Testigo Del Ministerio Público Sufre Atentado

La camioneta blindada resistió los cinco impactos de bala que recibió en el costado derecho, en la parte trasera y en la ventana del copiloto, donde viajaba el testigo. 

El testigo del Ministerio Público (MP) –identificado con el alias “Euro-14”, que puso al descubierto la trama de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) bajo la administración de Rafael Guardia Jaén– sufrió un atentado la mañana del pasado viernes cuando se dirigía a Albrook.

La camioneta en la que se desplazaba –junto a su conductor– recibió, al menos, cinco disparos, entre ellos en la ventana del copiloto, por parte de dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta sin placa en el trayecto de El Dorado-Albrook (ver fotografías).

El testigo, que debía declarar mañana en el escándalo por el negociado en la compra de los granos, resultó ileso en el ataque, debido a que la camioneta fue blindada en febrero pasado, justamente cuando denunció ante el MP el ‘modus operandi’ en los millonarios contratos del PAN.

Luego de las detonaciones hechas por los agresores, la camioneta impactó contra un pilote del paso vehicular elevado que conecta con Clayton. El hecho lo investiga Criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). El conductor del vehículo tampoco resultó herido.

Tras el atentado, el testigo volvió a abandonar el país. Ya en marzo había denunciado públicamente amenazas de muerte que también lo obligaron a irse al extranjero.

“No solo yo he recibido amenazas, sino también mi familia… Las autoridades tienen conocimiento… Una de las llamadas la recibí estando conmigo un miembro del Consejo de Seguridad”, declaró por entonces el testigo, responsabilizando directamente a Guardia Jaén por cualquier cosa que le pasara a él o a sus parientes.

Igualmente, se quejó porque el MP le retiró la seguridad “sin ninguna explicación”. “Me he sentido traicionado por el Ministerio Público porque me habían prometido seguridad para mí y mi familia”, dijo.

ACCIONES

El padre del testigo notarió ayer una declaración jurada en la que advierte que “los posibles atentados contra la vida de mi hijo, la alertó el Consejo de Seguridad en aquellos momentos en que mi hijo todavía recibía protección del Servicio de Protección Institucional”.

En el documento también deja constancia que su hijo regresó al país tras ser citado por la Fiscalía Primera Anticorrupción –a cargo de Tania Sterling–, quien había prometido asignarle un custodio, lo cual no ocurrió, dijo el declarante. 

Dos días antes del atentado, allegados al testigo insistieron ante el MP que era necesario brindarle protección, pero no recibieron respuesta alguna.

DILIGENCIA JUDICIAL

“Euro-14” debía asistir mañana a la Fiscalía Primera Anticorrupción a declarar por los contratos para la compra de granos que se otorgaron entre los años 2012 y 2014, por unos 5 millones de dólares.

Por este caso están imputadas 32 personas, entre ellas, Adolfo "Chichi" De Obarrio, secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli; Gioconda Torres de Bianchini, excontralora; Mario Martinelli, hermano del exmandatario; Roberto Brin, jefe de Compras del Súper 99, Ángel Famiglietti, exfuncionario del PAN, y Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas, este último con detención preventiva.

Como parte de estas investigaciones permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien ayer fue hospitalizado.

 

Las Ramificaciones Del Caso Del Exmagistrado Moncada Luna

El acuerdo al que llegó el exmagistrado Alejandro Moncada Luna con la Asamblea Nacional para evitar juicio por los cuatro delitos que se le imputaron en octubre de 2014 dejó una cola larga.

Al hacerse responsable de enriquecimiento injustificado y falsificación de documento, dos de los cuatro delitos que se le atribuyeron, dejó pendientes las acusaciones por blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos, por los que el fiscal de su causa ya había recogido pruebas.

Ha sido la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Nahaniel Murgas, la que ahora adelanta una investigación contra doce personas vinculadas al caso Moncada Luna, al parecer por el delito de blanqueo de capitales por el que no se juzgó al exmagistrado, quien purga una condenada de 60 meses de prisión en la cárcel El Renacer.

Por esta investigación hay cuatro personas bajo la medida de prisión preventiva, todas relacionadas con empresas o sociedades que transfirieron millonarias sumas de dinero a las cuentas del exmagistrado, con las que se cree adquirió dos apartamentos en Coco del Mar, valorados en $1.7 millones. Al parecer, el modo de operación era favorecer a los empresarios con millonarios contratos de la Corte Suprema de Justicia, con la condición de repartir los montos. Por este caso cumple también medida cautelar de casa por cárcel la esposa del exmagistrado, María del Pilar de Moncada Luna.

En la lista de los indagados del fiscal Murgas se encuentran miembros del círculo empresarial cercano al expresidente Ricardo Martinelli como Ricardo Calvo Latorraca y Felipe Virzi (exvicepresidente de la República).

 

Peligra Nuevo Fuero Electoral De Ricardo Martinelli

El expresidente Ricardo Martinelli está fuera del país desde el 28 de enero de 2015. 

El Tribunal Electoral (TE) asignará hoy un magistrado ponente para decidir si levanta el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli, como parte de la investigación en su contra por los “pinchazos” telefónicos que se reportaron en su gobierno.

El magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery confirmó que el viernes último se cumplió con la notificación oficial a Martinelli y sus abogados presentaron sus descargos ayer.

Para hoy se hará el reparto, es decir, que mediante sorteo se asignará el expediente a uno de los tres magistrados del TE, incluido Valdés Escoffery.

Una vez cumplido este proceso, el ponente deberá elaborar una resolución para lectura de sus dos colegas, en la que resuelva la petición de levantamiento del fuero hecha por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Desde el 8 de junio pasado, la CSJ admitió el inicio de una investigación a Martinelli por los “pinchazos” telefónicos, que afectaron a más de 150 personas.

Martinelli es acusado por ser responsable del Consejo de Seguridad Nacional, en el que se ejecutaron las intervenciones de comunicaciones ilegales.

Este es uno de los tres procesos que le sigue la CSJ al exmandatario. Martinelli salió de Panamá el 28 de enero pasado y la última vez fue visto en Miami, Estados Unidos.

Ayer, día en que vencía el plazo para emitir su opinión, los abogados de Martinelli presentaron por escrito sus objeciones a la petición de levantamiento del fuero.

Proceso

El expediente debe ser repartido entre los tres magistrados del TE, Erasmo Pinilla, Heriberto Araúz y Valdés Escoffery. Una vez se asigne al ponente, este deberá redactar una resolución para lectura de sus colegas, en la que resuelva la petición de levantamiento del fuero.

De ser aprobado el desafuero por la mayoría, se emitirá el fallo oficialmente y se notificará a Martinelli y al magistrado de la CSJ Harry Díaz, quien es el fiscal de la investigación que se le sigue al exmandatario.

No obstante, los abogados de Martinelli podrán interponer un recurso de reconsideración antes de que se haga oficial la decisión del TE.

En caso que sea rechazada la reconsideración y luego de ser notificado el magistrado Díaz, la CSJ debe dar por iniciada la investigación que fue suspendida hasta que se levante el fuero al exmandatario.

Al ser consultado sobre el tema, el magistrado Díaz manifestó que está a la espera de la decisión del TE y dijo que no puede emitir más comentarios sobre este caso.

 

Los Más Buscados Por La Justicia

Cinco panameños de alto perfil, vinculados con investigaciones de escándalos de corrupción, espionaje y desfalco, se encuentran prófugos de la justicia.

A estos individuos se les busca para que rindan cuentas por la presunta comisión de actos delictivos durante la pasada administración de gobierno.

Cuatro de los sindicados están relacionados con casos en los que ha sido mencionado el expresidente de la República Ricardo Martinelli.

En el grupo destaca uno de los más cercanos colaboradores del exgobernante, Adolfo ‘Chichi' De Obarrio, quien enfrenta cargos por peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas.

De Obarrio fue mencionado en el escándalo por la compra con sobreprecios de $45 millones en comida deshidratada a cargo del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Su paradero es desconocido y su situación se complica a medida que pasan los días. La Fiscalía Segunda Anticorrupción ya le hizo llamamiento a juicio.

Ricardo Alberto Calvo está en la lista de los más buscados que hoy publica La Estrella de Panamá .

Al comerciante se le acusa de estar ligado a sociedades que transfirieron fondos al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, recluido en el centro penitenciario El Renacer.

Otro de los buscados es Ignacio Fábrega, exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores, acusado de filtrar información a directivos de la casa de valores Financial Pacific mientras se realizaba una investigación por un desfalco de $12 millones, otro escándalo en el que Martinelli también ha sido señalado.

Alvin Weeden, excontralor, pide al Gobierno tomar acciones para dar con la captura de estos ciudadanos.

‘El Gobierno no puede esperar a que la Interpol decida buscarlos. Hay que nombrar investigadores para que recaben información sobre su paradero'.

Aunque la justicia panameña ha pedido apoyo a la Interpol, ninguno aparece en la página digital de la organización.

 

Investigan Más Cuentas En Caso De Blanqueo

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada examina nuevas cuentas bancarias dentro de la investigación por blanqueo de capitales relacionadas con cuentas ligadas al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, en la que se le han imputado cargos a unas 12 personas, entre ellas al exvicepresidente Felipe Virzi.

Una fuente ligada a la investigación detalló que las cuentas pertenecen a las personas y sociedades objeto de la investigación por efectuar supuestas transacciones a cuentas de Moncada Luna.

La Fiscalía le sigue el rastro a cuentas bancarias que podrían estar relacionadas a empresas que fueron beneficiadas con contratos para la ejecución de obras durante la presidencia de Moncada Luna en la Corte Suprema de Justicia.

En esta investigación la Fiscalía mantiene cauteladas 15 cuentas por un monto de 1.4 millón de dólares. También se solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República para establecer si existió sobreprecios en las obras contratadas por el Órgano Judicial durante la presidencia de Moncada Luna.

Por esta investigación la Fiscalía mantiene bajo detención preventiva a los empresarios Jorge Espino y Julián París, de la sociedad Conceptos y Espacios; María Gabriela Reyna (detenida), de la firma Reyna y Asociados, S.A. y a Humberto Juárez.

En tanto, el exvicepresidente Virzi tiene medida de casa por cárcel y María del Pilar Fernández, esposa de Moncada Luna, tiene impedimento de salida del país.

La Fiscalía ordenó la conducción de Francisco Filiú y Óscar Rivera, ligados a la sociedad Omega Engineering, y de Mauricio Ortiz, de la Constructora P&V, S.A. Estos deben ser indagados esta semana.

También, la Fiscalía pidió a la Interpol la captura -con fines de extradición- del empresario Ricardo Ricky Calvo, de quien se sospecha movió dineros a Moncada Luna.

 

Depósitos Ilícitos En High Spirit

Una querella interpuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ante el Ministerio Público en junio pasado revela prácticas efectuadas por la casa de valores Financial Pacific que podrían constituirse en violaciones a la Ley del Mercado de Valores y la Ley Penal de la República.

Este manejo irregular se traduce en delitos contra el orden económico y blanqueo de capitales antes y después del cambio de control accionario de Financial Pacific.

Los hechos se centran en transferencias que carecen de información sobre el emisario, otras transferencias procedentes de compañías que no cumplían con el perfil de la cuenta, la compra y venta de acciones, especialmente de empresas mineras, efectuadas con los dineros de las transacciones ‘oscuras' arriba mencionadas, además de movimientos en efectivo que no se reflejaron en ningún portafolio.

Las cuentas que están en la mira de las autoridades son High Spirit, Jal Offshore, depósitos en efectivo de terceros o pagos a terceros, actividades no permitidas para las casas de valores.

Según Mayte Pellegrini, exoficial de la casa de valores, el contacto que aparece en la cuenta High Spirit era ‘‘Ricardo”, y su representante en la casa de valores era West Valdés, directivo de Financial Pacific. El director y presidente de la sociedad era Gumercindo García.

En el caso de Jal Offshore, como contacto registrado aparecía el nombre del abogado Ramsés Owens, y su representante en la empresa era otro de los directivos, Iván Clare.

Los fondos iniciales de la cuenta High Spirit provenían del Bank Audi, en Suiza, sin que se identificara el origen del dinero.

La querella de la SMV señala fechas específicas en la compra y venta de acciones de las empresas mineras Petaquilla Minerals Ltd. e Inmet Mining. Para la entidad de valores, ‘esta es una forma de justificar la entrada ilícita de dinero invirtiendo en acciones para luego ser retirada en fondos lícitos, sin importar si ganas o pierdes, toda vez que sigues ganando puesto que su procedencia es ilegal', se lee en la querella a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

En el caso de Petaquilla Minerals, la venta de acciones ocurrió en diciembre de 2010, a $1.14 la acción, lo que representaba, según las gráficas de la Bolsa de Valores de Toronto donde se cotizan estas empresas, una ganancia del más del doble sobre el valor de adquisición.

Investigaciones efectuadas por este diario indican que el Ejecutivo, entonces a cargo de Ricardo Martinelli, estaba al tanto de los movimientos de la junta directiva de la minera y de las decisiones que se tomaban en la empresa. Todo esto en momentos en que el precio del oro superaba los mil dólares la onza, niveles nunca antes registrados en el mercado. A esto se sumó el auge en la exportación nacional del metal entre 2010 y 2013, como uno de los principales rubros.

Este hecho en particular coincide con las declaraciones de Pellegrini, quien denunció el uso de información privilegiada por parte del exmandatario para comprar y vender acciones de Petaquilla Minerals, Ltd., a través a la cuenta High Spirit, delito que internacionalmente se conoce como insider trading .

Pellegrini afirma que mientras trabajaba en la casa de valores recibió al menos seis llamadas de teléfono del hijo del exmandatario, ‘Rica' Martinelli, quien consultaba los saldos y movimientos de la cuenta que se encontraba a nombre de testaferros allegados al exgobernante.

Las investigaciones efectuadas por la SMV registradas en la querella revelan que hasta en tres ocasiones distintas se compraron acciones de Inmet Mining, la empresa matriz de Minera Panamá. El globo de terreno de Inmet Mining rodeaba a Petaquilla Gold, subsidiaria de la canadiense Petaquilla Minerals, Ltd., con quien existía una disputa por los derechos de explotación de varias fincas de cobre. Las ofertas de Inmet Mining a Petaquilla por la compra de las fincas en cuestión provocaban fluctuaciones en el precio de la acción en la Bolsa de Toronto.

Inmet Mining recibió una oferta de la australiana First Quantum Minerals, quien adquirió el control de Inmet en abril de 2013.

En mayo de 2014, Minera Panamá, subsidiaria de Inmet Mining en Panamá, pagó $60 millones por la transferencia de una serie de bienes y derechos de propiedad a Petaquilla Minerals, Ltd.

Según el documento que investiga la fiscalía, la compra de acciones de Inmet Mining a través de la cuenta High Spirit, también con dineros de procedencia desconocida, empezó en octubre de 2010.

Entre el 4 y el 6 de abril de 2011, se vendió en cuatro bloques el total de las 11,873 acciones, por la suma de C$711,475 (dólares canadienses), registrando una ganancia de más de $76 mil por la transacción.

En abril de 2011, Inmet Mining reportó ganancias de $2.33 por acción.

La querella de la SMV indica que este dinero fue retirado el 20 de marzo de 2012 para un tercero —no identificado al momento de la apertura de cuenta— de nombre Parker Electronic, empresa relacionada a Navin Bhakta.

La profundización de la investigación revela que en la sociedad High Spirit, constituida en Anguila Británica en el 2009, se cerró de forma irregular bajo la solicitud, en junio de 2013, de Gumercindo García, quien ordenó la liquidación y transferencia de los fondos al beneficiario Digital Kingdom, Ltd. a través de Seng Bank, en Hong Kong.

High Spirit, según la querella, realizó una compra de 24,359 acciones de Facebook por un monto de $1 millón, el día 20 de marzo de 2012, con un depósito recibido de Jal Offshore y se vendió el mismo día por el mismo monto, según el portafolio de transacciones. No obstante, no se refleja el retorno del efectivo producto de la venta a la cuenta de High Spirit, quedando de esta manera la posición en cero; es decir, sin acciones a su favor.

Ese mismo día, Jal Offshore compró la misma cantidad de acciones de Facebook por $1 millón, amparado en un contrato con Financial Pacific. Estas acciones de Facebook fueron adquiridas antes de conocerse la oferta pública, como una transacción de acciones privada, con derecho a venderlas antes, según las normas del regulador del mercado en los Estados Unidos. Sin embargo, estas acciones solo podían ser vendidas a clientes con un ‘perfil institucional'. Pero Financial Pacific vendió estas acciones a Jal Offshore el 30 de enero de 2012, sin considerar que en la sección de ‘tolerancia de riesgo' este cliente había firmado un formulario que indicaba que no afrontaría la pérdida total de su inversión, según reza el documento de la SMV.

La SMV considera que existe una evidente intención dolosa delictiva por parte de los directivos de Financial Pacific por permitir este tipo de transacciones que debieron ser reportadas al regulador por los oficiales de cumplimiento, así como de los ejecutivos principales y personal directo de la casa de valores.

Agrega que los titulares de las cuentas utilizaron el sistema financiero a través de Financial Pacific para desviar fondos y darles legitimidad mediante la compra y venta amañada de acciones.

La comisión de delitos contra el orden económico se sanciona con prisión de 4 a 6 años. En caso de que el hecho punible sea cometido por un empleado, trabajador, dignatario o directivo de la empresa, la sanción será de 6 a 8 años.

Financial Pacific fue intervenida por al SMV en julio de 2014 y se ordenó su liquidación forzosa.

 

El Negocio Redondo Para La Familia Que ‘Voló Alto’

El cobro por hora de vuelo en helicóptero se convirtió en un gran negocio para las empresas intermediarias, ya que obtuvieron no solo contratos millonarios, sino que alcanzaron hasta un “30% de ganancias” sobre las compañías que hacían los trabajo

El piloto personal del empresario Gabriel Gaby Btesh, José Rodríguez González, declaró ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción que por los montos que cobraba Cabin Corp. obtenían una ganancia de entre el “25 y 30%” por encima de las empresas que le alquilaban los helicópteros para los servicios que prestaban a las instituciones.

En el portal electrónico gubernamental de Panamá Compra aparece Mónica Rodríguez de Silva como contacto en la sociedad Cabin Corp.

De Silva, hermana de Rodríguez González, se desempeña en la actualidad como secretaria general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). 

Un informe de la Contraloría General de la República revela que Cabin Corp. recibió $3.9 millones entre 2010 y 2014, en concepto de vuelos para tres instituciones del Estado.

Este dinero está incluido en la posible lesión patrimonial por $10.1 millones, detectada por la Contraloría en la prestación de los servicios de vuelos, contratados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De acuerdo con Rodríguez González, la hora de vuelo se cobraba a $2 mil 400 y en su momento recibieron pagos del Fondo de Contingencia del Ministerio de la Presidencia.

Aseguró a la fiscalía que, aunque es el gerente de operaciones de Love Aviation y Cabin Corp., su “jefa inmediata” era su madre, por lo que alega “inocencia” de los cargos que se le imputan.

Reveló que para cancelar el dinero a los proveedores lo hacía por medio de cheques a nombre de la otra empresa que manejan y que también está bajo investigación de las autoridades: Level One Venture Everlast Aviation (Love Aviation Inc.).

Curiosamente, en el informe de auditoría de la Contraloría se atribuyen pagos por $1 millón a favor de Mónica Rodríguez de Silva, a través de las sociedades Angels Wings Life Team Inc., así como para su madre, Josefa González, a quien le desembolsaron $ 1.7 millón a través de la sociedad de nombre Level One Venture Everlast Aviation.

Sin embargo, un informe de la Fiscalía General de Cuentas reveló que Angels Wings Life Team Inc. suscribió, en 2013, un acuerdo de $6.7 millones con el Ministerio de Salud para trasladar a pacientes de áreas de difícil acceso a centros hospitalarios urbanos.

En su momento, el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén –confinado en el centro penitenciario El Renacer– detalló en su indagatoria que las órdenes de pago para las sociedades Cabin Corp., Level One Venture Everlast Aviation y Angels Wings Life Team Inc. le llegaban ya confeccionadas, listas para ser ejecutadas.

La mayoría de la facturación era por $3 mil la hora de vuelo, cuando en el mercado local se cotiza en $1,800.

Esta versión fue confirmada por dos exfuncionarias del PAN, que declararon ante la Fiscalía que en el Departamento de Compras de esa entidad no se hacían cotizaciones ni verificaciones de los servicios prestados, ya que solo debían gestionar los pagos para las sociedades antes detalladas.

Justamente, Cabin Corp. y Love Aviation Inc. han estado envueltas en escándalos en la pasada administración de Ricardo Martinelli.

La primera fue contratada por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, para lo que se supone era un supuesto espionaje político durante el anterior gobierno, en el que se fotografiaron propiedades y fincas de políticos de oposición, incluyendo las de Juan Carlos Navarro, por entonces líder del PRD, y José Luis Popi Varela, hermano del actual presidente de la República, Juan Carlos Varela.

En tanto, Love Aviation Inc. fue mencionada por realizar el traslado a Penonomé de un concejal del panameñismo con el exdirector del Fondo de Inversión Social Gabriel De Janón, para una supuesta reunión para comprar su renuncia al Partido Panameñista.

La Prensa intentó obtener la versión de la familia Rodríguez González, pero no respondió los mensajes dejados en sus oficinas ni con su abogado.

 

El CD Renovará Su Cara Para Disputar Elecciones

 

El partido opositor Cambio Democrático (CD) se prepara para las elecciones internas del próximo domingo 25 de octubre, un proceso que permitirá renovar su cara con miras al

torneo electoral del 2019.

Para tal fin, la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) capacitó el fin de semana a 400 dirigentes y miembros de bases del colectivo en cinco circuitos en la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Los simpatizantes fueron informados sobre la reglamentación y el calendario de los comicios para la escogencia de convencionales y directivos de corregimiento. Además, de la renovación de las juntas directivas de las Secretarías de la Juventud y de la Mujer.

El sábado, el primer taller se realizó en David, en horas de la mañana, y asistieron más de 200 miembros procedentes de los circuitos 4-1 (David), 4-2 (Barú), 4-4 (Alanje, Boquerón y Renacimiento) y 4-5 (Boquete, Gualaca y Dolega).

En la tarde, se llevó a cabo la jornada en el circuito 4-3 (Bugaba) en el que participaron más de cien dirigentes y miembros de bases.

Ayer, se reunieron cien miembros de CD con los ngäbes.

Alma Cortés, presidenta del CNEI, dijo que están promoviendo la unidad y el fortalecimiento del colectivo con las diferentes propuestas que hay para ir construyendo las bases necesarias de cara a las elecciones generales de mayo de 2019.

La CNEI desarrolló talleres de capacitación en Penonomé, Santiago, Aguadulce, Las Tablas, Chitré y Colón.

En las jornadas políticas han participado los aspirantes a presidir las secretarías de la Juventud y de la Mujer, donde compartieron sus propuestas, mensajes y visiones.

Azihra Valdés, Jamis Acosta, Maidir Miller y Félix Moulanier son los precandidatos para la juventud.

Mientras que Candice Williams, Mariela Jiménez y la exdirectora del Ipacoop, Ana Giselle Rosas de Vallarino, disputan el espacio de las féminas.

Para el vicepresidente de CD y diputado, Mario Miller, ‘en política no hacen falta los que se van, sino los que vienen', al referirse a la cantidad de panameños que se están sumando al colectivo.

Estadísticas del Tribunal Electoral, hasta mayo pasado, detallan que el colectivo tiene una membresía de 382 mil 922 personas. Aunque en abril del año pasado eran 458 mil 502 afiliados.

 

Humbert, Fudep No Honró La Palabra Que Empeñó

Oficina de la Fundación Universidad de Panamá (Fudep) 

Nuevamente, una auditoría enfrenta a la Contraloría General de la República, a la Fundación Universidad de Panamá (Fudep) y la Universidad de Panamá (UP).

El rector de la UP, Gustavo García De Paredes, dijo que la Fudep autorizó la revisión de la Contraloría, “todo lo que quiera, los libros, la cuentas, todo”, y expuso que la promesa fue firmada en una carta dirigida al contralor, Federico Humbert; que posteriormente facilitó la UP.

“Notificamos al señor Contralor que hemos atendido las solicitudes presentadas por su entidad, a través de los auditores que nos han visitado, y mantenemos las puertas abiertas para que puedan revisar los libros y todas las cuentas de las transacciones realizadas hasta la fecha”, indica la misiva firmada por Sergei De La Rosa, presidente de Fudep, fechada y recibida el 8 de julio por la Contraloría.

“Es la forma de actuar del que no tiene palabra. La nota no tiene ninguna validez”, dijo el contralor. El núcleo de la auditoría son las cuentas bancarias, “y no están dispuestos a ofrecerlos”, dijo. La respuesta de la fundación fue que “no entregarían eso, porque era una fundación de interés privado”, detalló.

La Prensa consultó a De La Rosa al respecto, pero no permitió preguntas y cerró abruptamente la llamada. Posteriormente, el asesor de Fudep, Norberto Jaén, indicó que el personal de la Contraloría fue atendido y se hizo una reunión de coordinación.

“Salieron con información en la mano”, en un dispositivo de almacenaje electrónico, afirmó Jaén.

“Ellos acordaron para el día lunes continuar sacando la información”, explicó Jaén, puesto que el funcionario de la fundación trabaja por servicios profesionales, “por tiempo” limitado.

La Contraloría retiró información contable de los proyectos y estos proyectos están dentro de las cuentas bancarias, acotó Jaén.

Para Humbert, la carta no tiene otro objetivo que dirigir la opinión pública a su favor. “Tratan de ocultar lo que la sociedad reclama saber, qué se hizo con los ingresos”.

En otra ocasión, miembros de la directiva de Fudep, como Virgilio Vásquez Pinto, advirtieron que no le permitirán accesar a la Contraloría a los libros de Fudep.

Por su parte, García De Paredes, en una visita a La Prensa ayer, se mantuvo en la posición, de que la UP no transfiere fondos a Fudep, sino, más bien, es un agilizador y facilitador.

“Fudep no tiene que ver con ninguna contratación de la Universidad de Panamá, ninguna”, recalcó.

Al mostrarle una de las órdenes de compra —de las decenas que evidencian que Fudep licita en nombre de la UP y recibe el pago por los servicios que presta la UP, contestó: “lo voy a ver”.

Según su acta constitutiva, Fudep se creó en 1995 para apoyar a la UP, y ha aportado, a la fecha, aproximadamente 350 mil dólares en equipos donados a la UP, dijo el rector.

El presupuesto de la UP es de 209 millones de dólares, y de estos, 20 millones de dólares son de actividades de autogestión.

Parte de estos fondos provienen de los servicios de los institutos de la UP, que ordena que los pagos por sus servicios de hagan a nombre de Fudep.

En tanto, el Ministerio Público inició una investigación al rector García De Paredes y otros funcionarios por el supuesto delito contra la administración pública. La acción obedece a una denuncia a interpuesta por el catedrático Miguel Antonio Bernal.

 

 

El Gobierno Desestima Escándalo De Espionaje De Hacking Team

El Ministerio Público descartó la posibilidad de investigar si hubo o no irregularidades en la ejecución de un plan de espionaje durante el gobierno de Ricardo Martinelli, a través del sistema de interceptación de datos comprado en 2011 a la infiltrada empresa Hacking Team.

Por el momento, aseguró un portavoz, esa línea de investigación no está contemplada y descartó que formase parte del expediente por el cual Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exjefes del Consejo de Seguridad del Estado, y los exagentes William Pitti y Ronny Rodríguez, están siendo llamados a juicio.

Otras fuentes consultadas han dicho a La Estrella de Panamá que la nueva información amerita un proceso judicial adicional, dado que el que se lleva actualmente contra Garuz, Pérez y el propio exmandatario sólo guarda relación con la interceptación a unas 150 personas y la pérdida del equipo de espionaje comprado a la empresa israelí MLM por unos $13 millones.

La plataforma adquirida a Hacking Team por casi $830 mil también desapareció en junio del año pasado, con el cambio de gobierno, según consta en una cadena de correos ‘hackeados' a la fabricante italiana y publicados en la web WikiLeaks. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, dirigido por Rolando López, no ha denunciado el tema.

En enero de este año, López pidió al Ministerio Público investigar el supuesto extravío de una máquina adquirida durante el gobierno de Martín Torrijos. Era, según dijo, el tercer equipo perdido.

Aun con los problemas que reportó la plataforma de Hacking Team entre 2011 y 2012, los correos expuestos tras la filración de los documentos de la compañía italiana revelan que en ese último año se habían interceptado las comunicaciones de 15 personas, aún no identificadas.

A todos se les infectó computadoras y teléfonos móviles con sistemas operativos de iOS, Android y BlackBerry. De hecho, en mayo de 2011, poco antes de poner el sistema en marcha, a modo de prueba el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo de Obarrio, y otras dos personas de nombre Carlos Arjona (entonces jefe de Tecnología de la Presidencia) y Ricardo Espinosa se prestaron como conejillos de indias para ser espiados a través de sus celulares .

A 2012 se habían colectado unos 200 GB de información de ‘objetivos' panameños, la mitad de toda la colosal información que los ‘hackers' de Hacking Team han puesto en Internet desde el domingo pasado, tras el ataque cibernético.

El gobierno de Juan Carlos Varela no ha formulado ningún comentario sobre las múltiples publicaciones del caso en el que se involucra a Panamá. La Secretaría de Comunicación del Estado declinó comentar si se había encargado o no a una empresa local entablar negociaciones con Hacking Team, para la adquisición de productos informáticos de espionaje, como también revela uno de los documentos filtrados

Ni Presidencia ni el Ministerio de Seguridad contestaron las interrogantes de

La Estrella de Panamá sobre este tema.

Según información filtrada por WikiLeaks, una semana después de la toma de posesión de Varela, el empresario Erick Pérez, identificado como dueño de Quadrian Enterpisses, una compañía con ‘estrecha relación con el Ministerio de Seguridad', pidió a Hacking Team explorar las posibilidades de presentar una oferta al nuevo gobierno.

Pérez ha dicho que su interés sólo fue el de conocer a sus competidores, cuya transparencia cuestionó, aunque no cerró la puerta a que se estableciese algún vínculo, o que nunca ocurrió.