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En una nota fechada ayer, Díaz recordó a Mejía que el 9 de octubre presentó su escrito de acusación a Martinelli en los términos que dispone el artículo 492 del Código Procesal Penal, que dice: “Concluida la investigación, el magistrado fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o sobreseimiento”.

El mismo artículo precisa: “La calificación del sumario corresponderá al magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías. La audiencia de formulación de la acusación deberá realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 del Código –no menos de 10 días ni más de 20–. Admitida la petición de elevación a juicio, se remitirá lo actuado ante el Pleno de la Corte de Justicia para que esta instancia resuelva lo que en derecho corresponda”.

Según Díaz, una vez recibida la acusación, el juez de garantías tenía cinco días para notificar a la defensa del exmandatario.

Este plazo, estipulado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, es el que permite a las víctimas o querellantes en el proceso adherirse a la acusación del fiscal o presentar una de forma autónoma.

Según el magistrado Díaz, este plazo de cinco días venció el 16 de este mes.

En la notificación a la defensa, detalló, debió incluirse no solo la acusación de él, sino la posición de las víctimas o querellantes.

REACCIONES

Mientras, el abogado Carlos Herrera Morán, representante de Mauro Zúñiga, una de las víctimas de los pinchazos, presentó ayer una solicitud para que se realice la audiencia de formulación de cargos.

Herrera Morán dijo parecerle “inexplicable” la demora del magistrado Mejía en fijar una fecha para analizar la petición de Harry Díaz de enjuiciar a Martinelli.

Alegó que el sistema penal acusatorio es claro y expedito en esta materia.

Por su parte, Dimas Guevara, abogado de Martinelli, reconoció que el fiscal de la causa está en su derecho de solicitar una audiencia al juez de garantías, aunque consideró que antes de llegar a esta audiencia se deben resolver varios recursos relacionados con el caso. 

Guevara opinó que el magistrado fiscal actuó de manera irregular al no solicitar una audiencia de imputación y pasar de forma directa a la formulación de cargos.

En este sentido, aseguró que la actuación del fiscal Díaz ha provocado cierta confusión que debe ser aclarada, ya que su accionar  

puede provocar la nulidad de todo el proceso.

Así mismo, dijo que la defensa del exmandatario solicitó una audiencia de control de las actuaciones del fiscal para la cual tampoco se ha dispuesto fecha, lo que ha dejado en indefensión a su cliente.

Dijo que el fiscal violó el debido proceso al no solicitar la audiencia de imputación y pasar de forma directa a la formulación de cargos, lo cual contraviene el artículo 5 del Código Procesal Penal, que dice: “sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada”.

Según Guevara, este es un tema que deberá ser analizado por el juez de garantías de forma detallada antes de tomar una decisión de si  

acoge la petición hecha por el fiscal, ya que este, a su juicio, violó el debido proceso.

Acotó que los miembros del equipo legal que defiende a Martinelli esperan por la decisión que asuma el juez de garantías.

Entretanto, el abogado Ángel Álvarez, quien representa a Zulay Rodríguez y a Miguel Antonio Bernal (víctimas de los pinchazos), también solicitó una audiencia para que se ordene la conducción de Martinelli y esté presente en el proceso.

Álvarez opinó que en los próximos días el juez de garantías debe hacer un pronunciamiento y definir cuál será el procedimiento a seguir.

Según su opinión, la actuación del fiscal Harry Díaz ha sido de forma muy particular y que no comparte, pero que es el juez de garantías quien debe asumir alguna posición.

En este proceso, Martinelli es acusado por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. 

La investigación al exgobernante se originó, luego de que un testigo protegido denunciara que los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez autorizaron la compra de equipos para espiar a opositores del gobierno pasado.

Esta parte del proceso fue instruida en el Ministerio Público y enviada al Juzgado Decimosexto Penal, que llamó a juicio a Garuz y a Pérez, quienes están detenidos.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender provisionalmente el contrato.Suscrito entre el Estado panameño y la empresa Telespazio Argentina, S.A., filial de Finmeccanica, para el suministro e instalación de un sistema de cartografía digital por $22 millones.Según el fallo, que tuvo como ponente a la magistrada Nelly Cedeño y que contó con el aval de sus colegas Abel Zamorano y Luis Ramón Fábrega, la suspensión provisional se justifica con el fin de evitar que los efectos del contrato ocasionen “un perjuicio grave y de imposible reparación para la  

colectividad, ya que puede verse afectado el patrimonio de la Nación panameña por la demora en la decisión de fondo que puede adoptar esta sala”. 

En 2010, el Consejo de Gabinete autorizó al entonces titular de Obras Públicas, Federico Suárez, a firmar el contrato con Telespazio.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, interpuso el pasado 24 de septiembre una demanda contra este contrato y contra el firmado con Selex –esta última también filial de Finmeccanica– para el suministro de 19 radares.

Hasta ahora, el Estado ha desembolsado a Telespazio $8.7 millones y tiene pendiente un monto de poco más de $12 millones. El mapa, empero, no ha sido entregado a Panamá. 

CORTE: HUBO VIOLACIONES

El gobierno del expresidente Ricardo Martinelli incumplió normas fundamentales al no promulgar en la Gaceta Oficial el contrato suscrito con Telespazio Argentina, S.A. -filial de Finmeccanica- para el suministro e instalación de un sistema cartográfico digital.

Lo anterior fue sustentando en el fallo que emitió la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante el cual suspendió de forma provisional el citado contrato suscrito en 2010 entre el gobierno de Martinelli y Telespazio Argentina, S.A.

La sala advirtió que la no publicación del contrato en el órgano de comunicación oficial del Estado viola la Ley No. 38 de 2000, que aprueba el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración y regula el procedimiento administrativo general.

Dicha ley, en su artículo 46, señala: “ Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos reglamentarios o aquellos que contengan normas de efecto general, sólo serán aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial, salvo que el instrumento respectivo establezca su vigencia para una fecha posterior”.

De acuerdo con el fallo la acción del pasado gobierno afectó ostensiblemente “normas de superior jerarquía, al recaer en supuesta nulidad absoluta”.

El contrato –cuyo costo total es $22 millones– fue suscrito en 2010 por el entonces ministro de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez, y Telespazio Argentina, filial de Finmeccanica, para “complementar” un sistema de vigilancia costera en el país que incluía, además, el suministro de 19 radares (Selex) y 6 helicópteros (AgustaWestland).

La Corte ya suspendió provisionalmente el contrato con Selex por los 19 radares ($125 millones).

En la demanda, el ministro Alemán sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas nunca emitió un concepto u opinión sobre la viabilidad o ventaja de contar con el mapa cartográfico. Se llamó al exministro Suárez, pero no respondió. 

El director del Servicio Aeronaval (Senan) Belsio González y su efímero antecesor, Jacinto Tom, fueron parte en las negociaciones y la puesta en marcha del contrato para la compra de 19 radares a Finmeccanica. Que resultaron ineficientes, y por lo cual el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino enfrenta prisión preventiva.

Tom, reveló una fuente, viajó a Italia para afinar los trámites del contrato, que ascendía a $125 millones. El exfuncionario ocupó la dirección del Senan entre abril y noviembre de 2010, cuando salió de la institución intempestivamente, rumbo a una embajada.

El exjefe del Senan había asumido el cargo justo dos meses antes de que el entonces presidenteRicardo Martinelli y su par italiano Silvio Berlusconi firmasen Panamá el memorando que abrió paso al millonario pacto para los estamentos de seguridad, y que benefició a Finmeccanica.

Una vez Tom fuera, Belsio González lo reemplazó. Si bien, el contrato había sido firmado tres meses antes y refrendado once días antes de que llegase al puesto, al hoy director del Senan le correspondería ponerse al tanto de la capacitación del personal, la instalación de los equipos, la ubicación, los accesos y su funcionalidad.

El departamento de Comunicación del Ministerio Público indicó que González entregó recientemente un documento a la Fiscalía Tercera Anticorrupción en el que plasma que no fue consultado para la adquisición e instalación de los equipos cuando la administración de Mulino firmó el contrato.

ROMPE EL SILENCIO

Sin embargo, cuando Juan Carlos Varela asumió el mando presidencial, González asistió acompañado del comisionado Joe Laniado (encargado de la instalación de los equipos), a un programa de televisión en el que manifestó lo que se había mantenido en secreto por cuatro años.

El subcomisionado Laniado explicó que al momento de realizar las pruebas de los siete radares que se instalaron en territorio nacional, el Senan solicitó a los técnicos italianos ‘que se detectaran las naves más pequeñas. Al finalizar los ajustes de los siete radares dio una distancia ‘x' para todos los radares, ellos manifestaron que no podían calibrar más allá de embarcaciones de 32 pies o 45 pies'.

Es decir, no se detectaban las lanchas rápidas que utiliza el narcotráfico para transportar droga. Laniado agregó que el contenido del anexo A del contrato no coincidía con la distancia que dieron las pruebas. El resto de los radares no se han instalado.

Uno de los anexos firmado el 6 de agosto de 2010 establecía que todo lo inherente a la contratación debía notificarse al justamente al Senan.

¿Habrá responsabilidad de omisión de la alta dirigencia del Senan?

Para el abogado Ebrahim Asvat, que González haya llegado posteriormente no lo exime de responsabilidad en este caso.

‘Fue partícipe de lo que estaba ocurriendo porque no dio una opinión, ni protestö' por los equipos de seguridad mientras se desempeñaba como jefe del SENAN en la administración de Martinelli.

Asvat considera que dependerá del Ministerio Público que se le llame para ayudar aclarar la investigación. Y no sólo a él, sino ‘todos los oficiales del SENAN' deberían hacerlo, consideró.

LA MEDIDA DE MULINO

Estas irregularidades han hecho que la fiscalía impute cargos al exministro Mulino. El Ministerio Público le dictó una medida de detención preventiva considerando que tiene doble nacionalidad, italiana y panameña, para evitar una posible fuga y el aseguramiento de pruebas.

Mulino asegura, sin embargo, que se trata de una venganza política del presidente Juan Carlos Varela, ‘quien construye un proceso destinado a escarmentar a sus opositores políticos'.

En su descargo, Varela aseguró ayer que el Ministerio Público ‘responde por sus decisiones'.

Según Varela, ‘debemos aprender a vivir en democracia. Soy un presidente que respeta la separación de poderes'.

De comprobarse la responsabilidad del exministro en el delito de peculado, el Código Penal contempla una pena de cinco a siete años de prisión.

‘Estos son los primeros (casos) de muchos otros. Ellos no quieren que él salga de ahí (de la cárcel), porque él tiene mucho que decir', ripostó a la prensa el hijo homónimo del exministro.

Después de 19 días de haber recibido la acusación que hizo el magistrado fiscal Harry Díaz al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos telefónicos, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, no ha dado traslado del documento a la defensa del exgobernante, por lo que el caso está estancado.Averiguaciones realizadas ayer por este diario en la Corte Suprema de Justicia confirmaron que Mejía no había notificado a la defensa del exmandatario de la acusación que el magistrado Díaz le formuló el pasado 9 de octubre por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado).

Fuentes judiciales explicaron que para que empiece a correr el plazo para la audiencia establecido en el artículo 344 del Código Procesal Penal –no menor de 10 días ni mayor de 20–, el juez de garantías debe comunicar a la defensa del acusado.

“Es decir, mientras Mejía no comunique la acusación a la defensa de Martinelli el proceso está en punto muerto”, comentó la fuente.

La exmagistrada de la Corte Suprema Esmeralda Arosemena de Troitiño dijo que todo retraso en el sistema judicial lleva a la ciudadanía a pensar que las cosas no funcionan.

CUESTIONAN

La lentitud del magistrado Jerónimo Mejía, quien funge como juez de garantías en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos, aumenta la “desconfianza” en el manejo de este expediente, advirtieron ayer sectores de la sociedad civil y expertos ligados al sistema judicial.

Hasta ayer, Mejía no había notificado a la defensa de Martinelli de la acusación que le formuló el pasado 9 de octubre el magistrado fiscal del caso, Harry Díaz, por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

El artículo 344 del Código Procesal Penal dice: “al surtir el traslado de las acusaciones a la defensa, el Juez de Garantías también señalará la fecha de la audiencia oral y pública, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días para debatir y decidir las cuestiones planteadas en la acusación”.

Mejía no ha cumplido aún con la notificación, por lo que el plazo establecido en el referido artículo no ha empezado a correr, explicaron fuentes judiciales.

AUMENTA DESCONFIANZA

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opinó que la lentitud en este caso aumenta la desconfianza de la ciudadanía en la Corte Suprema de Justicia.

Recordó que en la última reunión que sostuvo Movin con los magistrados de la Corte fue planteada la preocupación sobre la celeridad en las investigaciones a los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.

“Nos parece que el magistrado Mejía debe ser consciente del grave momento que estamos viviendo”, dijo.

Mientras, la exmagistrada de la Corte Esmeralda Arosemena de Troitiño indicó que la justicia debe tener una respuesta pronta para que el sistema funcione y la ciudadanía lo perciba de esa manera.

Advirtió que cuando la justicia funciona lentamente se generan reacciones negativas en la sociedad.

En tanto, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que el retraso en las etapas del proceso “no ayuda a librar a la Corte del cuestionamiento social”.

Destacó que el Órgano Judicial debe transmitir celeridad para evacuar todas las denuncias en contra del expresidente. “Esto se conoce como tutela judicial efectiva; es decir, que sea el procedimiento adecuado en los términos y momentos que disipen dudas del funcionamiento imparcial de la Corte”, precisó.

En tanto, la excandidata presidencial del PRD Balbina Herrera, quien es querellante en el caso y víctima de los pinchazos, advirtió que el proceso está en una etapa “muy delicada”, por lo que el juez de garantías debe decidir lo más pronto posible si acepta o niega la acusación del fiscal contra Martinelli.

Advirtió que, por un lado, la defensa de Martinelli interpone recursos dilatorios y, por el otro, el juez de garantías, que debe tomar una decisión, no lo hace y esto deja a las víctimas en una espera de todos los días.

Este diario llamó y envió mensajes a Mejía a su celular, pero no respondió.

OTROS RECURSOS

Como parte de este mismo proceso, el juez de garantías también tiene pendiente resolver un recurso de objeción que presentó la defensa de Martinelli y otra acción interpuesta por el abogado Ángel Álvarez, representante de varias víctimas de las escuchas, quien pidió al pleno de la Corte una audiencia para considerar que se ordene el arresto de Martinelli.

Sobre el pedido de Álvarez, fuentes judiciales explicaron que solo el Ministerio Público y el fiscal podrían ordenar el arresto, por lo que indicaron que este tipo de recursos lo que busca es provocar la nulidad del caso.