Panamá se encuentra entre los peores países en impartir justicia, según el ‘Índice de Estado de Derecho 2017 – 2018 (Rule of Law Index 2017 – 2018)’.
La organización sin fines de lucro World Justice Project (WJP) encuestó a 110 mil ciudadanos y tres mil expertos en los distintos países con el mismo esquema de preguntas y opiniones para elaborar el Índice del Estado de Derecho. El documento busca medir la percepción del funcionamiento del sistema de justicia y de la existencia (o no) del Estado de derecho.
Panamá ocupa la posición 61 del ranking mundial, un puesto más arriba que en el informe anterior, con un índice de 0.52 en una escala que va del 0.01 al 1.00. Por arriba de Panamá está Perú (puesto 60) y por debajo, India (puesto 62). Las tres regiones, sin embargo, alcanzaron la misma puntuación (0.52). Esta misma lista la encabezan Dinamarca (0.89), Noruega (0.89) y Finlandia (0.87), en el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.
‘LA IMPLEMENTACIÓN DEL SPA AYUDARÁ A QUE A LARGO O MEDIANO PLAZO MEJOREMOS’,
ANNETTE PLANELLS
MOVIN
Entre las regiones latinas, Panamá se encuentra en el puesto 17 de 30 países. Múltiples naciones caribeñas están por encima del istmo centroamericano. A nivel de Centroamérica, Costa Rica está por encima de nuestro país, ocupando la posición número 2.
Para la elaboración de este índice, el WJP midió 44 indicadores distribuidos en ocho categorías principales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal.
La peor calificación del país se ubica en la variable de justicia penal, con un índice de 0.33. De acuerdo con las conclusiones de este informe, en todos los indicadores del tema justicia penal el país obtuvo calificaciones mediocres.
A pesar de la entrada en funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que ha traído consigo una mejora en la percepción de la eficacia de los procesos judiciales, aspectos como la efectividad del sistema penitenciario, investigaciones libres de influencia gubernamental , discriminación y deficientes investigaciones colocan al país en el puesto 99, de una lista de 113 naciones, en la variable justicia penal.
En efectividad del sistema penitenciario, Panamá alcanzó 0.14. En el apartado libre de la influencia gubernamental de las investigaciones, logró una puntuación de 0.23. En cuanto a si existe o no discriminación, obtuvo 0.30. En relación a la efectividad de las denuncias, la calificación fue de 0.31. En referencia a la eficacia de las investigaciones, el puntaje fue de 0.35, mientras que en el apartado sobre debido proceso, el resultado fue 0.47. Finalmente, en la variable existencia de corrupción, Panamá obtuvo 0.50.
Esta variable evalúa qué tan efectivo es el sistema de justicia penal de un país, considerando que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra individuos por ofensas a la sociedad.
La evaluación de la justicia penal, señala el índice, toma en cuenta el desempeño de fiscales, policías, jueces, abogados y custodios.
El abogado Juan Carlos Araúz considera que uno de los factores que impide que el país aparezca como comprometido en materia de justicia penal es la interinidad de los funcionarios. ‘Eso representa la imposibilidad de que un funcionario actúe de acuerdo a su consciencia. Nuestros funcionarios ingresan al sistema porque requieren un salario estable y esto lo convierte en su verdadera motivación’, agrega Araúz.
El abogado señala, además, que debe existir voluntad y presupuesto para que el sistema de justicia funcione. El tema, según Araúz, guarda también relación con el viejo sistema de justicia que implica poca agilidad y dificultad para encontrar una respuesta de parte de las autoridades. ‘Hasta que no se cierre el último expediente del sistema inquisitivo este tema seguirá siendo un lastre de la justicia’, dice el abogado.
Otra debilidad del sistema penal, continúa Araúz, es la incapacidad para reinsertar a los individuos a la sociedad después de un proceso penal.
Panamá reportaba la tasa de privados de libertad per cápita más alta de Latinoamérica (261 por cada 100,000 habitantes), después de Cuba y El Salvador, según el informe del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, publicado en 2015.
Para esa época, los detenidos esperaban más de un año por un juicio debido a ineficiencias en el sistema legal y al uso de un sistema inquisitorial escrito, según el portal Americas Quarterly .
Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), señala que la implementación del SPA ayudará a que a mediano o largo plazo la situación mejore notablemente. Pero esto debe hacerse de la mano de la implementación de la carrera judicial para que se asegure que hayan jueces capacitados. ‘De nada sirve que agilicemos procesos si los jueces no fallan en derecho’, dijo Planells.
La activista considera, asimismo, que la calificación del país habla muy mal del presidente de la Corte Suprema de Justicia de los últimos cuatro años, José Ayú prado, quien no ha logrado hacer los cambios que se requieren para mejorar en materia de justicia penal.
El índice, cuyos resultados fueron presentados en Washington a finales de enero de 2018, muestra que el país pasó del puesto 107 al 99 en la evaluación de la justicia penal.
JUSTICIA CIVIL
En la variable justicia civil, el país se ubicó en el puesto 78 de 113 naciones. La debilidad más asentada de la justicia civil, según el informe, está en la irracionalidad de los retrasos de los procesos, con una calificación de 0.25.
En el eje ausencia de corrupción, Panamá se encuentra en la posición 68 de 113 países. En este indicador queda reflejado que existe mayor corrupción en el Órgano Legislativo que entre los policías, el Órgano Judicial y el Ejecutivo.
Con respecto al tema de corrupción en la Asamblea, Planells asegura que existen dos situaciones que afectan la transparencia de la institución: el manejo de los recursos y el secreto en la emisión de los votos para aprobar leyes.
Panamá aparece, además, en el puesto 78 en orden y seguridad; 50, en derechos fundamentales; 38, en gobierno abierto; 68, en límites en los poderes del gobierno; y 46, en regulación aplicada.
DEFINICIÓN
El Estado de derecho
El Estado de derecho es la condición de un país en donde se reduce la corrupción, se combate la pobreza y enfermedades, y se protege a las personas de las injusticias.
El Índice del Estado de Derecho, elaborado por World Justice Project, analiza cómo se experimenta el Estado de derecho en 113 países.
El desempeño de estas regiones es evaluado a través de ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y criminal.
En América Latina, Uruguay, Costa Rica, Chile, San Cristóbal y Nieves y Barbados ocuparon las primeras posiciones en el Índice del Estado de Derecho. Los últimos cinco lugares del ranking regional fueron para Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela.
Marlene Testa
