Junta directiva de CSS autorizó pago a contratistas de la ciudad hospitalaria

La Fiscalía Quinta Anticorrupción solicitó a la Contraloría una auditoría sobre el proyecto ciudad hospitalaria (ahora ciudad de la salud), aprobado a un costo de $517 millones por el pasado gobierno.

Además, la fiscalía notificó ayer al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens; al exministro de Salud Javier Díaz; a Alberto Maggiori, ex director ejecutivo de Finanzas y Administración; a Lizka Richards, ex subdirectora nacional de Instalaciones; a Linnet Monterrey, ex directora ejecutiva nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo; a Mirian de Sucre, ex subdirectora nacional de Compras, y a Nelson Dueñas, exfuncionario de la entidad, un proceso en su contra.

A todos se les ordenó indagatoria y se les imputó cargos por la supuesta comisión del delito contra la administración pública (peculado) por presuntas irregularidades en el manejo del millonario proyecto.

Una fuente judicial confirmó que la fiscalía evalúa llamar a indagatoria a los miembros de la junta directiva de la CSS que aprobaron, en 2012, el contrato para la ciudad hospitalaria firmado con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y autorizaron los desembolsos para la obra.

Pesquisas adelantadas por la fiscal Janeth Rovetto dan cuentan de informes que señalan que la CSS pagó más de $200 millones al contratista, a pesar de que había poco margen de adelanto en el proyecto.

Durante una inspección a la ciudad hospitalaria, hecha por el contralor, Federico Humbert, y el director de la CSS, Estivenson Girón, se detectó la construcción de paredes de pladur -material parecido al gypsum- y no de bloque, como establecía el contrato.

Dimas Guevara, abogado de Maggiori, expresó que su cliente está dispuesto a comparecer a las autoridades.

Mientras Carlos Carrillo, defensa de Sáez-Llorens, dijo que su cliente dará las explicaciones y alegó que todos los desembolsos para el proyecto pasaron por la directiva de la CSS.

 

Fiscalía imputa cargos a Guillermo Sáez-Llorens y a Javier Díaz

Una fuente del Ministerio Público confirmó que la fiscal Janeth Rovetto también imputó cargos y ordenó indagar a los exfuncionarios de la CSS Alberto Maggiori, ex director ejecutivo de Finanzas y Administración; a Lizka Richards, ex subdirectora nacional de Instalaciones; a Linnet Monterrey, ex directora ejecutiva nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo; a Mirian de Sucre, ex subdirectora nacional de Compras, y a Nelson Dueñas, quien también trabajó en la institución en la pasada administración de Sáez-Llorens.

EXFUNCIONARIOS DE LA CSS, A INDAGATORIA

El 12 de mayo pasado, cerca de una docena de gremios de la sociedad civil presentó ante la Procuraduría de la Nación una denuncia ciudadana por irregularidades detectadas en el proyecto ciudad hospitalaria, con un costo de 517 millones de dólares, aprobado en el gobierno de Ricardo Martinelli.

Dirigentes del Frente por la Defensa de la Democracia, de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social, de la Alianza Estratégica Nacional, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, del Frente Amplio de Colón, entre otros, pidieron la nulidad del contrato firmado entre la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la Caja de Seguro Social (CSS) para la ejecución de la obra.

Además, los grupos instaron a investigar por las supuestas anomalías detectadas al expresidente Ricardo Martinelli.

Dos meses antes, específicamente en marzo, en una inspección al proyecto hecha por el contralor, Federico Humbert, y el director de la CSS, Estivenson Girón, se descubrió que las paredes del proyecto eran de pladur –un material similar al gypsium– y no de bloque, como establecía el contrato original.

Tras semanas de conflictos, la CSS acordó con FCC la demolición de 170 mil metros lineales de la construcción a base de pladur.

Además, en la obra se detectaron problemas de suministro de agua potable, de acople eléctrico y zonas inundadas. 

Además, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos objetó la ubicación del proyecto en las inmediaciones del Parque Nacional Camino de Cruces y por su lejanía del centro urbano, lo que lo convierte en un sitio de difícil acceso.

CONTRATO Y PAGOS

Guillermo Sáez-Llorens, entonces director de la CSS, firmó en marzo de 2012, bajo la modalidad de llave en mano, el contrato con FCC. Para esa época Javier Díaz era subdirector de la CSS y luego de la renuncia de Franklin Vergara como ministro de Salud, Díaz pasó a ocupar el cargo.

Sin haberse recibido oficialmente un edificio, la CSS pagó 230 millones de dólares al contratista, al que se le redujeron las obligaciones para el suministro de los equipos de la obra.

PROCESO Y DESCARGOS

Ante las anomalías denunciadas, la investigación quedó a cargo de la fiscal quinta Anticorrupción, Janeth Rovetto.

Luego de casi cinco meses de averiguaciones, ayer la fiscal llamó a indagatoria e imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado a Sáez-Llorens, al exministro Díaz y a otros cinco exfuncionarios de la CSS por supuestas irregularidades en el manejo del proyecto.

Carlos Carrillo, abogado de Sáez-Llorens, manifestó no haber sido notificado de la diligencia y por lo tanto no haría comentarios.

Sáez-Llorens también enfrenta un proceso en el Ministerio Público por el alquiler, en su administración, de 32 locales y un lote de terreno en la plaza El Cruce, en Pedregal, propiedad de Irnico, S.A., del empresario Fotis Taquis.

En tanto, Clementina Rodríguez, abogada de Linnet Monterrey, ex directora ejecutiva nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo de la CSS y quien fue llamada a indagatoria, dijo que tampoco haría comentarios.

Por su lado, el exministro Díaz informó de que mantendría silencio, porque no ha sido notificado por la fiscalía sobre este proceso judicial.

 

Se complica el estatus migratorio de Martinelli en Estados Unidos

El expresidente Ricardo Martinelli ha iniciado trámites para definir su estatus migratorio en Estados Unidos, tras vencerse el permiso de estadía de 180 días que se otorga a los visitantes que ingresan al país con visa turística.

El equipo de abogados que lo asesora ha extendido una solicitud formal para que se le asigne el estatus de ‘refugiado' o ‘asilado político', por, supuestamente, ser víctima de una persecución política por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, adelantaron fuentes cercanas al exmandatario a este diario,

Esta situación lo habría obligado, según sus abogados, a salir de Panamá desde el mes de enero pasado. Actualmente, se encuentra en calidad de turista en Miami, Estados Unidos.

PUERTAS CERRADAS

La solicitud fue presentada ante el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, pero, de acuerdo con las fuentes citadas, la delegación diplomática de ese país en suelo panameño habría recomendado negar la solicitud, por considerar que el expresidente ‘no cumple con los requisitos'.

El Servicio de Inmigración de Estados Unidos otorga esta categoría a las personas que puedan demostrar que en sus respectivos países han sido víctimas de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad y/o que pertenecen a determinado grupo social o profesan determinada opinión política.

No obstante, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá consideró que Martinelli no reúne ninguno de estos requisitos, y que, por el contrario, mantiene una decena de procesos judiciales relacionados con actos de corrupción, a los cuales debe hacer frente.

Martinelli ha sido acusado de beneficiarse con los negociados del Programa de Ayuda Nacional, de promover escuchas telefónicas ilegales, de estar vinculado con irregularidades en la casa de valores Financial Pacific y de estar tras el negociado en Cobranzas del Istmo.

Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha dado respuesta oficial, pero los abogados de Martinelli ya han sido alertados por otros medios de que la solicitud le será negada en los próximos días.

LAS POSTURAS

La intención de permanecer en el exterior sale a relucir cuatro meses después de que sus voceros hablasen de un retorno triunfal de Martinelli, en una supuesta caravana desde la provincia de Chiriquí.

Eso solo ocurriría escudado en el fuero penal electoral que adquiriría a razón de los comicios internos de CD, en octubre próximo.

‘Bajo la ley de Estados Unidos, los registros de visas son información confidencial. La sección 222(f) del Acta de Inmigración y Nacionalidad prohíbe la divulgación de detalles de casos de visas individuales', respondieron ayer portavoces de la embajada de Estados Unidos a una consulta de La Estrella de Panamá .

El vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, prefirió no referirse al tema.

LOS PASOS

De llegarse a negar la solicitud, las autoridades migratorias emitirían una ‘invitación' a dejar territorio estadounidense por voluntad propia en un plazo perentorio de días.

Vencido este último término, Martinelli sería declarado ‘ilegal' y correría el riesgo de ser deportado en el caso de ser detenido por algún agente del Servicio de Inmigración.

Ante esta posibilidad, los abogados del exmandatario le han recomendado que abandone lo más pronto posible el territorio estadounidense y se traslade a un tercer país. Esto sería posible, ya que, por el momento, sobre su persona no pesa ninguna orden de detención internacional.

LA GIRA

Martinelli está fuera desde el 28 de enero de este año, fecha en la que abandonó en el país por voluntad propia, supuestamente con el objetivo de iniciar una gira de denuncia internacional en la que divulgaría la persecución de la cual es víctima en Panamá.

La gira lo llevó a la desde del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en Guatemala, donde ostenta una curul.

Es precisamente ese cargo lo que ha complicado los procesos judiciales que se le siguen en Panamá, pues su categoría de diputado obliga a que sea la Corte Suprema de Justicia la que lo juzgue, tras el levantamiento del fuero penal electoral por el l Tribunal Electoral.

Tras su breve estadía en Guatemala, se radicó en marzo en la ciudad de Miami, donde ha otorgado algunas entrevistas a medios internacionales. También ha recibido la visita de sus más cercanos colaboradores y ha hecho de su cuenta de twitter su trinchera para cuestionar la gestión del actual gobierno.

 

 

 

 

 

 

El triángulo de Petaquilla

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) pretende establecer la relación entre el exmandatario Ricardo Martinelli y la cuenta de inversiones High Spirit, ubicada en la casa de valores Financial Pacific.

La SMV busca demostrar así que el entonces mandatario utilizó información privilegiada para comprar y vender acciones de la minera Petaquilla Minerals, que se cotiza en la bolsa de valores de Toronto, Canadá.

Varios hechos han desnudado el vínculo entre Martinelli y la mencionada cuenta en la que la SMV. Uno de ellos, según la investigación de la SMV que reposa en la Corte Suprema de Justicia que retrata la apertura de la cuenta High Spirit en marzo de 2010, es un correo electrónico.

La comunicación es entre Mariel Rodríguez, oficial de cumplimiento de Financial Pacific, y una de las empleadas de la casa de valores a la que Rodríguez le solicita asignar un numero de cuenta a nombre de High Spirit Overseas, y que debía hacer llegar la información de esa cuenta al señor ‘Ricardo', aunque no especifica el apellido.

Rodríguez le hace constar a su colega que el trámite debe realizarse a la mayor brevedad posible, y que se trata de una cuenta aprobada por el señor West, ‘un cliente importante', le reitera, aún cuando la documentación para la abrir la cuenta se encontraba incompleta. En ese momento hacían falta al menos 9 documentos en el formulario de verificación. Entre ellos, la SMV detectó que no se aportó la declaración jurada sobre el origen y destino de fondos.

Sopesan, además, la influencia en la directiva de la empresa minera de personas de entera confianza del exmandatario, como Raúl Ferrer, copartidario, nombrado en el 2009 como representante del Ejecutivo en la junta directiva de Panamá Pacífico.

Entre otras referencias, la SMV, remarca que la cuenta High Spirit, se tituló a nombre de Aaron Mizrachi, cuñado del exmandatario. Una tercera evidencia, según la SMV, radica en que personas de confianza de Martinelli, como Raúl Ferrer, ocupaba un cargo clave en la directiva de la minera, de donde pudo haberse nutrido de información privilegiada para transar en la bolsa de valores, según la SMV.

LOS VÍNCULOS

La Estrella de Panamá conversó con una fuente conocedora de las interioridades de la minera, quien reveló detalles acerca de la relación que sostenían Martinelli, Ferrer, y Richard Fifer, non executive president de Petaquilla Minerals, a quien el exmandatario había aconsejado mantenerse en España y con bajo perfil en la empresa.

En febrero de 2012, el principal directivo panameño de la minera canadiense Petaquilla Minerals Ltd., estaba a punto de "colgar los guantes". "Raúl Ferrer buscaba una salida honrosa de la empresa, se había cansado de lo que él denominaba luchar contra corriente", afirmó una voz que solicitó anonimato.

"En una ocasión, cerca a esa fecha, febrero, Ferrer mencionó a Fifer que no estaba cumpliendo con lo que le había pedido el número uno, refiriéndose a Martinelli, y también le solicitó colocar sus dos millones de acciones de Petaquilla Minerals con los contactos de Fifer sin tener que pasar por la subasta en el mercado de Toronto. Un acto calificado como un delito en el mercado", añadió esta persona.

La versión de la fuente en relación a las intenciones de Ferrer de abandonar el cargo, coincide con las declaraciones que Ferrer ofreció a La Estrella de Panamá en mayo de este año.

‘Yo renuncié varias veces, y finalmente me fui en el 2013. Tuve altas y bajas en los problemas con Fifer, pero siempre tuve la esperanza de que las cosas se iban a arreglar y que se vendería la compañía', manifestó Ferrer.

Hoy la mina se encuentra en completo abandono y llena de deudas. Ferrer asegura que al igual que otros inversionistas él también perdió dinero por el precio de la acción. A principios de 2014, la mina redujo drásticamente la extracción del metal, dejó de pagar a los proveedores y a los trabajadores que han interpuesto varios recursos legales para recuperar sus prestaciones.

Ferrer se deslinda de sus vínculos con Martinelli. Afirma que su designación en Petaquilla Minerals Ltd., no obedece a su amistad con el exmandatario, más bien asumió el rol como una oportunidad para ‘cuidar' de sus intereses y de los accionista que que conocía, manifestó entonces.

Ferrer explicó que su elección fue ‘una movida hábil de Fifer que necesitaba los votos en la directiva para reelegirse, y sabía que con una figura de credibilidad podría hacerlo'.

Ferrer, un empresario que contaba con 2 millones de acciones de la minera, se integró como parte de la directiva en noviembre de 2009. La investigación de la SMV, considera que tanto Raúl Ferrer, como Rodrigo Esquivel (representante legal de Petaquilla Gold) también participaron en compra y venta de acciones de Petaquilla por intermedio de sociedades o fundaciones en otras casas de valores.

A pesar de haberlo considerado como parte la directiva para posicionarse en la junta directiva, Fifer no mantenía la mejor relación con Ferer. Este último la calificó como ‘muy mala' y ‘volátil'. ‘Tengo miles de correos electrónicos que muestran mi oposición a las decisiones que se hacían en la compañía', indicó Ferrer.

Según la fuente, "Ferrer era el enlace entre Richard Fifer, y Martinelli". Por ejemplo, ‘Ferrer le decía a Fifer que no acuda a ciertos sitios o eventos a los que asistiría el presidente, quien se cercioraba de que Fifer no coincidiera con él en las actividades relacionadas a la mina, como exposiciones en las tendría presencia Petaquilla", explicó la fuente.

En septiembre 7 de 2009, Martinelli y Fifer sostuvieron una reunión en la presidencia en la que afinaron los términos de cómo se operaría la mina. Producto de esa reunión "Fifer envió una carta al presidente en la que le agradecía la invitación y que se mantendrían comunicados vía electrónica para que todas las decisiones de la empresa se consultaran con Martinelli quien había condicionado la salida de Fifer de la directiva de la mina", indicó esta persona.

Ricardo Martinelli no quería cerca a Richard Fifer. Esa sería una de las condiciones impuestas por el entonces presidente al otorgar el permiso de comercialización y exportación de oro de Petaquilla Gold, subsidiaria de la canadiense, un momento con el que Fifer había soñado desde hacía muchos años.

DE LA CUENTA Y COMPRAS

La SMV detectó varias irregularidades en la cuenta High Spirit. La primera fue el ingreso de fondos iniciales de procedencia desconocida. "Como saldo para operar la cuenta se realiza la compra de acciones de Petaquilla por un monto de $984,772, transacciones comprendidas entre el 26 de marzo de 2010, al 15 de abril del mismo año, dejando la cuenta en negativo -9,293 (ver tabla)', se lee en la compulsa.

El 20 de abril, es acreditada a favor de High Spirit una transferencia de terceros procedente de la cuenta Caribbean Holdign Services, por $399,683. Cuenta que Mizrachi ha declarado públicamente ser el único accionista.

Nuevamente se procede a comprar, el 7 de octubre de 2010, un total de 3,534 acciones de Inmet Mining. Empresa minera colindante con Petaquilla Gold, que en 2013, concretó la compra de ciertas fincas de la mina.

Entre el 6 y 14 de diciembre de 2010, se procedió a la venta de las acciones por la suma de $1,967,320 con una ganancia de $771,148, puesto que el precio de la acción, según la SMV llegó a subir entre un 74% y un 103% el valor de sus acciones. La plata se transfiere el 21 de diciembre a una cuenta offshore del Global Bank. En total se transfieren $2 millones que incluían las ganancias de la inversión más los fondos desconocidos, según el informe de la SMV.

Un segundo bloque de compras de 242 mil acciones se registró en tres fechas: 22 y 29 de julio, y el 1 de agosto de 2011. La acción se adquirió en 0.77, y 0.89. A partir de la última fecha se inició el proceso de venta en forma escalonada, y finalmente el 14 de agosto de 2013 culminó la operación en la que el cliente perdió $94,133.

En marzo de 2012, la cuenta recibió una transferencia por $1 millón desde la cuenta de la sociedad Jal Offshore, cliente de Financial Pacific respecto a la cual la SMV interpuso una querella ante el MP, cuyo responsable es el abogado Ramsés Owens.

La cuenta de High Spirit se cerró el 30 de junio de 2014 con un saldo de , a un día de que tomara posesión la nueva administración gubernamental que relevó a Martinelli. El señor Gumersindo García, firmante de la cuenta, solicitó la liquidación del portafolio de inversión para que se transfieran los fondos a Digital Kingdom Ltd., a través del Banco Hang Seng Bank, con domicilio en Hong Kong. Una transferencia prohibida, toda vez que los pagos a terceros sin sustento legal no son permitidos, según la SMV.

Aunado a lo anterior, la SMV enlistó varias prácticas contrarias a la ley de valores que evidencian una relación de confianza entre los directivos Financial Pacific, y los beneficiarios o firmantes de la cuentas investigadas, entre las que se encuentra la cuenta personal del exmandatario: sobregiro en compras de inversiones no acorde con su monto de inversión; falta de contratos para estos sobregiros; transferencias recibidas y enviadas a terceros que no guadaban ninguna relación con el mercado de valores, sino que corresponderían a la regulación bancaria.

Petaquilla Minerals Ltd. contaba con 225 millones de acciones, de las cuales cerca de un 30% estarían en manos de accionistas panameños.

 

SMV pide abrir proceso a Shamah

Esta petición fue incluida en el recurso de apelación que la SMV presentó contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal en este caso, que condenó a cinco años de prisión al exdirector de Supervisión de la entidad Ignacio Fábrega, tras revelar información confidencial a FP.

La SMV destaca que corresponde al Ministerio Público investigar “los serios hechos señalados” por Fábrega en la audiencia del pasado 25 de agosto, celebrada por el Juzgado Primero Penal, en la que “endilgó responsabilidad al señor exministro de Turismo Salomón Shamah, al señalar que él mismo le daba instrucciones directas de cómo actuar respecto a la casa de valores Financial Pacific…”.

El recurso de apelación de la SMV precisa que Shamah podría ser investigado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y por delitos financieros, distinto al proceso seguido a Fábrega por corrupción de servidores públicos.

Fábrega también hizo señalamientos incriminatorios contra el exmandatario Ricardo Martinelli, por lo que el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, ordenó compulsar (enviar) copias de esas declaraciones a la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponde investigarlo por su investidura de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La SMV también pidió al Segundo Tribunal que aumente la pena de cinco años dictada a Fábrega, ya que, según su criterio, el juez primero penal no tomó en consideración los agravantes del delito contemplados en el Código Penal.

DAÑO

El exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega “no actuó con motivos nobles o altruistas, y por su vasto conocimiento era consciente del daño que causaba” al revelar información confidencial a la casa de valores Financial Pacific (FP).

Así lo concluye la apelación que la SMV presentó ante el Segundo Tribunal Superior –por intermedio de la firma Mejía y Asociados–, con la pretensión de que se aumente la pena impuesta a Fábrega por el Juzgado Primero Penal, de cinco años de cárcel.

El exfuncionario fue condenado en un fallo del 3 de septiembre pasado por el juez Rolando Quesada Vallespi.

En el juicio, celebrado el 25 de agosto, Fábrega se declaró culpable del delito de corrupción de servidor público por dar información confidencial a FP, cuando la casa de valores era objeto de una investigación administrativa en 2014.

La información fue enviada a través del correo electrónico que le asignó la SMV a Fábrega.

JUEZ OBVIÓ AGRAVANTES

En la apelación, documento al que este medio tuvo acceso, la SMV advierte de que el juez Quesada Vallespi no tomó en cuenta las circunstancias agravantes en las que Fábrega cometió el delito, al generar “un gran impacto sobre la estabilidad de la economía nacional”.

“Ignacio Fábrega pasó por alto los deberes que tenía como servidor público dentro del ente que le competía supervisar y fiscalizar que las actividades del mercado de valores se desarrollen en Panamá, propiciando la seguridad jurídica y garantizando la transparencia, con especial protección de los derechos de los inversionistas”, dice la apelación de la entidad reguladora del mercado de valores.

Explica que si el juez hubiera tomado en cuenta los agravantes, se le habría aplicado una pena mayor a Fábrega.

“Consideramos que a la hora de imponer la sentencia, el juzgador de primera instancia debió tomar en cuenta los agravantes establecidos por el artículo 88 del Código Penal”, señala el recurso de la SMV.

El numeral 6 del citado artículo señala como agravante: “ejecutar el hecho con abuso de autoridad, de la confianza pública o de facultades inherentes a la profesión que ejerza el agente o el cargo que desempeña”.

Indica que si el juzgador hubiera aplicado el agravante, esto hubiera significado “el aumento de una sexta a una tercera parte de la pena impuesta”. “De allí que diferimos con lo establecido por el juzgador en su sentencia y lo planteado por la defensa en su recurso de apelación, sobre los factores que debieron tomarse en cuenta a la hora de dosificar la pena”, agrega.

El recurso advierte, además, que Fábrega no mostró arrepentimiento espontáneo ni colaboración efectiva y oportuna, por lo que no le es aplicable las medidas atenuantes consagradas en el artículo 90 del Código Penal.

Antes de hacerle frente al juicio y luego de que el juzgado ordenara su detención, Fábrega estuvo cuatro meses prófugo.

PASÓ INFORMACIÓN CLAVE

Otra de las situaciones expuestas en la apelación es el hecho de que Fábrega renunció a su cargo en la SMV el 30 de junio de 2014, y el 2 de julio de ese mismo año, cuando la SMV se presentó a ejecutar la intervención administrativa en FP, el ahora detenido estaba trabajando en la casa de valores.

“Lo importante a destacar es que el señor Fábrega, a menos de 24 horas hábiles de haber sido un funcionario de alta jerarquía en la SMV, ya estaba instalado en la casa de valores que antes supervisaba, a la que se le comprobó remitía información confidencial”, agrega.

“El mismo 2 de julio de 2014, la SMV recibió información que indicaba que el señor Ignacio Fábrega mientras ejerció el cargo de director de la Dirección de Supervisión de la SMV reveló de manera reiterada información confidencial, privilegiada y de carácter reservado a entidades reguladas (Financial Pacific)”, destaca el escrito.

La información que enviaba Fábrega a FP incluía instrucciones dadas por la junta directiva de la SMV, quejas presentadas por clientes de casas de valores, recomendaciones de cómo responder a los requerimientos de la SMV y a los reclamos de clientes.

La apelación precisa que, tras la intervención, se comprobó que la base de datos de FP fue eliminada ilícitamente. Esto provocó que la entonces interventora de la empresa, Dalys Terán, presentara una querella contra Marcelo Kazuhiro, encargado del sistema informático de la casa de valores.

Kazuhiro, que salió de Panamá, está acusado de delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos y tiene una orden de detención girada por la ¦Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual.

La casa de valores FP fue objeto de una liquidación forzosa el 11 de agosto del año pasado.

FÁBREGA, VINCULADO A OTROS CASOS

El recurso de apelación de la SMV destaca que a la hora de aplicar la pena, el juez desconoció que Fábrega ha sido querellado por estar presuntamente ligado a actividades relacionadas con delitos de delincuencia organizada, en especial, blanqueo de capitales, delitos financieros, contra la seguridad informática y contra la vida e integridad personal. Incluso, que ha sido mencionado en la investigación que sigue el Ministerio Público por la desaparición, en noviembre de 2012, de Vernon Ramos, ex subdirector de Análisis Financiero de la SMV y a la postre, su subalterno.

También resalta que Fábrega ha sido mencionado en la investigación por las lesiones causadas a Gustavo Gordon, ex subalterno de Ramos en la SMV, quien fue apuñalado en junio de 2014, justo cuando se dirigía a las oficinas de FP, ubicadas en la torre BBVA de avenida Balboa.

 

Financial Pacific, la causa que complica a la Corte Suprema

El 28 de septiembre, a las 10 de la mañana, en las oficinas de Financial Pacific, ubicadas en la avenida Balboa, frente al concurrido Parque Urracá, se presentó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Ramón Fábrega para una práctica de pruebas solicitada por los exdirectivos de la casa de valores intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el 3 de julio de 2014, y liquidada el 18 de agosto.

La inusual tarea del magistrado respondía a una demanda interpuesta ante la Sala Tercera de la Corte, el 3 de septiembre de 2014, por el abogado Joaquín Pérez, en representación de los exdirectivos de Financial Pacific, para que se declare nula, por ilegal, la resolución SMV 314-2014 del 2 de julio del año pasado mediante la cual la SMV ordenó la intervención de Financial Pacific.

La ley faculta al magistrado Fábrega, nombrado por Martinelli en la Corte, en enero de 2012, para realizar estas las pruebas. Aunque, algunos entendidos en la materia califican su presencia como ‘rara', o ‘extraña'.

‘No recuerdo a un magistrado que haya hecho personalmente esta gestión', manifestó el abogado Ernesto Cedeño.' ‘Ojalá y los magistrados fueran a todas la diligencias', indicó el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.

Por la parte demandante, entre los presentes, estuvo Carlos Osorio Wald, además de testigos y peritos del caso.

Lo que sorprendió a los presentes, según indicó a este diario uno de los testigos, fue que las preguntas de la secretaria judicial fueron muy generales, no específicas como lo requiere el código. ‘Aceptaron preguntas más allá de la intervención', indicó la fuente.

La presencia del magistrado sustanciador levantó suspicacia entre los funcionarios de la SMV a quienes se les tomó testimonio.

¿Qué sucedería si la Sala Tercera, también conformada por el magistrado Abel Zamorano y Nelly Cedeño, declara ilegal la intervención que hizo la SMV a Financial Pacific en julio de 2014? Cedeño responde que en ese caso los demandantes ‘podrán solicitar al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios en virtud de la ilegalidad, lucro cesante y daños emergentes'.

La desacostumbrada actuación de Fábrega ocurre justo en momentos en que la Corte realiza una investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli por supuesto uso de información privilegiada en la compra y venta de acciones de Petaquilla Minerals Ltd., a través de las cuentas que mantenía en Financial Pacific. Este es uno de los procesos más álgidos de los 12 que se siguen en su contra.

Cuando el informe de la SMV llegó a la Corte el 30 de junio del corriente, estaba dirigido a nombre del magistrado José Ayú Prado. No obstante, después de dos meses de haber recibido en su despacho este informe, el presidente de este órgano afirma que ‘no conoce las copias que envió la SMV'.

Lo anterior lo dijo a raíz de las protestas de la sociedad civil que exigen a Ayú Pradorenuncie a su rol de juez de garantías en este proceso.

El pleno de la Corte nombró al magistrado Hernán De León fiscal del caso. En un principio, según dio a conocer una fuente ligada al órgano judicial, De León consideró que se trataba de un proceso administrativo, no penal, y que el informe carecía de elementos de convicción. Entonces uno de los colegas tomó el expediente e identificó los elementos que ameritaban la investigación.

De León fue nombrado por Martinelli en enero de 2012.

Ayú Prado también debe sus ascensos a Martinelli. Primero como procurador de la Nación, y después como magistrado de la Corte en enero de 2013. Su nombramiento se hizo en medio de cuestionamientos por su injerencia en las investigaciones del caso Financial Pacific. Su rol como juez de garantías en este proceso ha despertado una tela de dudas por los señalamientos directos de una de las empleadas de Financial Pacific, quien le acusó de haberle prometido la excarcelaión a cambio de que se retractara de una declaración en la que involucró a Martinelli como tenedor de una de las cuentas de Financial Pacific que utilizó para comprar acciones de Petaquilla Minerals. Ayú Prado no ve causal jurídica para apartarse del caso.

HECHOS Y TRANSACCIONES

La SVM compulsó copia del expediente administrativo al órgano judicial en el que denuncia que en un periodo de casi tres meses (octubre 2014-enero 2015), el entonces presidente Ricardo Martinelli, ganó $102,876 en las transacciones de compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd., con el uso de información privilegiada y que viola los artículos 247 y 249 de la Ley de Mercado de Valores.

Martinelli abrió una cuenta personal en Financial Pacific con un cheque de Global Bank por $100 mil en mayo de 2007.

La casa de valores Financial Pacific, donde se alojaba la cuenta de Martinelli, hoy es objeto de investigación por un fraude por $12 millones denunciado en julio de 2012 por los entonces directivos West Valdés e Iván Clare. Según el informe de la SMV, Valdés y Clare, también abrieron cuentas de inversión a nombre de compañías que ellos mismos administraban, y obtuvieron beneficios en las acciones de Petaquilla Minerals.

La SMV analizó la relación entre los hechos gubernamentales que pudieron estar bajo el control del Ejecutivo, los registros electrónicos de negociación financiera de las acciones de Petaquilla Minerals, así como los documentos de importancia que divulgó la empresa pública que cotiza en la bolsa de valores de Toronto, Canadá, y determinó que Martinelli utilizó información privilegiada a su favor. Un delito que internacionalmente se conoce como ‘insider information'.

Entre los hechos que destaca el documento de la SMV, resalta el permiso de exportación del metal que otorgó el Ministerio de Comercio e Industrias a Petaquilla Gold, subsidiaria de la minera canadiense.

Con esta información privilegiada surge la relación con Ricardo Martinelli, que como titular de la cuenta de inversión 100240 en Financial Pacific, invirtió en acciones de Petaquilla mientras era presidente, circunstancia que lo ubica en una posición privilegiada toda vez que a partir de sus gestiones, fueron ejecutadas acciones que incidieron en las operaciones de Petaquilla.

No obstante, el documento de la SMV obvia hechos relevantes. El primer suceso es la irrupción del entonces ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, en una reunión de directivos de Petaquilla Minerals celebrada el 15 de agosto de 2009. Aquella mañana, el enviado del presidente pronunció un mensaje. Palabras más o menos, dijo que el Gobierno estaba dispuesto a apoyar el desarrollo minero pero que no otorgaría a la compañía el permiso de exportación del metal si continuaba a la cabeza de la empresa Richard Fifer, gerente general.

Robert Baxter y Joao Manuel, quienes se encontraban en la reunión, se trasladaron a la Presidencia. Se reunieron con el presidente Martinelli y éste les reiteró lo dicho por su mensajero.

Éste es el primer momento en que el Ejecutivo de turno interfirió directamente en una empresa pública para alterar la composición de la junta directiva. De ahí en adelante, otros sucesos refuerzan la tesis de que Martinelli se benefició de su posición y de la información de la que disponía para transar acciones de la minera. ( gráfica)

Una nueva directiva de Petaquilla Minerals se conformó a mediados de septiembre, pero la SMV parte su investigación desde que Martinelli compró 225 mil acciones de la minera el 27 de octubre de 2009, a 0.32 cada una.

En noviembre, Fifer recuperó el liderazgo entre los accionistas, tras haber llegado a un acuerdo con Martinelli en septiembre de 2009, y nombra una nueva directiva que entre sus miembros figura Raúl Ferrer. Un accionista de la minera que contaba con la confianza del mandatario.

Otro hecho relevante es que antes de que el Gobierno panameño lo anunciara en forma oficial, la minera publicó en noviembre de 2009 que había recibido luz verde del Gobierno para la comercialización del oro. La noticia provocó un alza en la acción.

Luego, en enero de 2010, la empresa publicaba los avances en la extracción de oro. Fue en ese mes que Martinelli capitalizó su inversión y vendió las acciones en forma escalonada a lo largo de una semana con un valor promedio de 0.80, casi triplicando su dinero. El 7 junio de 2013, se cerró la cuenta del exmandatario. Financial Pacific emitió un cheque por $399,760.53 a su nombre.  

 

Regulación de la prensa centra el debate en la SIP

El anteproyecto de ley presentado por el diputado oficialista Juan Moya que busca regular la carrera del periodista y reportero gráfico en el país, es ‘un retroceso a las denominadas leyes mordaza panameñas aprobadas durante la dictadura militar y derogadas en 2005'.

Así advirtió la delegación de Panamá ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en asamblea en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El informe expuesto por Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella, destacó que el anteproyecto está pendiente de trámite y podría convertirse en ley en cualquier momento.

Quirós insistió que el anteproyecto ‘viola el derecho a la libertad de expresión de quienes quieran expresarse a través de los medios y que no tengan título de periodista y obtengan la acreditación respectiva'.

Según el delegado, la propuesta también pasa sobre el derecho al trabajo de todas las personas, ‘al establecer barreras injustificadas de entrada al mercado laboral'.

Además, dijo, ‘viola el derecho a la libre asociación de los periodistas al obligarlos a colegiarse en instituciones a las que libremente han decidido no pertenecer'.

Quirós consideró que el Consejo Técnico de Periodismo propuesto en el anteproyecto es una ‘entidad sin legitimidad democrática'.

El documento aspira por un lado a que se sancione con dos a cinco años de prisión a quienes ejerzan ilegalmente el periodismo, y propone incrementar el salario mínimo de los profesionales.

‘La SIP envió una carta al presidente (Juan Carlos) Varela, manifestando su preocupación con este anteproyecto, presentado por un diputado de su partido, y no hemos recibido respuesta', señaló Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

Sin embargo, el secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, aseguró que en Panamá hay ‘absoluto clima de respeto democrático en el que cada ciudadano puede expresar sin temor su opinión'.

‘Corresponde al Legislativo atender las opiniones y preocupaciones que generen las distintas iniciativas que se presenen ante ese Órgano', agregó.

Por su lado, el Colegio de Periodistas calificó como un ‘chantaje' la posición de la SIP. ‘Dicen defender la libertad de prensa, y no hacen nada frente al hecho de algunos de sus asociados en este país cometen atropellos con sus propios colaboradores', ripostó la presidenta del gremio, Blanca Gómez.

LAS DEMÁS ALERTAS

Más allá del anteproyecto que regula el periodismo, Quirós destacó ante la SIP el proceso legal que inició el exsupervisor de la Superintendencia de Valores Ignacio Fábrega contra Adela Coriat, editora de investigación de La Estrella de Panamá .

El caso fue archivado provisionalmente por el Juzgado Undécimo Penal, porque la acusación de calumnia que pesaba sobre Coriat radicaba en que utilizó, en unos de sus reportes periodísticos, la frase ‘garanta profunda' para referirse a Fábrega, seudónimo que, lejos de ella imponérselo, figuraba en el expediente que seguía la justicia por las anomalías en la casa de valores Financial Pacific.

Por él, Fábrega fue condenado a cinco años de prisión.

Además, relató Quirós, la justicia ha dilatado el proceso que se sigue contra el exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz por agredir al secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, quien respaldaba a periodistas de la televisora TVN , asediados por el exfuncionario cuando intentaban hacer tomas del edificio de inteligencia.

 

“La reunión con Ayú Prado no cambió nada. Debe renunciar

La sociedad civil ha dado hasta la próxima semana para que el magistrado presidente José Ayú Prado se declare impedido de ser el juez de garantías de la causa Financial Pacific, en la que se investiga al expresidente Ricardo Martinelli.

Así se decidió ayer, en una reunión en la que una serie de organizaciones se citó con seis magistrados de la Corte Suprema, para discutir una agenda de seis puntos sobre cómo mejorar la justicia.

El Movimiento de Independientes (Movin) invocó la renuncia de Ayú Prado en base a los artículos 13 y 14 del Código de Ética del Funcionario Judicial.

Esas normas establecen que un juez ‘está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las quese vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así'. Ayú Prado ha sido acusado de obrar a favor de Martinelli, cuando este caso estuvo en su despacho, como procurador.

‘El magistrado agregó que no había visto el tema desde ese punto y se comprometió a analizarlo', señaló Anette Planells representante de Movin. Ayú Prado no se acercó a la prensa.

De todos modos, el magistrado Ayú Prado mantuvo su discurso en que no hay causales para que se declare impedido, pues no es cliente de Financial Pacific.

‘En esta reunión se abrió un espacio para plantear temas muy fuertes con exigencias muy puntuales y que los magistrados recibieron con apertura y humildad', agregó Planells.

En la lista de peticiones, agregó el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, estuvo la de que los magistrados deben actuar con ‘prudencia para que no quede una percepción de que no se está aplicando justicia'.

En la reunión —cuestionada y deslegitimada por el Frenadeso— también trascendió la necesidad de que haya un plan de acción para combatir la mora judicial, se defina el fallo de inconstitucionalidad sobre toda ley de blindaje, y se dé celeridad a los procesos contra los diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano. Como respuesta, los magistrados plantearon sus limitaciones por presupuestos y facilidades a recursos.

La próxima semana los grupos de la sociedad civil solicitarán una reunión con el presidente Juan Carlos Varela, para que explique sobre el proceso de nombramiento de tres magistrados, y sobre el recorte de $120 millones en el presupuesto judicial.

 

Zúñiga afirma en la Corte que Martinelli perseguía a su familia

El exdirigente gremial Mauro Zúñiga aseguró ayer ante la oficina del magistrado Harry Díaz que el Consejo de Seguridad del gobierno de Ricardo Martinelli perseguía a su familia.

Las declaraciones de Zúñiga se dieron en una entrevista que le realizó ayer la asistente judicial de Díaz, Kathia Jiménez, por el caso de ‘los pinchazos telefónicos' del que fueron víctimas unas 150 personas y por las cuales responsabilizan al expresidente Martinelli.

Zúñiga recordó que cuando lo llamaron de la Fiscalía Auxiliar para indicarle que había sido víctima de los pinchazos, se le entregó documentos de la oficina de seguridad de la Presidencia, en los que aparecían sus hijos y su hermano, lo que indica, a su juicio, ‘que eso no era para enriquecer un álbum de figuritas, sino porque se estaba planeando ejecutar algún acto delictivo en contra de ellos'.

Además declaró que frente a su edificio aparecían autos con vidrios oscuros que permanecían por muchas horas, lo mismo que en su casa en el distrito de San Carlos. Agregó que en una ocasión persiguieron a su esposa quien se refugió en la policía del lugar.

En su exposición responsabilizó de los ‘pinchazos' a Martinelli, al exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, al exsecretario de Seguridad Jaime Trujillo, al exmagistrado de la Corte Suprema José Abel Almengor, y al actual presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Zuñiga ha temido que la Corte no avance con este ni otro expediente contra Martinelli, a quien ha acusado de tener plegados a los magistrados.

‘El actual presidente de la República es parte y cómplice de este acto de corrupción, no se sabe calzar pantalones largos', insistió, porque a su juicio no ha tomado cartas sobre la Corte Suprema de Justicia.

Varela debe nombrar a dos magistrados y en enero que viene habrá tenido que designar al sucesor de Harley Mitchell.

Fuentes judiciales han dicho que el expediente por el caso pinchazos está en la parte final de la etapa de entrevistas.

Ese es uno de los 12 procesos judiciales que tiene el mayor tribunal de justicia contra el expresidente Martinelli, autoexiliado en Miami, Estados Unidos.

 

Ayú Prado se aferra a una frágil defensa

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Lucas López se unió a las voces que exigen al magistrado José Ayú Prado que se declare impedido como juez de garantías en el proceso que sigue esa corporación al expresidente Ricardo Martinelli por el escándalo de Financial Pacific.

López le pidió a Ayú Prado –a través de una carta– que se separe “voluntariamente” del caso.

Y Ayú Prado le contestó. Le remitió copia de una investigación inconclusa de la exprocuradora Ana Belfon, centrada en declaraciones de varias personas que lo eximieron de la acusación que le hizo Mayté Pellegrini –exempleada de la casa de valores, acusada por un presunto desfalco– por supuestamente haberla obligado a retractarse de señalamientos contra Martinelli.

Pese a que Belfon abrió el caso por la supuesta comisión de delitos contra la administración de justicia –amenaza a un funcionario–, tras una llamada que hizo Pellegrini al despacho de Ayú Prado en febrero de 2013, en la que le decía que le había incumplido un trato para liberarla de la cárcel, Belfon nunca la llamó a declarar sobre el particular y cerró el proceso alegando que resultó imposible “la determinación del autor” del hecho [la llamada].

“Nunca me llamaron y tampoco llamaron al tramitante”, dijo ayer Pellegrini, y recordó que cuando ella le dijo al magistrado: “Sacas tú la grabación o la saco yo”, el Ministerio Público cerró el caso de inmediato. 

 

CUANDO BELFON LE TIRÓ LA TOALLA A AYÚ PRADO

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado se enfrentó a una semana difícil. En la calle, distintos sectores de la sociedad civil le exigen que se declare impedido como juez de garantías en el proceso que sigue la CSJ al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Financial Pacific (FP) y de paso le recuerdan su polémico ascenso al Palacio de Justicia Gil Ponce. 

Carlos Lucas López, quien fungió como presidente de la Corte de 1990 a 1993, en una carta del pasado 28 de septiembre se unió al clamor ciudadano y le solicita que se separe del caso. “No son pocos los honorables panameños y hombres de bien que le hayan (sic) sugerido a usted se declare impedido como juez de garantías en el mencionado proceso”, añade.

Ayú Prado, en otra carta del 30 de septiembre, le agradeció por hacerle llegar su punto de vista, por los consejos, y de paso le envía parte de una investigación de la exprocuradora Ana Belfon. “Cuando lea el contenido de dichos testimonios ampliará su perspectiva acerca de las aseveraciones que hace en los medios de comunicación sobre una supuesta retractación (…) una persona imputada de delitos”, le dice. 

Se refiere a un caso que abrió Belfon, por la supuesta comisión de delitos contra la administración de justicia, luego de que el 20 de febrero de 2013, Ayú Prado recibiera una llamada en su despacho de la Sala Segunda de la Corte. Se trataba de Mayté Pellegrini, quien a las 9: 00 a.m. de ese día, vía telefónica, solicitó hablar con el magistrado. La secretaria ejecutiva de ese tribunal, Olga Lidia Barnabás Gálvez, le contestó que estaba en una reunión. Pellegrini afirmó que volvería a llamar y agregó lo siguiente: “Él sabe quién soy yo y dónde estoy”.

Llamó a las 9:20 a.m. y como no pudo hablar con Ayú Prado le dejó otro mensaje: “Dígale al magistrado que me obligó a retractarme de mis declaraciones, prometiéndome algo que no me cumplieron, que el 20 de marzo de 2013 voy a declarar nuevamente y si no cumplen con lo acordado, lo voy a decir todo”.

El 20 de marzo de 2013, seis días antes de la fecha en que sería indagada Pellegrini, Ayú Prado solicitó a Belfon que investigara la llamada.

“Cuando yo salgo en los medios y digo que no me llevaron a declarar [la indagatoria estaba pactada para el 26 de marzo de 2013], y que me llevaron a la máxima [la celda de máxima seguridad en la cárcel de mujeres], Ayú Prado dice que iba a poner una denuncia porque había habido una supuesta persona [yo] que había supuestamente llamado [yo], todos supuestos; yo vuelvo y llamo a los medios y le digo: No tienes que hacer ninguna denuncia (…) ¿qué quieres? ¿Sacas tú la grabación del mensaje o quieres que yo la saque?”, recordó ayer Mayté Pellegrini.

Después, dijo Pellegrini, “automáticamente retiraron la denuncia”.

Por esa llamada, Belfon tomó declaración jurada de Mauricio Ceballos, exabogado de Pellegrini, a Ricardo Ricky Solís, exfuncionario del Ministerio Público y a quien Pellegrini acusa de haber ayudado a redactar su retractación; a Frank Torres Ruiz, exfiscal decimotercero de circuito, y a Juan Carlos Vergara Arcia, exfuncionario del Ministerio Público.

Curiosamente, la exprocuradora empezó a mover este caso y tramitó la primera declaración jurada [la de Ceballos] precisamente el 4 de julio de 2013. El mismo día en que este medio publicó un manuscrito de Pellegrini en el que revelaba que Ayú Prado le había obligado a retractarse de haber implicado a Martinelli en el caso Financial Pacific. “El 26 de diciembre de 2012, a las 4:30 p.m., un carro de la Presidencia apareció en la [Dirección de Investigación Judicial] DIJ de Ancón a buscarme para una supuesta declaración de la que yo no había sido notificada”, contó entonces.

Pellegrini, exempleada de confianza de FP, había dicho el 22 de noviembre de 2012 que en la casa de valores había una cuenta llamada High Spirit, que era de Martinelli y se usaba para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals.

Cuando le consultaron a Ceballos sobre si el 26 de diciembre de 2012 observó o percibió una situación irregular, él contestó: “Para nada”. 

Solís [a quien Pellegrini acusa de haber ayudado a Ayú Prado a redactar su retractación] respondió que “en ningún momento se ha reunido o ha hablado del tema de FP, o de Pellegrini, con Ayú Prado. “No conozco a la señora Pellegrini”, agregó.

Mientras que Torres, el fiscal que indagó a Pellegrini el día de la supuesta retractación, manifestó: “No es cierto que ese 26 de diciembre de 2012, el entonces procurador haya estado presente en la diligencia ni en ningún cuarto contiguo a la fiscalía (…)”.

Vergara Arcia tampoco percibió ningún hecho irregular, de acuerdo a la diligencia practicada por el Ministerio Público.

Pero nunca se llamó a declarar a Pellegrini, la autora de la llamada. Ella misma lo recordó ayer. “Jamás me llamaron. Nunca llamaron ni al tramitante del caso”.

SE ARCHIVA

Belfon archivó el proceso alegando que fue imposible la determinación del autor o autores del hecho, luego de establecer que resultó “evidente que los hechos expuestos por quien realizó la llamada telefónica no fueron percibidos por la mayoría de las personas que participaron de la diligencia practicada el 26 de diciembre de 2013, por tanto surge la duda sobre la ocurrencia o no de tales hechos”, entre otras cosas.

La investigación de la exprocuradora, nombrada por Martinelli en diciembre de 2012 en reemplazo, precisamente, de Ayú Prado, sería parte de la estrategia del magistrado presidente de la Corte para desvincularse de las acusaciones en el escándalo FP. Al menos, a esto apeló para responderle a al exmagistrado López.

Pero López dijo ayer a este medio que no le convenció la respuesta de Ayú Prado y así se lo hizo saber en otra carta. “Le estoy reiterando lo que yo había dicho (…) él no puede ser juez de garantías si él está involucrado en el mismo caso. Señor, tiene que declararse impedido y si es mentira, que lo diga…”, afirmó. “Me mandó una carta tratando de excusarse en el asunto, pero me dice lo mismo que ha estado diciendo y me habló de personas que han hablado a favor de él, (…) me parece que está haciendo mal en el caso, a la justicia le está haciendo un mal enorme”, contó el exmagistrado.

LA REUNIÓN

En medio de la vorágine de críticas, Ayú Prado se reúne hoy con representantes de organizaciones civiles para hablar de administración de justicia. La cita fue promovida por el Movimiento Independiente.

Anoche, la Alianza Ciudadana Projusticia, en un comunicado, se refirió a la reunión de la Comisión de Estado por la Justicia celebrada el miércoles. Informan que en la cita estuvo presente Ayú Prado, y la presidenta de esa oenegé, Magaly Castillo, le manifestó la molestia que ha causado ante su nombramiento como juez de garantías en caso FP.