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La decisión de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, que dirige Dionicio Rodríguez, de remover de sus puestos a dos miembros del Tribunal de Honor ha sido demandada ante el Juzgado Primero Civil de Panamá.

Maritza Cedeño, quien es una de las separadas del Tribunal de Honor, demandó la nulidad de la cláusula tercera de la Resolución 23 del 27 de septiembre de 2017, en la que se le separa del cargo.

La resolución de la directiva del Colegio se sustenta en que Cedeño, al igual que Fernando Gómez, no podían formar parte del Tribunal de Honor, en vista de que no fueron elegidos para el cargo.

Sin embargo, Cedeño alega en la demanda que ella fue designada suplente y ante la renuncia del principal, le corresponde asumir el cargo.

‘Soy miembro del Tribunal de Honor, designada por la Junta Directiva 2015- 2017 y en este sentido, de acuerdo a la Ley 9 de abril de 1993, cada miembro principal de este tribunal tiene un suplente que lo reemplaza en caso de impedimento o ausencia temporal o absoluta’, señala Cedeño en su demanda.

La directiva del Colegio, añade Cedeño, llenará las vacantes temporales o absoluta de los miembros suplentes del Tribunal de Honor. Al ocurrir la renuncia de la principal, Maruquel Pavón de Ramírez, Cedeño asumió el cargo de principal por el resto del periodo correspondiente, señala.

Cedeño, además, sustenta la demanda en que los integrantes del Tribunal de Honor son escogidos escalonadamente para garantizar la independencia de las investigaciones y evitar que las fuerzas que se disputan la dirigencia del gremio tengan el control de esta instancia.

En una elección del Colegio Nacional de Abogados se eligen tres miembros y en otra, dos, explicó Raúl Rodríguez Araúz, miembro del CNA y exmiembro del Tribunal de Honor, en una publicación previa de este medio de comunicación.

La abogada Martha López Martín comparte la tesis de Cedeño. Dijo que de acuerdo a la norma, a Cedeño y Gómez, que fueron nombrados por la directiva anterior, les correspondía sustituir a los dos miembros que renunciaron al Tribunal de Honor y la nueva directiva, a su vez, debía nombrar sus suplentes.

La controversia surge cuando la directiva actual, en un exceso de sus facultades, remueve a estos dos miembros del Tribunal de Honor, añade López.

Marlene Testa

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) tiene sus candidatos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En conferencia de prensa, el gremio presentó un listado con el nombre de 21 juristas que, a su consideración, pueden ser designados por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la Corte.

La lista será enviada al mandatario, aunque la potestad de designar este cargo es exclusiva del presidente Varela, quien ha reiterado que se ajustará al mandato constitucional; es decir, que la decisión es exclusiva del Ejecutivo.

Este año se cumple el periodo de los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía y el Ejecutivo debe designar a sus reemplazos. Ambos magistrados fueron nombrados en 2007 por el entonces presidente Martín Torrijos, por diez años.

También se espera que el mandatario designe el reemplazo de Alejandro Moncada Luna, quien fue condenado en 2015, cuyo cargo ha sido cubierto por el magistrado suplente Abel Zamorano.

Moncada Luna fue nombrado en 2010 y hasta 2019 por el entonces presidente Ricardo Martinelli. Ahora el presidente Varela deberá decidir si ratifica a Zamorano como magistrado principal o nombra a otra persona.

Para estos tres cargos, el CNA propone que el presidente Varela elija entre los siguientes juristas: Virgilio Sousa, Jorge Luis Lau, Gisela Dudley de Lau, Miguel Clare, Rubén Elías Rodríguez, Leonor Samudio, Jaime Abad, Kathia Lee, Ramón de La O. Fernández, Dalys Rodríguez, Elías Solís, Javier Mitre, César Tello, Kathia Quiel, Iris Muir, Abraham Sofer, María Eugenia López, Manuel José Berrocal, Yilena Sandoval, Manuel Quintero y Gustavo Romero.

Varela anunció el pasado 28 de noviembre que convocará a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinaria después del Día de la Madre, el 8 de diciembre, para ratificar a los designados para magistrado de la Corte.

Los nuevos magistrados entrarían en función el 2 de enero de 2018 y ese día, además, se debe elegir al nuevo magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Alfonso Fraguela, primer vicepresidente del CNA, indicó que la lista del gremio surgió a raíz de las declaraciones del presidente Varela, quien dijo que consultaría a la sociedad civil para estas designaciones en la máxima corporación de justicia panameña.

Según Fraguela, se abrió un proceso para que los abogados del gremio que reúnen los requisitos para ser magistrado presentaran su hoja de vida. Esta fase concluyó el 20 de noviembre y al llamado acudieron 21 abogados.

‘Queremos dejar claro que el Colegio no tiene un ungido, lo que buscamos es coadyuvar a la designación de los nuevos magistrados’, manifestó Fraguela.

Guadalupe León B.

 

A Ricardo Martinelli, en este momento, solo la Constitución Política le prohíbe postularse al cargo de presidente de la República. Por su condición de expresidente, tiene una veda de diez años, pero su vocero, Luis Eduardo Camacho, ya ha adelantado que aspirará a otros cargos dentro de Cambio Democrático (CD) y en las elecciones generales.

Estar detenido en una cárcel en Miami, desde el 12 de junio pasado no es un impedimento legal para aspirar y postularse a otros cargos. En este caso, Camacho ha adelantado que presentaría su candidatura a ser alcalde del distrito de Panamá de Panamá, diputado del circuito 8-8 u otro. Incluso, entre las filas del CD, se ha mencionado la posibilidad de que se postule a representante del corregimiento de San Francisco.

ASPIRACIÓN POLÍTICA

Ricardo Martinelli aspiraría a varios cargos de elección

2018

Año en que el CD renovará su junta directiva y en este proceso Martinelli aspirará a ser presidente del colectivo.

2019

Aspirará a ser vicepresidente y alcalde.

Mientras, Rodrigo Sarasqueta, ex jefe de seguridad de Martinelli en la Presidencia, lo ha invitado a que lo acompañe en las elecciones de 2019 como candidato a la vicepresidencia.

POSICIÓN LEGAL

La defensa de Martinelli, a cargo del abogado Sidney Sitton, ha asegurado que el propio Martinelli le ha confesado sus estrategia política para el 2019.

Incluso Camacho dejó claro que la intención de Martinelli es postularse como candidato a presidente del CD y lograr reelegirse en el cargo que ha ocupado desde que se fundó el partido, hoy en oposición.

Mientras que su esposa, Marta Linares de Martinelli, ha corroborado las intenciones del líder opositor.

A Martinelli se le siguen, por lo menos doce procesos en la Corte Suprema de Justicia, pero en ninguno hay una decisión final, no hay condena.

Para que Martinelli quede impedido y no pueda presentarse como una opción en las elecciones del 2019 es necesario que exista una condena en firme. Debe haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

La Constitución Política advierte de que quien haya sido condenado por el enunciado anterior no puede postularse como candidato a diputado.

A FAVOR DE MARTINELLI

En 2014, el 95% de las candidaturas se presentaron por vía internet, lo que hace que no sea obligatoria la asistencia del aspirante a las oficinas del Tribunal Electoral. De aplicarse el mismo método en el 2019, Martinelli o su apoderado legal no tendrían inconvenientes.

En definitiva sería la membresía del CD y el electorado en general el que definiría si le da o no la oportunidad de regresar al poder.

Ismael Gordón Guerrel

Luego de que usuarios de Twitter, difundieran la fotografía de un cheque girado por la firma de abogados Rosas & Rosas a la empresa Indesa en 2010, la compañía dedicada  a la prestación de asesoría financiera, manifestó en un comunicado que el pago fue real y correspondió a una operación financiera “legal, bien documentada y formalmente reportada”.

Además de reconocer la veracidad del cheque, Indesa añadió que el mismo corresponde a una transacción ordinaria entre una empresa financiera de ésta, debidamente autorizada y clientes deudores que estaban desarrollando un proyecto inmobiliario.

Aclararon que la operación está sustentada en la declaración de rentas de Indesa y “apegada a los mejores estándares comerciales y de negocios”.

Felipe Chapman, presidente de la Junta Directiva de Indesa, comentó esta semana durante una entrevista en Radio Panamá, que Indesa es una empresa de cotización pública, inscrita en la Bolsa de Valores de Panamá, cuyos estados financieros son auditados y los informes de gestión trimestrales y anuales, son públicos desde hace más de 10 años.

“Quien es ligeramente responsable ha podido darse a la tarea de investigar que Indesa hace más de 10 años compró una corporación financiera y durante la crisis bancaria  internacional donde se secó la liquidez bancaria momentáneamente (…), una empresa como la nuestra empezó a otorgar financiamientos en forma de capital preferido o deuda subordinada que le permitía a empresas y desarrollistas acceder a financiamiento bancario porque reducía proporcionalmente el perfil de deuda de ese emisor y lo hicimos para el caso que mencionan de ese cheque”, afirmó.

Según Chapman, la operación contó con total legitimidad y Odebrecht no era el cliente objeto de la misma, añadiendo que la contralora de la empresa verificó los expedientes de la época y la transacción está totalmente documentada. “Es un cheque legítimo, pagado por el abogado de ese cliente que no tiene absolutamente nada que ver con Odebrecht”, afirmó.

El exbanquero con más de 20 años en el campo de las inversiones y el análisis financiero, también empleó su cuenta de Twitter como plataforma para agradecer los mensajes de solidaridad, a propósito de la controversia originada por la difusión del cheque, “qué belleza de país el nuestro: por cada mensaje de ataque, odio o insulto que me llega recibo decenas, casi incontables hermosos mensajes de aprecio y aliento. Mi más humilde y sentido agradecimiento. Esta respuesta me llena de esperanza y optimismo sobre el futuro”.

En febrero 2017,  el Ministerio Público investigaba a dos de los socios de la firma Rosas&Rosas, luego de que esta recibiera en 2010, $1.4 millones de la sociedad Constructora Internacional del Sur, vinculada a la brasilera Odebrecht, inmersa en uno de los mayores escándalos de corrupción.

La información reposaba en un documento de la División de Delitos contra la Administración Pública, del 18 de enero de 2017.

En octubre del año en curso, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, rechazó una denuncia presentada contra el diputado Jorge Alberto Rosas, vinculado a la firma de abogados, por prestar servicios profesionales a la empresa que recibió fondos de Odebrecht, al considerarse la falta de prueba idónea.

Actualmente, el expediente remitido por la Fiscalía Especial Anticorrupción, en el que se investigaban los casos relacionados al pago de coimas por parte de Odebrecht a miembros de la firma,está archivado.

Yandira Núñez

 

El Segundo Tribunal Superior Penal revocó una decisión del Juzgado Duodécimo Penal, que negó el beneficio de fianza para no ser detenido al oficial de cuentas del Credicorp Bank Humberto De León, investigado como parte del proceso relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá. En un fallo del 17 de noviembre pasado, que lleva la firma de los magistrados María De Lourdes Estrada y Adolfo Mejía, el tribunal ordenó al juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, que se pronuncie sobre la solicitud efectuada por el imputado. De León es señalado en el proceso por gestionar en la banca panameña cuentas de Constructora Internacional del Sur, S.A., que servía para pagar las coimas de Odebrecht en el extranjero. El 26 de mayo de 2017, Jair Urriola, abogado de De León, presentó el citado recurso, pero en un fallo del 1 de septiembre pasado el juez Carrasquilla negó el pedido con el argumento de que la libertad del imputado no se veía amenazada por diligencias de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva la causa. La defensa apeló el fallo del juez Carrasquilla, alegando que cuando este negó la fianza solo había 71 tomos, “ en tanto ahora se ha incorporado nueva información, compilada en 106 tomos, siendo en la actualidad otro escenario que refuerza la teoría en cuanto a la participación criminal del imputado y de allí la necesidad de aplicar la medida cautelar”.

El Segundo Tribunal señaló que “ no le asiste razón al juez de la causa cuando niega lo pedido a consideración de la inexistencia de una orden para ser detenido…”. En tal sentido, los magistrados citaron el artículo 241 del Código Procesal Penal, que dispone: “ toda persona imputada tiene derecho a prestar fianza de cárcel segura, para no ser detenida, o después de serlo, para obtener su libertad durante el proceso”. Según el el tribunal, el hecho de que la fiscalía ya formuló cargos al imputado valida las condiciones para que el juez falle en lo que a derecho corresponda.

Humberto De León