Critican Inclusión De Odebrecht En Licitación De Colón

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El Presidente, junto a su equipo de trabajo, entregó órdenes de proceder para el inicio de las obras que forman parte de la Renovación Urbana de la ciudad de Colón. 

La licitación del proyecto conocido como renovación urbana de Colón, por un monto calculado de $500 millones, entra en su recta final envuelto en polémica.

De hecho, mañana, viernes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) dará a conocer el nombre de la empresa que construirá la obra, escogida entre los tres consorcios que compiten en el acto público: Aspinwall, CCA-MCM y Nuevo Colón.

El consorcio Nuevo Colón está conformado por las empresas Cusa y Odebrecht, esta última bajo el escrutinio internacional, luego de que su presidente, Marcelo Odebrecht, fuera arrestado el viernes pasado, acusado de liderar un esquema de pagos ilegales y coimas para obtener negocios multimillonarios en Brasil y otros países.

En Panamá, personalidades de diferentes sectores señalan que se debe prestar atención a la la situación que atraviesa la constructora.

El presidente de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, Ramón Ricardo Arias, opinó que el gobierno debe evaluar suspender los contratos y las obras con la empresa Norberto Odebrecht.

“Aquí, en nuestro país, ha habido muchos contratos de la compañía Odebrecht y nunca se ha hecho una auditoría seria de estos contratos que tienen sobreprecios. Es importante que el gobierno comience hacer auditorías”, indicó.

Con respecto a la suspensión de las obra en Colón, subrayó que es algo que se tiene que considerar por los malos manejos y precios inflados. Incluso, aseguró que en Colombia, Brasil y Ángola analizan estas alternativas.

“Aquí estamos lidiando con blanqueo de capitales, peculado y tenemos que tener cuidado en seguir patrocinando este tipo de actuaciones y conductas”, resaltó.

Dentro del pliego de condiciones, que reposa en el portal PanamaCompras, aparece la carta de intención para la conformación del consorcio Nuevo Colón.

La misma señala en una de sus cláusulas que cada una de las partes (Odebrecht y Cusa) asignará a un representante con amplios poderes durante todo el tiempo que se requiera para atender tanto el programa de trabajo, así como las tareas técnicas y profesionales.

En uno de los últimos puntos de la carta se puntualiza que el líder del consorcio será Odebrecht.

Sobre este tema, el diputado panameñista Antonio Domínguez consideró que Odebrecht no debería participar en la licitación por  

todo lo que está ocurriendo.

“Pese a lo que yo diga, este contrato tiene nombre y apellido y se llama Odebrecht. Sería una muestra de negligencia de parte de los funcionarios actuales si conceden un licitación más a esta empresa”, declaró el diputado, quien consideró que el proyecto debe ser dado a una empresa panameña.

Por su parte, el exdirector de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) José Batista coincidió con Domínguez en no  

saber por qué este proyecto lo debe hacer una empresa internacional y no una  

nacional.

Ambos coincidieron en que debieron hacerse varios paquetes para que pudieran participar más empresas nacionales, ya que en un solo proyecto de $500 millones es difícil que se involucren firmas pequeñas.

Datos del Miviot precisan que la renovación de Colón implica la construcción de 5 mil viviendas en la comunidad de Alto de los Lagos, el trabajo del sistema pluvial, el sistema sanitario, arreglo de parques, las adecuaciones del agua potable y la reconstrucción de edificios que son Patrimonio Histórico.

PIDEN AUDITORÍAS

Para el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares lo primero que hay que hacer es una auditoría de las obras realizadas, para luego tomar una decisión de permitir o no a esa empresa participar en las licitaciones.

En tanto, el exembajador de Panamá en Washington Eloy Alfaro aseguró que el tema es “delicado” y “complicado”, porque hay que  

estar claros en que los delitos fueron cometidos por personas naturales y no jurídicas.

“Para tomar una decisión de lo que hay que hacer con los proyectos, hay que tomar en cuenta una serie de consideraciones como, por ejemplo, cuál es el perjuicio económico que eso puede implicar para el país y cuántos trabajadores tiene Odebrecht trabajando”, añadió.

A la vez, Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, manifestó que las entidades contratantes deben reunirse con la alta gerencia de la empresa, con el fin de que se garantice la terminación de las obras en ejecución.

“Si se llegan a encontrar pruebas de delitos contra la administración pública, se debe castigar ejemplarmente a funcionarios y empresarios involucrados.

De no comprobarse nada, la empresa debe poder seguir operando”, concluyó.

 

Noriega Pide Perdón Como Último Eslabón Del Régimen Militar

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El más temido de los militares panameños, el hombre fuerte de la dictadura, la ‘ficha de los gringos' y de los ‘narcos' colombianos, el estratega de inteligencia de Torrijos, el administrador de orden de los negocios sucios del régimen militar, el amigo de los israelíes y caballero de honor de Francia, Manuel Antonio ‘cara de piña' Noriega pidió perdón a los panameños desde la reflexión de 25 años encarcelado que lo han llevado al arrepentimiento.

‘Pido perdón como el último general de la época militar… por mis superiores jerárquicos y por mis subalternos', declaró Noriega, desde su celda del centro penitenciario El Renacer, donde está recluido desde diciembre de 2011.

El mensaje, transmitido por Telemetro y entregado a La Estrella de Panamá por testigos del encuentro, es producto de una conciezuda reflexión y en aras de sellar heridas aún abiertas.

Noriega se hace cargo de los actos con los que pudiera haber ofendido ‘consciente del momento que vive el país' y con arrepentimiento cristiano, como ‘hijo de Dios', subrayó.

Junto a sus hijas Thays y Lorena y el abogado que lo representa, Ezra Ángel, Noriega se apoyó en un manuscrito como ‘ayuda de memoria' para recalcar, con serenidad, su decisión de dejar el pasado atrás y mirar con paz hacia el futuro que le queda.

A sus 81 años, dijo, se apoya en la familia y en la fe. ‘Estoy totalmente en paz', aseguró tras declarar que hablaba bajo sus propias convicciones y sin ningún apremio ni injerencia.

‘He conversado mucho conmigo mismo y con mi familia , he reflexionado con la Iglesia y considero oportuno contribuir con la ciudadanía para cerrar el ciclo de la era militar en estas circunstancias que vive el país y dejar a quienes corresponda la capacidad de actuar en bien del Estado panameño', indicó Noriega.

Sus palabras, medidas y repetitivas —sostuvo— son una ‘expresión solemne', inspiradas en su ‘asesoramiento espiritual'.

Guillermo ‘Willy' Cochez, abogado que desinteresadamente encabezó en las redes sociales una individual campaña para que a Noriega le conmutaran la pena de cárcel por arresto domiciliario, fue el artífice de este sorpresivo acto de contrición.

‘Todo pasó en menos de un mes', explicó Cochez a este diario, desde que emitió su opinión en Twitter , a principios de junio, y recibió la llamada telefónica del propio Noriega, agradeciéndole su gesto.

Cochez señaló que, tras un primer encuentro con el exmilitar, involucró en su gesta a miembros de la Iglesia católica y al Colegio Nacional de Abogados (CNA), que estuvo presente en la declaración pública de arrepentimiento de Noriega.

La Estrella de Panamá siguió de cerca el proceso con el objetivo de registrar otro capítulo de la historia del país, misión con la que está comprometida desde hace 166 años.

Según Cochez, ‘Noriega está claro y muy agudo de mente; muy sereno'.

A su entender, parece una persona que ha encontrado la paz que todos los seres humanos esperan disfrutar los últimos años de vida. En su celda, agregó, ‘se nota la presencia de un Ser Superior; la presencia de imágenes de Cristo y la Biblia lo reflejan'. Tiene computadora y sigue las noticias nacionales e internacionales, indicó el abogado.

Sobre sus charlas, previas a su declaración de este miércoles, Cochez relató que pudo entender que, de haber sido hoy 1989, Noriega hubiese aceptado la negociación que los norteamericanos le plantearon para salir del poder pacíficamente a cambio de quitarle los cargos que se le imputaban y por los que todavía cumple condena.

Juan Carlos Araúz, presidente encargado del CNA, describió a La Estrella de Panamá , presente en El Renacer, que el ex general habló con aplomo, ‘convencido de corazón' de sus palabras.

‘Creo que su gesto debe ser tomado como un acto encaminado hacia la reconciliación del país con su historia y, como tal, debe ir de la mano de profundas reflexiones… de los caminos que no deben volver a ser recorridos', añadió.

Noriega mostró gran disciplina, aun en su condición de retenido, y no se desvió de su propósito central, ‘pedir perdón, sin ser desviado de ese contundente mensaje', indicó el abogado.

Ezra Ángel, su representante legal, corroboró su interés real y sincero de buscar un canal para comunicar las reflexiones de estos últimos años.

Su mensaje, indicó, ‘está dirigido a todos los panameños'. ‘No solo pide perdón por sus actos sino por toda la gestión militar', aclaró el abogado.

Noriega, recordó, ‘ha sido cristiano toda su vida, es una persona estudiosa, curiosa, su fe es su fortaleza'.

‘Hoy se hace público su arrepentimiento, pero es un sentimiento que abriga desde hace mucho tiempo que ya había compartido con su familia y sus allegados. Ha tenido bastante tiempo para reflexionar y para reconocer los errores cometidos'.

Sus hijas lo han acompañado en este proceso con complacencia y respeto, acotó.

Según Ángel, las declaraciones de Noriega nada tienen que ver con las solicitudes que él adelanta para su excarcelación. ‘Tiene más que la pena máxima cumplida'. ‘Los delitos de lesa humanidad no aplican en el caso de Noriega', recalcó'

En la seguridad de su casa, tal vez pronto, Noriega estaría dispuesto a aclarar otros episodios de su pasado.

25 AÑOS DE PRISIÓN

Los procesos de Manuel A. Noriega

Nicanor Alvarado

Manuel Antonio Noriega, derrocado hace 25 años, ha enfrentado procesos judiciales en Panamá, Francia y Estados Unidos, por blanqueo de capitales, homicidios y narcotráfico. El ex hombre fuerte, que gobernó el país de facto con mano de plomo, ha sido juzgado en persona y en ausencia.

El primer estrado al que respondió fue una corte federal de Tampa, en Estados Unidos, en julio de 1992. El tribunal lo condenó a 40 años de cárcel por ocho delitos (rebajada en 1999 a 17 años). La investigación incluyó los testimonios de 78 personas.

Frente al juez Wiliam Hoelever, Noriega reclamó a la justicia de Estados Unidos en un discurso de cerca de tres horas. ‘El proceso ha sido forzado por aquellos que me temen y que pensaron desacreditarme a través de acusaciones falsas o matarme durante la invasión', declaró.

Tras cumplir 20 años de prisión en Miami, en 2010 la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton aprobó una petición de extradición de Francia (fechada a 2007), para que Noriega enfrentara cargos por blanquear 2.3 millones de euros ($2.5 millones) del cartel de Medellín a través de la compra de tres apartamentos lujosos en París. El Tribunal Correccional lo condenó a siete años de cárcel. El exgeneral dijo que el dinero era una herencia y de su trabajo para la CIA. ‘Soy militar y político, no banquero', dijo.

Con condenas que suman 67 años de prisión, Panamá pidió a Noriega en 2011. El 11 de diciembre de ese año fue trasladado a una celda en El Renacer. La justicia lo había condenado en rebeldía por el asesinato de Hugo Spadafora y del mayor Moisés Giroldi, por la masacre de Albrook y el secuestro del oficial Humberto Macea. También ha sido culpado por corrupción y otro por peculado.

La justicia ha intentado imputarle por la muerte de Heliodoro Portugal, aunque por los acuerdos que consiguieron la extradición al país, los procesos han sido suspendidos. Ya no puede ser juzgado.

Manuel a. Noriega

‘ Pido perdón como el último general de la época militar… por mis superiores jerárquicos y mis subalternos… es hora de cerrar una etapa',

 

Alianza Pro Justicia Pide Que Se Audite La Sala Tercera De La CSJ

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Se solicitó a la Asamblea que remita cuanto antes ‘todo lo avanzado en la investigación contra Benavides a la Procuraduría General de la Nación’. 

Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó que el Ministerio Público pida la colaboración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para proceder a realizar una auditoría externa a todos los procesos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y determinar los casos que conocieron.

Esa petición surge luego que “en los últimos meses el país ha sido estremecido por el escándalo del enriquecimiento injustificado de dos magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”.

En un comunicado la Alianza recordó que el exmagistrado Alejandro Moncada Luna ha sido condenado y cumple en este momento una pena de cárcel por ese delito y recientemente el magistrado Víctor Benavides ha renunciado debido a “graves señalamientos”.

Por tal motivo, se solicitó a la Asamblea Nacional que remita cuanto antes “todo lo avanzado en la investigación contra Benavides a la Procuraduría General de la Nación”.

También se plantea que la Procuraduría General empiece la investigación y “mantenga el secuestro de cuentas bancarias y se procese a este exmagistrado de la Corte Suprema y a todos los que fueron cómplices de estos actos”.

La organización además enfatizó que “todos los magistrados de la CSJ actualicen su Declaración Jurada de Estado Patrimonial ante notario, publiquen en la web del Órgano Judicial y remitan copia a la Contraloría General de la República”.

En estos casos, Alianza indicó que la Contraloría General de la República, el Fiscal de Cuentas y la Unidad de Análisis Financiero asuman sus roles fiscalizadores y colaboren de manera efectiva en esas investigaciones.

 

Un Agrio Veredicto De La Asamblea Contra Benavides

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Si no fuera porque Víctor Benavides renunció el viernes a la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional hubiera discutido ayer la aprehensión de propiedades ‘que iban a salir del comercio' y de un apartamento por $260 mil, comprado con un abono de 50% de golpe.

En el Legislativo presumían que los bienes forman parte del círculo de enriquecimiento injustificado del exjuez que ha sido puesto a la luz tras una denuncia por supuesta venta de fallos que hizo su exescolta Vicente Caballero, desde la prisión.

Aunque el diputado Jorge Alberto Rosas, hasta ayer fiscal de la causa, prefirió no detallar sobre las (hipotéticas) maniobras, antes de despedirse del expediente consiguió agriar la calma que Benavides creyó conseguir con su dimisión: convenció al Tribunal de Garantías de no descongelar el plazo fijo a nombre de Benavides en el Banco Nacional.

Los diputados acordaron enviar el expediente tal cual al Ministerio Público, incluyendo la medida cautelar que pesa sobre la cuenta, que expiró el 25 de mayo pasado con $400,295.

‘Es inhumano', replicó la defensa de Benavides, Ángel Gómez, en una audiencia de dos horas en la que la Asamblea se desentendió formalmente de las pesquisas.

Gómez aludía al artículo 480 del Código Procesal Penal, que fija la desaprehensión de bienes a quien no se le logren imputar cargos.

Héctor Carrasquilla, diputado presidente del tribunal de garantías, ha justificado la decisión en que si bien a Benavides no se le formuló cargos no fue porque no hubieren pruebas, sino porque renunció antes de la audiencia. Se decidió así también ‘en atención a los posibles graves delitos' que pesan sobre el exmagistrado.

Juristas especulan que la investigación pasará ahora a una fiscalía auxiliar, tomando en cuenta el perfil del señalado. ‘Ahora nosotros vamos a probar nuestros argumentos en un ambiente más tranquilo', advirtió Gómez, a su salida del Legislativo.

También ante ese ente la defensa del exmagistrado tendrá que solicitar la desaprehensión de los dineros que, a su juicio, necesita para subsistir ahora que no está en la Corte y que percibe sólo su jubilación ($2,500 por mes, según su declaración patrimonial).

Benavides ha adelantado que pedirá la intervención de un perito contable que determine el origen del dinero que depositó en su cuenta ($96 mil más de lo que ganó entre 2012 y 2014). ‘Aquí sólo se presentó documentos, no hubo peritos', insistió.

En contraste, Carrasquilla y Rosas se mostraron complacidos por cuanto hizo el Legislativo.

‘Ha jugado su papel', sostuvo el exfiscal, antes de partir a una reunión del Panameñismo, en la que la Asamblea, finalmente, se enfocó en el enredo por la presidencia del próximo periodo, y la negociación que de cara a eso adelanta con el PRD, el partido político que llevó a Benavides a la cúpula del poder judicial.

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SALA TERCERA

Auditarán los fallos de Benavides

La magistrada Nelly Cedeño anunció a la Sala Tercera de la Corte que solicitará una auditoría judicial de los expedientes y los bienes en el despacho que ocupó hasta el viernes pasado Víctor Benavides.

El aviso se dio en una reunión extraordinaria este martes, en la que los magistrados debatieron la reorganización de la sala, tras la renuncia de Benavides. Paralelamente, la Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitaba en una carta pública al Ministerio Público (MP) que coordinara con la Corte Suprema una auditoría al despacho del exmagistrado, en el marco de las investigaciones que se le siguen por supuesta venta de fallos.

También, sostiene su directora, Magaly Castillo, la Asamblea debe declarar la imprescriptibilidad de los plazos para investigar a funcionarios acusados de delitos contra el patrimonio del Estado y que esa norma alcance a sus familiares y demás personas que se crea hayan participado del ilícito. Este lunes el MP formuló cargos contra la esposa del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, condenado en marzo pasado a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado.

 

 

Casa Por Cárcel Para Felipe ‘Pipo’ Virzi

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Virzi, que estaba detenido de manera preventiva desde el 3 de junio pasado en la sede de la Dirección de Investigación Policial (DIP), ahora tendrá una medida de casa por cárcel.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

Virzi, que estaba detenido de manera preventiva desde el 3 de junio pasado en la sede de la Dirección de Investigación Policial (DIP), ahora tendrá una medida de casa por cárcel.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

Virzi, que estaba detenido de manera preventiva desde el 3 de junio pasado en la sede de la Dirección de Investigación Policial (DIP), ahora tendrá una medida de casa por cárcel.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

 Virzi, que estaba detenido de manera preventiva desde el 3 de junio pasado en la sede de la Dirección de Investigación Policial (DIP), ahora tendrá una medida de casa por cárcel.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

Virzi, que estaba detenido de manera preventiva desde el 3 de junio pasado en la sede de la Dirección de Investigación Policial (DIP), ahora tendrá una medida de casa por cárcel.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

 Virzi, que estaba detenido de manera preventiva desde el 3 de junio pasado en la sede de la Dirección de Investigación Policial (DIP), ahora tendrá una medida de casa por cárcel.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

Virzi, que estaba detenido de manera preventiva desde el 3 de junio pasado en la sede de la Dirección de Investigación Policial (DIP), ahora tendrá una medida de casa por cárcel.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

 

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleika Moore, le formuló cargos a Virzi por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, en el caso del fallido proyecto del sistema de riego en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Precisamente el exvicepresidente del país (1994-1999) fue llevado poco antes del mediodía del lunes –bajo estrictas medidas de seguridad –a dicha fiscalía, para notificarse del cambio de medida cautelar. En esa oficina judicial permaneció una hora.

En el expediente que tramita la fiscal Moore, Virzi anotó que reside en la finca Cañazilla, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya, provincia de Veraguas.

Según las investigaciones que adelanta Moore, Virzi recibió al menos $10 millones de la constructora ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), tras la firma del contrato sobre el proyecto de Tonosí con el Estado en 2012.  

Luego de recibir los pagos de H&H, Virzi hizo consignaciones millonarias a cuentas de allegados al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su ampliación de indagatoria del 16 de junio pasado, Virzi fue claro al señalar ante la fiscalía a su socio Ricardo Ricky Calvo como la persona que distribuía los pagos que el expresidente Martinelli ordenaba girar provenientes de fondos de H&H.

También apuntó hacia Martinelli, a quien identificó como el que "presionaba" y daba "instrucciones" a qué personas había que hacerles los pagos de la empresa encargada del proyecto.

 

“Ricky” Calvo, El Hombre Bisagra

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Ricardo Alberto Calvo Latorraca tuvo tanta influencia en algunas decisiones que se tomaron en la máxima magistratura del país que hasta llegaron a llamarlo ‘el décimo magistrado’.

En palabras de Alvin Weeden, ex contralor de la República, Calvo era quien salía a ‘mercadear’ el manejo de los casos a cambio de compensaciones económicas.

Es así como se ganó su segundo apodo: ‘el hombre bisagra’.

El vínculo de ‘Ricky’ en el Órgano Judicial era su amigo y compadre de Alejandro Moncada Luna, hoy en prisión por blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos.

‘El magistrado Alejandro Moncada Luna tenía su décimo magistrado’, corroboró Weeden para recalcar que en la Corte pesaba una opinión más, junto con la de los nueve titulares nombrados por ley.

‘En la época de Ricardo Martinelli le decían así (el décimo magistrado) porque hacía como quería en la Corte’, añadió a La Estrella de Panamá un jurista que le conoce. ‘Era una persona peligrosa, capaz de hacer cualquier cosa’, añadió.

Era ‘Ricky’ el que asesoraba a Moncada Luna para desarrollar millonarios contratos con sobreprecios que le permitieron obtener los recursos para pagar los apartamentos que adquirió en el Ocean Sky y en el PH Santorini, valorados en $1.7 millones, muy por encima de su capacidad económica.

Documentos a los que ha tenido acceso este diario apuntan a que de la cuenta con terminación 3984 de Summer Venture Inc., cuyos firmantes fueron Felipe Alejandro Virzi y Ricardo Calvo, se giraron tres cheques por $380 mil para Desarrollo Coco del Mar (PH-Santorini) con los que se abonó la cuenta de los apartamentos de Moncada Luna.

Informes de la Unidad de Análisis Financiero consultados por este medio vinculan directamente a Calvo Latorraca con el caso.

Durante una indagatoria en el Ministerio Público, Virzi reveló que Calvo Latorraca es el dueño de la cuenta de Summer Venture, sociedad que se ha visto señalada en otros escándalos de corrupción como el caso de Cobranzas del Istmo, S.A., que ganó millonarias comisiones ilegales a través de un contrato fraudulento con el Estado. La Estrella de Panamá conoció que parte de los dineros pagados por el Ministerio de Economía y Finanzas a la empresa de Cristóbal Salerno por la gestión de cobro de impuestos morosos se movilizó a través de una red de transferencias y cheques hasta llegar a la cuenta de Summer Venture Inc.

Summer Venture recibió $260 mil el 6 de febrero de 2014 mediante el cheque 000760 de Langton International, donde Cristóbal Salerno depositaba las comisiones que recibía por la gestión de cobro de impuestos morosos de Cobranzas del Istmo, S.A.

FICHA DEL ‘CÍRCULO CERO’

Calvo Latorraca, de 45 años de edad, era también una ficha clave entre los miembros del llamado ‘círculo cero’ del expresidente Ricardo Martinelli.

Felipe Virzi, empresario y exvicepresidente que tiene una medida cautelar de casa por cárcel por delito contra la administración pública y blanqueo de capitales, declaró que fue ‘‘Ricky” quien se encargó de distribuir los pagos que Martinelli ordenó girar a un listado de personas de las comisiones del fallido proyecto de Riego de Tonosí, que está siendo investigado por presunto delito contra la administración pública.

‘El presidente le mandaba la lista y (le enviaba) las instrucciones a mi oficina y las recibía Calvo Latorraca’, explicó Virzi.

Al empresario también se le ha vinculado con el millonario negocio que representó la construcción de Centros de Atención Primaria para la Salud (Minsa-Capsi), otorgados durante la pasada administración.

EL CONSORCIO HPC – P&V

A través del consorcio HPC-Contratas-P&V construyeron el Minsa-Capsi de Macaracas, provincia de Los Santos, a un costo final de $16 millones, cuando inicialmente se presupuestó en $11.6 millones .

A este grupo de constructores también se le adjudicó la construcción del Minsa-Capsi de Tortí con un costo de $17 millones; el de Dolega, por $12.7 millones; y el de Nueva Italia, en Colón, por $14.2 millones.

Las cuatro obras de salud experimentaron adendas de entre el 39% y 75%.

El grupo empresarial está integrado por las firmas HPC Panamá, Soluciones Arquitectónicas (Costa Rica), P&V (Panamá), Heliopol (España) y Quality Construction (Puerto Rico).

Curiosamente, la empresa panameña P&V, cuyos primeros dignatarios fueron Claudio Poma Murialdo, M.O.Q. y Ricardo Calvo, fue creada el 29 de octubre de 2009, tres meses después de que la administración de Ricardo Martinelli, que se caracterizó por un agresivo plan de infraestructura pública, asumiera el poder político del país.

Y hay más. El consorcio HPC Contratas – P&V, a quien la Caja de Ahorros le adjudicó una línea de crédito por $9 millones para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, y la empresa Mediprex Investiment, que se encarga de supervisar las obras que se construyeron en la Corte Suprema de Justicia durante la administración de Alejandro Moncada Luna, tienen en común los mismos firmantes en sus cuentas.

EL NEXO CON ‘RICKY’

Los informes con los que cuenta el diario revelan que el consorcio tiene ocho cuentas en el recién intervenido Banco Universal, cuyo mayor accionista es Felipe Virzi.

En estas cuentas los firmantes son M.O.Q. y Claudio Poma, socios de Calvo Latorraca en la constructora P&V.

Mientras que Mediprex Investment tiene la cuenta con terminación 2723 en el Banco Universal, cuyos firmantes son Claudio Poma y M.O.Q.

Esta empresa se encargaría de supervisar las contrataciones directas que otorgó el máximo tribunal de justicia mientras era presidente Alejandro Moncada Luna a las empresas CEMI Group, ingeniería KMT, S.A.y All Caribean Construction LTD.

Como firmantes de las cuentas de estas empresas aparecen también Claudio Poma y M.O.Q.

¿CONTRATOS AMAÑADOS?

En su momento, la Alianza Ciudadana pro Justicia interpuso una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la adjudicación directa a la empresa CEMI Group que se encargó de la rehabilitación y equipamiento del edificio 351 que alberga los juzgados de familia, antiguo edificio Ifarhu-Emberá.

La denuncia penal era contra quienes resultaran responsables por la posible violación de normas penales, entre ellas la de ‘fraude en los actos de contratación pública’, que se evidencia en dato falso adherido a un informe técnico.

Según el documento, CEMI contaba con experiencia en el mercado por haber participado en la construcción de gran variedad de proyectos y remodelaciones, y entregarlos en tiempos menores al estipulado, entre otras ventajas.

No obstante, se pudo constatar que dicha empresa solo tenía un año de haber sido inscrita en el Registro Público y meses de que la Junta Técnica del Ministerio de Obras Públicas le otorgara la resolución de operación.

OTRA ADJUDICACIÓN CUESTIONADA

En la misma administración de Moncada Luna también se adjudicó el contrato para la elaboración del diseño de las especificaciones, planos finales y construcción, y equipamiento del edificio que alberga diez salas de audiencia en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita por un monto de $4.9 millones.

El informe técnico describe que la empresa de ingeniería KMT resultó la más apropiada para la tarea porque contaba ‘con 10 años de experiencia en construcción’ y se ha destacado por su experiencia en diseño, construcción, supervisión de proyectos con montos de más de $10 millones.

Sin embargo, fue el 27 de abril de 2012 cuando Ingeniería KMT se registró en el Ministerio de Comercio para iniciar operaciones, por lo que solo ha transcurrido un año, y no diez, como se afirma en el Informe Técnico.

TÍO PIPO, EL MENTOR

‘Ricky’ es un pupilo de Felipe Virzi. En una declaración jurada ante la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleika Moore, Virzi señaló que desde que tenía entre 18 y 20 años ‘‘Ricky” trabajaba con él. ‘Era como mi hijo’, manifestó el empresario y exvicepresidente.

Calvo Latorraca ha inscrito dieciséis sociedades anónimas, según consta en los anales públicos. Ha hecho negocios con prominentes empresarios, aunque sus socios más comunes, recurrentes en las sociedades en las que figura como titular, son Felipe Alejandro Virzi, Elvira María Virzi y Gabriel Btesh. Quienes lo conocen aseguran que es una persona desbocada, un defecto que lo ha metido un problemas.

Actualmente el paradero de Calvo Latorraca es desconocido, aunque se especula que se encuentra en España o en Estado Unidos.

La semana pasada, La Estrella de Panamá dio a conocer que el empresario ha sido llamado a rendir indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, involucrado en la investigación que se sigue al exmagistrado Moncada Luna.

Harry Díaz: ‘Cucalón Se Entendía Directamente Con Martinelli’

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Y es que entre 2009 y 2010, antes de ser nombrado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Díaz fue coordinador jurídico del entonces viceministro de Finanzas y actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia.

Incluso, formó parte de la comisión evaluadora que aprobó los requisitos previos de Cobranzas del Istmo, S.A. para ser contratada.  Mostró los dos informes que presentó, la Ley 49 de 2009 que reformó el Código Fiscal y el contrato en el que asegura no tuvo participación. El magistrado no estaba de acuerdo con la contratación de empresas privadas para cobrar impuestos.

Hasta ahora, el magistrado había guardado silencio respecto a la investigación que se sigue a Cobranzas del Istmo por irregularidades, coimas y peculado. Pero al ser mencionado por Luis Cucalón, exdirector general de Ingresos, decidió despejar dudas y, entre otros aspectos, resaltó que Cucalón se manejaba directamente con el expresidente Ricardo Martinelli.  

¿Usted ha sido mencionado en el caso de Cobranzas del Istmo, ¿cuál fue su participación en el contrato?

"Son términos sensacionalistas que da la impresión que uno tiene participación o que está involucrado o beneficiado en el tema de Cobranzas del Istmo. Mi posición es que no estaba de acuerdo con la tercerización; pero yo no era el que tenía que tomar las decisiones, era un asesor más, era el coordinador jurídico del despacho superior del Viceministerio de Economía. Mi planteamiento era muy sencillo: si el Estado con toda su infraestructura no puede hacer un cobro, difícilmente podía hacerlo un tercero. Eso iba a permitir una ventana que podía ocasionar que se cometieran actos irregulares, como aparentemente ha sucedido. La iniciativa de la tercerización era exclusivamente para cuentas incobrables, no solo que estuviesen morosas, sino que la DGI hubiera hecho las gestiones reales para su cobro y que las mismas no fuesen satisfechas a favor del Estado. Para eso era la tercerización, la ley era muy clara al modificarse con la ley 49 de 2009, donde se permitía contratar gestores de cobro para estos fines. El contrato habla de porcentajes que iban desde el 15% hasta el 30%, dependiendo de los años en que esta morosidad se daba. Tengo entendido que luego hubo una adenda en donde todo quedó amarrado al 30%. Mi participación era en calidad de testigo de la comisión evaluadora de la que fui parte y lo único que teníamos que ver era los requisitos mínimos, pero no la ejecución del contrato".

No estaba de acuerdo con la tercerización, ¿por qué se hizo?

"Se hizo una consultoría internacional donde recomendaron bajar la cartera morosa, pero que se hiciese a través de una tercerización. Por supuesto, expliqué por qué no estaba de acuerdo, pero el tema es que ya se había tomado la decisión de que se hiciese para las cuentas incobrables. Ya yo vislumbraba que esto iba causar una ventana a la corrupción. He estado en muchas posiciones jurídicas y cuando se crean este tipo de situaciones, generalmente es más contraproducente que beneficioso. Mi posición era que se tenían que crear más funcionarios de jurisdicción coactiva".

Amplíeme eso de crear funcionarios de jurisdicción coactiva.

"La jurisdicción coactiva es la facultad que tiene el Estado en muchas de sus instituciones para las cobranzas. Había que incrementar eso a efectos de tratar de cobrar las cuentas incobrables. El problema es, por lo que veo en los diferentes medios de comunicación, sobre todo lo que ha ocurrido con Tocumen, S.A., cobrarle a una institución estatal es sacar de un bolsillo del pantalón para ponerlo en otro. Solo que en esta ocasión costó 30% de una comisión de Cobranzas del Istmo. Esto no le conviene al Estado. Además, cuál es el grado de cuenta incobrable de una entidad del Estado: ninguno. Falta ver qué otras cuentas se le ha dado a Cobranzas del Istmo. Me llama la atención que algunas personas han mencionado en los medios de comunicación que cuando iban a la Dirección General de Ingresos a preguntar por sus impuestos les decían que tenían que ir a Cobranzas del Istmo. La pregunta es si le dieron no solamente cuentas incobrables, sino que se hizo una apertura de todo tipo de morosidad, aun cuando no hubiera un intento de cobro efectivo por la DGI y eso se trata de una mala ejecución del contrato. También sé que el actual ministro de Economía y Finanzas (Dulcidio De La Guardia) lo que está mencionando es que no se cumplió con la ley de contrataciones como exigía la ley 49. Allí dice que se tiene que cumplir con la excepción de acto público: aquí hubo una contratación directa y eso debió tener la excepción de acto público, por lo menos del Gabinete".

La ley hablaba de crear gestores, no se limitaba solo una empresa. ¿Por qué solo se contrata a Cobranzas del Istmo?

"Realmente no lo entiendo. Los requisitos mínimos eran de por lo menos tener tres años de experiencia en cobros y había que dar una garantía bancaria de solvencia de más o menos $500 mil. Esos eran los dos requisitos fundamentales. Dudo mucho que no haya otra empresa que califique para esto. Yo sí pregunté qué es lo que pasaba y el propio Cucalón me dijo a mí que esa era la única empresa que había calificado, cosa que me extraña y me llama mucho la atención. Esta iniciativa fue para tener varias empresas cobrando cuentas incobrables".

¿Cuántos asesores o abogados vieron la documentación para el contrato de Cobranzas del Istmo?

"Eramos cuatro. Lo que pasa es que Cobranzas del Istmo fue la primera que aplicó y yo salí en diciembre de 2010. Me tocó solamente ver ese caso, no se nos presentó ninguna otra. De allí en adelante, cualquier empresa podía presentar propuesta para cobrar. Desconozco si otras empresas participaron".

¿Cobranzas del Istmo sí cumplía con los requisitos, de acuerdo a lo que usted pudo evaluar?

"Sí. Nosotros hicimos una primera evaluación, faltaron algunos temas iniciales que fueron completados posteriormente. Era documentación. La normativa contractual no era el problema. El primer problema es que no se cumplió con la ley de contrataciones públicas, es decir, esto es que aparentemente, y lo veo en el contrato que está firmado solamente por el representante de Cobranzas del Istmo (Magaly Ramos), Luis Cucalón y refrendado de forma directa por la contralora (Gioconda de Bianchini), no requirió de la excepción de acto público del Gabinete. Esto obviamente iba a ser un monto mayor de $250 mil. Por otro lado, veo el tema de la ejecución contractual. Si se dio más allá de una cartera incobrable, eso no es lo que establecía la ley y eso no es lo que se entendía".

¿Se cambió el término de incobrable a moroso?

"Ese es el tema. Siempre se habló de cuenta incobrable. Porque si fuera cobrable el Estado no necesita que nadie tercerice esto. Se entendía claramente, era cartera incobrable. Al poner cuentas morosas solamente, es decir, que fuese por el tiempo que estuviese sin pagar, 12 meses para muchas empresas es prácticamente nada".

¿Había muchos vínculos entre el MEF, la Dirección General de Ingresos y Cobranzas del Istmo?

"No tengo idea de eso. Yo no conozco al señor (Cristóbal) Salerno. Sí me acuerdo que en ese tiempo Cucalón me dice que esta empresa es de Tobín Salerno y no lo conozco. No tengo idea de quién es el señor hasta que veo que sale a relucir en los medios de comunicación".

Su opinión de Luis Cucalón. ¿Cómo era su relación con él y cómo actuaba en relación con este tema de las cuentas incobrables?

"No tenía una mala relación con él. Pero empecé a conocerlo porque se me llama para decirme que por favor tratara de hablar y de pedirle a Cucalón que dejara de tratar de forma soez, autoritaria, burda, porque existían muchas quejas de los contribuyentes. Obviamente, me tocaba decirle 'tú no puedes estar tratando a las personas de esta manera porque hay muchas quejas'. Lamentablemente, cada quien tiene su personalidad y el señor es muy folclórico en la forma como se expresa".

¿Era muy grosero con los contribuyentes?

 "Eso es lo que dicen los contribuyentes, que era muy grosero. O que era autoritario que decía 'esto se va cobrar de mi forro' y este tipo de expresiones. No le hacía caso al viceministro de Finanzas, en ese tiempo Dulcidio De La Guardia, precisamente porque ya había desarrollado una conexión directa con Ricardo Martinelli. Entonces cuando existían este tipo de problemas, prácticamente no se le podía decir nada. Sí, me acuerdo haber hablado una vez sobre el tema y me dijeron que este señor estaba fuera del alcance del mismo ministro porque se entendía directamente con el presidente Ricardo Martinelli. Era un poquito difícil tratar de encasillarlo en la conducta de un funcionario, se sentía que estaba por encima del ministro y el viceministro".

Su opinión de Cristóbal Salerno.

"No tengo idea, no lo conozco. Nada más que lo he escuchado en los medios de comunicación. Tengo entendido que es un empresario, pero realmente no lo conozco".

¿Estaría dispuesto a ir a declarar a la fiscalía?

"No tengo problema en decir la verdad, como se lo estoy diciendo a usted ahora mismo. Además, tengo conocimiento de que la fiscal Tania Sterling desestimó mi testimonio. Me imagino que que lo desestimó porque está viendo que participé en la comisión evaluadora para los requisitos mínimos de un contrato y lo que hay aquí es la mala ejecución de un contrato que ha traído como consecuencia un detrimento a las arcas del Estado. Son dos cosas muy distintas. Me sorprende que la defensa de Cucalón me haya citado a mí de testigo para este asunto".

 ¿Una cosa es lo que dice la ley y la evaluación previa, y la otra es lo que se ejecutó en el contrato?

"Es correcto. Una cosa es la ley, los requisitos mínimos y otra es que en la ejecución del contrato se haya dado cartera que no cumplía como cuentas incobrables".

¿Tiene su conciencia tranquila?

"Por supuesto, y no tengo ningún inconveniente en que me llamen a rendir testimonio. Es más posiblemente por esta declaración que estoy dando, me van a tener que llamar como testigo".

¿Acudiría personalmente o enviaría su cuestionario?

"Depende, porque acuérdense que estamos llenos de audiencias y demás. Y eso toma cinco, seis horas, dependiendo de la declaración. Si se puede, con mucho gusto voy, si no se tendría que rendir por escrito porque no podemos dejar de faltar a las audiencias".

 ¿Cree que al mencionarlo a usted y a Dulcidio De La Guardia pretendía Cucalón crear un morbo alrededor del caso?

 "La verdad no sé qué está buscando Cucalón con esto, porque Dulcidio De La Guardia también fue llamado como testigo, no está acusado ni indagado”.

 

 

Benavides Tendrá Que Justificar Ante La Justicia Bienes Por $1 Millón

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Los problemas con la justicia de Víctor Benavides, quien la semana renunció a una magistratura de la Corte Suprema, no concluyen con su decisión de abandonar el Órgano Judicial.

El exmagistrado veragüense, denunciado por venta de fallos, tendrá que justificar cómo logró acumular bienes, dinero en efectivo y otros activos por un monto que ronda el millón de dólares.

Una vez se realice, mañana, la reunión de la Subcomisión de Credenciales en el proceso que se le sigue al exmagistrado, los tres diputados —Héctor Carrasquilla, Ana Matilde Gómez y Katleen Levy— tendrán que definir la solicitud que hará la Comisión de Credenciales.

Los nueve integrantes de la Comisión de Credenciales tendrán la tarea de definir cómo y cuándo se remitirá al Ministerio Público todo lo que hasta la fecha había investigado la Fiscalía a cargo del diputado Jorge Alberto Rosas.

LOS BIENES SOSPECHOSOS

A solicitud de la fiscalía, al exmagistrado Benavides se le aprehendió la cuenta de plazo fijo 05343 que mantenía en el Banco Nacional de Panamá, por un monto $424 mil.

Además, hay información de que el exmagistrado mantiene una propiedad de $260 mil por la cual habría pagado $130 mil. A esto se suman otras tres propiedades (residencias) en Santiago de Veraguas, que el exmagistrado habría adquirido a través de sus sobrinos (hijos de sus hermanas).

INGRESOS DE BENAVIDES

Al sumar el plazo fijo y las demás propiedades, los bienes de Benavides, conocidos por el momento, rondan un monto de un millón de dólares.

Los bienes fueron adquiridos en el periodo en el cual Benavides ocupaba el cargo de magistrado, mismo periodo en el cual recibió ingresos por $1.2 millones, a razón de $120 mil en ingresos brutos anuales por salario de magistrado, sin las deducciones correspondientes que cualquier funcionario o trabajador debe pagar.

A estos ingresos se les sumarían $2,500 mensuales que el magistrado habría recibido en concepto de jubilación más el canon por la renta de un apartamento de su propiedad en Chanis.

NUEVO PROCESO

Por tratarse de una persona que ya no es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia al cargo, el expediente debe ser remitido al Ministerio Público para que se le de trámite por los delitos, dijo José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Al Benavides se le investigó por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos, pero el proceso no concluyó, la Asamblea Nacional debió suspenderlo tras su renuncia. Originalmente, se le había acusado por corrupción de menores y pedofilia, pero no se lograron los testimonios que pudieran demostrar estos delitos, razón por la que la fiscalía no pudo imputarle el cargo.

Paralelamente, el pleno de la Corte planea un pleno extraordinario para designar como reemplazo temporal a Nelly Cedeño, magistrada suplente que deberá asumir el cargo hasta que el presidente Juan Carlos Varela designe al nuevo magistrado.

 

Piden A La Corte Celeridad Con El Caso Benavides

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‘El magistrado está siendo víctima de una persona y no sé con qué fin', aseguró ayer con un soplo de hartazgo su defensor, Ángel Gómez, un día después de recurrir a la Corte Suprema, en un intento por frenar el proceso judicial que llegará el martes a la audiencia de imputación de cargos.

Gómez presentó por la tarde de este miércoles un amparo de garantías contra la decisión de la Comisión de Credenciales de designar a Héctor Carrasquilla (de CD), Kathleen Levy (Panameñista) y Ana Matilde Gómez (independiente) como jueces de garantías en el caso.

El argumento es el mismo que el de otros dos recursos elevados el martes a última hora: se violó el derecho de defensa del magistrado, al no citarle para la admisión de la denuncia ni para la elección del fiscal Jorge Alberto Rosas.

‘Eso no tiene ningún fundamento', ha planteado el abogado Ernesto Cedeño, quien sostiene que el que no fuera invitado a estos actos no cercenó al magistrado la oportunidad de defenderse. Para el jurista, de hecho, es tarde para que Benavides interponga amparos de este tipo.

La Corte recibió los recursos 41 días después de la admisión de la denuncia contra Benavides por supuesta venta de fallos y pedofilia. La designación de Rosas y del tribunal de garantías se hizo hace un mes.

Annette Planells, del Movimiento de Independientes (Movin), ha pedido a la Corte que decida los recursos de Benavides con la misma celeridad que en el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, sometido a un proceso por enriquecimiento injustificado.

‘No esperaríamos menos', insiste, antes de considerar que la estrategia del magistrado es dilatar el proceso para evitar la imputación de cargos.

‘Sentimos que la justicia tiene que ser más expedita. Entre la solicitud y la celebración de la audiencia hay una semana', mucho tiempo, arguye, en comparación con la velocidad con la que los políticos trataron el affaire Moncada Luna.

Cedeño coincide con el hecho de que la Corte debe actuar en tiempo por la simple lógica de transparencia. ‘Hay que evitar suspicacias', insiste. Y más porque, a diferencia de Moncada Luna, Benavides es magistrado en funciones.

 

Lo Que Sobraba Era Plata´

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Entre el 20 de julio de 2009 y el 20 de enero de 2012, el gobierno de Ricardo Martinelli realizó cinco procesos de licitación para mostrarle a la opinión pública que la adjudicación del contrato para el Riego de Tonosí [$155 millones] era transparente y apegado a la Ley de Contrataciones Públicas.

No escatimaron esfuerzos para, en apariencia, revestir de legalidad el proceso. El 20 de julio de 2009, con apenas 20 días de haber asumido el poder, el gobierno del cambio publicó en Panamá Compra el pliego de licitación del estudio, diseño y construcción de la obra. El 11 de agosto de ese mismo año se dio a conocer que ocho empresas se interesaron por la propuesta.

El 14 de septiembre de 2011, la Dirección de Contrataciones Públicas ordenó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) hacer una nueva convocatoria para la licitación que estaba programada para el 20 de noviembre de 2011, a raíz de las quejas de dos empresas interesadas en la iniciativa, Constructora Meco y Globetec Panamá.

El proceso siguió andando. El 15 de diciembre de 2011, se recibieron las propuestas de Norberto Odebrecht, SNC Lavalin Meco e Hidalgo & Hidalgo. Y el 20 de enero de 2012 se dio el gran anuncio: el Mida adjudicó la obra a Hidalgo & Hidalgo.

‘CUADRADO’

Pero, en palabras del comerciante y exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, todo estaba “cuadrado” para que la empresa ecuatoriana desarrollara la megaobra. Así lo reveló a la Fiscalía Tercera Anticorrupción el pasado 16 de junio en la ampliación de su indagatoria.

Era 2010. Virzi, acude al palacio de las Garzas a hablar con el presidente Ricardo Martinelli. No se acuerda del mes y el día. Sí narró que la negociación ocurrió en la noche. Inició a las 9:00 p.m. “Él [Martinelli] estaba en una reunión y los que estaban en la oficina salieron cuando entré y conversé con él, ahí nos quedamos hasta las 12:00 a.m.”, contó.

Expandir ImagenDeclaración del testigo

“El presidente me dijo que tenía la plata para eso y para más, porque lo que sobraba era plata”, manifestó el empresario cuando le recuerda al Ministerio Público el episodio en que acordó con el Presidente de la República los detalles de la obra.

— “¿Se le indicó a usted en que tiempo se iba a abrir la licitación?”, se le preguntó.  

Él respondió: “Yo sabía que la licitación iba en camino, ya la empresa estaba preparada para ello, esa empresa había invertido para participar en eso. Ya eso estaba cuadrado, yo solo fui a buscar la bendición”.

Virzi, de acuerdo a documentos del Ministerio Público a los que tuvo acceso a este medio, antes de ir a hablar con Martinelli ya había trazado una estrategia con Porfirio Ellis, excandidato a diputado por el circuito 9-1 (Santiago) del partido Cambio Democrático en las elecciones del 2014, sobre cómo impulsar el negocio.

“Yo soy conocido de toda la vida de Profirio Ellis, atinadamente sabía que yo podía hacer el proyecto, por conocer del tema, él fue quien me buscó a mí, creo que en el año 2010. Revisamos el proyecto el tenía documentos que yo revisé porque era un proyecto en el que yo estaba interesado (…) la última vez que conversamos [sobre la obra] fue en Manolo de Obarrio, recuerdo muy bien que después de esa conversación salí directamente para la Presidencia”, dijo.

Luego da detalles de la compañía que ya habían escogido para ejecutar la iniciativa. “Yo tenía la empresa para realizar el proyecto (…), la empresa número uno de Ecuador, la empresa H&H…”, narró.

Dijo además que Hidalgo & Hidalgo fue ubicada a través de Ellis. “Ellos ya habían participado de otros proyectos importantes como la carretera Divisa-Las Tablas, pero no habían alcanzado la adjudicación del proyecto”, expuso.

Agregó que Ellis era el que tenía conversación directa con H&H.

Detalló que contrató a Luis Vargas para que en su nombre negociara con el conglomerado ecuatoriano. Vargas, dijo, obtuvo “de manera profesional y beneficiosa para mí” un contrato de servicios profesionales con la H&H.

En voz de Virzi, Ellis, era poderoso. “Él era medio asesor del presidente Ricardo Martinelli, era asesor político, se encargaba de inscribir a las personas en el partido [Cambio Democrático], tenía un poder enorme”, narró Virzi cuando la fiscal le consultó “a cuenta de qué Porfirio Ellis gestionaba este proyecto”. 

Ellis, a través de su cuenta de Twitter, ha negado cualquier vinculación con el escándalo de H&H.

LOS BENEFICIOS

Cuando se le consulta por los beneficios que tuvo una vez que se otorgó el contrato, Virzi afirmó: “Si recibí exactamente no le puedo decir, creo que fue alrededor de $500 mil. Quiero decirle, señora fiscal, que cuando tuvo lugar el asunto de las instrucciones, me ofendí, y le dije [a Martinelli]: ‘te quedaste con la limosna, la alcancía, y el santo, de ahí me desligué del tema’”.

Dio más detalles de pagos efectuados, luego que la fiscal lo interrogara por ese tema. Mencionó que el cheque 57695 fue para la fundación Ricala, que pertenece a Ricardo Calvo Latorraca. No especificó el monto. Calvo, de acuerdo al comerciante, era la persona que recibía las instrucciones de Martinelli sobre cómo se tenían que distribuir los pagos de un contrato que obtuvo con H&H.

También manifestó que el cheque 57711 fue expedido a Gabriel Btesh. Tampoco mencionó montos, pero investigaciones judiciales adelantadas por este caso han revelado que Btesh recibió $360 mil. “Sería alguna transacción mía con él, por los negocios que teníamos juntos”, explicó Virzi.

Además habló de otro pago emitido a Ricardo Pérez, y a una empresa de nombre Data Life. Al igual que en los casos anteriores no aclaró la suma. En cambio sí dijo que había expedido el cheque 1213371 al exministro del Mida, Óscar Osorio. “Me solicitó que quería arreglarle un carro a la hija, le pregunté cuánto necesitaba…me dijo que se graduaba, que se casaba, una vaina de esas, y le presté..más que un regalo, la suma de $30 mil”.

Las investigaciones del Ministerio Público también han determinado que la promotora de Desarrollo Los Andes S.A. recibió $500 mil. Está empresa está vinculada al expresidente Martinelli.

Mientras que Abdiel Atencio, exdirector Nacional de Ingeniería Rural y Riego, obtuvo otros $20 mil.

Virzi, investigado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales por este caso, narró que una vez se hizo el primer pago acordado en el contrato suyo con H&H, inician las presiones por parte de Martinelli. Llegaron las instrucciones sobre como distribuir el dinero. De acuerdo a investigaciones del Ministerio Público, el exvicepresidente recibió un cheque por $5 millones el 9 de agosto de 2012.

Recibió otro pago a través de una transferencia por $5 millones. Ambos pagos fueron depositados en una cuenta de Summer Venture Inc. en el Banco Universal, propiedad de la familia Virzi y que actualmente se encuentra bajo control administrativo y operativo de la Superintencia de Bancos de Panamá por violar disposiciones de este ente regulador del sistema bancario.