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El propietario de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), Cristóbal Salerno, habría negociado con el partido oficialista la postura que asumiría ante la investigación que se le sigue por el delito de corrupción de servidores públicos.

Así lo aseguró al Ministerio Público Luis Cucalón, exjefe de la Autoridad Nacional de Ingresos (Anip), detenido en la DIJ, acusado de orquestar la contratación de la empresa de Salerno y cobrar comisiones por su trabajo.

Salerno, que es investigado por su presunta participación en un entramado de corrupción que involucra a CISA, acusó al exdirector de Ingresos de recibir dinero para agilizar los trámites de pago a favor de su empresa.

Entre los años 2010 y 2014, durante la gestión de Ricardo Martinelli, Cobranzas del Istmo obtuvo comisiones por $47.1 millones por recaudar impuestos morosos.

‘El señor Salerno se fue a Miami y allá fueron a buscarlo los panameñistas. No sé quiénes fueron, pero él (Salerno) me dijo que había negociado', indicó Cucalón, en una declaración jurada del 26 de mayo, ante la fiscal Ruth Massiel Morcillo, de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Cucalón fue señalado por el propietario y principal beneficiario de CISA de haber recibido al menos cuatro cheques a cambio de mantener el contrato con el Estado, que supervisaban el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría.

Según Cucalón, las declaraciones de Salerno son una estrategia de su antiguo socio y amigo.

‘Yo tengo el presentimiento de que (Salerno) intercambió la cabeza de su hija por la mía', apuntó.

Tanto Cucalón como Salerno han declarado ya ante la Fiscalía, pero sus respuestas no coinciden, por lo que para hoy está previsto un careo entre ambos imputados.

‘(Salerno ) lo hizo por su hija que estaba metida en el baile,' dijo Cucalón refiriéndose a María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno y apoderada legal de la empresa cuando se firmó el contrato con CISA.

En el documento, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá , Cucalón aseguró que entiende la postura de Salerno porque él también es padre, pero que no lo perdona porque, insiste, ‘con la reputación de las personas no se juega'.

La hija del empresario fue llamada también a rendir indagatoria para determinar su participación en este entramado, tras lo cual la Fiscalía Cuarta Anticorrupción determinó prudente imponerle una medida de arraigo.

En su declaración jurada, el exdirector de Ingresos aseguró que cuando Salerno regresó de Miami, Estados Unidos, lo llamó y le dijo que pasaría a tomarse una taza de café con él.

‘Perfecto', pensó Cucalón, quien posteriormente se encontraría con la sorpresa de que Salerno, en lugar de visitarlo, fue directo a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción a denunciarlo.

LA COARTADA PERFECTA

En la ampliación de su declaración jurada los días 8 y 9 de junio, Salerno negó todas las acusaciones de Cucalón.

‘Yo fui a los Estados Unidos a ver mi condición cardiaca', aseguró, tras calificar las aseveraciones de Cucalón como ‘una fábula que no tiene coherencia'.

EL SUPUESTO ACUERDO

Salerno declaró anteriormente que había girado tres cheques a la sociedad Strategic Hotel Alliance Inc. por un monto total de $5.8 millones, a solicitud del exdirector de Ingresos, con el propósito de ‘agilizar el pago de las comisiones'. Los cheques tienen fecha del 21 de febrero de 2014, por $1.4 millones; del 28 de marzo de 2014, por $1.5 millones y otro por $2.8 millones, sin fecha determinada, todos de Multibank, donde están dadas de altas las cuentas de Cobranzas del Istmo y de Langton International, empresa que gestiona la tesorería de Salerno, según su propia declaración.

Multibank envió una nota fechada el 22 de mayo de 2015 en la que establece que a la mencionada sociedad se giró, además, otro cheque por $1 millón.

El cheque (número 000073) habría sido emitido el 24 de diciembre de 2013, por Langton International Holding, Ltd. a nombre de Strategic Hotel Alliance Inc, cuyos directores son los hijos de Cucalón.

El cheque fue endosado y depositado en la cuenta número 0182200012-4 de Strategic Alliance, Inc. en el Capital Bank.

Pero Cucalón tiene otra versión de los hechos.

En la mencionada declaración del 26 de mayo, el exdirector de Ingresos indicó que los pagos corresponden a una suma que le adeudaba Salerno desde el 2000.

‘Salerno acordó conmigo verbalmente, debido a que no tenía garantías reales, que me daría la mitad de todo lo que pudiera recuperar' por la quiebra de Sears, S.A, asegura el indagado.

Cucalón, administrador del consorcio, recuperó $6 millones, pero la promesa no se cumplió a corto plazo. ‘Un día me dijo que me iba a devolver los $3 millones más intereses al 12% anual, lo que sumaba un poco más de $6 millones', relata Cucalón ahora para sustentar los cheques que recibió del empresario.

Salerno también niega esto. ‘Esa historia es totalmente falsa. No existe un contrato ni ninguna correspondencia que pueda avalar eso', asegura.

El empresario admitió, por otra parte, haber girado un cheque (número 766) de la cuenta de Langton International Ltd. a nombre de la empresa Corporación Energía del Istmo, S.A., para el expresidente Ricardo Martinelli.

TRANSACCIONES NORMALES

Al ser indagado por la Fiscalía, se cuestionó también al empresario en relación a las millonarias transacciones originadas desde la cuenta de Cobranzas del Istmo, S.A en beneficio de Langton Internacional Ltd., que un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) consideró ‘inusuales'.

Ante esta pregunta, Salerno respondió que se trataba de transacciones ‘normales', aunque no recordó si antes de la contratación directa de Cobranzas del Istmo, S.A. hubo transferencias similares, por montos millonarios.

El análisis de UAF también destaca que CISA emitió 35 cheques a favor de Langton, por un monto de $25.2 millones.

RECORDANDO A DULCIDIO

Durante su indagatoria, Cucalón recordó también que como director General de Ingresos (DGI) y posteriormente de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip, hoy desaparecida), mantenía frecuentes discusiones con su entonces jefe, el hoy ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

‘Él argumentaba que yo lo humillaba al no hacerle caso, pero muchas veces sus instrucciones no eran acordes a la ley. Yo le pedía que las pusiera por escrito si quería que las ejecutara, ya que él era mi jefe inmediato. Eso nos llevó a choques', indicó Cucalón, según reposa en la foja 6417 del expediente del caso.

 

La construcción de hospitales como el ‘Luis ‘Chicho' Fábrega' y el ‘Anita Moreno', en el interior del país, y la Ciudad Hospitalaria, en la capital, son algunos de los proyectos que han quedado inconclusos, con sobrecostos, y cuyas licitaciones públicas ganaron compañías extranjeras.

Lo anterior es uno de los cuestionamientos de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), en una carta enviada al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que resalta la cantidad de obras paralizadas, incompletas, con objeciones técnicas y las incontables licitaciones otorgadas a las empresas extranjeras mediante pliegos de cargos ‘hechos a la medida y con adendas dudosas'.

José Javier Rivera, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), aseguró que esta es una práctica injusta que se ha mantenido en las tres últimas administraciones gubernamentales, las cuales han arreglado los pliegos de muchas licitaciones a su gusto y beneficio, excluyendo y en detrimento de las empresas nacionales.

‘Aplaudo la iniciativa de la CAPAC. Es hora de poner un alto a estos actos de corrupción que solo logran reducir las oportunidades de compañías nacionales, afectando la inversión y su crecimiento', enfatizó Rivera.

Para el economista y catedrático Juan Jované, es necesario contar con políticas de Estado que protejan la industria de la construcción nacional, se realicen convenios colectivos que resguarden al recurso humano del país, requisitos de reinversión y se haga cumplir lo especificado en los pliegos de cargo.

‘El problema no es que empresas extranjeras obtengan proyectos de construcción a través de licitaciones públicas, el conflicto es que no se utilice la mano de obra panameña y el dinero obtenido del proyecto sea llevado a otros países, lo que no mueve la economía de Panamá', señaló Jované.

Por su parte, Jorge Pitalúa, arquitecto y exdirector de Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas, señaló la necesidad de tener claro que las empresas locales no cuentan con tecnología ni experiencia para la ejecución de megaobras como la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Sin embargo, señala que hay otras licitaciones públicas, como la construcción de carreteras o edificaciones, donde las compañías panameñas pueden participar porque cuentan con amplia experiencia y potencial para su desarrollo.

Según Pitalúa, las empresas extranjeras pueden subcontratar a nacionales en trabajos menos complejos, pero éstas prefieren contratar a los extranjeros, lo que es incorrecto, señala.

Lo positivo de este conflicto es que las empresas nacionales, no solo en la industria de la construcción, ven la necesidad de modernizarse y prepararse para las exigencias del mercado, puntualizó el experto.

En tanto, Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, consideró que el abrir el abanico a empresas internacionales en Panamá, no es malo, ya que aprendemos y evolucionamos. Lo que no es permitido es el incumplimiento de las compañías extranjeras con las obras de nuestro país.

 

 

Nuestra recomendación es que no venga, incluso si le llaman a audiencia de imputación de cargos', ha exteriorizado el abogado Rogelio Cruz, uno de los diez defensores del expresidente Ricardo Martinelli, investigado por anomalías en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y ahora por las escuchas telefónicas del Consejo de Seguridad.

La teoría de los abogados del expresidente es que si éste no comparece personalmente a algunas de las audiencias en la que por obligación legal deba estar en persona, la Corte Suprema tendrá que archivar temporalmente el expediente hasta que regrese voluntariamente o la Policía Internacional lo haga volver al país.

‘Hasta hace poco no creía que hubiera persecución (contra Martinelli), pero ahora sí', insistió Cruz. En caso de que se archivase alguna causa, los plazos que establece el Código Procesal Penal se congelarían.

Pero Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), discrepa profundamente. ‘¿Por qué si en las cárceles hay 13 mil o 14 mil personas y muchas de ellas no han sido condenadas, hay fueros con Martinelli?', pregunta el dirigente.

En los dos últimos meses, la Corte ha analizado diez expedientes contra el exmandatario y ha determinado la apertura de tres investigaciones, dos de ellas ligadas con contratos del PAN, de donde se sospecha que se mal gastaron $1,200 millones, una tercera parte del costo del ensanche del Canal de Panamá. En todas, los magistrados tienen dos meses para investigar.

‘Que la Corte abra las investigaciones es un gran paso', dice Antonio Saad, del Movimiento de Independientes (Movin), para quien es llamativo que en los casos de corrupción que se han destapado ‘todos los caminos terminan conduciendo a Martinelli'.

A su juicio, la distancia física que ha puesto el expresidente es una señal de que ‘siente que el peligro se acerca'. Martinelli vive en Miami desde marzo pasado, desde donde ha visto el encarcelamiento de tres de sus ministros, tres funcionarios de su confianza, y una decena de empresarios que hicieron negocios con su gobierno.

DEFENSA DE MARTINELLI

Con un argumento opuesto a la sociedad civil, sus abogados han advertido este martes a la Corte Suprema que la apertura de la investigación por pinchazos telefónicos constituye violación del fuero penal que le garantizó el Tribunal Electoral (TE) por el llamado a elecciones internas en Cambio Democrático.

Martinelli, en sendos mensajes por Twitter , invocó un artículo constitucional que, a su juicio, lo libra de toda investigación. Se trata del 191, que establece que un presidente sólo puede ser juzgado por extralimitarse de funciones, por obstaculizar el trabajo de la Asamblea o por delitos contra la personalidad internacional del Estado o la administración pública. ‘Eso no le aplica', respondió el abogado Ernesto Cedeño.

‘Soy un perseguido político', insistió Martinelli en otro comentario, en el que despertó cuestionamientos: ‘para ser un verdadero líder se requiere estar ahí con su gente, dando la cara y luchando', espetó un usuario de la red social.

Pero la protección penal no es una obstrucción significativa. Tal como se hizo con el expediente de anomalías en la compra de $60 millones en comida deshidratada para colegios rurales, la Corte debe pedir al TE el levantamiento del fuero.

‘La Corte debió haber pedido el retorno de Martinelli hace mucho tiempo… tiene que pagar por lo que ha hecho al país', exige Chavarría.

 

A favor votaron Díaz, Mejía, Abel Zamorano, Harley Mitchell, Oydén Ortega –fiscal en el caso del PAN-, José Ayú Prado –actual presidente de la CSJ- y Secundino Mendieta, suplente de Hernán De León. Ayú Prado y Mendieta presentaron un voto razonado. En contra votó Luis Ramón Fábrega. Víctor Benavides -que actualmente afronta una investigación por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento injustificado y contra la integridad sexual- no acudió al pleno ni habilitó a su suplente Nelly Cedeño.

Como querellantes fueron admitidos los políticos Mitchell Doens, Bernabé Pérez, Javier Ujuleta, Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro y Mauro Zúñiga; el diputado José Luis Varela –hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela-; el abogado Rosendo Rivera Botello –que en el pasado representó a Martinelli-; el catedrático Miguel Antonio Bernal, y el periodista Rubén Polanco, del diario La Prensa. Cada uno de ellos querelló individualmente a Martinelli. El pleno extraordinario de hoy fue convocado precisamente para decidir qué hacer con las 10 querellas.

Los magistrados desestimaron el delito de revelación de secretos empresariales, atribuido por el diputado Varela en su querella. El pleno argumentó que Varela no acompañó su denuncia con la respectiva “prueba sumaria”, como actualmente exige la Ley 55 de 2012  (“Ley Blindaje”), aprobada precisamente en el gobierno de Martinelli.

Las causas judiciales abiertas a Martinelli deben ser dirimidas en la CSJ, dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que asumió el 1 de julio de 2014, al día siguiente del término de su mandato presidencial.

El exgobernante reaccionó a través de su cuenta en la red social Twitter, como es habitual en él, desde que se marchó de Panamá, el 28 de enero pasado. Dijo considerarse a si mismo un "perseguido político".

El Ministerio Público probó que se interceptaron las comunicaciones de unas 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli. El 17, 18 y 20 de agosto debe  llevarse la audiencia preliminar a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad de secreto y el derecho a la intimidad. También fueron llamados dos exfuncionarios – Ronny Rodríguez y William Pittí-, que  están prófugos.

La investigación inició el 29 de julio pasado por parte del fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, y la concluyó el fiscal adjunto Ricardo Muñoz.

Garúz y Pérez están detenidos desde enero pasado. Actualmente se encuentran en El Renacer.

La máquina pinchadora, adquiridad por $13.4 millones a una empresa israelí con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), está actualmente desaparecida. El actual director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, presentó una denuncia al respecto.