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El Colegio Nacional de Abogados (CNA) ha pedido ‘pruebas' para denunciar ante el Ministerio Público a ‘La Taquilla', el supuesto grupo de abogados que trafica con medidas cautelares judiciales.

Cuya identificación ha revuelto a las propias agrupaciones de juristas y a los aparatos de justicia.

Santander Tristán, de la Comisión de Administración de Justicia del CNA, aseguró a este diario que quienes sacaron a la luz el escándalo de ‘La Taquilla' deben aportar ‘más información' para solicitar a la Procuraduría abrir las pesquisas. Piden nombres y hechos concretos.

‘Debemos tener las pruebas, como cuando denunciamos a (Alejandro) Moncada Luna', argumentó el dirigente de los abogados. Moncada Luna terminó siendo condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado durante su período como magistrado.

El jurista Sidney Sittón denunció el jueves pasado la existencia del grupo, que, según dijo, ha cobrado ‘miles de dólares' por conseguir la modificación de medidas preventivas. ‘Hay gente que ha tenido que vender sus tierras (para conseguir su libertad)', aseguró.

ESCÁNDALO A CUESTAS

Desde entonces, entre los abogados se rumorean nombres y se adivinan las estratégicas relaciones del grupo.

Fuentes que han accedido a conversar con La Estrella de Panamá a cambio de no ser identificadas han dicho que se trata, de hecho, de ‘dos grandes ramales'. Uno al que han llamado ‘El centro de matraqueo', y el otro, ‘La Taquilla', que surge después. En este último, indicaron, hay gente cercana al gobierno y otros que no lo son. No solo trabajan la modificación de medidas cautelares, dijeron, sino que evitan que a algunas personas se les formalicen procesos judiciales, ‘por arreglo previo', algo a lo que se dedica —continuaron— ‘el centro de matraqueo'.

La otra ‘tarea' es ‘destrancar' expedientes por el simple cambio de abogado.

Las fuentes ampliaron que en la lista, incluso, hay dos altos funcionarios del propio Ministerio Público y otros dos del Consejo de Seguridad, adscrito al Palacio de las Garzas.

Por eso, lejos del argumento del CNA, Sittón cree que debe ser la Procuraduría de la Nación la que empiece una investigación, y sin denuncia de por medio.

‘La mayoría de los procesos abiertos en fiscalías anticorrupción ha sido por denuncia en los medios, ¿por qué este no? Lo que pasa es que no quieren investigar', apubntó el abogado.

UNO Y UNO ES TRES

El Ministerio Público ha dicho, empero, que el proceso al que apela Sittón está indexado en el expediente que sigue el fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar, por la supuesta existencia de una red de funcionarios y abogados privados que cobraba por notificar y conceder medidas cautelares.

‘Eso está conectado, se trata de un mismo proceso', dijo un vocero del ente de investigación. Este fin de semana, fueron arrestados nueve funcionarios y un jurista por ello. Otras tres personas están sometidas a medidas cautelares. Ninguno de los que cayó en la redada tenía poder de mando.

‘Esto es apenas el inicio. No puede acabar ahí. Hay gente de alta jerarquía que debe ser investigada', precisó Tristán.

Pero Sittón cree que no se trata de lo mismo. ‘Yo no le veo conexión. Son instancias distintas; en una opera ‘La Taquilla', y otra, el Órgano Judicial… la que está en investigación', agregó.

Edna Ramos, expresidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), dice haber denunciado ante el CNA, en febrero de este año, la existencia de juristas de ‘La Taquilla', sin que se la tomara en cuenta.

Los tres órganos del Estado ‘actúan de manera limitada y separadamente, pero en armónica colaboración', así lo dispone el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá. El nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es uno de los casos en los que esta máxima constitucional se pone en práctica.

Después de varias semanas de reclamos y misterios, el Ejecutivo accedió a poner fin al suspenso y reveló los nombres de los 153 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora hay un elemento que no había sido informado: once abogados se postularon antes de que se abriera oficialmente el periodo y uno (Franklin Alberto De Gracia Pardo), lo hizo después de cerrada esta etapa.

El compromiso del Ejecutivo es someter a consideración del Consejo de Gabinete el listado completo, del que deberá preseleccionar a diez, entre los cuales finalmente se escogerán los dos nombres que serán presentados a la Asamblea Nacional para su ratificación como magistrados.

De esta forma, el proceso de selección de parte del Ejecutivo entra en su etapa final.

El Consejo de Gabinete debe elegir a los dos abogados que remplazarán en el cargo a los magistrados Harley James Mitchell Dale (Sala Primera) y Nelly Cedeño ( reemplazó de Víctor Benavides en la Sala Tercera).

Los dos nuevos jueces deberán tomar posesión el 2 de enero de 2016.

REQUISITOS NO ESCRITOS

En el desarrollo del proceso, hay una serie de requisitos que no están escritos en la Constitución Política de la República y es entonces que surge la pregunta de cuál debería ser el perfil de un magistrado de la Corte.

Aunque diversos sectores de la ciudadanía tienen su posición al respecto, todos coinciden en que un magistrado debe reunir no solo competencias técnicas y profesionales, sino una serie de valores éticos y morales que le permitan ejercer dignamente la función judicial. Consideran que Panamá necesita en este cargo a un ciudadano o ciudadana que haya tenido una trayectoria de conducta intachable, con demostrada capacidad moral e intelectual.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), José Alberto Álvarez, ha insistido en que un administrador de justicia debe, por encima de todo, ser resistente a las críticas y no temer a los medios de comunicación, a los políticos, ni a los representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Nadie debe ser nombrado en este cargo si no tiene esta virtud, precisó Álvarez, quien agregó que otros requisitos indispensables son la independencia y, por encima de todo, la honradez.

Otro abogado que tiene su lista propia de requisitos es Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien señala que el nombramiento de los nuevos magistrados o magistradas debe hacerse a través de un proceso transparente para que todos los interesados participen sobre la base de reglas claras.

A estas opiniones se suma el vicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, para quien más allá de los requisitos constitucionales, la designación de un nuevo magistrado debe ser entendida como el reconocimiento a una larga carrera profesional.

Ostentar el cargo durante diez años, dice Araúz, debe ser la culminación de una vida dedicada al estudio del derecho, la Constitución y las leyes.

Por eso, piden al presidente Juan Carlos Varela que cumpla su promesa de campaña y que lleve a la Corte Suprema a figuras independientes, capaces, que también gocen de prestigio y probidad moral. El CNA se ha manifestado interesado en participar en el proceso de selección.

Otras organizaciones coinciden en la necesidad de que se nombre a abogados con trayectoria, pero sobre todo honestos y honorables.

Hay grupos que, sin ser feministas, piden que se designe a una mujer para que entre a formar parte del pleno de la Corte Suprema.

Las agrupaciones Agente por la Paz Electoral, Centro de Incidencia Ambiental, Centro de Innovación y Acción Social, Consejo Nacional de Organización Comunitaria, Espacio Encuentro de Mujeres y Movimiento Independiente por Panamá, demandaron una justicia accesible y transparente y coinciden en que es necesario integrar mujeres al pleno.

Las agrupaciones exhortaron al Ejecutivo y al Legislativo que la designación de los magistrados suplentes también sea sometida a un proceso similar, abierto y transparente.

La Alianza Ciudadana, a través de un comunicado, considera que los nuevos magistrados de la Corte Suprema deben tener solvencia moral y prestigio reconocido, no existir cuestionamientos sobre su transparencia y ética, en su vida personal, ejercicio profesional o como servidor público.

Además, dice la Alianza que los nuevos magistrados deben tener experiencia jurídica y preparación académica, proyección social e investigación científica, participación ciudadana en la solución.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Las hojas de vida recibidas en la Presidencia de la República, por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, con el apoyo de la Dirección Jurídica de este Ministerio, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y el ministro Consejero, Francisco Sierra, fueron objeto de una primera verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales.

Son funciones del Consejo de Gabinete, como lo establece el artículo 200 de la Constitución, acordar con el presidente de la República los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, con sujeción de la aprobación de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de dar participación a diversas organizaciones.

Hoy presentará un listado con diez candidatos, que se someterá a un proceso de consultas con la sociedad civil (Pacto de Estado por la Justicia, Movimiento Independiente por Panamá – Movin- y el Colegio Nacional de Abogados), a fin de que den a conocer sus observaciones sobre los respectivos candidatos. De esa lista de diez, se elegirá a los dos que se enviarán a la Asamblea.

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RENOVACIÓN

Los dos jueces que abandonan la Corte

Harley James Mitchell y Víctor Leonel Benavides, en el 2005, fueron designados por el presidente de la República Martín Torrijos, para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Antes de llegar al Palacio Gil Ponce, sede de la Corte, Mitchell ejerció como representante de corregimiento, legislador, Director de Asesoría Legal de la Asamblea Nacional, diplomático y secretario General de la Asamblea Nacional.

Actualmente, Mitchell es magistrado presidente de la Sala Primera de lo Civil.

Por su parte, Benavides no concluyó su periodo, renunció al cargo el 19 de junio pasado en medio de una investigación judicial.

Benavides fue procesado por la Asamblea Nacional por pedofilia y delito contra la administración por supuestos cobros por los fallos.

La magistrada Nelly Cedeño de Paredes tomó posesión en su remplazo al frente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte .

Cedeño de Paredes ingresó al Órgano Judicial en 1984 y se desempeñó en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Familia desde 1995.

La magistrada Cedeño de Paredes es licenciada en Derecho de la Universidad de Panamá.

Los magistrados Mitchell y Benavides empezaron sus funciones el 2 de enero de 2006, por lo que el gobierno tiene designar sus remplazos para que tomen posesión el 2 de enero próximo.

Seis organizaciones civiles expresaron este domingo, 15 de noviembre, en una conferencia de prensa que la sociedad panameña demanda por una justicia accesible y transparente.

Aristides Charris, del Consejo Nacional de Organización Comunitaria, fue el encargado de leer el comunicado emitido, el cual surge un día antes que se conozcan los nombres de los juristas que aspiran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el documento se señala que no se puede avanzar en la construcción democrática, sino se cuenta con un poder judicial independiente, que administre justicia pronta y eficazmente.

“La sociedad aspira y demanda una justicia accesible, transparente en su condición que imprima celeridad a sus fallos sin dejar de lado el debido proceso”, enfatizó el comunicado.

También recordó que a pesar de los esfuerzos que se han realizado en la actualidad la justicia se percibe en Panamá como un poder al servicio de intereses.

Las organizaciones recalcaron que a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo se le presenta la oportunidad en la nominación, selección y ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Insistieron que las personas que sean designadas deben ejercer un liderazgo ético, transparente y eficiente en la administración de justicia.

Los grupos que participaron en la conferencia de prensa fueron Agentes por la Paz Electoral, Centro de Incidencia Ambiental, Centro de Innovación y Acción Social, Consejo Nacional de Organizanización Comunitaria, Espacio Encuentro de Mujeres y Movimiento Independiente por Panamá.

Este lunes en el sitio web del Ministerio de la Presidencia serán publicados los nombres de los 153 aspirantes a remplazar a Harley Mitchell y Nelly Cedeño –suplente de Víctor Benavides, quien renunció este año-, magistrados de la Sala Civil y de lo Contencioso Administrativa, respectivamente, hasta el próximo 31 de diciembre.

Una comisión integrada por los ministros Álvaro Alemán y Milton Henríquez, de la Presidencia y de Gobierno, respectivamente, así como el ministro consejero Francisco Sierra, son los que han hecho la preselección, para reducir la lista de aspirantes a 10. Estos 10 serán sometidos a un proceso en el que participarán la Comisión de Estado por la Justicia y Movin, según ha informado anteriormente Alemán.

Los requisitos que impone la Constitución para ser magistrado son ser panameño, mayor de 35 años y abogado de profesión.

Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia del gobierno pasado, en su declaración jurada del pasado 11 de noviembre, reveló que la millonaria compra de radares que en este momento investiga el Ministerio Público se debió a presiones de Italia que exigió beneficios, a cambio de la donación de lanchas patrulleras.

 “Esto era un proyecto del presidente Silvio Berlusconi, quien nos iba a donar patrulleras a cambio de 200 millones o 280 millones de euros, ahora mismo no recuerdo la cifra. (…) nosotros íbamos a comprar unos helicópteros, pero el Presidente [Ricardo Martinelli] entró en negociación con Italia, que a cambio de patrulleras le íbamos a comprar productos. Así se compran los AgustaWestland (…) un tal Valter Lavítola, dijo que su ministro de Finanzas en Italia estaba presionando a Berlusconi por haber donado a Panamá seis patrulleras a cambio de nada, y dijo que para no perjudicar a Berlusconi había que equiparar el monto de la donación con la compra que se iba a hacer”, manifestó el exfuncionario.

Papadimitriu, de acuerdo con la declaración jurada a la que tuvo acceso este diario, dijo además que varios ministros habían objetado la compra de radares, e incluso se contempló posponer el tema en el Gabinete, pero que el propio Ricardo Martinelli afirmó que había que proceder con la votación. “Por no llevar la contraria al presidente Martinelli, todo el mundo votó a favor de la negociación esta”, contó.

La donación de Italia fue cuestionada además porque para entonces Panamá no era sujeta a este tipo de ayudas de los países, debido a que ya había alcanzado el desarrollo social y por su crecimiento económico.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, por este caso detuvo preventivamente al exministro de Seguridad José R. Mulino. 

RADARES, HISTORIA DE UN CHANTAJE

“Quien decidía qué iba a tocarse en el Consejo de Gabinete era el mismo Presidente. Quien tomaba la batuta posterior a eso era el Presidente de la República”. Fueron algunas de las primeras respuestas que dio el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu al Ministerio Público el pasado 11 de noviembre, cuando rindió declaración jurada en medio de las pesquisas que sigue la Fiscalía Tercera Anticorrupción por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares durante el gobierno pasado, proceso con el que se ordenó la detención del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.

El caso también alcanza al exviceministro de Seguridad Pública Alejandro Garuz, consuegro del expresidente Ricardo Martinelli, a quien se le imputó cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

A MARTINELLI

“El presidente es el que por modalidad tiene la palabra final sobre un tema”, insistió el exministro ante la fiscal Zuleyka Moore, a cargo del caso. De esta manera, una vez más, Papadimitriu pone el dedo acusador en el expresidente Ricardo Martinelli, a quien acompañó en sus dos campañas políticas para alcanzar la Presidencia de la República.

Consultado sobre si el contrato DA-043-2010, con el que se adquirieron los radares a la empresa Selex –filial de Finmeccanica– fue sometido a consideración del Gabinete, el exfuncionario respondió: “La verdad, no recuerdo. Estos contratos no se llevan a aprobación al Gabinete, se le da al ministro la potestad para que negocie el contrato en base a unos parámetros. No recuerdo que [José Raúl] Mulino llevara el tema de los radares al Gabinete”.

PATRULLERAS Y RADARES

Más adelante dio detalles sobre el polémico nexo Ricardo Martinelli-Silvio Berlusconi, el ex primer ministro italiano.

“Esto era un proyecto del presidente Silvio Berlusconi, quien nos iba donar patrulleras a cambio de 200 millones o 280 millones de euros, ahora mismo no recuerdo la cifra […] Quiero indicar que nosotros íbamos a comprar unos helicópteros, pero el Presidente [Martinelli] entró en negociación con Italia, que, a cambio de patrulleras, le íbamos a comprar productos. Así se compran los [helicópteros] AgustaWestland […] luego un tal Valter Lavítola dijo que su ministro de Finanzas en Italia estaba presionando a Berlusconi por haber donado a Panamá seis patrulleras a cambio de nada, y dijo que, para no perjudicar a Berlusconi, había que equiparar el monto de la donación con la compra que se iba a hacer”.

Así consta en la declaración jurada de Papadimitriu ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a la que tuvo acceso este medio. En esa diligencia también estuvieron Ramsés Barrera, abogado de Mulino, y Cristóbal Arboleda, defensor de Garuz.

Al testigo le pidieron detalles sobre la visita de Berlusconi a Panamá [en junio de 2010] y sobre la agenda de esa gira. Respondió que el entonces gobernante italiano vino a la ceremonia a propósito de las obras de expansión del Canal de Panamá y que también vinieron otros personajes, como el exmandatario colombiano Álvaro Uribe.

“Yo me imagino que todo eso se hizo a través de la Cancillería”, narró cuando le dio información sobre los pormenores de la gira del ex primer ministro italiano.

Y reiteró: Lo de los radares “básicamente fue una negociación entre Ricardo Martinelli y Silvio Berlusconi. Posteriormente, Berlusconi utiliza a su interlocutor, que era Valter Lavítola, para informarle al presidente Martinelli que el ministro de Finanzas de Italia, por haber dado las lanchas a Panamá sin recibir nada a cambio, estaba cuestionando a Berlusconi”.

NO ESTUVIERON DE ACUERDO

¿Sabe por qué algunos ministros no estuvieron de acuerdo con el tema de la equiparación de las adquisiciones con la donación?

Papadimitriu respondió: “Se sentía que existía una necesidad en materia de seguridad, que era la compra de helicópteros, pero la compra más allá de los helicópteros no era el objetivo. Era como si Italia nos donaba de voluntad, y de repente, por medio de Valter Lavítola, y por las supuestas presiones del Ministerio de Finanzas de Italia, había que acceder a comprar otras cosas, entre las que se encontraban los radares”.

La fiscal también lo interrogó sobre si la adquisición de los radares estuvo sujeta a un estudio de factibilidad. El exministro le dijo que no recordaba, que no creía que “Belsito” [Belsio González, director del Servicio Nacional Aeronaval] fuera a hablar de los radares al Gabinete. “No recuerdo”.

Posteriormente, el Ministerio Público le cedió la palabra a la defensa del exministro José Raúl Mulino, específicamente a Ramsés Barrera, quien le hizo varias preguntas al extitular de la Presidencia.

Por ejemplo, le consultó sobre si, de acuerdo con la Resolución No. 113 –con la que se autorizó la compra de los radares a la empresa Selex– Mulino tenía posibilidad de celebrar contratación con otra empresa.

Papadimitriu le respondió que esa empresa, Selex Sistemi Integri, nunca estuvo en el Gabinete. “Que yo recuerde, ni vimos quienes eran esas personas. Nosotros lo que le dimos fue un voto de confianza al ministro para negociar el tema de la compra de radares”, sostuvo.

A continuación, le consultó si algún ministro había objetado la resolución que avaló la transacción con Italia. “Sí habían ministros que tenían reservas sobre la compra de radares, pero, no sobre la compra de helicópteros. No me acuerdo si esas objeciones se dieron en la mesa del Gabinete. A mí se me acercaron ministros a comunicarme que sentían que esto estaba demasiado apresurado. Creo que se iba a tratar de posponer y el Presidente [Martinelli] fue el que dio la orden que se tenía que proceder con la votación”.

Consultado sobre las revelaciones de Papadimitriu, el abogado Rogelio Cruz, del equipo de defensa de Martinelli, manifestó que esas declaraciones son contrarias a lo que ha dicho Mulino, de que fue el hoy presidente Juan Carlos Varela –cuando era canciller del gobierno de Martinelli– el que negoció la compra de radares. “Entonces, ahí lo que procede es que la fiscal ordene un careo entre Mulino y Papadimitriu, porque hay una contradicción entre lo que dice un imputado [Mulino] y un testigo [Papadimitriu]”, agregó.

EL CASO

Selex recibió pagos por parte del Gobierno panameño por el orden de $68.3 millones. El dinero se gestionó el 29 de julio de 2014 y el 7 de agosto de ese mismo año por Mulino y la excontralora Gioconda Torres de Bianchini.

Así consta en documentos aportados por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Fiscalía Tercera Anticorrupción. Los desembolsos que autorizó el exministro de Seguridad son parte de los argumentos en los que se apoya la fiscal Moore para acreditarle la supuesta comisión del delito de peculado y la orden de detención preventiva.

El Ministerio Público no considera justificable los pagos que se le hicieron a Selex, dado que los radares instalados no cumplían con las especificaciones del contrato firmado en 2010.

Nunca captaron las lanchas rápidas que transportan drogas por mar, porque fueron diseñados para rastrear barcos más grandes, como buques. En su momento, Mulino minimizó el asunto diciendo que solo tenían un problema de “calibración”.

En comunicados públicos ha reiterado que, por los pagos, no lo pueden señalar de la supuesta comisión del delito de peculado. Dijo que los pagos se hicieron efectivos en la gestión de su sucesor, Rodolfo Aguilera.

Su familia, amigos, y copartidarios del partido Cambio Democrático, colectivo fundado y dirigido por Martinelli, han cuestionado las acciones del Ministerio Público con vigilias y en los medios de comunicación. Alegan que tanto Mulino como Garuz son inocentes y que la medida que tomó la Fiscalía Tercera Anticorrupción [detención preventiva] es muy severa.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción citó para este miércoles al exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, para que rinda declaración jurada por el caso de la adquisición de 19 radares a la empresa Selex por $125 millones, confirmaron fuentes judiciales. 

Vallarino fue ministro al inicio de la administración del exmandatario Ricardo Martinelli, cuando el Ejecutivo firmó el contrato de los polémicos radares con una filial del conglomerado italiano Finmeccanica.

En la actualidad, Alberto Vallarino es miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). 

Por este caso, la Fiscalía formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz.

Mulino tiene medida cautelar de detención preventiva.

La semana pasada, el exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu rindió declaración jurada por este caso.

De acuerdo a declaración jurada a la que tuvo acceso este diario, reveló que la millonaria compra de radares se debió a presiones de Italia que exigió beneficios, a cambio de la donación de lanchas patrulleras.