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El abogado Dimas Guevara, que forma parte del equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, presentó un desistimiento para la audiencia de control en la que se buscaba analizar una solicitud de fianza de excarcelación a favor del exmandatario.

La audiencia estaba programada para mañana miércoles 7 de febrero a las 10:00 de la mañana y está relacionada con el caso de los ‘pinchazos’.

‘Ante el escrito del desistimiento presentado el pasado 2 de febrero, por el abogado Guevara, la Oficina Judicial dejó sin efecto la realización de dicha audiencia de control ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia’, señala un comunicado del Órgano Judicial.

El expresidente Martinelli es investigado por los posibles delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, entre otros, y está pendiente de un proceso de extradición desde Estados Unidos.

 

José Arcia

Problemas como la mora judicial y retrasos en la resolución de conflictos judiciales mantendrán una tendencia al alza por falta de los magistrados que completan la Corte Suprema de Justicia.

No hay visos de que en los próximos días o semanas se logre una solución de las diferencias entre la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo que permita la resolución del conflicto.

Por el contrario, la situación parece que se agrava con denuncias de diputados de oposición que aseguran que se están dando destituciones en las instituciones del Estado como represalia por la falta de apoyo a la ratificación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como magistradas de la Corte.

CORTE INCOMPLETA

La máxima corporación de justicia del Estado panameño, la Corte Suprema de Justicia, inició el 2018 incompleta y por el momento no se vislumbra que en las próximas semanas estén los abogados que la completarán.

LA CORTE INCOMPLETA

Actualmente solo hay cinco magistrados principales en propiedad

José Ayú Prado, Hernán De León, Harry Díaz, Ángela Russo y Cecilio Cedalice son principales en propiedad.

El resto de los magistrados son suplentes.

Circunstancias políticas mantienen a la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo enfrentados, lo que provoca que la Corte Suprema de Justicia esté en el medio y esté funcionando sin al menos cinco de los nueve magistrados principales, lo que complica el desempeño de la institución.

A la fecha sólo cinco magistrados ejercen como principales: José Ayú Prado, su presidente, quien renunció al cargo como máximo regente del Órgano Judicial.

Hernán De León, a quien le tocó asumir la presidencia tras la decisión ‘irrevocable’ de Ayú Prado, presentada el pasado 31 de enero, el último día que debía permanecer en el cargo.

Además, están en propiedad Harry Díaz, quien se mantiene en permanente disputa con Ayú Prado.

Se suman Ángela Russo y Cecilio Cedalice, los dos de más reciente data, ambos designados por el presidente Juan Carlos Varela y que tomaron posesión en el año 2016.

Los otros dos magistrados que ejercen como principales, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, están en sus cargos a la espera de sus remplazos.

El término constitucional para el cual fueron designados Ortega y Mejía concluyó el 31 de diciembre de 2017, pero aún no han sido designados sus respectivos remplazos.

El presidente Varela ha informado que no tiene intenciones de designar a estas personas sino hasta después del asueto por carnavales, el cual vence el miércoles 14 de febrero.

En caso de que el Ejecutivo haga las designaciones de los nuevos magistrados, corresponderá a la Asamblea Nacional reiniciar el proceso de ratificación, para lo cual tampoco se ha establecido una fecha.

SUPLENTES COMO PRINCIPALES

Luis Ramón Fábrega se encuentra asistido por su suplente, Efrén Tello, por razones de salud, mientras que Abel Zamorano ejerce desde el 2015 en su papel de suplente de Alejandro Moncada Luna, quien fue condenado a cinco años de prisión luego de que la Asamblea Nacional lo separó del cargo por los delitos que le imputó.

La situación ha ocasionado preocupación entre gremios empresariales como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que se pronunció para urgir a los órganos del Estado a la toma de una decisión. Grupos de la sociedad civil como el Movimiento de Abogados Gremialistas, que preside Raúl Rodríguez, hicieron lo propio.

 

 

Carlos Anel Cordero

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo una solicitud formal al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que designe, lo más pronto posible, a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que remplazarán a Jerónimo Mejía y Oydén Ortega.

Mientras, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se encuentra analizando una modificación del proceso de ratificación de los magistrados.

El Órgano Ejecutivo también se ha pronunciado y adelantó que después de los carnavales hará los nombramientos necesarios para llenar las vacantes que se generaron el pasado 2 de enero, con la misma metodología que usó para designar a Ana Lucrecia Tovar y a Zuleyka Moore, que fueron objetadas por los diputados.

SOLICITUD DE LA APEDE

En un comunicado de prensa divulgado ayer, la Apede señaló que ‘dilatar las designaciones no le conviene al país por el clima de zozobra que se genera’.

‘El Ejecutivo debe escuchar el clamor del pueblo y elegir profesionales del derecho con la independencia, probidad y experiencia que requiere la administración de justicia’, agregaron los empresarios en el comunicado de prensa.

POSICIÓN DEL MAG

Por la misma vía de los empresarios, el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) exigió al Ejecutivo que, en cumplimiento de la voz del pueblo que fue acertadamente respetada en la Asamblea Nacional, designe a dos personas de reconocida trayectoria profesional y, especialmente, que proyecten efectivamente capacidad, conocimiento, experiencia, independencia e imparcialidad y, en especial, que no estén comprometidos con el actual gobierno, a fin de que garanticen la separación de poderes.

‘EL EJECUTIVO DEBE ESCUCHAR EL CLAMOR DEL PUEBLO Y ELEGIR PROFESIONALES DEL DERECHO CON INDEPENDENCIA’,

HÉCTOR CORTÉS

PRESIDENTE DE APEDE

En una carta firmada por Raúl Rodríguez, presidente electo, y Ariel Corbtt, secretario general electo, instaron a la Asamblea Nacional que mantenga la posición vigilante en defensa del interés nacional, sin involucrar pasiones políticas al momento de hacer ratificaciones correspondientes.

En la nota, los abogados destacan que esperan que en esta ocasión el norte de los partidos políticos de oposición y de gobierno sea el de mejorar la administración de justicia, lo cual se logra votando a favor de abogados con reconocida trayectoria profesional.

‘Instamos a la sociedad civil, a los distintos gremios y a la población en general a permanecer atentos y vigilantes frente a las designaciones que urge hacer’, indicó el comunicado del MAG.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, y sus ministros deben reemplazar a los magistrados Oydén Ortega, en la Sala Primera de lo Civil; y Jerónimo Mejía, en la Sala Segunda de lo Penal, cuyo mandato constitucional de diez años en la Corte Suprema de Justicia finalizó en diciembre de 2017.

POSICIÓN DEL EJECUTIVO

El presidente Varela ya adelantó que hará las designaciones después de la fiesta del Carnaval. ‘Estamos prácticamente a ocho días de los carnavales y dejaremos que pase esta época, que se enfríen las cosas un poco y en su momento presentaremos al Gabinete y a la Asamblea Nacional los dos nuevos candidatos o candidatas, pero esto ya quedó a un lado’.

‘EL PERFIL (DE LOS MAGISTRADOS) VA A SER EL MISMO QUE EL DE LAS DOS QUE LAMENTABLEMENTE FUERON RECHAZADAS’,

ÁLVARO ALEMÁN

MINISTRO DE PRESIDENCIA

La actitud asumida por la Asamblea Nacional ya quedó atrás y ‘ahora lo que toca al Ejecutivo es seguir’, fueron las palabras del mandatario al ser abordado por los medios de comunicación en un acto realizado en la provincia d e Darién.

Para reafirmar esta posición, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, afirmó que las personas que sean designadas tendrán las mismas cualidades que las abogadas Tovar de Zarak y Moore, quienes fueron rechazadas por la Asamblea Nacional por 52 votos de los 70 diputados presentes en el pleno el día de la votación.

Según el ministro Alemán, ‘el perfil va a ser el mismo que el de las dos abogadas que lamentablemente fueron rechazadas’.

En este caso, el ministro Alemán, mano derecha del presidente Varela, lamentó que la decisión de la Asamblea Nacional se haya tomado en base a posiciones políticas, porque las dos abogadas ‘son dos profesionales íntegras y competentes, pero no se dieron las ratificaciones simplemente por un tema político’.

ACCIÓN LEGISLATIVA

El actual presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Luis Eduardo Quirós, adelantó la posibilidad de solicitar modificaciones a la resolución que establece el procedimiento para evaluar las designaciones de magistrados en la Corte Suprema.

‘ES UNA POSIBILIDAD PEDIR LOS CAMBIOS ANTE EL PLENO PARA ASÍ AGILIZAR EL PROCESO DE RATIFICACIÓN’,

LUIS EDUARDO QUIRÓS

DIPUTADO OFICIALISTA

Es una posibilidad pedir los cambios ante el pleno para así agilizar el proceso de ratificación, explicó el diputado panameñista.

Para el proceso de ratificación de los funcionarios se sigue el procedimiento establecido en una Resolución de 2009 que ordena la difusión en dos periódicos de circulación nacional; posteriormente, se abre un periodo para recibir comentarios u observaciones sobre los designados, las cuales deben ser sustentadas por cada una de las personas o asociaciones que hayan solicitado voluntariamente participar en el proceso.

La diferencia sería que ahora la Comisión de Credenciales entraría directo a escuchar a los nominados, realizar el periodo de preguntas y respuestas y, posteriormente, pasar a la votación en el pleno legislativo, sin la participación de gremios u organizaciones de la sociedad o ciudadanos que se interesen en emitir sus opiniones sobre las personas que hayan sido designadas para los citados cargos.

Una posición contraria tiene la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien propone que en esta ocasión se amplíe la participación ciudadana, utilizando la Resolución 91 de 2005, que estructuró una comisión evaluadora conformada por trabajadores, sectores empresariales y académicos para que validen, en representación de la ciudadanía, las designaciones que haga el presidente Varela.

‘Creo que nuevamente comete un error político tremendo, porque si el día de hoy no hay magistrados es por responsabilidad del presidente’ de la República, argumentó la diputada Gómez, después de que el mandatario dijera que hará uso de la facultad constitucional y será el Consejo de Gabinete el que recomendará al Legislativo los dos nuevos nombres para magistrados de la Corte Suprema .

Actualmente, la Constitución Política de la República de Panamá dispone que le corresponde al Ejecutivo hacer las designaciones y luego a la Asamblea Nacional de diputados ratificarlas, pero no existe metodología para el proceso.

Ismael Gordón Guerrel

 

Lo que parecía un secreto a voces, ayer fue confirmado en público por uno de los 71 integrantes de la Asamblea Nacional. En este caso, se trata del vicepresidente de la Asamblea, Gabriel ‘Panky’ Soto, quien confesó que llegó al cargo por ‘mentiras y engaños’ a su electorado.

La confesión de Soto, se dio durante su intervención en el pleno de la Asamblea para sustentar la ratificación de las magistradas designada Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar y en la que alegó que el sistema obliga a los políticos ‘a comprometerse en cosas, a sabiendas que no lograrán cumplir’.

‘Después de tres años y medio de estar en la Asamblea tengo que concluir que probablemente yo no llegué a esta curul con la honestidad, porque yo tuve que engañar tal vez a muchas personas para lograr ese voto, pero es el sistema te obliga a conseguir los votos cueste lo que cueste y sea como sea’, dijo Soto, mientras sus colegas los escuchaban atentos.

Al culminar la sesión en el pleno, Soto salió a su defensa y dijo que sus palabras ‘habían sido mal interpretadas’ y lo que quiso decir fue que durante su campaña se había comprometido en algunas cosas, pero estas aún no habían sido cumplidas. Tal es el caso de un hospital en Arraiján, pero hasta ahora solo ha podido gestionar el terreno para la construcción del nosocomio.

‘A eso es lo que yo le llamó engaños, porque tú a veces dices cosas en las comunidades y haces cosas imposibles para poder alcanzar esa respuesta y al final no se logra”.

Las declaraciones de Soto desataron una serie de críticas, una de ellas fue la del abogado Ernesto Cedeño, quien indicó que esta confesión denigra la verticalidad del independiente.

Guadalupe León B.

 

Juan Carlos Varela prometió en campaña que adecentaría la justicia, y muchos le creyeron. A un año y medio de finalizar su mandato, salen a flote opiniones de desencanto por haber faltado a su palabra, situación que ha salido a relucir en el proceso de ratificación de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como aspirantes a magistradas de la Corte.

Durante el foro de participación ciudadana que efectuó la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para escuchar opiniones a favor y en contra de la designación del Ejecutivo al puesto de magistradas para la Corte Suprema de Justicia, varias fueron las voces de gremialistas que reprobaron las candidaturas propuestas por el Ejecutivo cuando había empeñado su palabra de un gobierno con transparencia y ética.

No se ha cumplido lo anterior, señaló el abogado Francisco Carreira. ‘El compromiso de Varela era aportar recomendaciones al Pacto de Estado por la Justicia, pero llegado el momento de la designación, se incumple una vez más la promesa’, manifestó el abogado frente a las aspirantes, los nueve diputados de la Comisión de Credenciales y un gran público.

Carreira cuestionó la actuación de la actual fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore en los casos de los cinco jóvenes chorreranos asesinados hace unos años, al igual que en las investigaciones del incendio del Bus 8B-06, y las pesquisas que lideró sobre los sobornos de la constructora Odebrecht.

En este último tema, Carreira no es el único que cuestiona la selectividad con la que Moore indagó y ordenó medidas cautelares o de detención preventiva. También lo hicieron el abogado Sidney Sitton, Juan Guerrero, segundo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados; el abogado Gladiano Martínez, quien laboró como observador de Derechos Humanos en Guatemala y otros juristas.

La abogada litigante Corina Cano también secundó el hecho de que el ‘Ejecutivo prometió un sistema de justicia independiente, pero no lo ha cumplido. Si estamos aquí es porque estamos desesperados’, manifestó Cano.

Otra de las observaciones en que coinciden los participantes es que los designados a suplentes, Luis Camargo y Katia del Carmen Di Bello, personas de Carrera Judicial, gozan de una mejor preparación que los principales. ‘Ellos deberían haber sido designados como principales. Los que tienen la aceptación de la ciudadanía son los magistrados suplentes, quienes enderezarán los entuertos de los principales, eso no es justo con ellos ni con la ciudadanía’, exclamó Cano.

Al Ejecutivo le ha caído una crítica muy ácida con la elección que hizo para el puesto principal. En estos días ha recibido una seguidilla de frases reprobatorias, no todas fundadas en un interés político, que solicitan a los diputados rechazar las designaciones para obligar a Varela a hacer dos nuevas designaciones acorde a los principios de transparencia prometidos.

‘El Ejecutivo se equivocó con la elección porque si hubiera puesto a los suplentes de principales no habría más que aplaudirlos’, manifestó Carreira.

Sobre Tovar también pesan cuestionamientos por su vinculación con el Ejecutivo como activista en la campaña de Varela. Uno de los señalamientos más sensitivos es que siendo una especialista en derecho de autor, tomó el logo del ‘Movimiento pro Familia’ y le puso los símbolos de los LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y lo publicó sin permiso de los primeros. Lo que para Carreira constituyó un hecho reprobable.

Acto que también fue censurado por Cano, quien denunció que Tovar incluyó un arco iris (símbolo de LGBT) en las ilustraciones del movimiento Pro Familia, y añadió que en la Corte aún está por definirse un fallo que podría legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por eso pidió ‘ojalá ( Tovar) no llegue a la Corte’.

Gladiano Martínez, abogado, acusó a Moore de discriminación contra los aborígenes. Narró un episodio ocurrido en 2008 mientras ejercía la defensa de un aborigen. Dijo que cuando él se dirigía a su cliente en dialecto, Moore, ‘gritando, llegó y dijo que no podía hablar en dialecto porque se encontraba dentro de un despacho judicial’. El jurista puso una queja ante la Procuraduría que posteriormente fue desestimada. Luego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos donde radica el expediente.

El abogado Sidney Sittón, defensor en varios expedientes que investiga Moore, invitó a sus colegas a presentar las denuncias ante el relator de las Naciones Unidas, especialmente aquellas relacionadas la violación del debido proceso bajo el concepto de imparcialidad. Un plano que, según él, no reúnen las designadas principales pero es requisito indispensable para el nombramiento de administradores de justicia.

Adelita Coriat