Diputado De CD, En Manos De Benavides

/en /por

El futuro de Héctor Aparicio, diputado del circuito 9-2 por el partido opositor Cambio Democrático (CD), está en manos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Víctor Benavides.

En el reparto, el 25 de mayo, a Benavides le correspondió las copias remitidas por el Tribunal Electoral en las que se le encontró culpable de usar dineros del Estado en la campaña electoral.

Le corresponderá a Benavides emitir una resolución de fallo si se admite o no la causa penal.

En tanto, otra denuncia contra un diputado de CD llegó a la Corte Suprema de Justicia. A José Ayú Prado, magistrado de la Corte, le correspondió el caso de Samuel Bermet, diputado suplente de Mario Lazaruz, por el circuito 3-1, provincia de Colón.

 

Ocho jueces interinos para casos de alto perfil

/en /por

La mitad de los jueces de circuito penal de Panamá, quienes deben decidir los casos de alto perfil que investiga el Ministerio Público, no gozan de estabilidad laboral. Sumado a ello, se desconocen las razones por las que el Órgano Judicial no ha realizado los concursos para designar a estos jueces como titulares.

Actualmente, el Ministerio Público instruye unos 28 procesos por peculado y corrupción relacionados con escándalos del pasado gobierno, entre estos el de las millonarias contrataciones del Programa de Ayuda Nacional, las escuchas ilegales, el expediente a Cobranzas del Istmo, el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, entre otros.

Una vez concluyan las investigaciones, los casos serán asignados por sorteo a uno de los 17 jueces de circuito, quienes deben condenar o absolver a los acusados.

Este medio pidió a la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial la lista con los nombres de los 17 jueces, su estatus y en caso de estar interinos especificar desde cuándo y por qué no se ha hecho el concurso para su nombramiento permanente. Sin embargo, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.

Fuentes de ese órgano del Estado, empero, informaron que de los 17 jueces, 5 tienen estatus de interino, 3 son permanentes en espera de concurso (e igual se les considera interinos), y 9 están designados por carrera judicial. (Ver tabla).

Las mismas fuentes explicaron que los jueces interinos pueden ser removidos del cargo a discreción de sus superiores, los magistrados del Segundo Tribunal.

A su vez, los jueces de carrera judicial fueron designados por concurso y luego de pasar 6 meses de prueba gozan de estabilidad laboral, indicaron las fuentes.

El exjuez Alexis Ballesteros explicó que el proceso de concurso demora, porque después de que se escoge la lista de elegibles surgen impugnaciones y eso pasa a resolverse en la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, situación que atrasa la elección final de un juez.

Según Ballesteros, los concursantes que no fueron elegidos impugnan, porque no están de acuerdo con la puntuación que se les asignó.

INCERTIDUMBRE

La falta de estabilidad laboral de los jueces pone en duda sus decisiones al momento de dictar un fallo, por temor a ser removidos de sus cargos. La ley de carrera judicial, que pretende dar estabilidad a los jueces y magistrados, sigue pendiente de ser sancionada por el presidente Juan Carlos Varela.

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, considera que el hecho de que los jueces no gocen de estabilidad en el cargo hace que sus decisiones no sean firmes ni apegadas a la ley.

“Muchas veces y eso es propio de la naturaleza humana, están pensando que si su decisión es buena o no para quién los nombra”, dijo.

Álvarez calificó esta situación de inestabilidad de los jueces como “muy mala para la administración de justicia”.

Para Angélica Maytín, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la estabilidad de los jueces sigue siendo un tema pendiente de la justicia panameña.

“Pese a ello, tengo confianza en la administración de justicia, y quiero pensar que esos hombres y mujeres que ostentan los cargos de jueces de manera interina sabrán realizar su labor con independencia y total apego a las leyes”, argumentó.

En tanto, Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que cuando se apruebe la ley de carrera judicial se acabará la situación de los jueces interinos.

“Está bueno ya del nombramiento sin concurso de méritos y nombramientos por amiguismo, que lo único que hace es fortalecer la corrupción”, expresó.

Recientemente, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harley Mitchell presentó al Pleno de esa corporación una propuesta para crear nuevos juzgados penales que atiendan los casos de alto perfil que actualmente investiga el Ministerio Público.

 

Termina La Indagatoria A La Exministra Lucy Molinar Por Caso De Granos

/en /por

La noche de este viernes, 5 de junio, concluyó la indagatoria a la exministra Lucy Molinar por el caso de la compra de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Molinar acudió a la Fiscalía Primera Anticorrupción, encargada de investigar este caso, en donde se le mantuvo la medida cautelar de impedimento de salida del país.

Esa medida es similar a la que ya tenía en la otra investigación que se sigue por la compra de mochilas. 

ANTES DEL RECESO

Molinar declaró esta mañana durante tres horas en la Fiscalía Primera Anticorrupción por la investigación que se le sigue en el caso de la compra irregular de granos a través del PAN. 

Molinar llegó acompañada de sus abogados, Jair Urriola y Abilio Batista, a las 9:15 a.m al despacho de la fiscal Tania Sterling.

Cerca de la 1:00 p.m la indagatoria fue paralizada para un receso. Se espera que el interrogatorio continúe a las 3:00 p.m.

La exministra es investigada por su participación como integrante de la junta directiva del PAN durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), que aprobó las compras de granos con posibles sobrecostos. 

Por este caso también se investigan a los exministros de Desarrollo Social y Economía, Guillermo Ferrufino y Frank de Lima (actualmente detenidos) y a Jaime Ford de Obras Públicas (quien tiene prohibición de salida del país).

También han sido indagados por este caso los exdirectores del PAN Giacomo Tamburrelli (casa por cárcel), Rafael Guardia Jaén (detenido en El Renacer).

En la declaración indagatoria que rindió por este caso, Guardia Jaén explicó que debido a que el presupuesto del PAN no tenía fondos suficientes, el entonces presidente Martinelli daba instrucciones al MEF para que transfiriera los fondos para las compras.

Las transacciones tenían que pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, pues todo traslado de partida superior a $300 mil debe tener el visto bueno del Legislativo. Sin embargo, para obviar este trámite se desglosaban las compras en montos de $299 mil hasta llegar a $4 millones, explicó.

Trascendió que por esta práctica del MEF la Fiscalía Primera Anticorrupción formuló cargos de peculado a De Lima.

CÓMO FUE EL NEGOCIO

Según consta en el expediente, los contratos para la compra de granos fueron otorgados entre 2012 y 2014.

Uno de los más cuantiosos –por $4.5 millones– fue adjudicado a la empresa Hialing Corporation, S.A. mediante la Resolución Ejecutiva No. 057-2014 del 27 de marzo de 2014. Esta empresa está ligada al hermano del exgobernante Ricardo Martinelli, el empresario Mario Martinelli, quien, sin embargo, lo niega y afirma que solo fue su financista.

En el caso del arroz, cada quintal fue adquirido por $80 la unidad, cuando el precio era $49 el quintal.

Otro tanto sucedió con las lentejas, que se compraron a $100 el quintal, cuando el precio local era $55. Lo mismo ocurrió con los frijoles chiricanos, que se compraron por $110, pese a que su valor era de $76 el quintal.

Guardia Jaén fue quien reveló a la fiscalía que el modus operandi de la red que estaba detrás de la venta de granos al PAN consistía en lo siguiente: un mismo proveedor armaba un paquete de tres empresas con sus respectivas ofertas. Una de estas compañías reunía todas las condiciones para adjudicarse el contrato; en este caso, para la venta de quintales de lentejas, porotos y frijoles.

Incluso, Guardia Jaén admitió que recibió “beneficios” –coimas– por adjudicaciones que otorgó.

Guardia Jaén también reveló la relación de Roberto Brin –jefe de ventas del Súper 99, propiedad de la familia Martinelli– con los proveedores a los que se les adjudicaba las compras. “Él era quien organizaba las empresas con los dignatarios de las mismas empresas a las que se les asignaba estos actos”, añadió.

IMPUTADOS

Entre los 32 imputados por la fiscalía figuran la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado de Ricardo Martinelli, y Ángel Famiglietti, ex jefe de Nutrición del PAN.

Figuran también, los empresarios Mario Martinelli, Roberto Brin, Desirée Aranda González, Pablo Ruiz Obregón, Práxedis Pinzón, Mara del Carmen Vergara, Aldo Mangravita Fernández Miranda, Félix Fernández Miranda Cerjack, Roberto Pérez, Manuel Ríos Correa, Diego De Ycaza, Harold Acevedo, Edwin Fernández Ramos, José Gutiérrez, Brígida Caballero, Milcíades Guerra, Marcela Pardo, Yolanda Rangel, José Coparropa, Adrián Guardia Chang, Jorge González Sevillano, Maribel Sandoya Romero, Lineth Salazar Him, Ángelo Herrera, Guillermo Burbano Murillo, Zuleika Rodríguez Chérigo, Yulius Chen Castillo, Jennifer Barría Pérez y Vanesa Isabel Ríos.

 

Depósitos En Efectivo Comprometen Al Magistrado Benavides

/en /por

Entre 2012 y 2013, el magistrado Víctor Benavides endosó $150 mil a su cuenta de plazo fijo en el Banco Nacional, $31 mil más de lo que ganó ese año en la Corte, de lo que percibió como jubilación y de la ganancia que le generó el alquiler de un apartamento en el barrio de Chanis.

El dato sobresalió en una audiencia de control que la Asamblea Nacional hizo ayer para verificar la cautelación de la citada cuenta al magistrado, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y contra la libertad sexual. El tribunal votó a favor de congelarla.

Pero al fiscal Jorge Alberto Rosas le llamó la atención que el dinero se consignó en efectivo. ‘Habían depósitos arriba de $10 mil, de $40 mil y de $60 mil y no hay justificación', explicó.

Su versión se alínea con las revelaciones del exescolta de Benavides, Vicente Caballero, la fuente que avisó de la (supuesta) trama de venta de fallos desde el despacho del juez. ‘Yo deposité en efectivo hasta $20 mil en cuentas del magistrado', reveló en mayo a La Estrella de Panamá .

Las transacciones, contó a este diario, las hacía en las sucursales del Hospital Oncológico, del barrio de Balboa y de la Avenida Perú, y sin ningún contratiempo, aun cuando por la cantidad que dijo haber depositado debía rellenar los formularios de la Unidad de Análisis Financiero.

La cuenta de plazo fijo del magistrado fue abierta en 2005 con $80 mil, y renovada 16 veces más. Según documentación de la defensa, en 2006, poco después de entrar al cargo, Benavides la redujo a $65 mil, pero en septiembre de 2007 empezó su ascenso: la capitalizó en $80 mil, en diciembre de ese año la llevó a $85 mil y en enero de 2009 hizo que cruzara el umbral de los $100 mil.

En julio de 2012 —sigue el informe al que este diario tuvo acceso— la cuenta se renovó con $110 mil, y en mayo de 2012, llegó a $150 mil. Un año después se duplicó. Y en agosto pasado sumó $424 mil.

Pero ese no fue el único movimiento en efectivo que hizo el magistrado. La Fiscalía dice haber hallado pagos a su tarjeta de crédito Visa, del Banco Nacional: $4,995 en una ocasión en 2009; $4,000 en otra de 2010; $4,000 en una más de 2011, otros $4,000 en una de 2013.

El magistrado no escuchó personalmente los alegatos. En su lugar lo hizo su abogado, Ángel Gómez, quien cuestionó hasta el final de la audiencia la incautación. De hecho, intentó que el Tribunal revocara la aprehensión, aunque sin éxito. ‘Negada', le respondió Carrasquilla a velocidad de reflejo.

Gómez alegó que el fiscal Rosas se excedió en el tiempo que fija el Código Procesal Penal para pedir al Tribunal su opinión sobre la aprehensión y aseguró que se cometió una falta al no avisarles de la diligencia.

El proceso se enrumba ahora en su fase de investigación. Rosas dice no tener certeza de que habrá o no una audiencia de imputación de cargos contra el magistrado.

Aunque el péndulo se inclina contra Benavides: los hallazgos preliminares revelan que en nueve años y medio acumuló cuentas por ‘poco más de $800 mil', que, aunque poco, representan el 80% del dinero en bruto que entró a sus arcas en ese tiempo.

 

Ocultan rastro del desfalco al PAN

/en /por

Firmas falsificadas, actas de entrega de bolsas de comida previamente elaboradas y documentos sin el sello de recibido son otras de las anomalías detectadas por los auditores forenses de la Contraloría en el proceso de compra de bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno pasado.

Para no dejar rastros de estas irregularidades, una semana después de las elecciones del 4 de mayo de 2014 el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén ordenó desaparecer las cajas con los expedientes que documentaban cómo se daban los millonarios contratos.

Mario Vargas y Edwin Serracín, exfuncionarios del PAN, narraron a los auditores que recibieron instrucciones del propio Guardia Jaén para firmar actas de entrega que estaban en blanco.

En el informe forense, la Contraloría determinó que se incurrió en un perjuicio al Estado por $33.2 millones, correspondientes con desembolsos efectuados a 39 empresas que participaron en la adjudicación de contratos para la venta de bolsas de comida.

Los mayores beneficiados fueron los comerciantes Carlos Caneto Araúz, Juan Carlos Marciaga y Roberto Carretero.

Ordenaron borrar las pruebas

Siete días después de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014, funcionarios del Programa de Ayuda Nacional (PAN) desaparecieron cualquier prueba que los conectara con los millonarios contratos para la compra de bolsas de comida, elementos con los que políticos del entonces oficialista Cambio Democrático (CD) sumaron votos.

Así lo confirma la declaración del exjefe de Almacén del PAN Edwin Serracín, quien narró que una semana después de las elecciones recibió una llamada de Abraham Williams –asistente del entonces director del PAN, Rafael Guardia Jaén–, quien le ordenó que recogiera todas las cajas donde estaban las actas de entrega de las bolsas de comida. Le dijo que un vehículo pasaría a recogerlas.

Serracín contó que ese carro apareció en horas de la noche y que no tenía ningún letrero o elemento que lo distinguiera como un vehículo oficial.

La falta de actas originales que debían reposar en los archivos del PAN fue una de las anomalías que detectaron peritos de la Contraloría en una auditoría forense, tras la que se calculó un desfalco al Estado por $33.2 millones a raíz de los contratos para la compra de bolsas de comida a través del PAN durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Para elaborar el informe de dicha auditoría, y en vista de los pocos documentos, los auditores tuvieron que acudir al Departamento de Adquisiciones del PAN, donde se les indicó el procedimiento para el trámite de las órdenes de compra, y además recopilaron testimonios de exfuncionarios de la entidad, que aclararon cómo se otorgaban los contratos.

Esta auditoría es uno de los elementos principales en los que se apoya la investigación que sigue la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, por las supuestas irregularidades en la compra de bolsas de comida.

La investigación determinó, además, que se elaboraron actas de entrega [de bolsas de comida] con firmas alteradas, falsificadas, y en otros casos, la documentación ya tenía la cantidad de mercancía y la firma del proveedor. Solo faltaba la firmaba del almacenista, algunos de los cuales declararon a la Fiscalía que no les constaba la recepción de la mercancía.

Jean Carlos Asprilla, uno de los entrevistados por las autoridades y quien fungía como almacenista, dijo, por ejemplo, que su firma no es la que aparecía en una de las actas de entrega de mercancía [una de las pocas halladas por las autoridades]. “A fin de corroborar dicha información, procedimos a solicitar una evaluación técnica, en cuyo resultado se determinó que, en efecto, no corresponde al señor Asprilla”, aclaró la Contraloría.

NO CONSTA LA ENTREGA

En la compra de bolsas de comida, la polémica institución gastó más de $30 millones, negocio que le aportó millones de dólares a tres empresarios y al propio Guardia Jaén; sin embargo, no se tiene certeza si toda esa millonaria compra fue recibida.

La entidad fiscalizadora de las finanzas públicas manifiesta en su reporte que a pesar de que el almacén [del PAN] utiliza un sello que certifica la recepción de los bienes, “no se observa en la factura dicho sello, en donde conste el recibo conforme”.

También se revela que el proveedor presentó facturas fiscales por el monto total de la orden de compra, pero en ese documento solo decía “suministros”, condición que, de acuerdo con la Contraloría, resta credibilidad e integridad a la información.

LOS BENEFICIADOS

Todas estas irregularidades permitieron que los comerciantes Roberto Carretero, Juan Carlos Marciaga y Carlos Caneto Araúz abultaran sus cuentas bancarias con los millones lucrados con el PAN.

De acuerdo con lo que pudo investigar la Contraloría, con la venta de bolsas de comida que hizo al PAN, Carretero acumuló, al menos, $3.5 millones.

Mientras que Marciaga ganó, aproximadamente, $6.8 millones y Caneto Araúz pudo recoger $6.7 millones.

A Marciaga y a Araúz se les aprehendió $2 millones a cada uno. A Carretero, por su lado, se le confiscó $1 millón.

La venta de bolsas de comida no fue el único negocio de este trío con el PAN. Marciaga, por ejemplo, fue el principal proveedor del programa Piso y Techo. Araúz ganó millones con la venta de mochilas y Carretero vendió juguetes, bicicletas, entre otros objetos.

 

Secuestran Cuentas Por Caso Cobranzas

/en /por

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó la cautelación de cuentas millonarias vinculadas a Cristóbal Salerno y de Luis Cucalón, implicados en el escándalo de Cobranzas del Istmo, la empresa contratada por la pasada administración para recuperar cuentas morosas de contribuyentes, labor por la que recibió, al menos, $54 millones en cuatro años.

Al empresario, cara visible del negocio, se le incautaron cuentas por $36.7 millones, confirmaron a este diario varias fuentes conocedoras de la investigación.

Esta cifra se sumaría a los $20.6 millones que Salerno, que recibió la medida cautelar de casa por cárcel luego de ser indagado, entregó al Tesoro Nacional en concepto de devolución por los pagos que recibió Cobranzas del Istmo de manera irregular.

Además, la Dirección General de Ingresos tiene secuestrados otros $488 mil 625 relacionados con Cobranzas del Istmo.

Por su parte, al ex director general de Ingresos Luis Cucalón se le incautaron $5.1 millones en órdenes dictadas esta semana también por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de la fiscal Ruth Morcillo.

Estas cuentas, señalaron las fuentes cercanas al proceso, estarían vinculadas a Cucalón y a miembros de su familia. El exfuncionario está detenido preventivamente desde que fue indagado, el pasado 25 de mayo.

Salerno declaró que entregó a Cucalón un total de $5.8 millones a través de la sociedad Strategic Hotel Alliance –vinculada a los hijos de Cucalón– y que las supuestas coimas serían para agilizar los pagos de las comisiones a favor de Cobranzas del Istmo.

También implicó en la trama al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien le habría entregado fondos durante 2013 y 2014 en sus oficinas de Monte Oscuro. Las entregas habrían sido a través de maletines en los que se introducían entre $400 mil y $600 mil.

Está previsto que empresario y exfuncionario se encuentren en un careo, pero aún no se ha definido la fecha para el mismo.

Por este caso también tienen medidas cautelares de país por cárcel María Alessandra Salerno, quien figuraba como presidenta de Limacri Holding, la sociedad accionista de Cobranzas del Istmo; y Magaly Ramos, gerente y representante legal de Cobranzas del Istmo.

Este diario reveló que María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno, adquirió al menos 20 apartamentos y locales comerciales –por un valor total cercano a $8 millones– a empresas vinculadas a Gabriel Gaby Btesh, miembro del círculo cero del expresidente Martinelli.

La fiscalía investiga el posible comisión del delito de peculado en el contrato firmado por Ramos y Cucalón en agosto de 2010.

La actual administración de la Dirección General de Ingresos presentó el pasado 20 de marzo denuncias ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación por el pago irregular de $21.8 millones a Cobranzas del Istmo luego de un pago de impuestos de Tocumen, S.A., empresa cuyo único accionista es el Estado.

Esa comisión se pagó a pesar de que altos funcionarios de Tocumen, S.A. manifestaron que la deuda se pagó de manera voluntaria y que en la entidad no constaba gestión alguna de la compañía de los Salerno.

Además, varias auditorías internas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dieron cuenta del pago a Cobranzas del Istmo de comisiones más altas de lo que le correspondería con una estricta aplicación del contrato.

En la investigación salió a relucir un correo electrónico que Cucalón le envió a su jefe de informática dando una instrucción para el cálculo de las comisiones que habría beneficiado a la empresa.

En las auditorías del MEF se detectaron irregularidades como el pago de comisiones por deudas prescritas, por deudas que no tenían los 12 meses de antigüedad –el mínimo para poder ser asignadas al gestor de cobros, según el contrato– o comisiones cobradas a un porcentaje mayor al que correspondía, entre otras.

A pesar de manejar esta información, la actual administración del MEF pagó $7 millones a Cobranzas del Istmo en diciembre de 2014 y enero de 2015.

Cucalón enfrenta otro proceso en una querella presentada por el MEF el pasado mes de enero por introducir una afirmación falsa en el contrato con Cobranzas del Istmo, caso que se investiga en la Fiscalía Primera Anticorrupción.

 

Investigan Compra Y Venta De Propiedades De Alma Cortés

/en /por

Las autoridades han puesto su lupa en una serie de transacciones realizadas durante el último quinquenio por la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés Aguilar, a quien se le investiga, pudo saber La Estrella de Panamá .

Aunque las averiguaciones implican más transacciones efectuadas por Cortés (a nombre propio y a través de fundaciones a las que pertenece), este diario supo de cinco casos en particular que están siendo investigados.

Se trata de la compra de tres lotes a través de la Fundación Ramimar, la venta de una casa a nombre de la abogada y la adquisición de un terreno a través de la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Además de estas cinco transacciones que ya se han podido verificar, según cuenta a ‘La Decana' una fuente judicial, también se están investigando toda una serie de movimientos comerciales hechos entre 2009 y 2014 por familiares de la exministra, así como por otras fundaciones a las cuales pertenece.

LAS PROPIEDADES DE LA FUNDACIÓN RAMIMAR

El 1 de febrero de 2002, en la Notaría Segunda del Circuito, en ese entonces dirigida por Mario Martinelli Berrocal, se protocoliza el acta fundacional de la fundación de interés privado Fundación Ramimar, cuyo consejo fue conformado por las hermanas Alma Lorena, Lourdes Amina y Diana Guadalupe Cortés Aguilar como presidenta, tesorera y vocal, respectivamente.

La primera propiedad adquirida por la Fundación Ramimar tras el inicio de la administración Martinelli en julio de 2009 —y en la cual Cortés Aguilar fungió como ministra de Trabajo— fue la finca N°260354, que corresponde a la casa 39 del residencial Royal Country, en Altos de Panamá, corregimiento de Ancón, distrito de Panamá.

La propiedad tenía un costo de $369 mil; sin embargo, la Fundación Ramimar abonó $100 mil: $50 mil como adelanto y $50 mil al momento de la escritura pública. El saldo, $269 mil —indica la escritura N°12619 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá del 28 de julio de 2010— sería cancelado mediante una carta de promesa de pago expedida por el banco HSBC.

En el documento notarial se indica que Alma Cortés Aguilar sería la deudora y la Fundación Ramimar, el garante.

El 5 de abril del 2013, se emite el documento N°7433 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, en el cual se registra la cancelación —por parte del Banco Aliado, Bancafé (que luego se convirtió en Davivienda) y Banco Panamá— de los gravámenes que pesan sobre la finca N°413228 y la posterior venta de esta propiedad por parte de Desarrollo Inmobiliario La Condesa a la Fundación Ramimar.

La transacción fue hecha entre Mario Etchelecu, representante legal de Desarrollo Inmobiliario La Condesa, y Alma Cortés, presidenta de la Fundación Ramimar, que pagó $154,950 por un apartamento de 96.46 metros cuadrados ubicado en la torre dos del complejo de edificios Rokas en Condado del Rey.

La última transacción de la Fundación Ramimar que está siendo investigada es la adquisición de un apartamento en el P. H. Fontanella del Mar, en San Carlos, por $255 mil.

La fundación le compró esta propiedad a una sociedad anónima con el mismo nombre que el complejo departamental, según consta en la escritura N°4650 del 27 de febrero del 2014, que también indica que Balboa Bank cancelaba los gravámenes constituidos a su favor y que pesaban sobre la finca N°449246, número correspondiente al departamento de playa.

En cinco años, la Fundación Ramimar se hizo de $778,950 en propiedades.

LAS PROPIEDADES DE ALMA CORTÉS

Mas no solo las adquisiciones de la fundación están siendo revisadas por el MP. También se investiga transacciones realizadas por la propia Alma Cortés.

A través de Dirección Nacional Reforma Agraria, el 17 de marzo de 2011 se le otorga a la entonces ministra de Trabajo la adjudicación definitiva a título oneroso de un terreno baldío ubicado en Las Margaritas de Chepo de 88 hectáreas y 9891.52 metros cuadrados que se le vendió por un valor de $534.

Según unos planos entregados por Cortés a Reforma Agraria en el 2003, el terreno es colidante con otras fincas privadas y, al norte y al oeste, con el río Mamoní.

En una noticia publicada en La Estrella de Panamá en el 2011, se indica que Cortés declaró que la adquisición se hizo efectiva luego de solicitarle en persona a Víctor Pérez, exministro de Desarrollo Agropecuario, que le ayudara con los trámites.

En declaraciones posteriores, indicaba la noticia del 5 de julio del 2011, la abogada aclaró que ‘no compró las 88 hectáreas en el 2011, sino que el trámite tenía varios años, desde 1992, y de no ser por el gobierno en turno, no las hubiera podido titular. La información culminaba citando a Cortés: ‘Esas fincas yo las adquirí en 1992 a través de la compra de unos derechos posesorios'.

En marzo del 2014, Alma Cortés cancela la hipoteca de $68 mil que tenía desde el 2006 con el Banco Nacional de Panamá por una propiedad en el corregimiento Amelia Denis De Icaza, el lote 29 de la barriada Castilla de Oro N°130416.

Tras quedar en paz y salvo con el banco, la abogada le vende la propiedad a su hermana Sara Elena Cortés Aguilar de Delgado y al esposo de esta, Melvin Delgado Vergara, por el precio de $200 mil.

Indica la escritura N°4359 del 10 de marzo de 2014, emitida por la Notaría Segunda del Circuito de Panamá que los esposos Delgado Cortés pagaron un adelanto de $50 mil por la casa y solicitaron a la Caja de Ahorros un préstamo de $150 mil para cancelar el saldo pendiente.

==========

CONTRAPARTE

‘Puedo justificar todo lo que tengo'

Al consultarle a Alma Cortés si conocía de las investigaciones que se están haciendo a sus bienes, la exministra reacciona sorprendida y con violencia.

¿CUÁNDO ADQUIRIÓ USTED ESAS PROPIEDADES DE LA FUNDACIÓN RAMIMAR?

La adquisición de todas esas propiedades consta en mi declaración de bienes que hice cuando salí del cargo. Todas fueron declaradas en mi declaración de bienes y en mi declaración de ingresos.

¿ESO FUE CUANDO USTED ERA MINISTRA?

Sí. Yo tengo una oficina privada de abogados (Cortés, Cortés, Molino & Arosemena) de la cual no dejé de recibir utilidades. Todas fueron declaradas. Aunque no podía ejercer el cargo, seguía siendo socia y recibía mis utilidades.

¿ES PERSECUCIÓN?

Totalmente. Por eso me echo a reír.

¿CÓMO SE JUSTIFICA LA INVESTIGACIÓN?

No tengo la menor idea. Lo debo considerar un acto de persecución política.

¿QUÉ ACCIONES TOMARÁ?

Presentaré las acciones penales y civiles que correspondan en contra de aquellos que han hecho esta injuriosa, calumniosa y temeraria denuncia.

¿PUEDE JUSTIFICAR TODAS SUS COMPRAS?

Totalmente. Es más, iré personalmente a averiguar dónde está esa investigación. Voy a presentarme y llevaré todos los contratos, declaraciones de renta y bienes patrimoniales. Todo está sustentado.

¿CUÁNDO IRÁ A LA PROCURADURÍA?

Mañana [hoy], apenas que envíe a alguno de mis asistentes o a un pasante que averigüe donde está la denuncia. Y le digo algo con honestidad…

DÍGAME…

Se lo advierto a Kenia Porcell: Pensé que era una mujer más seria, justa y equitativa. Meterse conmigo y con mis bienes adquiridos legítimamente demuestra que es un ser desnaturalizado y al servicio de una mano ejecutora que quiere acabar con la clase política y todos los Cambio Democrático.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ESTO?

Juan Carlos Varela, el Sr. López, del Consejo de Seguridad, y todo el equipo que tiene Varela a su disposición para perseguir a personas honorables, ciudadanos serios, profesionales (tengo más de 25 años como abogada), tengo todas mis cuentas en el Banco General y en el HSBC. Por eso me da tristeza que se pongan en esa bajeza. No se preocupe: Tengo todo para justificar todo lo que tengo.

¿SÍ?

Se lo advierto a Kenia Porcell: Te fuiste demasiado lejos, eres una atrevida y una hipócrita. Eres una pobre mujer. Conozco al esposo, Igor Alvarado, a quien nosotros le dimos trabajo. Nosotras hacíamos supermercado juntas. Ella y el marido bastante mal que hablaban de Varela. Es una hipócrita.

¿PUEDO CITAR TODO ESTO?

¡Por favor! En ese mismo PriceSmart se me acercó y, cuando perdimos, me dijo: ‘No te preocupes, Alma, que regresamos al gobierno'. Ella nos dijo: ‘Son unos HPs, son unos desgraciados'. Cuando vi que la nombraron lo primero que pensé es que no tiene orgullo ni dignidad. Tengo testigos, y al propio marido lo citaré como testigo.

 

Porfirio ‘Bolita’ Ellis, Político Del CD Que Recibió Dinero De Pipo

/en /por

cuentas bancarias de particulares el empresario y exvicepresidente Felipe Alejandro Pipo Virzi El Ministerio Público (MP) le sigue el rastro a una serie de cheques que consignó en, luego de recibir un cheque de 5 millones de dólares de la compañía ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo, a la que se le adjudicó el fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí.

Uno de esos cheques –por un monto de $319 mil– fue depositado en el Banco Universal, en una cuenta que tiene Porfirio Bolita Ellis, excandidato a diputado por Cambio Democrático (CD), en la provincia de Veraguas y exjefe de campaña del otrora precandidato presidencial por el mismo partido, Rómulo Roux.

De acuerdo con las pesquisas que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, el cheque a favor de Bolita Ellis salió de una cuenta bancaria registrada a nombre de la sociedad Summer Venture, Inc., cuyos firmantes son: Ricardo Ricky Calvo Latorraca –que siempre acompaña a Virzi–, Magdalena Latorraca de Calvo y el propio Virzi.

Ellis tendrá que responder ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción por ese cheque, girado el 14 de agosto de 2012, según las investigaciones a cargo de la fiscal Moore.

La Prensa dejó mensajes en el celular de Ellis para conocer su versión sobre los hallazgos del Ministerio Público y los bienes que alcanzó acumular durante el gobierno pasado, pero el político no respondió.

POLÍTICO EMPRESARIO

Precisamente, en el quinquenio pasado, la fortuna le empezó a sonreir a Bolita Ellis, considerado uno de los principales defensores de la gestión de Martinelli después de abandonar las filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 2009. Logró constituir, al menos, 10 sociedades anónimas, de acuerdo con información que consta en el Registro Público.

Una de ellas es R ancho Doña Matilde, S.A., creada el 2 de agosto de 2012, es decir, dos semanas antes de que el empresario Pipo Virzi le consignó el citado cheque.

Justamente, Rancho Doña Matilde es el nombre de una pista de lazo ubicada en Veraguas denominado “Bolita Rodeo Team”, que ha sido sede del equipo de lazo de esta provincia (ver fotos).

Ellis es un aficionado de los caballos, tiene apartamentos en la ciudad capital y está relacionado con el negocio de cultivo de banano.

También importa “padrillos cuarto de milla” de Estados Unidos y de raza española que promueve por internet (ver fotos). Estos animales son entrenados para su venta.

El político también figura como dignatario de la sociedad Ganadera Pasca, S.A., constituida en el quinquenio pasado, y que actualmente se dedica a la producción de ganado de alta genética, así como la importación y exportación, venta y distribución de semen y embriones.

En esta sociedad también figura el hermano de Bolita Ellis: Ascanio Ellis Bonilla, cuyo estilo de vida también mejoró en el quinquenio pasado. Ambos son propietarios de ganado de la raza Brahman.

OSCURO PASADO

Bolita Ellis era un personaje de bajo perfil hasta 2005, cuando fue vinculado al trasiego de 196 kilos de cocaína que se incautaron en un retén en la provincia de Veraguas.

Por entonces, Bolita Ellis argumentó que realizaba una prueba a un vehículo. Detrás de él, viajaba un camión con tomates en el que se encontró la droga.

El excandidato a diputado fue acusado del delito contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir, por lo cual permaneció más de dos años detenido.

El fiscal primero de de Drogas, Javier Caraballo, pidió su llamamiento a juicio al considerar que contaba con suficiente elementos en su contra.

Sin embargo, el Juzgado Segundo del Circuito Judicial, ramo penal, de Veraguas, sobreseyó provisionalmente a Bolita Ellis el 2 de agosto de 2007, por el delito contra la salud pública.

Igualmente se dictó un sobreseimiento de manera definitiva por el delito contra la seguridad colectiva, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en febrero de 2008.

DEPORTE Y POLÍTICA

Ellis fue electo diputado en mayo de 2014 por el circuito 9-1 en Santiago de Veraguas, pero su victoria fue anulada luego de que fuese impugnado por el hoy diputado por el partido Panameñista, Carlos Santana.

Fue acusado de regalar en plena campaña electoral equipos donados por el Gobierno de Ricardo Martinelli, a través del cuestionado Programa de Ayuda Nacional (PAN) y de recibir apoyo oficial a través de juntas comunales controladas por el partido Cambio Democrático.

Precisamente, la hoy exdirectora del PAN en Veraguas Fátima Agrazal lo apoyó en sus aspiraciones a diputado.

El Tribunal Electoral (TE) concluyó que los electores de del circuito de Bolita Ellis fueron beneficiados por los otrora representantes de corregimiento en Veraguas que recibieron casi 900 mil dólares en ayuda económica del gobierno central en época electoral.

En una segunda elección decretada por el TE, Bolita Ellis no fue electo en el cargo. También, a mediados de abril pasado, declinó en sus aspiraciones para reelegirse como presidente de la Federación Panameña de Baloncesto. La decisión la anunció un día antes de realizarse las elecciones de esa federación.

 

Benavides No Está Obligado A Comparecer Mañana

/en /por

La subcomisión de Garantías instalada para vigilar la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el magistrado Víctor Benavides no espera que el encausado comparezca mañana a la Asamblea Nacional, para la celebración de la primera audiencia del caso.

‘Eso no es necesario hasta la audiencia de imputación de cargos', explicó Héctor Valdés, presidente de ese tribunal. Las partes fueron notificadas ayer por la mañana.

El diputado confirmó que la diligencia se realizará a las 10:00 a.m., se evaluará la legalidad o no de la solicitud aprehensión de una cuenta de plazo fijo por $400,295 en el Banco Nacional a nombre de Benavides.

En la audiencia estará la comisión en pleno, integrada también por la independiente Ana Matilde Gómez y la panameñista Kathleen Levy, quien estuvo de viaje oficial por Estocolmo.

Valdés, de la bancada opositora de Cambio Democrático (CD), aseguró que por mandato del Código Procesal Penal no podrá realizarse una audiencia sin uno de los diputados que integran la comisión.

El plazo fijo en cuestión venció el 25 de mayo pasado, tres años y tres meses después de ser abierto en el Banco Nacional.

La defensa de Benavides ha sostenido que el dinero provino de un retroactivo que le pagó el Ministerio Público en 2004, aunque para entonces el monto máximo que la entidad desembolsó fueron $140 mil, casi una tercera parte menos de lo que el magistrado tenía en su cuenta.

La investigación fue abierta el 7 de mayo pasado, en base a una denuncia del bufete Vega-Álvarez, que presentó el testimonio de Vicente Caballero, exescolta de Benavides, y quien relató haber depositado dinero en sus cuentas producto de la venta de fallos desde su despacho.

Vicente Caballero ha explicado que, por petición del magistrado, consignaba en sus cuentas en el Banco Nacional hasta $20 mil, sin que los funcionarios de esa entidad estatal llamaran la atención.

==========

Héctor Carrasquilla

‘ No es necesario (que Benavides comparezca) hasta la imputación de cargo',

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS

 

Fiscal Dará Detalles De Las Diligencias En El Proceso Que Se Le Sigue A Martinelli

/en /por

El magistrado fiscal Oydén Ortega Audiencia de control pedida por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. informará en la tarde de hoy, martes 2 de junio, durante una audiencia de control en la C orte Suprema de Justicia, los resultados de la diligencias que ha llevado a cabo en el proceso que se le sigue al exmandatario Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en el contrato para la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional.

+ info

DECISIÓN No ha prescrito plazo para investigar a Ricardo Martinelli

PESQUISA Fiscal Oydén Ortega revisa contratos de comida otorgados por el PAN

INVESTIGACIÓN Magistrado fiscal rastrea bienes de Ricardo Martinelli

Desde hace dos semanas, Ortega ha realizado  pesquisas en diferentes instituciones, como el Registro Público, para verificar las propiedades, así como las sociedades en las que es o haya sido directivo Martinelli, quien se encuentra fuera del país desde el 28 de enero pasado.

La audiencia -programada para las 2:00 p.m.- fue a solicitud del fiscal Ortega. Ayer se completó otra audiencia a petición del grupo de abogados del exmandatario, en el que pidieron la prescripción de la investigación.

El magistrado Jerónimo Mejía -juez designado en este proceso- rechazó la petición de la defensa de Martinelli y aseguró que el tiempo de investigación -que son de dos meses- no ha terminado, toda vez que se inició de manera oficial el pasado 4 de mayo.