Los integrantes de la comisión seguían anoche cotejando el documento que entregarán al Ejecutivo, que recoge el balance de las audiencias públicas de la semana pasada. A puerta cerrada, el grupo, compuesto por varias organizaciones, volvía a escuchar las entrevistas a los 10 aspirantes a reemplazar a Harley Mitchell y a Víctor Benavides.
La Comisión de Estado por la Justicia entregará al Ejecutivo hoy, en horas de la tarde, el informe con las consideraciones hechas a los 10 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de finalizado, la semana pasada, el proceso de audiencia pública con los candidatos.
Ayer, en la última sesión, se afinó el informe que, según el procurador de la Administración y coordinador de la comisión, Rigoberto González, se refleja lo más cercano a lo que la ciudadanía y los medios de comunicación fueron testigos.
“Se dio un amplio escrutinio al cual fueron sometidos cada uno de los 10 aspirantes seleccionados por el Ejecutivo”, indicó. Resaltó que este documento recogerá algún juicio de valor por los integrantes con respecto a cuestionamientos que se hicieron a determinados candidatos.
“Si no reflejamos esto en el informe, se perdería esa información y el Ejecutivo no tendría un panorama lo más amplio posible a la hora de tomar la decisión de llenar las dos vacantes para el cargo de magistrado”, destacó.
Los ajustes al informe final tardaron dos días y, según González, se estaba en espera de tener comunicación con el Ejecutivo para acordar la fecha de su entrega. “El acuerdo, en principio, es entregar ese informe hoy mismo en horas de la tarde al Ejecutivo, en conjunto con los videos de las entrevistas para que el Ejecutivo, si tiene a bien, los revise”.
NO ES COMPETENCIA
En cuanto a la entrega del informe de seis agrupaciones de la sociedad civil, González manifestó que hay que dejar claro que este proceso no es una competencia.
“No se trata de que si un grupo hizo tal o cual trabajo hay que confrontarlo con ello”, añadió. Enfatizó en que hay que ser consecuentes con lo que se dijo desde el primer día en que se inició el proceso.
“El hecho de que oficialmente el Ejecutivo confió a la Comisión de Estado por la Justicia el escrutinio al que debió ser sometido cada aspirante y el hecho de que la comisión decidió que fuera público, no significa que lo que hicieron otros entes, nosotros tengamos que sentirnos que tenemos que competir con ellos”, indicó.
Manifestó que esta es una vía en la que sentían debían abrirse todos los espacios de la democracia, porque el hecho de que la comisión haya cumplido con ese mandato, no excluía al resto.
“Si otros consideran que cumplieron también con ese compromiso, enhorabuena. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregar el resultado de los escrutinios que se llevaron a cabo al Ejecutivo para que tome la decisión que a bien tenga”, recalcó.
CIUDADANÍA PENDIENTE
González planteó que luego de entregado el documento, la ciudadanía debe estar concentrada en los nombramientos que se harán.
“La ciudadanía podrá fiscalizar si lo que vieron es cónsono con la decisión que se vaya a adoptar. Nosotros no tenemos que decirle al Ejecutivo sobre quién tiene que tomar la decisión. Esa responsabilidad, por mandato de la Constitución, obviamente le corresponde al Ejecutivo. No haremos recomendaciones”, dijo.
NO ESPERAN UNGIDOS
En tanto, la Alianza Ciudadana pro Justicia, aunque calificó de novedoso el proceso de audiencias públicas, espera que no se confirme la tesis de los ungidos. “Esto sería nefasto para la administración de justicia”, advirtió la agrupación.
Planteó que una vez hecho el nombramiento por parte del Consejo de Gabinete, se debe seguir el escrutinio y la amplia participación ciudadana en la Asamblea Nacional.
Además, la organización consideró que el proceso que establece la Constitución, de que el Consejo de Gabinete nombra y la Asamblea Nacional aprueba estos nombramientos, no garantiza la selección de los mejores ni la independencia de la administración de justicia.
La Alianza consideró que los procesos de autorregulación del Consejo de Gabinete, en el que se abre una ventana a la participación y al escrutinio ciudadano, han demostrado que no son suficientes y que lo conducente es lograr una reforma constitucional que permita un sistema despolitizado y de méritos en la selección de magistrados.
Además, cuestionó el mecanismo de selección de los 10 candidatos, porque “obedece a criterios de selección que no se dieron a conocer”. “El proceso definido por el Ejecutivo en esta ocasión ha tenido deficiencias, debido a la premura del tiempo y a un sistema de preselección sin criterios claros”.
