El fallo de la jueza suplente del Juzgado Décimo Segundo Lania Batista, que negó a la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore una extensión de tiempo para preparar la vista fiscal en uno de los expedientes que investiga las coimas de Odebrecht, resulta erróneo porque se trata de un caso declarado como de tramitación compleja hasta que se agotara la investigación.
Así lo determinó un análisis del Observatorio del Sistema Judicial, integrado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Comisión de Justicia y Paz y la Universidad Santa María La Antigua, que después de haber estudiado varios documentos referentes a la causa, presentaron varias observaciones.
La primera es que habiendo sido declarado una causa compleja, la jueza debió recurrir al artículo 504 del Código Procesal Penal, que estipula que la detención preventiva puede extenderse hasta un máximo de tres años.
‘Que no se haya aplicado este precepto mandatorio es imperdonable’, cita el documento, tomando en cuenta que el interés general prima sobre el particular.
Aunado a esto, consideran errónea la acumulación de los expedientes 01 y 02 al 05, una tarea inmanejable tomando en cuenta que en uno de ellos ya se contaban 114 tomos, y en otros, el doble, lo que complica la investigación por la cantidad de imputados que pasaron de 17 a 37. La propia fiscal que lo solicitó y el juez principal, Oscar Carrasquilla, del Juzgado Décimo Segundo, que lo concedió, ‘incurrieron en hacer ineficaz la investigación’, cita el texto.
Guillermo Márquez Amado, uno de los interlocutores del Observatorio, no se explica por qué el Ministerio Público dejó ‘‘dormir” por un año una denuncia interpuesta en 2015 por el abogado Alvin Weeden, en la que aducía nombres de sociedades, bancos y posibles implicados en la trama corrupta.
El Ministerio Público no se apoyó en ninguno de los organismos, como la Unidad de Análisis Financiero, para iniciar las pesquisas, ‘sino que arrancaron la investigación cuando el escándalo de Odebrecht se hizo público.(Fue un) tiempo perdido en el que se podía haber compilado información valiosa’, apuntó Márquez Amado.
El Observatorio también hace referencia a que las principales instituciones públicas debieron convertirse en querellantes coadyuvantes, por ejemplo, los ministerios de Economía y Finanzas, de Obras Públicas, Gobierno, o la Contraloría.
El Observatorio recomienda prudencia al Ministerio Público en la aplicación de medidas cautelares, con miras a mantener la integridad de la investigación sin arriesgarla, sobre todo con detenciones innecesarias que la interfieran.
El 25 de octubre, la jueza Batista negó a la fiscal una extensión de dos meses para confeccionar la vista fiscal.
El Tribunal fundamentó su decisión en que ya había concedido una prórroga, el 3 de julio de 2017, hasta tanto se agotara la investigación para contar con las diligencias, siempre y cuando no existieran detenidos. De lo contrario, correría a partir de dicha detención el término de dos meses para remitir el expediente con la vista fiscal.
El caso se encuentra en apelación ante el Segundo Tribunal de Justicia.
Este jueves, el Primer Tribunal Superior admitió un amparo de garantías presentado por Jair Urriola a favor de su cliente, Humberto De León, para que se declare ilegal la apelación efectuada por Moore.
OBSERVATORIO JUDICIAL
Desaciertos del Sistema de Justicia
LO ESTUDIADO
Escrito de la fiscal Zuleyka Moore en el que solicita causa compleja. Auto del 13 de julio que accedió a la solicitud. Auto por el cual el juez accede a acumulación de expedientes. Fallo de la jueza en el que niega solicitud, y sustentación de recurso de la Fiscalía.
CRISIS
La reiteración de fallos por jueces y magistrados limitando los términos en casos de delincuencia organizada llevarán a la crisis que confronta el Órgano Judicial a muy graves consecuencias.
Adelita Coriat
