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La Ley 55 de 2012, conocida como "ley blindaje", le otorga instrumentos a la Corte Suprema de Justicia para procesar al expresidente de la República Ricardo Martinelli, investigado por los pinchazos telefónicos

a luz de esta norma, según juristas consultados, no sería necesaria una audiencia de imputación, ya que la investigación de este caso “aporta elementos contundentes” que permiten llegar a juicio.

La exprocuradora y hoy diputada independiente Ana Matilde Gómez recordó que el artículo 492 de la Ley 55 establece que concluida la investigación, el fiscal [en este caso Harry Díaz] emitirá por escrito su opinión jurídica en la que pedirá juicio o sobreseimiento.

Luego, explicó Gómez, el juez de garantías [en este caso Jerónimo Mejía] debe decidir la legalidad o no de lo actuado por Díaz en una audiencia de formulación de acusación que deberá celebrarse dentro de un plazo de entre 10 y 20 días.

“Si se le concede legalidad se pasa inmediatamente a hacer [formalizar] la acusación, a explicarla y sustentarla”, dijo Gómez.

El pasado viernes, Díaz acusó a Martinelli de la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y contra la administración pública, por la interceptación de comunicaciones de al menos 150 ciudadanos.  

HARRY DÍAZ DICE QUE LA LEY PERMITE FORMULAR ACUSACIÓN

El escenario jurídico surgido después de que el magistrado Díaz acusara al expresidente Martinelli de la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y contra la administración pública, por la interceptación de comunicaciones durante su gobierno, enfrenta las posiciones de juristas a la luz del Código Procesal Penal, que rige el sistema penal acusatorio.

El pasado viernes, Díaz, quien actúa como fiscal en este caso, además de acusar a Martinelli, pidió al juez de garantías de la causa, Jerónimo Mejía, la apertura de un juicio oral y remitió a la Dirección de Investigación Judicial una notificación para que a través de Interpol se emita una alerta azul para ubicar al exgobernante, quien abandonó el país el pasado 28 de enero.

Ayer, la defensa de Martinelli presentó un incidente de objeciones a la acusación presentada por Díaz alegando que se violó el debido proceso ya que se presentó la solicitud de acusación sin que se pasara por la audiencia de imputación, tal como lo establece el sistema penal acusatorio. El abogado Rogelio Cruz detalló que el recurso se fundamenta en el hecho de que Díaz “violó normas del Código Procesal Penal al formular cargos sin que previamente se realizara una audiencia de imputación de cargos”.

‘NO HAY MALDAD PERFECTA’

Pero otros juristas argumentan que la estrategia de Díaz es acertada. “No hay maldad perfecta”, dice la exprocuradora y diputada independiente Ana Matilde Gómez al explicar que la propia Ley 55 de 2012 (“ley blindaje”), sancionada por el propio Martinelli durante su mandato, así lo establece.

El artículo 492 de esa norma señala que concluida la investigación, el magistrado fiscal [en este caso Harry Díaz] emitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará solicitud de elevación de la causa a juicio, o sobreseimiento.

Luego corresponderá al juez de garantías [en este caso Jerónimo Mejía] ordenar la audiencia de formulación de la acusación. Si el juez de garantías, dice Gómez, le concede legalidad a lo actuado por Díaz, esa audiencia se convierte entonces en una audiencia formal de acusación. A partir de allí se pasa a otra fase que podría dar pie a que se apliquen otras medidas cautelares.

“Nosotros debemos partir del supuesto de que el magistrado está listo para explicar ante el juez de garantías lo que ha hecho”, agregó.

Mientras que el abogado Raúl Olmos, quien se desempeñó como juez y magistrado suplente del Segundo Tribunal de Justicia, concuerda con Gómez en que con la “ley blindaje” Martinelli adquiere de forma inmediata el estatus de imputado, por lo que no sería necesario una audiencia de imputación, ya que esa norma [Ley 55 de 2012] aporta elementos contundentes que permiten llegar hasta la etapa de juicio.

DÍAZ HABLA

El propio Díaz lo aclaró anoche tanto en TVN como en Telemetro. Allí informó que para acusar a Martinelli se basó en los artículo 491 A del 487 al 496 del Código Procesal Penal, es decir, las modificaciones que se le hicieron a esa norma con la “ley blindaje”. Se refirió al artículo 491-A que manifiesta que el fiscal deberá concluir las investigaciones dentro de dos meses o antes, si considera que cuenta con los elementos necesarios para acusar. Y también mencionó el ya citado artículo 492, que le permite formular su acusación por escrito.

Alegó que el artículo 344 del Código Procesal Penal dispone que después de presentada la acusación se tiene un término de 10 a 20 días para fijar una fecha de audiencia. Estos tiempos, aclaró, comenzaron a correr desde el día de ayer.

La segunda intervención de Financial Pacific, en 2014, terminó con una liquidación llena de tropiezos. El más importante ha sido la falta de información que ha impedido el rastreo del dinero que se invertía a través de la casa de valores. LA PRENSA/Archivo

El dinero supuestamente entregado al expresidente de la República Ricardo Martinelli como apoyo económico por el cobro de impuestos morosos de la empresa Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa) “debe ser investigado ante la posible realización de actos de corrupción propiciados a raíz de comisiones irregulares”.

Este fue el argumento del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el fallo del 23 de septiembre pasado que admitió una investigación a Martinelli por delitos contra la administración pública.

Este expediente fue enviado a la CSJ el 17 de agosto de este año por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, en copias autenticadas de la investigación que sigue ese despacho al ex director general de Ingresos Luis Cucalón, al empresario Cristóbal Salerno y a otras dos personas por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción.

Salerno, quien asegura ser el dueño de Cisa, reveló que entregó dinero en efectivo a Martinelli en sus oficinas de Monte Oscuro.

Según Salerno cada entrega era aproximadamente de $400 mil a $600 mil.

El fallo, al que este medio tuvo acceso, explica que se justifica el inicio de la investigación para esclarecer lo señalado por Salerno.

“Los elementos incorporados por el Ministerio Público (…) sugieren la posibilidad de que se haya cometido un acontecimiento con apariencia de hecho punible, en el que a su vez se ha relacionado al diputado Ricardo Martinelli”, indica el fallo, cuyo ponente fue Abel Zamorano.

Avalaron este fallo los magistrados Oydén Ortega, Nelly Cedeño, Hernán De León, Harry Díaz y Harley Mitchell. Luis Ramón Fábrega se abstuvo de votar, pero cambió de opinión y luego firmó el fallo.

En tanto, el magistrado Jerónimo Mejía no asistió a la reunión del pleno ni habilitó a su suplente.

Gabriel Fernández, suplente del magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, manifestó que la declaración de Salerno no constituye prueba idónea para determinar que hay indicios de un delito cometido presuntamente por Martinelli. “La declaración de Salerno no se ve apoyada por elementos de convicción que de manera indiciaria apunten a que en la operación que refiere el indagado subyace un delito”.

Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), salió del país el 28 de enero pasado con rumbo a Guatemala –donde está la sede del Parlacen–. Hoy su paradero es desconocido.

 

Las 448 llantas que compró el Programa de Ayuda Nacional (PAN) dos días antes de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014 no eran requeridas con urgencia, y por ende no se necesitaba una negociación por invitación directa para su adquisición.

Así lo concluyó ayer la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, en la audiencia preliminar del proceso que siguió su despacho por supuestas anomalías en esta negociación.

La audiencia se llevó a efecto en el Juzgado Decimoquinto Penal y a su término Moore pidió el llamamiento a juicio del exdirector, la exjefa de Transporte y el exjefe de Bodega del PAN, Rafael Guardia Jaén, Ana Andrión y Edwin Serracín, respectivamente; y del empresario Charles Sadat Bonilla Ojeda.

“Es evidente la malversación de fondos públicos con la ayuda de un particular para lograr este fin”, dijo la fiscal en sus alegatos.

Explicó que había un interés de dar el contrato a la empresa Free Port PTY, S.A., cuyo propietario era Bonilla Ojeda, amigo de Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del PAN.

Moore también alegó que después de que cobró los tres cheques del contrato por $169 mil 482 con 86 centésimos, Bonilla Ojeda depositó $30 mil en una cuenta de la sociedad Piombino Holding, propiedad de Guardia Jaén.

Agregó que se pagó un precio superior a la cotización y además no se entregaron los mismos modelos ni la cantidad de llantas que fueron cotizadas.

En un solo día (2 de mayo de 2014) Guardia Jaén hizo la invitación directa a Free Port PTY, S.A., se emitió la orden de compra y se giraron los tres cheques por un monto total de $169 mil 482 con 86 centésimos.

Free Port PTY, S.A. compró las llantas al grupo Tambor en $52 mil 990 con 68 centésimos, por lo que la Contraloría General de la República determinó en una auditoría que la posible lesión patrimonial al Estado podría ser de $110 mil 948 con 35 centésimos.

En el caso de Andrión –cuñada de Guardia Jaén–, la fiscal precisó que firmó la nota en la que se requería con urgencia las llantas, sin haber efectuado un informe técnico que sustentara tal petición.

“Se compraron y entregaron llantas para autos de las sedes regionales del interior que estaban dañados y fuera de servicio”, dijo.

En lo que respecta a Serracín, explicó que recibió las llantas después de horas laborables, firmó el acta de entrega en blanco y al día siguiente de recibirlas, el 8 de mayo, ya había menos neumáticos de las pagados.

La fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de los fiscalizadores de la Contraloría, Adrián Guardia y Jorge González, pues el decreto que rige el PAN solo les permitía verificar documentos y no ejercer otras acciones.

DEFENSA

Víctor Orobio, abogado de Guardia Jaén, señaló que las actuaciones de este están sustentadas en el Decreto Ejecutivo No. 690 del 22 de julio de 2010, que rige la entidad, y no se ha acreditado que incurrió en un hecho doloso.

“Esto es una falta administrativa, no hay pruebas. Rafael Guardia no podía estar pendiente de todas las gestiones que se hacían en el PAN”, argumentó.

Para Orobio, este caso es una “decisión política”, porque no fue Guardia Jaén quien firmó el decreto que creó el PAN. Además, cuestionó que no se ha investigado a la junta directiva de la entidad en este proceso.

Recordó que en los otros expedientes en los que ha sido señalado, Guardia Jaén ha declarado y se ha hecho responsable de todo lo que hizo, por lo que no tiene sentido que no lo haga en este caso. Orobio pidió su sobreseimiento provisional.

En tanto, Orlando Castillo, abogado de Bonilla Ojeda, pidió la nulidad de la investigación al considerar que en las primeras diligencias realizadas por la fiscalía no se designaron defensores de oficio a los acusados y no se juramentó al perito contable. “Son pruebas ilícitas”, aseguró.

Indicó que desde el año 2010, el PAN compraba llantas para los vehículos de la entidad y el cambio de neumáticos debía hacerse todos los años, porque la vida de los funcionarios estaba en peligro.

Por su parte, los abogados de Edwin Serracín y Ana Andrión pidieron su sobreseimiento.

JUEZ SE ACOGE AL TÉRMINO

El juez Leslie Loaiza concluyó la audiencia poco antes de las 2:00 p.m. y anunció que en un plazo de 10 días decidirá si llama a juicio o no a los imputados.

Ayú Prado hizo la solicitud en una de dos notas que envió ese mismo día –el miércoles– al vicepresidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega, con copia a los demás miembros del pleno.

Lo hizo días después de que dirigentes de la sociedad civil, abogados y exmagistrados le pidieran públicamente que se declarara impedido de ser juez de garantías en la investigación a Martinelli.

En la primera nota, Ayú Prado instó a sus colegas a considerar si la investigación a Martinelli debe tramitarse bajo el Código Judicial de 1986 (sistema inquisitivo) o bajo el sistema penal acusatorio, que entró en vigencia el 2 de septiembre de 2011.

“Todo indica que el supuesto delito se desarrolló entre el 27 de octubre de 2009 al 28 de enero de 2010”, cuando se compraron y vendieron acciones de la minera Petaquilla a través de las cuentas en FP “Ricardo Martinelli” y “Distribuidora Comar, S.A.”.

Esta última interpretación fue el sustento que utilizó ayer el pleno de la CSJ para declarar impedido a Ayú Prado en su rol como juez de garantías.

SABÍA EL RIESGO

Desde el pasado 23 de septiembre, la CSJ admitió la investigación a Martinelli basada en un informe administrativo de la Superintendencia del Mercado de  

Valores, que advierte sobre presuntas irregularidades en la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla a través de cuatro cuentas en FP, en las que supuestamente está vinculado el exmandatario. Ese día, el pleno designó a Hernán De León como fiscal y a Ayú Prado como juez de garantías.

Tras las críticas de la sociedad civil, Ayú Prado solicitó el pasado lunes a la Secretaría General de la CSJ que le prestara el expediente de la investigación a Martinelli para considerar si se declaraba impedido, pese a que aún faltaba la firma del magistrado Fábrega en la resolución que admitía el caso.

Fábrega firmó el pasado miércoles, informaron fuentes judiciales.

Dicho fallo no se ha hecho oficial ni ha sido notificado a los abogados de Martinelli, trámite que debía cumplirse como paso previo a que Ayú Prado anunciase el impedimento. A pesar de ello, Ayú Prado envió esa primera nota el pasado miércoles, dejando claro que no era ajeno al riesgo de que esa valoración fuese causal de impedimento.

“Se impone la lealtad procesal y el deber de advertir oportunamente la posible comisión de una nulidad que conlleve a la violación de la Constitución y la ley”, dijo.

En la segunda nota, enviada casi de manera simultánea –4:50 p.m. del miércoles 7 de octubre–, expresó: “no existen elementos de hecho ni de derecho para apartarme de ejercer como magistrado de garantías”, haciendo referencia al Código Procesal Penal y al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.  

Agregó que no tiene relación directa o indirecta con Martinelli ni con las sociedades Distribuidora Comar, S.A. y High Spirit.

Mayte Pellegrini, exempleada de FP acusada de delitos financieros en otro proceso penal relacionado con la casa de valores, declaró que cuando Ayú Prado era procurador de la Nación, en 2012, redactó una declaración indagatoria en la que ella se retractó de acusaciones contra Martinelli por la cuenta High Spirit.

Sin mencionar su nombre, Ayú Prado señaló en esa segunda nota que lo dicho por Pellegrini fue desmentido por personas que estuvieron presentes el día en que ella se retractó. “Aparte de mi conciencia, estoy amparado por las pruebas que no han sido desvirtuadas”, precisó. 

A pesar de defender su posición, concluyó pidiendo que el pleno considerase si en base a la primera misiva –en la que sugería que Martinelli fuese investigado por el sistema inquisitivo– debía ser separado como juez de garantías. “[Puede] interpretarse que excedí mis acciones para luego desempeñarme como juez de control del magistrado fiscal”, señaló.

FALLO MODIFICADO

Lo sugerido por Ayú Prado fue debatido en el pleno ordinario de ayer. El Órgano Judicial informó en un comunicado que el magistrado De León sometió a consideración del pleno lo planteado por Ayú Prado en esas dos notas.

Tras la discusión, los ocho magistrados votaron 7 a 1 a favor de separarlo del caso.

Además del magistrado De León, votaron a favor sus colegas Fábrega, Harry Díaz, Nelly Cedeño, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Harley Mitchell. 

Zamorano y Mitchell emitieron un voto explicativo, es decir, que sustentan por escrito las razones por las que apoyan el impedimento de Ayú Prado. Ortega dio un voto concurrente, en el que apoya el impedimento, pero además lo sustenta con otros argumentos.

Carrasco, designado como nuevo juez de garantías, emitió un salvamento de voto al no estar de acuerdo con la mayoría. Fuentes del Órgano Judicial explicaron que ahora se deberá modificar el fallo que admite la investigación, para que se incluya a Carrasco como juez de garantías en reemplazo de Ayú Prado. Una vez cumplido ese trámite, se deberá notificar a los abogados de Martinelli.

Las mismas fuentes precisaron que De León, como magistrado fiscal, deberá analizar si solicita una audiencia ante Carrasco para que como juez de garantías decida si se investiga a Martinelli por el sistema inquisitivo o el penal acusatorio.

En caso de que Martinelli sea investigado por el inquisitivo, De León podrá formular cargos, ordenar la indagatoria y detención, sin que el exmandatario esté en Panamá.

Mientras que con el sistema penal acusatorio se requiere la presencia de Martinelli para imputar cargos (informar los delitos por los que será investigado), formular la acusación, pedir el llamamiento a juicio y llevar a cabo el juicio.

Martinelli salió de Panamá el 29 de enero pasado y actualmente está en Miami, Estados Unidos.

Además de esta investigación, la CSJ ha admitido otros cinco procesos contra el exgobernante: por la compra de comida deshidratada en el Programa de Ayuda Nacional (PAN); los pinchazos telefónicos; por otorgar 353 indultos; por irregularidades en Cobranzas del Istmo y por la compra de granos en el PAN. 

Queda pendiente resolver la admisión de otras cinco denuncias y querellas contra Martinelli.

Con información de Eduardo Mendoza

‘El pleno es soberano’

09 oct 2015 – 00:05h

Horas después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sesionara ayer, el magistrado presidente de esa corporación de justicia, José Ayú Prado, asistió a un evento de la junta de síndicos del Centro Nacional de Competitividad, cuyas oficinas están ubicadas en el edifico de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Allí explicó a los periodistas que durante el pleno de ayer, sus colegas Luis Ramón Fábrega y Harley

Mitchell pidieron alterar el orden del día para discutir las notas 937 y 938. En estas, el magistrado presidente emitió algunas consideraciones con respecto al informe presentado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el pasado 29 de junio, en el que pidió investigar si el expresidente Ricardo Martinelli cometió delitos financieros en cuentas manejadas a través de la casa de valores Financial Pacific.

En la nota 937, remitida el 7 de octubre pasado, Ayú Prado pidió que la denuncia presentada por la SMV fuera atendida bajo las reglas del Libro III del Código Penal de 1986 y no por medio de las normas del Código Procesal Penal de 2008.

“Como el tema estaba directamente relacionado con mi actuación en este proceso, salí de la sala de reuniones del pleno de la Corte y cuando regresé se decidió apartarme del conocimiento del caso, y se designó al magistrado Luis Mario Carrasco [suplente de Jerónimo Mejía] como juez de garantías”, explicó. 

Dijo que esa decisión contó con el voto explicativo de Abel Zamorano, el voto razonado del magistrado Mitchell y la abstención de Carrasco.
Detalló que se le separó del conocimiento de este expediente sin siquiera haberlo conocido. “El pleno [de la Corte] es soberano”, dijo al explicar que debe someterse a sus decisiones. Cuando se le consultó sobre si estaba de acuerdo con la decisión de sus colegas, respondió que si hubiese tenido alguna diferencia u opinión, lo habría puesto por escrito en un salvamento de voto.