Ayer, lunes, se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó pagar una condena de cinco años de prisión, en vez de ir a juicio en la Asamblea Nacional.

La decisión de Moncada Luna quedó establecida en un acuerdo que hizo con el diputado fiscal Pedro Miguel González, que lo investigaba por cuatro delitos: enriquecimiento injustificado, falsedad, corrupción y blanqueo de capitales.

El acuerdo fue firmado por González, Moncada Luna y su abogado, Ramiro Jarvis, a las 6:00 p.m. en la Asamblea Nacional. Luego de esto, González hizo el anuncio oficial en conferencia de prensa. Este pacto lo permite el artículo 220 del Código Procesal Penal.

Además de la condena, Moncada Luna acepta el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco.  

Como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ. El resto de los bienes que le fueron confiscados, $4.6 millones y 3 autos valorados en $63 mil, quedan liberados.

De haber ido a juicio, Moncada Luna hubiese enfrentado penas que superaban los 12 años de prisión.

González remitió el acuerdo a las juezas de la subcomisión de garantías, Katleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez.

Planteó que el entendimiento se dio en función del respeto a los derechos del imputado y al clamor ciudadano que aspira a que en el país opere la institucionalidad. “Todos los ciudadanos estamos sometidos a derechos”.

Por su parte, Ramiro Jarvis, abogado de Moncada Luna, dijo que la decisión se tomó basados en la condición de salud del magistrado separado.

Las juezas deben convocar a una audiencia para aprobar y hacer válido el acuerdo. Desde el 20 de octubre pasado, Moncada Luna cumple un arresto domiciliario en el apartamento del Ocean Sky. Todo ese tiempo que ha estado privado de libertad, se le resta de la condena de cinco años.

Esta investigación se inició luego de que el 7 de octubre pasado, el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentaran una denuncia en la Asamblea contra Moncada Luna. La denuncia surgió después que el 30 de septiembre pasado una publicación de La Prensa reveló que Moncada Luna había comprado y cancelado los dos apartamentos en Coco del Mar, San Francisco.

Antes de ingresar a la CSJ en 2010, Moncada Luna manifestó en su declaración patrimonial de bienes que solo tenía un reloj de oro Rolex tipo presidente y una camioneta 4×4 del año 2005.