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El Programa de Ayuda Nacional (PAN)  que actualmente es objeto de investigaciones judiciales. Que han revelado el despilfarro de millones de dólares durante el pasado gobierno del expresidente Ricardo Martinelli- desaparecerá a partir del 1 de enero de 2016 y se convertirá en la Dirección de Asistencia Social (DAS).

A través del Decreto Ejecutivo No. 775 del 12 de noviembre de 2015, promulgado ayer en Gaceta Oficial, y que lleva la firma del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el Gobierno subroga el Decreto Ejecutivo No. 690 del 22 de julio de 2010, aprobado en la administración anterior, mediante el cual se creó el PAN.

De acuerdo con el decreto, la DAS estaría orientada a la adquisición y suministro de bienes y servicios y a la ejecución de obras y a los siguientes programas: Realizar acciones focalizadas tendientes a combatir la pobreza de manera sostenida y socorrer a las personas afectadas por desastres naturales o por catástrofes provocadas por la actividad humana.

MÁS QUE UN NOMBRE

Según el presidente Varela, se elimina la estructura de compra que existía en el PAN. “La Dirección de Asistencia Social en la Presidencia no solo será un cambio de nombre, porque el decreto elimina la forma como se hacían las compras, que fue la puerta que se abrió y que ha llevado a algunos procesos en el sistema judicial”, aseguró.

Argumentó que con la DAS se retoma el papel de lo que en su momento fue el Fondo de Emergencia Social (FES), que creó el expresidente Guillermo Endara en 1990 para atender los temas comunitarios.

Reiteró que ahora se quita esa capacidad de compra que tenía el PAN, que servía para obviar los procesos que están en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.

“A partir de este momento, la Ley 22 rige en todas las contrataciones públicas del Estado y no hay ninguna puerta abierta para que se puedan volver a cometer los errores que se dieron en el pasado”, manifestó Varela.

PAN Y LA CORRUPCIÓN

Luego del fin del gobierno de Martinelli, el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén -hoy detenido en El Renacer- destapó todo un engranaje de corrupción que se hizo a través de esa entidad y que mantiene abiertos 13 procesos en el Ministerio Público.

Las irregularidades se investigan en contratos para la compra de bolsas de granos, comida deshidratada, servicios de mensajería, compra de 110 mil bolsas navideñas, bolsas con comida, mochilas escolares, alquiler de helicópteros, paneles solares, compra de instrumentos musicales para bandas de los colegios oficiales y compra de llantas para automóviles del PAN.

También se investigan fondos destinados por el PAN para el programa Piso y Techo que manejó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y para el alquiler de camiones de basura destinados a la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario. 

Otros tres procesos por la venta de bolsas con comida, sobrecostos en el alquiler de aeronaves pagadas con fondos del PAN e irregularidades en el contrato para la compra de llantas a vehículos del PAN, también figuran entre los casos más relevantes. Además, con fondos del PAN el gobierno de Martinelli compró una máquina pinchadora por $13.4 millones.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, rechazó la posición adoptada por el Colegio Nacional de Abogados de no participar en las entrevistas de la Comisión de Estado por la Justicia para elegir a dos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En la noche de este lunes 23 de noviembre el CNA se retiró del proceso por no estar de acuerdo con entrevistas que a los candidatos a magistrados están realizando el Movimiento Independiente por Panamá (Movin) .

"La Comisión no puede tomar ninguna disposición u ordenar que ningún otro grupo, asociación o persona del Estado panameño invite a los distintos aspirantes a actividades parecidas a las que estamos llevando acá. Yo soy una persona que cree en la democracia. Sería la última persona que adopte una posición en el sentido de mandar a la Policía a que se lleven a los de Movin presos (por reunirse con los aspirantes)", explicó González.

"Se puede decir que la comisión está siendo muy complaciente en lo que está haciendo Movin, pero esta es una democracia. Tenemos 25 años de estar viviendo en una democracia y tenemos que fortalecerla.  Nos estamos evaluando como democracia (con la elección de los magistrado a través de este método)", añadió el procurador.

La Fiscalía Octava de Circuito pidió enjuiciar al empresario Rodney Zelenka, acusado de la presunta comisión del delito de estafa, tras la venta supuestamente fraudulenta de apartamentos del proyecto P.H. Independencia, ubicado en San Felipe.

En la vista fiscal No. 223 del pasado 30 de septiembre, la fiscal Dania Ríos concluyó que el delito de estafa agravada quedó demostrado en las copias autenticadas de las promesas de compraventa de los apartamentos en el proyecto suscritas por Zelenka.

Asimismo, resaltó que otro de los indicios que sustentó su decisión fue la declaración del entonces director de Patrimonio Histórico, Wilhelm Franqueza, quien reveló que el proyecto violó artículos del manual de normas del Casco Antiguo, entre ellas, la altura del edificio, la alteración de la fachada y de los huecos (vanos) de las ventanas de la planta baja.

Franqueza –quien renunció la semana pasada– detalló que la constructora no mostró interés en adecuar los planos a las normas vigentes de construcción en el Casco Antiguo.

La fiscal también citó el testimonio del arquitecto de la Universidad Tecnológica de Panamá José Cedeño, quien realizó una evaluación estructural de la obra y concluyó que en dicha experticia hallaron columnas con deficiencias en su capacidad de soportar las cargas transversales, además de no contar en ese momento con elementos estructurales destinados a resistir cargas de sismo o de viento.

Por otro lado, Ríos resaltó que la empresa fue sancionada con una multa de 10 mil dólares por la Dirección de Patrimonio Histórico, luego de realizar trabajos de demolición que contemplaban el ensanche y destrucción de un vano y marco de la planta baja, la destrucción de parte del balcón y atentaban contra los valores artísticos y monumentales del inmueble.

En la vista fiscal también se incluyó un informe de la Dirección de Patrimonio Histórico, en el que se explica que las propiedades donde se construye la obra tienen características arquitectónicas históricas, elementos de herrería tipo art nouveau y un balcón de herrería curvo, único en el Conjunto Monumental Histórico. Asimismo, paredes y arcos de mampostería en torno a un patio interior, que daba hacia la iglesia San Felipe Neri, que fueron eliminados durante la construcción.

LA DENUNCIA

La denuncia a Zelenka fue presentada por el abogado Karim Hassan, en representación de Hericus Kerkhoff, quien realizó seis contratos de promesa de compraventa, para adquirir cierta cantidad de apartamentos y en los que se le fijó un precio de venta de 371 mil 538 dólares. 

En la denuncia dice que Zelenka tuvo problemas para la ejecución de la obra y, de manera unilateral, rescindió los contratos, pero sin devolver los adelantos realizados por el comprador.

En la denuncia también se indica que Zelenka sigue vendiendo el proyecto internacionalmente, aunque le cambió el nombre a proyecto P.H. Plaza Amador. 

Los abogados de Zelenka presentaron ante el Juzgado Decimosegundo de lo Penal un incidente de nulidad contra la orden de indagatoria emitida por la fiscalía, pero fue rechazado en primera instancia por el Segundo Tribunal Superior Penal.

Sus abogados también interpusieron una solicitud de fianza para no ser detenido, que fue rechazada y actualmente está en el Tribunal Superior en espera de ser resuelta.

ANTECEDENTES

El pasado 27 de mayo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente la construcción del P.H. Independencia, decisión que obedeció a una demanda presentada por la fundación Calicanto por considerar que la obra no tenía permisos de construcción vigentes.

El fallo concluyó que la obra implica graves riesgos y perjuicios de difícil reparación, aunque recibió de la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá un nuevo permiso de construcción.

Ya en 2009, la fundación Calicanto había recurrido a la Sala Tercera para denunciar la construcción por daños ocasionados a los monumentos históricos que se encuentran en San Felipe.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió este martes al Tribunal Electoral (TE) una solicitud para levantar el fuero electoral penal al expresidente de la República.

Y  parlamentario centroamericano Ricardo Martinelli, como parte de la investigación por irregularidades en cuentas manejadas a través de la casa de valores Financial Pacific.

La investigación nace a partir de una nota que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) envió el 29 de junio pasado a la CSJ, informando sobre la vinculación de Martinelli con el manejo de tres cuentas en FP -actualmente en proceso de liquidación- . Algunas de estas cuentas -denominadas  High Spirit Overseas, Distribuidora Comar, S.A. y Ricardo Martinelli- fueron utilizadas para comprar y vender acciones en Petaquilla Minerals, utilizando información confidencial. Las autoridades han determinado que Martinelli era partícipe a través de sus hijos, su cuñado Aaron "Ronny" Mizrachi, amigos y socios. 

Por este caso ya se han presentado denuncias ante la posible comisión del delito de blanqueo de capitales ante el Ministerio Público. 

El 23 de septiembre, el pleno de la CSJ admitió la investigación a Martinelli, y designó al magistrado Hernán De León como fiscal de la causa. Originalmente, como juez de garantías fue nombrado José Ayú Prado, pero éste fue separado del caso dadas sus actuaciones en el caso FP cuando fue procurador de la Nación. En remplazo de Ayú Prado quedó Luis Mario Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía.

Martinelli ya es investigado por la compra de alimentos deshidratados y por la interceptación ilegal de comunicaciones a través del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros casos. El primer se encontraba paralizado, a la espera que se resolviera una advertencia de inconstitucionalidad contra la Ley 55  de 2012 ("Ley blindaje"), fallo que debe estar listo este jueves. En tanto, en relación a los "pinchazos", la audiencia de acusación está programada para el próximo 11 de diciembre.

Martinelli es investigado por la Corte, por su condición de diputado del Parlacen, cargo que ostenta desde el 1 de julio de 2014. Goza de fuero electoral penal, dado que su partido Cambio Democrático (CD) convocó a un proceso de elecciones internas, que debía celebrarse en octubre pero que fue pospuesto repentinamente para marzo próximo.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) tomó la decisión de retirarse de las entrevistas a los aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia que adelanta la Comisión del Pacto Estado por la Justicia.

La determinación fue tomada anoche de forma unánime por la junta directiva del CNA.

La agrupación instó a la ciudadanía a que se mantenga atenta para que se respete la institucionalidad que tanto le ha costado al país construir en los últimos años.

A juicio de los abogados, las entrevistas paralelas que realiza el Movimiento Independiente de Panamá (Movin), deslegitima la actuación de la Comisión.

‘Permitir que Movin haga esto ahora es como haber permitido que en su momento lo hubiese hecho la ‘Generación por el Cambio' o que el ‘Team Martín' hubiese entrevistado a los candidatos en su momento', acordó la junta directiva.

La Comisión brindará sus observaciones a principios de diciembre en un informe al Ejecutivo, pero sus observaciones no serán incluyentes a la hora de tomar la decisión para elegir a los dos magistrados.

Movin, de acuerdo con Annette Planells, está realizando un proceso complementario de validación de capacidades. Las evaluaciones de Movin, explicó Planells, incluyen primero las entrevistas en el Pacto de Estado por la Justicia que luego son complementadas con un examen psicométrico, un caso y una presentación. Al final, Movin entregará una evaluación en base a un perfil que el grupo, junto a otras organizaciones, ha elaborado

Planells reconoce que la entrevista en el Pacto de Estado por la Justicia es la más importante y se complementa con la dinámica que han programado.

El resultado de las entrevistas será público y, según la dirigente de la agrupación, será una ‘herramienta para que el Gabinete pueda tomar la mejor decisión'.

Hasta este lunes, cinco aspirantes habían sido entrevistados por Movin. En esa lista de entrevistados están Ana Zila Rowe, Guillermo Márquez Amado, Ángela Russo, Octavio Del Moral y Vasco Torres De León.