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Mañana, martes 26 de mayo, en horas de la mañana, la propietaria legal de Cobranzas del Istmo, S.A., María Alessandra Salerno, rendirá indagatoria ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción en el marco de la investigación que se le sigue a esta empresa, ligada a un escándalo de corrupción de grandes proporciones.

De acuerdo con la información que ha salido a relucir, Cobranzas del Istmo, S.A. perpetró un doble atraco a las arcas del Estado, que se elevaría hasta los $90 millones. La suma incluye tanto defraudación fiscal como la obtención de pagos ilegales del gobierno.

La empresa recibió comisiones por $47.1 millones tras haber conseguido, con la colaboración del entonces director general de Ingresos Luis Cucalón, un contrato para gestionar la recaudación de impuestos morosos entre 2010 y 2014, por un monto de $172.9 millones.

Las acusaciones contra Cobranzas del Istmo, S.A. incluyen hasta el recibo de $21.8 millones sin realizar alguna gestión para recuperar la cartera morosa de $72 millones adeudada por la estatal Tocumen, S.A.

Se trata de una historia de ‘cuatreros' en la que se ha involucrado al expresidente Ricardo Martinelli, al exdirector Luis Cucalón y a Cristóbal Humberto Salerno Ballestas, conocido empresario y donante de campañas políticas.

Entre los años 2012 y 2014, mientras la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. presionaba a quienes pretendían incumplir sus obligaciones fiscales, sus directivos elaboraban una trama para evadir el pago de impuestos por un monto $4.7 millones, declarando pérdidas por la supuesta compra de carteras de cuentas morosas a sociedades que no aparecen en el registro de contribuyentes, razón por la que se le ordenó un secuestro de $43 millones.

La diligencia de la Dirección General de Ingresos (DGI), a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá , indica que Cobranzas del Istmo, S.A. alegó no haber podido recuperar la mayoría de las cuentas que adquirió, por lo que dedujo estas pérdidas ‘por inversión' en su declaración de renta.

De forma similar, la DGI determinó que en el año 2012, en la línea ‘‘otros gastos', la empresa dedujo la suma de $3.7 millones, por un supuesto contrato con la sociedad anónima Tierra Securities, LTD, con RUC 404016-1-424872.

La misma fórmula se aplica en la declaración de renta del año 2013, en la que, también dentro de la línea ‘‘otros gastos', Cobranzas del Istmo, S.A. dedujo $12.7 millones por supuesto contrato con Pomegranate, Corp, con RUC 454610-1-432084.

Ese mismo año, la empresa emitió cheques (cuenta No 10012126453) por $9.4 millones para abonar un préstamo otorgado por la empresa Langton International Holding, LTD, que tampoco se encuentra registrada como contribuyente.

La defraudación fiscal se produjo durante la administración de Luis Cucalón, que se jactó de haber reducido la evasión de impuestos y que, además, fue calificada como ‘perseguidora' de los contribuyentes.

NADIE TIENE CORONILLA

En su momento, Cucalón señaló que ‘nadie tiene coronilla' y que su misión en la DGI era cobrar los impuestos sin tomar en cuenta banderías políticas.

Sin embargo, a su administración se le escaparon las irregularidades en las que estaba incurriendo la empresa de su exsocio y amigo Cristóbal Humberto Salerno Ballestas, a quien favoreció al asignar el contrato para el cobro de impuestos de manera directa.

El contrato, según dijo en una entrevista exclusiva con este diario el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, se concibió con la idea de defraudar al Estado.

También fue un negocio redondo para el exdirector Cucalón, quien, según declaraciones del propio Salerno Ballestas ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, recibió $5.8 millones a través de cuentas bancarias de sus hijos.

También lo pudo haber sido para el expresidente Ricardo Martinelli, quien según el mismo declarante, recibió $900 mil en cheques para la compra de acciones de la empresa Energía del Istmo, S.A., además de maletines por sumas entre $400 mil y $600 mil cada tres o cuatro meses.

Los pagos también se hacían, según dijo Salerno Ballestas, a través del empresario Gabriel Btesh, quien formaba parte del círculo más cercano a Martinelli.

A través de Twitter , el expresidente ha negado su vinculación a este escándalo. Sin embargo, Salerno parece estar dispuesto a probarle lo contrario. El empresario, de 71 años de edad y a quien se le ha dado casa por cárcel, está dispuesto a enfrentarlo.

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

La Estrella de Panamá conoció que Salerno Ballestas devolverá parte de los bienes provenientes del delito. En una sucursal del Banco Nacional depositará los $21 millones que de manera ilegal le cobró a Tocumen, S.A.

El empresario se ha mostrado cooperante con las autoridades porque teme que a su hija, María Alessandra Salerno, se le enjuicie por este caso. Ella es la representante legal de la empresa que perpetró el desfalco al Estado.

Pero no todos quedarán conformes con la devolución de los $21 millones. De acuerdo con el abogado tributarista Javier Rivera, esta devolución debe considerarse apenas un abono de lo adeudado.

‘La devolución parcial no satisface el total de lo adeudado', añadió el jurista, quien señala que todos los involucrados deben devolver lo que obtuvieron.

Cobranzas del Istmo, sociedad anónima inscrita en la ficha 433694, rollo 466885, obtuvo el contrato para cobrar impuestos morosos luego de que el entonces director de Ingresos Luis Cucalón insertara una declaración falsa para favorecer a la gestora de su exsocio, determinó el Ministerio de Economía y Finanzas.

La alerta por este caso se produjo meses después de que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Ingresos, rescindiera el contrato a la empresa. También fue después de que el actual ministro de Economía y Finanzas hubiera reconocido la labor que realizó la gestora de cobros.

Hoy, Cucalón estará obligado a rendir indagatoria en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, para responder a las declaraciones de su exsocio en la empresa Sears.

Mientras, la sociedad civil reclama que el expresidente Ricardo Martinelli responda ante la justicia por los señalamiento que en su contra ha realizado Salerno, donante de la campaña electoral del candidato de Cambio Democrático, José Domingo Arias.

Salerno, además, pudo haber sido beneficiado con otros contratos del Estado, pues se le ha vinculado con la venta de impresoras fiscales tras la aprobación de la Ley 72 del 27 de setiembre de 2011, que obligaba a los comerciantes a comprarlas.

Los lazos entre Salerno y Cucalón se pueden trazar hasta la década de los 90, cuando ambos ocuparon cargos directivos en IDS Holding. Aun así, fue él quien firmó el contrato con la empresa.

Martinelli, por su parte, firmó la ley que autorizó la tercerización de impuestos sustentado en que la DGI no contaba con el personal calificado para gestionar una cartera morosa de más de mil millones de dólares.

 

‘Esta es una mala novela. No tiene sentido', declaró este jueves el rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, en una maniobra para sacudirse el escándalo que lo vincula con el tráfico de un fallo judicial desde el despacho del magistrado Víctor Benavides.

Poco después de que García de Paredes dio la cara a su hora amarga, el Ministerio Público recibió un escrito de la acusación de de Aristóteles García, un excolaborador del jefe universitario, que hace cinco días reveló que el 1 de junio de 2011 recibió en su correo el borrador de un fallo que permitiría al rector de la UP aspirar a la reelección en los comicios de ese año.

El remitente era el abogado Bolívar Perigault, quien dijo enviarlo ‘por órdenes' del magistrado Benavides.

‘Yo no necesito fallos de favor', insistió García de Paredes en una entrevista a TVN , en la que se consideró víctima de publicaciones de La Estrella de Panamá .

Y siguió: ‘ningún magistrado es tonto para mandar un fallo previo'.

Desde el otro canto, fuentes judiciales aseguraron ayer que Benavides analizaba renunciar o tomar vacaciones para defenderse de las denuncias en su contra por supuestamente haber compartido su proyecto de fallo con García de Paredes, y además, por supuesta concusión, tráfico de influencias y delitos contra la integridad sexual de menores.

‘El magistrado no se va', reiteró su defensor, Ángel Gómez, haciendo contra a la presión que ejercen figuras de la sociedad civil por la dimisión del magistrado.

CAUSA Y EFECTO

Esa decisión, en todo caso, ha quedado en manos ahora del diputado fiscal de la causa, Jorge Alberto Rosas, quien pidió presumir la inocencia de Benavides, todavía ‘un posible imputado'.

‘Debemos entrar a recabar informaciones para determinar la posible comisión del delito y la posible vinculación (con Benavides)', agregó.

García de Paredes dijo estar convencido de que ‘jamás' Benavides enviaría un proyecto de fallo, y en su caso, nunca compartiría ‘una cosa tan delicada' con alguien en quien no confía, en referencia a Aristóteles García.

Después vino el golpe: una vez su rector salió en pantalla, la UP notificó al testigo del escándalo de su destitución como administrativo de la entidad, basándose en que utilizaba su computador de trabajo para ver pornografía .

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ÁNGEL GÓMEZ, EN DEFENSA DEL MAGISTRADO

‘Aquí se quiere dañar a Benavides, una mente legal brillante'

Ángel Gómez se dice un abogado de tribunales y no de situaciones mediáticas. Aun así, defiende al magistrado Víctor Benavides, señalado por corrupción en la justicia. Asegura que hay una trama de ‘algún desfavorecido molesto por algo', y que intenta agriarle sus últimos meses en la Corte.

¿CÓMO VALORA LAS DENUNCIAS CONTRA BENAVIDES?

Son temerarias e infundadas. Él está tranquilo, porque no ha cometido el delito que le señalan. El cargo aberrante de pedofilia nunca se dio, lo vamos a probar. Tampoco lo demás.

¿CÓMO SE PRUEBA QUE BENAVIDES NO ENVIÓ SU PONENCIA AL RECTOR DE LA UP?

Nadie menciona que el magistrado Benavides mandó el correo (con la ponencia).

EN EL CORREO, EL SEÑOR BOLÍVAR PERIGAULT DICE: ‘POR ÓRDENES DEL SEÑOR MAGISTRADO VÍCTOR BENAVIDES'…

¿El correo dice eso? Le voy a explicar: Ni usted ni nadie tiene el correo. Cualquier persona hace una fotocopia y la presenta allá (ante el notario). El notario no es especialista en informática forense, sólo ve algo que está en el correo. No hay autoridad que haya legalizado eso.

¿TIENE OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO?

Estas denuncias no cumplen con lo que dice nuestra legislación. En los tres delitos (concusión, tráfico de influencias y contra la libertad sexual) debe haber una persona que legitime. Y ninguno de los que lo han acusado puede hacerlo.

¿BENAVIDES HA RECIBIDO PRESIONES POR ESTE CASO?

Él no va a renunciar ni se va de vacaciones. Y tampoco ha recibido presiones. Aquí hay quienes quieren ganar adeptos a costa de dañar a una mente legal brillante.

SE DICE QUE EL GOBIERNO DE MARTINELLI SABÍA DE ESTAS ACUSACIONES, Y NO HIZO NADA… ¿POR QUÉ CREE?

Los presidentes pueden investigar el dinero de alguien a través de la UAF. Si Martinelli no le encontró nada al magistrado es porque el magistrado no tiene nada.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó la medida cautelar de casa por cárcel al comerciante Cristóbal "Tobín" Salerno, tras ser indagado por su vinculación a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., antigua gestora del cobro de los impuestos morosos.

Salerno fue indagado ayer y, posteriormente, conducido escoltado a su residencia, en el edificio Bellagio, en Punta Pacífica. Se le favoreció con la medida de casa por cárcel dada su edad: 71 años. El artículo 2129 del Código Judicial prohíbe la detención preventiva de una persona mayor de 65 años de edad.

Se conoció que también se giró orden de indagatoria para el exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y María Alejandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno. De Lima actualmente está detenido en la Dirección de Investigación Policial (DIP) en Ancón, pero por otra investigación: el desglose de partidas presupuestarias para evadir los controles, en las compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La Fiscalía desea determinar si en las operaciones que realizaba Cobranzas del Istmo, S.A. se incurrió en supuesta comisión de delitos contra la fe pública.

A comienzos del mes de abril funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Fiscalía realizaron un allanamiento en las supuestas oficinas de Cobranzas del Istmo, en el edificio H2O, en Avenida Balboa.

En esa oportunidad se incautaron de equipos y archivos que se encontraban en la empresa.

En las fiscalías Primera y Cuarta se realizan investigaciones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.

Claudia y Erika Ramírez Godoy, acusadas de tráfico de drogas, recibieron medidas de excarcelación a pesar de que la ley no lo permite.

El caso se remonta a enero de 2014, cuando la Fiscalía Primera de Drogas, a cargo de Javier Caraballo, realizó un allanamiento en la casa número 11 de la barriada Sunset Coast, del lujoso sector Costa Sur, en Juan Díaz, en la que se encontraron 92 paquetes con 102 kilogramos de cocaína y $629,940 en efectivo.

En la vivienda, además de las hermanas Ramírez Godoy (de nacionalidad guatemalteca), se encontraban Fernando Dizzett (colombiano) y Nicolás Pertuz (venezolano con residencia en Panamá).

El caso, ahora, es objeto de una denuncia ante el Ministerio Público por posible corrupción, en vista de que el Juzgado Octavo Penal otorgó la medida de excarcelación a las mujeres investigadas, una de ellas casada con el principal señalado, Dizzett, según la documentación del proceso de investigación de la Fiscalía Primera de Drogas.

Alfonso Rudas Pérez presentó la denuncia contra el fiscal Caraballo, el juez Raúl Eduardo Vergara Ortega y el secretario Judicial, Luis Arturo Vergara Ortega, esté último otorgó la medida de excarcelación en condición de juez suplente.

La vinculación de Caraballo, según el denunciante, es porque no se opuso a la solicitud de excarcelación que presentó la abogada Losiram Arias, a favor de las hermanas Ramírez Godoy, que se encontraban detenidas en el Centro Femenino de Rehabilitación.

El Juzgado Octavo Penal otorgó una fianza de $50,000 por cada una de las implicadas, que se hizo efectiva a través de una garantía de una finca de la sociedad Reforestadora San Cristóbal, S.A., con un valor de $400,000. Sin embargo, según Rudas Pérez, el valor del inmueble es inferior, por lo que se incurrió en fraude.

Además, señala el recurso legal, el Juzgado Octavo Penal ya había negado una solicitud de excarcelación. Incluso, el auto de fianza número 24 del 4 de julio de 2014, que firma el juez suplente Luis Arturo Vergara, mediante el cual concedió la medida de excarcelación, señala ‘que se ha presentado una nueva solicitud de libertad condicional…'.

Luis Arturo Vergara Ortega, 12 días después de su fallo (16 de julio) emite un informe como secretario Judicial, en el que señala que la Fiscalía Primera de Drogas había sido notificada de la fianza de excarcelación y este informe fue certificado por el juez titular Raúl Eduardo Vergara Ortega.

En la denuncia presentada ante el MP, Rudas Pérez pide investigar el parentesco familiar entre Luis y Raúl, toda vez que ambos comparten el apellido paterno y materno.

LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

La solicitud de excarcelación que presentó la abogada Arias se fundamenta en que Dizzett, el principal implicado, aceptó los cargos y que su esposa (Claudia) y su cuñada (Erika) no tenían conocimiento de los hechos delictivos.

La abogada también apelaba a que el juez considerara que Claudia y Dizzett tienen una hija de dos años y que estaba siendo afectada por la situación.

En cuanto a Erika, el argumento fue que tenía pocos días de haber llegado al país para ayudar a su hermana en los cuidados de la menor.

Sin embargo, en el informe de la Fiscalía Primera de Drogas se señala que durante el allanamiento se encontraron paquetes de droga en la recámara principal, en la cocina, el garaje y en un auto estacionado en la residencia.

El fiscal Caraballo ordena la detención de las cuatro personas alegando que todos ‘tenían pleno conocimiento de las actividades ilícitas…', en vista de que había paquetes de droga en lugares que son de uso común, como la cocina.

Además, que el dinero en efectivo encontrado estaba en la recámara usada por Claudia Ramírez y la casa había sido alquilada por su esposo Dizzett.

El abogado Víctor Martínez considera que el fiscal Caraballo debe ser investigado porque él debió apelar la medida de excarcelación.

‘Resulta muy sospechoso que el fiscal no haya apelado la medida', recalcó.

Otro aspecto que le llama la atención a Martínez, y que debe ser investigado, es el de los apellidos comunes que comparten el juez y el secretario Judicial, Raúl Eduardo y Luis Arturo, respectivamente.

VISTA FISCAL

El pasado 24 de marzo, Caraballo emitió su vista fiscal en la que pide llamamiento a juicio en contra de Dizzett, Pertuz y las hermanas Ramírez Godoy, estas dos últimas se declararon inocentes de los cargos ante la Fiscalía Primera de Drogas.

Sin embargo, la investigación determinó que ambas enviaron miles de dólares a Guatemala, a pesar de que no se logró comprobar una fuente de ingreso.

Dizzett aceptó los cargos y Pertuz argumentó que se encontraba en la residencia al momento del allanamiento, porque le hacía trámites de autos a Dizzett, pero éste no tenía ningún vehículo a su nombre. Además, argumentó que se dedicaba a actividades comerciales en la Zona Libre de Colón, pero no logró comprobar sus actividades empresariales.

LA AUDITORÍA Y LA VISTA DE LA PROCURADORA

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, ordenó una auditoría a la Fiscalía Primera de Drogas y realizó, recientemente, una visita a la oficina del fiscal Caraballo.

Una fuente del Ministerio Público dijo que durante la visita se logró comprobar la pérdida de un tomo de uno de los expedientes que instruye el fiscal, aunque desconocía si estaba relacionado con el caso de las guatemaltecas.

Rudas, en su denuncia, pide que Caraballo y los jueces sean llamados a declarar. También a funcionarios que fueron despedidos ‘injustamente' por el Juzgado Octavo y la Fiscalía Primera de Drogas ‘para tratar de justificar todas estas irregularidades'.

La ex viceministra de Economía Gladys Cedeño se ratificó ayer ante la Fiscalía Primera Anticorrupción de sus señalamientos contra Frank De Lima, extitular de Economía y Finanzas.  

Cedeño, en su declaración indagatoria, afirmó que De Lima tomaba las decisiones para asignar las partidas presupuestarias con las que se compraron los granos, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). 

 

El 11 de mayo pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la detención preventiva de De Lima por la supuesta comisión del delito de peculado. 

A De Lima y a Cedeño se les investiga por presuntamente haber permitido el fraccionamiento de compras por hasta $4 millones, en contratos menores a $300 mil, de manera que no tuvieran que ser avalados por la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al considerarse menores. 

 

SE DESVINCULA

Tras hacer un amplio recuento de los puestos públicos que ha ocupado, Cedeño dijo a la fiscal Tania Sterling: “quiero aclarar que las decisiones las hacía [tomaba] únicamente el exministro De Lima… yo a su vez tenía que transmitir al área operativa… en todo momento él [De Lima] señalaba que era su responsabilidad”.

—¿A qué decisiones se refiere?, le interrogaron.  Cedeño manifestó que a la asignación de “partidas presupuestarias a solicitud de la entidad solicitante”.

Y volvieron a consultarle: “Diga quién tomó las decisiones sobre la asignación de partidas en el caso del proyecto de granos”. Cedeño, quien dijo no pertenecer a ningún partido político, argumentó: “en este caso tomó la decisión y la autorización el exministro De Lima, como en todos los casos de asignación de partidas”.

Más adelante, Cedeño detalló que “De Lima autorizó la solicitud de partida presupuestaria que solicitó el PAN” a través de su exdirector Rafael Guardia Jaén.

Además, que ella le había indicado a su entonces jefe que debía ir a la Asamblea Nacional a buscar la autorización [para que le aprobaran partidas superiores a $300 mil], pero que entonces el titular del MEF la instruyó para que desglosara los montos “poco a poco”. “Es decir, de forma gradual en división de materia”, argumentó.

COINCIDENCIA

Lo manifestado por Cedeño concuerda con lo que en su momento declaró Guardia Jaén en este mismo caso.

El exdirector del PAN detalló que para obviar el proceso de traslado de partidas superiores a $300 mil, que tiene que ser aprobado por la Asamblea, el MEF hacía un desglose de compras en montos de $299 mil hasta llegar a los $4 millones.

Ayer, al final de la indagatoria, a la que tuvo acceso este medio, Cedeño pidió un cambio de medida cautelar, luego de que el pasado viernes fuera enviada al Centro Femenino de Rehabilitación. Para ello, la ex viceministra argumentó que no tiene nada que ocultar. “Estoy abierta a colaborar”, señaló.

“Mi abogada va a presentar mi declaración jurada de estado patrimonial. Solicito que se verifique en el Registro Público si pertenezco a una sociedad”, destacó. Al final, la fiscalía le cambió la medida de detención preventiva y le otorgó casa por cárcel.