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La Corte Suprema de Justicia concluye que el expresidente compró y vendió acciones de Petaquilla usando información privilegiada. Valiéndose de su cargo como Presidente de la República, Ricardo Martinelli utilizó información privilegiada para comprar acciones de la minera Petaquilla a precios bajos y luego venderlas por el doble y triple del precio.

Así lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia que admitió investigar a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros, fechado el 23 de septiembre pasado, y que tuvo como ponente al magistrado Hernán De León, quien también actuará como fiscal a cargo de la investigación.

El fallo, al que este medio tuvo acceso, explica que a través de la cuenta “Ricardo Martinelli” que tenía en Financial Pacific, el exmandatario compró 225 mil acciones de Petaquilla a 22 centésimos cada una. La compra se hizo el 27 de octubre de 2009, antes de que cambiaran los directivos de Petaquilla y de que esta obtuviese del Ministerio de Comercio e Industrias el permiso para exportar oro, lo cual se concretó el 18 de noviembre de ese mismo año. “Esta información privilegiada la manejaba Ricardo Martinelli, toda vez que esto requería de su aprobación como Presidente de la República”, señala el fallo.

Luego de esto, las acciones subieron de precio. Martinelli las compró a $71 mil 126 con 32 centésimos y las vendió a $177 mil 76 con 10 centésimos. Una operación similar hizo desde las cuentas Distribuidora Comar y High Spirit.

LUCRO

El informe de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) permite deducir que las cuentas que el expresidente Ricardo Martinelli tenía en Financial Pacific (FP) fueron utilizadas en forma indebida para adquirir y vender acciones de la minera Petaquilla.

Esa es la conclusión a la que llegó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el fallo que admitió una investigación a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros en perjuicio de la SMV, fechado el 23 de septiembre pasado.

La SMV envió el 29 de junio pasado un informe administrativo a la CSJ, en el que pidió investigar presuntas irregularidades en la compraventa de acciones de Petaquilla, a través de cuatro cuentas de inversión de FP, en las que se vincula a Martinelli.

El fallo, con la ponencia del magistrado Hernán De León y al que tuvo acceso este diario, indica que hay evidencias de que el exmandatario ejecutó las acciones cuando fungía como Presidente de la República y en razón de su cargo usó información privilegiada en perjuicio de terceros, de la empresa minera y de la SMV.

Según el fallo, en la cuenta 100240 que estaba a su nombre en FP y que fue abierta en el año 2006, Martinelli compró 225 mil acciones de Petaquilla a $0.22 cada una. La compra fue hecha el 27 de octubre de 2009, antes de que Petaquilla hiciera dos comunicados públicos anunciando cambios en su gestión.

En el primer comunicado, de 6 de noviembre de ese año, Petaquilla anunció un cambio en los directivos de su empresa y nombró a Raúl Ferrer Arosemena, quien para la fecha era directivo de la Agencia Panamá Pacífico. “Existía una relación de confianza –entre Ferrer Arosemena y Martinelli– que lo ubicaba en una posición privilegiada respecto a las operaciones de Petaquilla”, indicó De León en el fallo.

Posteriormente, el 18 de noviembre de ese año, Petaquilla anunció que el Ministerio de Comercio e Industrias le otorgó permiso para exportar el oro que estaba produciendo en la mina Molejón, en Donoso, Colón. “Esta información privilegiada la manejaba Ricardo Martinelli, toda vez que esto requería de su aprobación como Presidente de la República”, precisa el fallo.

Luego del anuncio del permiso de exportación de oro por parte de Petaquilla, el precio de cada acción subió hasta $0.50.

“El resto de los inversionistas que compraron el mismo tipo de acciones en Petaquilla luego de estos comunicados, las adquieren en una posición de desventaja respecto a la cuenta del señor Martinelli Berrocal, puesto que la adquieren a un precio más alto”, resaltó el magistrado.

Agregó que “Martinelli obtiene una ganancia de $102 mil 976 con 8 centésimos, al adquirir 225 mil acciones en Petaquilla a un monto de $71 mil 126 con 32 centésimos, vendiendo en su totalidad las acciones a un monto de $177 mil 76 con 10 centésimos”.

El ejecutivo de la cuenta de Martinelli era Diego Arango Pezet, quien fue designado el 25 de junio de 2009 como cónsul de Panamá en Hamburgo, Alemania. En su reemplazo, Martinelli designó como encargado de su cuenta a West Valdés, dueño y socio de FP.

DISTRIBUIDORA COMAR

En cuanto a la cuenta de Distribuidora Comar, que tenía como firmante a Martinelli, el fallo indica que esta empresa también compró y vendió acciones de Petaquilla durante las mismas fechas en que la cuenta 100240 hizo lo propio.

Aunque no se establece la cantidad de acciones ni el precio a la que compró, en el fallo se advierte que Distribuidora Comar vendió todas sus acciones entre el 15 y el 28 de enero de 2010, a $0.78 cada una, teniendo una ganancia de $0.46 por acción.

Juan Luis Correa Esquivel, socio de Martinelli, es el presidente de Distribuidora Comar y además es primo hermano de Rodrigo Esquivel, quien ocupó la presidencia de la minera Petaquilla.

HIGH SPIRIT

Por su parte, la cuenta High Spirit fue abierta en marzo de 2010 y tenía como titular a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado de Martinelli.

El fallo advierte que en la cuenta High Spirit “se realizaron depósitos de terceros de procedencia hasta ahora desconocida y otras transferencias que no son permitidas”. Además, el documento dice que “se ha establecido salidas de dinero a favor de terceros que no pertenecían a la cuenta de inversión ni eran titulares de esta”.

Justo cuando las cuentas a nombre de Ricardo Martinelli y Distribuidora Comar vendieron todas las acciones de Petaquilla, la cuenta High Spirit inició la compraventa de acciones desde el 26 de marzo de 2010.

El precio de la acción más bajo desde su primera compra fue de $0.34 y la venta máxima, de $1.12 por cada acción.

High Spirit compró acciones a Petaquilla por $984 mil 771 con 17 centésimos y posteriormente vendió por la suma de $1 millón 967 mil 320 con 2 centésimos.

“Se obtuvo una ganancia de $771 mil 148 con 26 centésimos, ya que los precios de las acciones de Petaquilla llegaron a subir a un 74% y 103%”, detalló De León.

Según el fallo, se determinó que luego de la última venta, el 14 de diciembre de 2010, High Spirit transfirió $2 millones a una cuenta en el Global Bank, cuyo titular es desconocido. Ese dinero incluía las ganancias de las ventas de acciones de Petaquilla y los depósitos de terceras personas.

El fallo no dice nada de la cuarta cuenta señalada por la SMV: Jal Offshore Ltd.

OPINIONES EN CONTRA

Junto con Hernán De León firmaron el fallo los magistrados Harry Díaz, Harley Mitchell, Abel Zamorano, Oydén Ortega y Nelly Cedeño. Luis Ramón Fábrega emitió un voto razonado y su colega Gabriel Fernández se abstuvo.

Fernández consideró que no se debía admitir la investigación, porque se trataba de un proceso administrativo enviado en compulsa de copias por la SMV y no era una causa penal iniciada por el Ministerio Público (MP).

Según Fernández, el Decreto Ley 1 de 1999, que rige la SMV, establece que cuando la entidad conozca de hechos que puedan constituir delito, debe enviarlos al MP.

Agregó que una vez el MP haga la investigación y determine la participación de Martinelli, le correspondería entonces enviar el caso a la CSJ, debido a que es la competente para investigar al expresidente en su condición actual de diputado del Parlamento Centroamericano.

Fábrega compartió el mismo criterio de su colega Fernández. “La compulsa de copias debió ser remitida al Ministerio Público, pues son estos los que comprobarán la existencia de un hecho punible y si existen elementos vinculantes contra un diputado, lo que daría lugar a remitir lo actuado al pleno de la Corte”, alegó.

Según Fábrega, el pleno de la CSJ debió analizar y definir el procedimiento para investigar a Martinelli, debido a que se hacen señalamientos de hechos ocurridos en el año 2009 cuando aún no estaba vigente el sistema penal acusatorio, que se empezó a aplicar el 2 de septiembre de 2011. 

“Este tema no ha sido analizado por el pleno, dejando abierta la posibilidad de futuras nulidades”, dijo.

 

El recorrido de un polémico expediente

Rubén Polanco | 26 oct 2015 – 00:05h

Luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores enviara el informe administrativo pidiendo la investigación, el 29 de junio pasado, el expediente fue asignado al magistrado Hernán De León el 1 de julio. Tras múltiples críticas de la sociedad civil por la demora en resolver el caso, De León puso a circular un proyecto de fallo para lectura de sus ocho colegas del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 7 de septiembre.

En ese proyecto de fallo, De León decidía no admitir y se inhibía de investigar al expresidente Ricardo Martinelli.

El magistrado argumentaba que la CSJ no era competente para investigar causas administrativas, sino procesos penales enviados por el Ministerio Público.

Ese proyecto de fallo fue discutido en sesión ordinaria del pleno de la CSJ el 9 de septiembre y por decisión mayoritaria de los magistrados se pidió a De León que cambiara el proyecto de fallo y admitiera la investigación a Martinelli.

El nuevo proyecto de fallo fue discutido y admitido el 23 de septiembre, en un pleno extraordinario. La resolución –cuyo contenido está en la nota principal– ordena suspender el proceso y pedir al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero a Martinelli. Además, se designó a De León como fiscal y al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, como juez de garantías.

Luego de esto, gremios de abogados, dirigentes de la sociedad civil y exmagistrados de la CSJ pidieron a Ayú Prado que se declarase impedido, debido a sus vínculos con Financial Pacific (FP).

Lo anterior obedece a que Mayte Pellegrini, exempleada de FP acusada por la supuesta comisión de delitos financieros en otro proceso relacionado con la casa de valores, declaró que cuando Ayú Prado era procurador de la Nación, en 2012, redactó una declaración indagatoria en la que ella se retractó de acusaciones contra Martinelli por la cuenta High Spirit.

El 7 de octubre, Ayú Prado envió dos notas. En una que pidió al pleno discutir si Martinelli debe ser investigado por el sistema penal acusatorio o el sistema inquisitivo, y en la otra le sugirió debatir si él estaba impedido por haber emitido ese criterio. En esas misivas, Ayú Prado advirtió que no había causal de impedimento para ser juez de garantías, porque él no tiene relación con Martinelli ni con las tres cuentas investigadas.

Al día siguiente, el pleno declaró impedido a Ayú Prado por haber emitido un pronunciando en las dos notas y en su reemplazo designó a Luis Mario Carrasco como juez de garantías. Abel Zamorano emitió un voto explicativo (a favor), al considerar que el impedimento de Ayú Prado debió plantearse en aspectos de ética jurídica, imparcialidad y transparencia y no solo por las notas que buscaban justificar la decisión. Carrasco salvó su voto, opinó que no 
había fundamento legal para declarar impedido a Ayú Prado y dijo que resulta “preocupante” que se haya decidido el impedimento por las notas. La semana pasada se notificó a los abogados de Martinelli.

La investigación no será iniciada hasta que el Tribunal Electoral decida sobre la petición de levantar el fuero penal electoral al exgobernante.

Además de esta investigación, la CSJ ha admitido otros cinco procesos al exgobernante: por la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional [fiscal Oydén Ortega y juez de garantías Jerónimo Mejía]; los pinchazos [fiscal Harry Díaz y juez de garantías Jerónimo Mejía]; por otorgar 353 indultos [fiscal Abel Zamorano y juez de garantías José Ayú Prado]; por irregularidades en Cobranzas del Istmo [fiscal Abel Zamorano y juez de garantías Harry Díaz] y por la compra de granos a través del PAN [fiscal José Ayú Prado y juez de garantías Jerónimo Mejía]. Queda pendiente que la CSJ dicte los fallos que deciden la admisión de otras cinco denuncias y querellas.

Sin que se le aplicara ninguna medida cautelar, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino rindió declaración indagatoria ayer por segundo día consecutivo ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga presuntas irregularidades en el contrato para la compra e instalación de 19 radares, adjudicado en 2010 a la empresa Selex, filial del consorcio italiano Finmeccanica.

El exministro llegó a la sede de la fiscalía, en el edificio Avesa de Vía España, acompañado de familiares y activistas del partido Cambio Democrático, que permanecieron en el lugar hasta la noche. La diligencia se inició a las 9:00 a.m. y culminó a las 9:15 p.m.

Fuentes del Ministerio Público informaron que Mulino deberá regresar a la fiscalía el próximo lunes para seguir la declaración.

A su salida de la diligencia, Mulino dijo que presentó tres documentos sobre la firma de los contratos que lo exoneran de responsabilidad y que solicitó a la fiscalía la comparecencia de “cinco o seis” testigos que pueden respaldar su actuación en la compra de los 19 radares a la empresa italiana Selex.

En horas del mediodía, la fiscal Zuleyka Moore concedió un receso para almorzar y ordenó que Mulino fuera evaluado por peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), a fin de determinar su condición de salud; ello, después de que el exfuncionario aportara documentos sobre padecimientos físicos que tiene desde 2008 y los tratamientos que le han realizado en Boston, Estados Unidos. Después de dicho trámite, el exministro volvió a la fiscalía.

Dijo sentirse muy agotado tras pasar 20 horas –entre jueves y viernes– explicando el proceso de los contratos firmados con Selex.

El director del Imelcf, Humberto Mas, confirmó que recibieron los documentos clínicos aportados por Mulino, aunque precisó que en la revisión preliminar realizada por los médicos del instituto se determinó que tiene buena salud.

Mas detalló que entre los antecedentes de salud entregados por Mulino está una intervención quirúrgica de espalda y que sufre de hipertensión. 

No obstante, precisó que Mulino deberá ser sometido a una evaluación más profunda y que se revisará su historial médico, para entonces hacer una recomendación a la fiscalía.

El pasado miércoles, la fiscalía también indagó por este caso al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, quien al momento de la firma del contrato con Selex ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad Pública.

La fiscal abrió la investigación de oficio el 11 de agosto pasado, luego de publicaciones de La Prensa que revelaron presuntas irregularidades en la compra y operación de los radares, y después de que el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, le entregara toda la información sobre la evaluación técnica hecha por funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) respecto al alcance de los equipos.

Según estas evaluaciones, los radares no tienen capacidad para detectar las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes para mover sus mercancías, por lo que se presentó una demanda de nulidad del contrato.

Luego de que el Juzgado Decimoquinto Penal suspendiera la audiencia preliminar en el proceso penal seguido al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, al secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, y a otras siete personas por supuestas anomalías en la compraventa de comida deshidratada, el acto no puede postergarse por segunda vez, según el Código Judicial. Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio es el único de los nueve acusados que no ha enfrentado el proceso y está prófugo de la justicia. 

La audiencia, prevista para el pasado miércoles, fue suspendida por el juez Leslie Loaiza debido a que Edna Ramos, abogada de Chichi De Obarrio –quién está prófugo–, presentó un recurso en el que pidió la ampliación de la investigación y que se pospusiese el acto para la fecha alterna, el 23 de noviembre, que ya había sido previamente establecida.

El articulo 2268 del Código Judicial dice que la audiencia no podrá celebrarse con la ausencia del abogado defensor, aunque sean varios los imputados.  

Si el acusado manifiesta que asume su propia defensa o designa a otro abogado, la audiencia puede realizarse.

Además, indica que solo podrá ser pospuesta una sola vez y que para la segunda fecha se designarán defensores públicos de oficio en caso de que se ausenten los abogados particulares.

El mismo artículo establece que en caso de que alguno de los abogados se ausente sin causa justificada, podrá ser sancionado por el juez con una multa que va de 25 a 100 dólares.

El pasado miércoles, Ramos interpuso el recurso y luego de que los otros abogados defensores le reclamaran por impedir la celebración de la audiencia, se retiró del salón de audiencia.

El juez Loaiza indicó que no podía celebrar la audiencia sin la presencia de la abogada Ramos, porque ello sería causal de nulidad.

La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, que investigó este caso, no emitió comentarios en el salón de audiencias.

Posteriormente, en horas de la noche de ese mismo día, el Ministerio Público envió un comunicado de prensa, en el que Broce señaló que “hacerse una audiencia sin la presencia de uno de los abogados defensores acarrearía la nulidad del proceso y eso no es lo que queremos”.

REACCIONES

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, opinó que los abogados utilizan estos mecanismos dilatorios y le corresponde al juez  

Tomar decisiones.

“La primera acción que debe hacer una defensa es proporcionar a su representado las herramientas para la defensa, no para evadir su responsabilidad de enfrentar la justicia”, opinó Lee.

El abogado consideró que la petición de la ampliación de investigación hecha por Ramos no es procedente.

Por su parte, José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, avaló las acciones de Ramos, porque la ley le permite  

Interponer los recursos y no puede solicitar a sus colegas que no hagan uso de ellos.

“Si el juez le concedió esa posposición, es porque la misma cumple con los presupuestos procesales”, dijo Álvarez.

Defensores de oficio entrarían en funciones

Según el artículo 2268 del Código Judicial de Panamá, la audiencia penal puede ser suspendida una sola vez. En la fecha fijada para la segunda audiencia, el juez penal de la causa debe asegurarse de que un defensor de oficio pueda asumir, de ser necesario, la defensa del imputado cuyo abogado defensor se halle ausente o incapacitado. De esta forma, se evitarían mayores demoras en el proceso. Vale la pena recordar que el segundo párrafo del artículo 2260 del mismo Código señala lo siguiente: “La inasistencia del imputado oportunamente notificado de la celebración de la audiencia no impide que esta se lleve a cabo”.

Todos estos elementos forman parte del sistema penal inquisitivo, que todavía se encuentra vigente en gran parte del país.

Medio gabinete del expresidente Ricardo Martinelli enfrenta desde ayer los tribunales por delitos contra la adminsitración y la fe pública y contra el patrimonio económico. Por las irregularidades cometidas en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Al exmandatario, sin embargo, no sele imputan todavúa cargos, a pesar de que el propio exdirector de esa entidad, Giacomo Tamburrelli, denunció que la adquisición fue ordenada directamente por Martinelli, por cuyo paradero se ha solicitado solo una orden de bandera azul (ubicación) a la Interpol, y por el caso de espionaje telefónico. En el día de ayer, correspondió a ocho exfuncionarios de la pasada administración asistir a la primera audiencia del proceso.

En el proceso de compra de comida deshidratada hay nueve personas imputadas, un empresario y ocho exfuncionarios. Rubén De Ycaza, quien suministró la comida al PAN a través de Lerkshore International Limited, mantiene una medida de casa por cárcel. En esa misma condición están los exfuncionarios Tamburrelli, Gioconda Torres de Bianchini, ex Contralora de la República, y Ángel Flamiglietti, ex director de Nutrición del PAN.

El resto de ellos (Lucy Molinar, ex ministra de Educación; María Fábrega, ex viceministra de la Presidencia; Federico Suárez, ex ministro de Obras Públicas; Marta de Varela, ex viceministra de Desarrollo Social), mantienen medidas cautelares. Adolfo De Obarrio, secretario del expresidente, también está vinculado en este caso.

Finalmente, la audiencia programa para ayer fue suspendida después de que Edna Ramos, abogada de De Obarrio, solicitó una ampliación del sumario de la investigación y propuso el 23 de noviembre como una fecha alterna para la audiencia.

LOS AUSENTES

A la audiencia de ayer no se presentaron quienes han sido asignados a casa por cárcel, a pesar de que fueron notificados desde el mes de junio. Correspondía a la Policía Nacional el traslado. Tampoco estuvo De Obarrio, secretario del expresidente, quien se encuentra prófugo.

El resto de los imputados acudió a la cita y mostró su descontento con la solicitud de la defensora de De Obarrio, cuya acción prolonga el proceso que determinará su futuro legal.

La mayoría de los imputados presentes tenían previsto solicitar un proceso abreviado, lo que podría interpretarse como un reconomiento de culpa, a la espera de una reducción de pena, explicó una fuente judicial presente.

‘Es fácil hacerlo para una persona que no está detenida, que no está privada de su libertad, y que quién sabe a dónde está, disfrutando de la buena vida', explicó Gonzalo Moncada Luna, abogado de Tamburrelli.

"Nosotros, el día de ayer, recibimos copias de las actuaciones que se adelantan en el nuevo caso de la comida deshidratada. Hemos pedido una auditoría exhaustiva para conocer la ruta del dinero, y quiénes son los beneficiados y si hubo o no corrupción", agregó Ramos.

La fuente judicial narró a La Estrella de Panamá, que tanto los imputados como sus equipos de defensa, que habían acudido a la sala de audiencias desde las 8:30 a.m., esperaron hasta las 9:15 a.m. por la llegada de Ramos, quien después de emitir las solicitudes para posponer el proceso, se retiró para evitar las quejas y reclamos de los demás imputados.

Bajo el Sistema Inquisitivo, bajo el cual se realiza el proceso, al retirarse Ramos, no se pudo desarrollar la audiencia.

Basado en el testimonio de Giacomo Tamburrelli, la Corte Suprema lleva una investigación paralela al expresidente. Consciente de que el resultado del embrollo en el que está metido podía serle adverso, la defensa de Martinelli ha ejecutado, sin éxito, acciones para desmontar lo que él llama una ‘persecución política' de quien fuera su compañero de fórmula y ahora presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Por otra parte, al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, con cargos de peculado, le corresponde comparecer hoy ante la fiscal Zuleika Moore para dar respuesta a la falta de cumplimiento en la instalación de 19 radares comprados en la era Martinelli. Ayer, lo hizo su exviceministro de Seguridad Pública, Alejandro Garuz, quien enfrenta cargos de peculado por este mismo caso..

ARMAS ILEGALES

Fiscal pide pena de 10 años para Gustavo Pérez

El exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez espera su primera sentencia. El juez décimosegundo, Oscar Carrasquilla, se acogió al término de 30 días para dictar la sentencia en proceso que se le sigue a Pérez por el supuesto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión ilegal de armas.

Ayer, se tenía previsto la audiencia preliminar por este caso, pero la defensa de Pérez, encabezada por la abogada Holanda Polo, se acogió a un proceso abreviado, por lo que el juez Carrasquilla llamó automáticamente a juicio y mantuvo la detención preventiva contra Pérez.

La representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal Décimo Cuarta, Jossira Rojas, quien pidió la pena máxima que es de 10 años. La fiscal sustentó su solicitud en el sentido de que ‘existen suficiente hechos probatorios de los delitos'.

Según la fiscal, Pérez no contaba con los permisos para poseer las armas que se encontraron en su casa durante un allanamiento, como parte de la investigación por las escuchas telefónicas ilegales. Además, dos de las armas encontradas pertenecen a la Policía Nacional.

Polo, por su parte, pidió una sentencia absolutoria y sustentó que Pérez, si bien es cierto no tenía los permisos, estaba en proceso de realizar los trámites. Además sustentó vicios de forma en el expediente, como el hecho de que el documento del allanamiento estaba fechada enero de 2014, cuando en realidad ocurrió en enero de 2015.

También apeló que parte de las armas incautadas fueron regaladas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, ha pedido al pleno de esta corporación que lo exima de participar en la audiencia para decidir si se girará o no una orden de aprehensión contra el expresidente Ricardo Martinelli. por la investigación de pinchazos ilegales.

La reunión fue solicitada por la defensa de la diputada Zulay Rodríguez, del exlegislador Yassir Purcait, la dirigente Yadira Pino, y el catedrático Miguel Antonio Bernal, poco antes de que el fiscal de la causa, Harry Díaz, pidiese al juez de garantías, Jerónimo Mejía, imputarle cargos a Martinelli y llamarle a un juicio oral.

Fuentes judiciales aseguraron que Ayú Prado ha fundamentado su posición ‘en aras de la transparencia', y en que en el expediente, el abogado Rosendo Rivera se constituyó como querellante en el caso.

Rivera le interpuso una querella penal ante la Asamblea por supuestamente haber coaccionado al florista César Segura para devolver al Estado un polémico terreno en Paitilla que la Anati le entregó gratuitamente, y que después acabaría en sociedades de los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Virzi, ligados a Martinelli.

El abogado también acusó a Ayú Prado de presionar al juez Alexis Ballesteros para fallar a favor de personas cercanas a Martinelli. Además recordó que actuó como querellante por su supuesta interferencia en el caso Financial Pacific.

La petición ha llegado al despacho del vicepresidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega. Antes, Ayú Prado se vio obligado a dejar, por petición del Pleno, el papel de juez de garantías del caso Financial Pacific contra Martinelli.

Si bien Ayú Prado no funge como fiscal ni como juez de garantías del caso, la petición de aprehensión contra Martinelli obligaba al pleno judicial a constituirse en un juzgado y determinar en el caso que haya lugar o no la orden contra Martinelli.

La Corte determinó hace una semana que Díaz pidiera a la Interpol una bandera azul para ubicar a Martinelli.