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La fiscal suplente, Ceila Peñalba, tomó posesión ante el ministro de Gobierno, Milton Henríquez.

La nueva fiscal, quien fue designada por el presidente Juan Carlos Varela, reconoció que es una tarea esencial y la llevará a cabo con disposición, buena fe y el principio de lealtad a Dios y respeto al derecho que le asiste a la persona. ‘Tengo muchos retos que estoy dispuesta a asumir’, agregó Peñalba.

La fiscal electoral suplente fue nombrada el 2 de febrero, luego de que el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, se acogiera a cuatro meses de vacaciones y designara a José Félix González como fiscal encargado.

La nueva funcionaria destacó que desea que la sociedad panameña tenga fe y confianza nuevamente en una institución que es garante de la jurisdicción electoral y que tiene el deber de vigilar por la libertad, honradez y pureza del sufragio.

El fiscal electoral encargado señaló en una conferencia de prensa que no abandonaría el puesto. ‘Me tienen que sacar con policías de este lugar’, afirmó el funcionario.

El Ministerio Público investiga a Peñaloza por dos denuncias.

 

Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trató de jugarle vivo, una vez más a la justicia, pero no todo le salió bien y quedó en un callejón con pocas salidas judiciales que se definirán en una nueva audiencia hoy en la Asamblea Nacional que lo investiga por varios delitos.

Luego de la irregular audiencia ayer de la subcomisión de garantías, el magistrado separado tendrá hasta hoy para decidir si acepta o no el acuerdo pactado con el fiscal designado Pedro Miguel González, en el que inicialmente se había declarado culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.

En audiencia realizada ayer en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, se esperaba que Moncada Luna acudiera a sustentar su decisión de aceptar o no este arreglo, sin embargo, este se ausentó y a través de su abogado Ramiro Jarvis presentó un certificado de incapacidad por cinco días, desde el martes 3 de marzo al 7 de marzo próximo.

El documento estaba firmado por la especialista en cardiología Paulina Rognoni. Jarvis adujo que el magistrado separado desde hace meses está siendo afectado por problemas de hipertensión.

También remitió un escrito en donde se retractaba del acuerdo aduciendo que su familia estaba siendo expuesta y presionada con procesos legales en su contra.

El certificado de incapacidad generó dudas tanto al fiscal González como a las juezas de garantías Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez. 

Minutos después, la galena especialista en cardiología Paulina Rognoni, afirmó que no había atendido a Moncada Luna el martes 3 de marzo- fecha en que expedió la incapacidad- sino el sábado 28 de febrero y que había emitido el certificado a petición del abogado del imputado.

Las juezas de garantía ordenaron, a petición del fiscal González, que profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc) acudieran a la residencia de Moncada Luna en el PH Ocean Sky, donde cumple reclusión domiciliaria desde el 20 de octubre pasado. Luego fue trasladado con custodias de la Policía Nacional al Hospital Santo Tomás para una serie de evaluaciones médicas.

Tras las pruebas realizadas se determinó que Moncada Luna no tiene mayores complicaciones médicas, por lo que este será conducido hoy al salón de audiencias. El dictamen médico ya fue remitido a la oficina de la sub comisión de garantías.

Según la jueza Levy, los resultados completos del informe médico se conocerán en la audiencia de hoy. “Pero todo parece estar bien”, dijo.

El fiscal González por su parte, dijo tener información por parte de la secretaria judicial de la fiscalía de que el imputado está en condiciones de comparecer a la audiencia.

‘Habrá resultados’

Levy afirmó que las juezas ya tienen la orden para conducir al magistrado separado desde su residencia en San Francisco al Salón Azul para reanudar hoy la audiencia desde las 9:00 a.m.

Detalló que el fiscal tiene que estar preparado para sustentar el acuerdo con Moncada Luna si es que el imputado lo acepta, de lo contrario “el diputado fiscal tiene que estar preparado para presentar la acusación mañana [hoy] mismo”.

Levy advirtió que si ya el magistrado se declaró confeso de dos delitos, “yo creo que las condiciones no pueden seguir iguales”. 

Cárcel para Moncada

Se conoció que dos de las juezas de garantías tienen ya la disposición de avalar un cambio de medida cautelar actual, es decir, reemplazarle al magistrado separado la reclusión domiciliaria por la detención preventiva en un centro penitenciario.

“Las juezas nos sentimos ya un poco burladas por lo que pasó. Además, lo más seguro es que enviaremos al Ministerio Público el comportamiento de la doctora. Las juezas están un poco molestas por ese comportamiento antiético por parte de él [Moncada Luna] y deRamiro Jarvis ”, advirtió Levy.

Fuentes oficiales informaron que en el Centro Penitenciario El Renacer se acondicionaba ayer una de las celdas del centro.

La jueza Zulay Rodríguez, por su parte, dijo que hoy va a haber resultados en este caso. “Se sabrá si [el magistrado] se retracta o no… si se retracta no sé si el fiscal pueda pedir cambios de detención preventiva y nosotros tenemos que resolver”, agregó.

Si no se retracta de firmar el acuerdo, habría que hacerle una serie de cuestionamientos y las juezas pasarían a dictar la sentencia y tendrán que convertirse en juezas de cumplimiento, explicó.

Aceptaría acuerdo

Extraoficialmente se conoció que Moncada Luna estaría reconsiderando aceptar el acuerdo pactado con la fiscalía el pasado 23 de febrero.

En este arreglo Moncada Luna se declaró culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó pagar una condena de cinco años de prisión, en vez de ir a juicio en la Asamblea Nacional. También aceptó el decomiso de los dos apartamentos que compró por $1.7 millón en el edificio PH Santorini y el Ocean Sky, ambos en Coco del Mar, San Francisco.

Como pena accesoria quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, por lo que, de separado pasaría a ser destituido como magistrado de la CSJ. El resto de los bienes que le fueron aprehendidos por $4.6 millones y 3 autos valorados en $63 mil, quedarían liberados. En el arreglo se excluyeron los delitos de corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, por los cuales también era investigado.

En este sentido, su abogado Jarvis, no confirmó ni negó esta versión.

Aseguró que en el sistema penal acusatorio un acuerdo es validado o no después de que las juezas así lo decidan.

En tanto, el fiscal González manifestó que no se ha hablado en ningún momento de un acuerdo distinto al que fue presentado ante la oficina judicial de la sub comisión de garantías el pasado lunes 23 de febrero.

Expresó que la posibilidad de que Moncada Luna se ratifique hoy del acuerdo es una posibilidad.

“El artículo 220 del Código Procesal Penal señala que a partir de la formulación de la imputación y hasta antes de presentarse la acusación, la fiscalía designada y el imputado podrían llegar a un acuerdo. Pudiera el día de mañana [hoy] retomarse ese acuerdo como bueno. Es lo que más el conviene al país, a la Asamblea y creo que es la mejor salida que tienen el imputado”, sostuvo el fiscal González.

Moncada Luna fue denunciado en la Asamblea Nacional por gremios de la sociedad civil tras aportar pruebas por la compra millonaria de dos apartamentos.

 

Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses (5 años) de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, y formalmente separado de su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario debe determinar en qué penal es ingresado.

La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional también ordenó el decomiso de dos apartamentos en Coco del Mar propiedad de Moncada Luna y su esposa.

También quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 5 años, una vez cumpla su periodo en prisión.

A Moncada Luna se le deberá computar los cuatro meses y medio que ha permanecido en detención domiciliaria.

Son exactamente las mismas penas consignadas en el acuerdo extrajudicial pactado por Moncada Luna y el diputado fiscal Pedro Miguel González. De ese modo, las juezas Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez rechazaron la solicitud de la defensa que, a última hora, pidió prisión domiciliaria para el ya exfuncionario.

Las juezas también ordenaron que se mantenga la aprehensión de las cuentas bancarias que fueron cauteladas como parte del proceso. Ni una está a nombre de Moncada Luna, pero sí recibió beneficios de las mismas, como se probó en la investigación. 

"No podemos acceder a dichas  peticiones. Le corresponderá a las autoridades competentes, en atención a los hechos sustentados en la audiencia por el fiscal", concluyeron las juezas.

Levy, Gómez y Rodríguez sostienen en su escrito de condena que Moncada "desconoció las prohibiciones y limitaciones inherentes a su cargo", ya que como magistrado acumuló un patrimonio que no correspondía con sus ingresos.

Durante la audiencia que se celebró en el Salón Azul de la Asamblea, el imputado dijo que firmó el acuerdo -fechado el 23 de febrero pasado- de manera voluntaria, libre de acuerdo y presiones.

LA AUDIENCIA

La audiencia de hoy inició casi a las 10 am y terminó a las 2:49 pm.

Empezó con la intervención de González, que hizo una sustentación del acuerdo extrajudicial. 

Señaló que la pena de 60 meses (5 años) de prisión es un tercio de la suma de las penas máximas que conlleva cada uno de los delitos admitidos por el  imputado: 8 años por falsedad ideológica y 12 por enriquecimiento injustificado agravado. 

Remarcó que las juezas de garantías no podrán aumentar la pena pactada en el acuerdo, "pero sí pueden disminuirla".

"El tribunal tiene la competencia para hacerlo, tratándose de una persona que por primera vez es vinculada a un derecho punible", señaló.

Advirtió que si las juezas modifican la pena de prisión y deciden rebajarla, Moncada Luna podría cumplirla en su residencia y no en un centro penitenciario, lo que finalmente no sucedió.

González también informó que un informe de la Contraloría General de la República estableció "un diferencial negativo" de 2 millones 94 mil dólares, "con respecto a las capacidades económicas" de Moncada Luna y su esposa María del Pilar Fernández, copropietaria de los dos apartamentos cautelados.

"La Contraloría, en su informe, determinó un desbalance en 2 millones 94 mil dólares. Es decir, los bienes adquiridos y el uso de recursos por parte de la pareja Moncada Luna-Fernández superó sus capacidades económicas en ese monto", indicó.

María del Pilar recibía un salario mensual de $4 mil (sin contar las deducciones) como directora de Planificación y Finanzas del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien -coincidentemente- designó a Moncada Luna como magistrado de la CSJ a partir del 1 de enero de 2010, con salario de $10 mil mensual.

Agregó que el valor actual de los dos apartamentos supera "con creces" el desbalance planteado por la Contraloría. El matrimonio desembolsó $1.7 millones por ambos apartamentos.

HABLÓ LA DEFENSA

Ramiro Jarvis pidió clemencia a las juezas. Dijo que su cliente no tiene antecedentes penales, "ha sido honorable", tiene padecimientos de salud, ha permanecido cinco meses bajo detención domiciliaria en su apartamento de Coco del Mar y no ha dado muestras "de ser un riesgo para nadie".

Señala que su cliente decidió pactar un acuerdo extrajudicial, porque de celebrarse un juicio en el pleno legislativo "la decisión habría estado en manos de 71 diputados, la decisión habría sido política, creando situaciones de angustia para personas que no tienen relación en los hechos".

Jarvis consideró que algunas de las acciones del diputado fiscal podrían ser declaradas "inconstitucionales" por la Corte Suprema de Justicia. 

En la lectura del escrito de condena, las juezas también hicieron un "llamado de atención" a la conducta "procesal" del abogado de la defensa.

Ayer, el abogado presentó un escrito de Moncada Luna en el que éste desistía del acuerdo extrajudicial. Igualmente, entregó un certificado médico que incapacitó a su cliente hasta el próximo sábado, pero un informe forense practicado la tarde de ayer en el Hospital Santo Tomás probó que el imputado está en condiciones de comparecer.

La aceptación del acuerdo y el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación, por lo que Moncada Luna no podrá ser proceso por estos mismos ilícitos en la justicia ordinaria.

En la audiencia también estuvieron presentes José María Castillo, Edwin Guardia y Manuel Cedeño, abogados de las sociedades titulares de las cuentas bancarias cauteladas como parte de la investigación. Se trata de 14 cuentas, que totalizan $4.7 millones. Según González, en la investigación se probó que Moncada Luna recibió beneficios de las mismas. La mayoría de estas sociedades obtuvieron contratos con el Órgano Judicial en el bienio 2012-2013, cuando Moncada Luna presidió la CSJ.

Los abogados pidieron a las juezas la descautelación de las cuentas. González dijo que no se oponía a ello. Las juezas, finalmente, declinaron esa petición.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juez Rolando Quezada Vallespi, del Juzgado Primero del Circuito de lo Penal, ordenó la liberación inmediata de Ignacio Fábrega de Obarrio, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores acusado por el supuesto delito contra la administración pública en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores.

La nota que emanó del Juzgado Primero, dirigida al comisionado Marcos Córdoba, jefe de la Dirección de Investigación Judicial, no tiene la firma del juez; sin embargo, cuenta con el sello de recibido de la Policía Nacional, registrado el día de ayer, a las 3:20 de la tarde.

Esta fianza revoca la medida de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que ordenó la detención provisional de Fábrega. El juez Quezada Vallespi dictó otras medidas cautelares contra Fábrega, como la prohibición de salir del país y el deber de presentarse los días 15 y 30 de cada mes en el juzgado.

La decisión del juez fue apelada de inmediato por la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, quien había ordenado el jueves la conducción y detención de Fábrega, que, sin embargo, había desatendido las citaciones de la fiscalía.

La medida a favor de Fábrega originó la inmediata reacción de la diputada y abogada Zulay Rodríguez, quien vinculó a Fábrega en el supuesto asesinato de Vernon Ramos, exsubordinado de Fábrega en la Superintendencia del Mercado de Valores, donde ambos investigaron las anomalías en la casa de valores Financial Pacific.

Según Rodríguez, la excarcelación de Fábrega se ordenó en forma irregular, ya que el juez elaboró el oficio por fianza y sin notificar y sin dar traslado a la parte querellante y a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que había ordenado su detención el jueves por supuestos delitos de corrupción de servidores públicos.

Fábrega fue detenido en La Chorrera, tras lo cual fue conducido a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para responder por presuntamente haber filtrado información privilegiada a los ejecutivos de Financial Pacific mientras trabajaba en la SMV y utilizando su correo electrónico, según aparece en la querella en su contra. Según el documento, Fábrega alertaba a los directivos de la casa de valores de las inspecciones y controles de la SMV.

Según Zulay, esta inesperada decisión judicial pone en peligro su vida , la de su familia y la de su socio Kevin Moncada, en riesgo por las declaraciones contra el acusado. Además, señaló, este tipo de actuaciones del sistema judicial ‘ponen en riesgo el desenlace judicial en el caso Financial Pacific’. ‘Me da miedo que quede impune cuando detrás de él se esconden delitos como lavado de dinero del narcotráfico y el tráfico de armas’, agregó.

La vinculación de Fábrega con el supuesto asesinato de Vernon surge de la declaración, aún sin confirmar por las autoridades, de un testigo protegido, recluido en la cárcel La Joya, que identificó a los autores intelectuales y materiales.

Sobre Fábrega también pesa otra querella por supuesto delito de quiebra, delincuencia organizada y blanqueo de capitales, interpuesta por el interventor de la casa de valores Financial Pacific en representación de la SMV.

El juez Rolando Quezada Vallespi fue destituido en 2006, como magistrado suplente del Tribunal Superior, por una queja presentada por el ex fiscal Patricio Candanedo. En 2004, había sido señalado por ordenar la liberación de seis presuntos narcotraficantes y cinco millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia señaló en ese momento que se había comprobado ‘la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones’.

 

La doctora Paulina Rognoni, que firmó el certificado de incapacidad médica a favor de Alejandro Moncada Luna, reconoció en Telemetro Reporta que ayer no examinó personalmente al separado magistrado.

El certificado, que fue presentado en la oficina de la subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional a las 8:15 a.m. hoy, miércoles, incapacitó a Moncada Luna desde las 8:00 a.m. del martes 3 marzo hasta las 10:00 p.m. del sábado 7.

Rognoni dijo que la última vez que vio a su paciente fue el sábado pasado.  

"Estaba sumamente nervioso", dijo. Agregó que el certificado se lo pidió ayer el abogado Ramiro Jarvis, defensor de Moncada Luna.

Por esta razón, Moncada Luna no compareció personalmente a la audiencia que convocó la subcomisión hoy, miércoles, para tratar el acuerdo extrajudicial que firmaron el imputado y su abogado el pasado 23 de febrero.

Rognoni dijo al canal de televisión que firmó el certificado de incapacidad, porque Jarvis le dijo que la audiencia de hoy no se llevaría a cabo.