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La estrategia legal del exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, de acogerse a un proceso abreviado, tuvo resultados.

El exfuncionario fue condenado a 64 meses de prisión (5 años y cuatro meses) por posesión ilegal de armas, delito que tiene una condena mínima de 8 a 10 años.

El juez Oscar Carrasquilla consideró que al acogerse al proceso abreviado, al imputado se le reconoce la rebaja de una tercera parte de la pena, que es de 32 meses, a la pena mínima, que legalmente corresponde a 96 meses.

De esta manera, Pérez se convierte en el primer funcionario del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) en recibir una condena de cárcel.

El juez Carrasquilla también inhabilitó a Pérez para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de la condena. A los 64 meses de cárcel se le debe restar el tiempo que lleva detenido, desde el 12 de enero. Le haría falta cumplir 52 meses: cuatro años y cuatro meses.

Pérez fue detenido en un operativo del Ministerio Público en su residencia, en Amador, por una investigación por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, conocido como escuchas telefónica ilegales.

Durante el allanamiento, a Pérez se le decomisaron tres armas de fuego, incluyendo una minimax y una pistola calibre 38 en su auto.

Por esta causa, se le abrieron dos procesos simultáneos: por escuchas ilegales y por posesión ilegal de armas, este último, a cargo de la Fiscalía Décimo Cuarta Penal.

REGALOS

La defensa, encabezada por la abogada Holanda Polo, argumentó que se trataba de obsequios que Pérez recibió cuando ocupaba el cargo de director de la Policía y una herencia de su padre. Precisó que en el momento del allanamiento, se adelantaban los trámites para la legalización de las armas. También argumentó que el exdirector es un coleccionista de armas.

El juez Carrasquilla consideró que ‘no encuentra causas de justificación que eximan de responsabilidad penal al imputado, del deber de registro de armas no se excluye a ningún ciudadano, aun cuando se ocupen altos cargos en el área de seguridad y orden público…'.

Además, dijo el juez, para coleccionar armas se debe cumplir con las normas que rigen la actividad. ‘La conducta del imputado demuestra que no tenía ánimo ninguno para que la posesión de armas de fuego fuera legal y no transgredir la ley penal', recalca la sentencia.

Durante la investigación también se determinó que una de las armas, de calibre 9 milímetros, pertenecía a la Policía Nacional, incluso tenía inscrito el lema de la entidad, ‘Proteger y Servir', el escudo nacional y el de la Policía Nacional.

La gravedad del delito radica en la falta de registro de las armas, lo que dificulta a los entes de investigación darle seguimiento y, por consecuencia, se complica conocer el responsable, lo que contribuye a la impunidad en caso de ser utilizada, agrega la sentencia.

El juez Carrasquilla consideró que Pérez ‘tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos', y ordenó el decomiso de las armas de fuego.

OTRAS INVESTIGACIONES

En la sentencia, el juez Carrasquilla también ordenó compulsar copias del expediente para que se investigue un posible delito contra la administración pública. Pérez está detenido en El Renacer desde enero en espera del juicio por la investigación por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, audiencia fijada para marzo de 2016.

Por este caso también están llamados a juicio Alejandro Garuz y sus exsubalternos Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes están prófugos de la justicia.

A Pérez y a Garuz se les vincula en el caso de los pinchazos telefónicos, por haber sido secretarios del Consejo de Seguridad, desde donde se intervinieron teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas, entre comunicadores, políticos, empresarios y de la sociedad civil organizada.

A Pérez también se le investiga por la compra y desaparición del equipo de espionaje conocido como Pegasus.

Las candidatas Ana Zita Rowe y María Eugenia López son las que más se acercan al perfil para ocupar los cargos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, según el informe de la evaluación que realizaron 6 grupos de la sociedad civil a los 10 aspirantes al máximo tribunal de justicia.

Los grupos listaron en orden descendente, teniendo en cuenta la evaluación más alta hasta la más baja, a los candidatos que quieren relevar a Harley Mitchell y Víctor Benavides en la corporación de justicia. 

 “Al momento de presentar este informe, desconocemos la existencia de situaciones comprobadas que afecten la integridad o solvencia moral de algunos candidatos. De existir alguna de estas situaciones, la misma sería causal de descarto del proceso”, asegura una nota que leyeron ayer en conferencia de prensa representantes de Agentes por la Paz Electoral, el Centro de Incidencia Ambiental, el Centro de Innovación y Acción Social, el Consejo Nacional de Organización Comunitaria, el Espacio Encuentro de Mujeres y el Movimiento Independiente (Movin).

Annette Planells, vocera de Movin, explicó que entregarán el resultado de su informe a la Comisión de Estado por la Justicia y al Ejecutivo para que analice el trabajo. Los grupos civiles detallaron que su proceso de evaluación se prolongó desde el 15 de octubre hasta el 29 de noviembre de este año, y se dividió en tres fases.

Primero, desarrollaron el perfil que consideran debe tener un magistrado de la Corte. Para ello, se tomó en cuenta la coyuntura actual que vive el país, la experiencia sobre el particular en otras naciones y las recomendaciones de mejores prácticas internacionales para desarrollar el proceso.

La segunda fase incluyó una validación de las capacidades de cada persona, a través de entrevistas, una prueba psicométrica estandarizada y además se les presentó un caso de análisis legal orientado hacia la valoración de su razonamiento jurídico, y sus criterios para emitir fallos y desarrollar una jurisprudencia moderna e incluyente. Y, por último, se evaluaron las audiencias públicas realizadas por los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia.

Juan Antonio Tejada, de Asesoría Legal de Movin, dijo que este ejercicio debe ser un modelo a seguir para la evaluación de personas que aspiren a ocupar altos cargos públicos.

Los integrantes de la comisión seguían anoche cotejando el documento que entregarán al Ejecutivo, que recoge el balance de las audiencias públicas de la semana pasada. A puerta cerrada, el grupo, compuesto por varias organizaciones, volvía a escuchar las entrevistas a los 10 aspirantes a reemplazar a Harley Mitchell y a Víctor Benavides.

La Comisión de Estado por la Justicia entregará al Ejecutivo hoy, en horas de la tarde, el informe con las consideraciones hechas a los 10 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de finalizado, la semana pasada, el proceso de audiencia pública con los candidatos.

Ayer, en la última sesión, se afinó el informe que, según el procurador de la Administración y coordinador de la comisión, Rigoberto González, se refleja lo más cercano a lo que la ciudadanía y los medios de comunicación fueron testigos.

“Se dio un amplio escrutinio al cual fueron sometidos cada uno de los 10 aspirantes seleccionados por el Ejecutivo”, indicó. Resaltó que este documento recogerá algún juicio de valor por los integrantes con respecto a cuestionamientos que se hicieron a determinados candidatos.

“Si no reflejamos esto en el informe, se perdería esa información y el Ejecutivo no tendría un panorama lo más amplio posible a la hora de tomar la decisión de llenar las dos vacantes para el cargo de magistrado”, destacó.

Los ajustes al informe final tardaron dos días y, según González, se estaba en espera de tener comunicación con el Ejecutivo para acordar la fecha de su entrega. “El acuerdo, en principio, es entregar ese informe hoy mismo en horas de la tarde al Ejecutivo, en conjunto con los videos de las entrevistas para que el Ejecutivo, si tiene a bien, los revise”.

NO ES COMPETENCIA

En cuanto a la entrega del informe de seis agrupaciones de la sociedad civil, González manifestó que hay que dejar claro que este proceso no es una competencia.

“No se trata de que si un grupo hizo tal o cual trabajo hay que confrontarlo con ello”, añadió. Enfatizó en que hay que ser consecuentes con lo que se dijo desde el primer día en que se inició el proceso.

“El hecho de que oficialmente el Ejecutivo confió a la Comisión de Estado por la Justicia el escrutinio al que debió ser sometido cada aspirante y el hecho de que la comisión decidió que fuera público, no significa que lo que hicieron otros entes, nosotros tengamos que sentirnos que tenemos que competir con ellos”, indicó.

Manifestó que esta es una vía en la que sentían debían abrirse todos los espacios de la democracia, porque el hecho de que la comisión haya cumplido con ese mandato, no excluía al resto.  

“Si otros consideran que cumplieron también con ese compromiso, enhorabuena. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregar el resultado de los escrutinios que se llevaron a cabo al Ejecutivo para que tome la decisión que a bien tenga”, recalcó.

CIUDADANÍA PENDIENTE

González planteó que luego de entregado el documento, la ciudadanía debe estar concentrada en los nombramientos que se harán.

“La ciudadanía podrá fiscalizar si lo que vieron es cónsono con la decisión que se vaya a adoptar. Nosotros no tenemos que decirle al Ejecutivo sobre quién tiene que tomar la decisión. Esa responsabilidad, por mandato de la Constitución, obviamente le corresponde al Ejecutivo. No haremos recomendaciones”, dijo.

NO ESPERAN UNGIDOS

En tanto, la Alianza Ciudadana pro Justicia, aunque calificó de novedoso el proceso de audiencias públicas, espera que no se confirme la tesis de los ungidos. “Esto sería nefasto para la administración de justicia”, advirtió la agrupación.

Planteó que una vez hecho el nombramiento por parte del Consejo de Gabinete, se debe seguir el escrutinio y la amplia participación ciudadana en la Asamblea Nacional.

Además, la organización consideró que el proceso que establece la Constitución, de que el Consejo de Gabinete nombra y la Asamblea Nacional aprueba estos nombramientos, no garantiza la selección de los mejores ni la independencia de la administración de justicia.

La Alianza consideró que los procesos de autorregulación del Consejo de Gabinete, en el que se abre una ventana a la participación y al escrutinio ciudadano, han demostrado que no son suficientes y que lo conducente es lograr una reforma constitucional que permita un sistema despolitizado y de méritos en la selección de magistrados.

Además, cuestionó el mecanismo de selección de los 10 candidatos, porque “obedece a criterios de selección que no se dieron a conocer”. “El proceso definido por el Ejecutivo en esta ocasión ha tenido deficiencias, debido a la premura del tiempo y a un sistema de preselección sin criterios claros”.  

Hoy se conocerá a qué empresa se adjudicará la generación, a partir del 2017, de 350 megavatios adicionales de energía y potencia que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) abrió a licitación a través del acto LPI 02-15, y que complementarán la producción de la misma cantidad de energía y potencia que se adjudicó en agosto pasado a Gas Natural del Atlántico (AES en sociedad con el Grupo Motta).

Aunque la apertura de sobres se realizará hoy en las oficinas de la Autoridad de Servicios Públicos (Asep), aún hay temas pendientes de la licitación LPI 01-15 que podrían impedir a Gas Natural del Atlántico hacerse con el contrato.

Algunos de los participantes en el acto efectuado en agosto han presentado recursos legales al considerar que en el proceso se violaron ciertos conceptos legales.

La compañía Pentacles Energy, una de las 27 oferentes de la LP01-15, interpuso un re curso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, (encargada de lo Contencioso-Administrativo) que, entre otras cosas, solicita la ‘suspensión de los efectos de la decisión que favoreció a AES', comenta Tomás Polanco, representante de la empresa en Panamá.

Pentacles Energy basa su denuncia en dos razones en particular, explica Polanco: La posición dominante de AES, que ya tiene un 24% de las concesiones hidroeléctricas del país; y la invalidez de la oferta económica que presentó Gas Natural del Atlántico.

Pentacles Energy ha dicho que la interpretación que han hecho las autoridades sobre los conceptos de ‘licitación' y ‘concesión' energética que aparecen en la Ley 6 de 1997 (que ‘dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad') son errados y que solamente por un ‘tecnicismo' no se reconoce que AES tiene posición dominante en Panamá.

El gerente de Etesa, Iván Barría Mock, declaró que AES no tiene posición dominante, porque tienen el 24% de las concesiones hidroeléctricas del país, y ganaron la licitación LPI01-15 con oferta de gas natural, que es una licencia energética.

‘El límite de 25% solo aplica a concesiones de hidroeléctricas o geotérmicas. En este caso es una planta térmica, no es concesión', fueron las palabras del gerente.

Con respecto al tema del precio propuesto, considera Polanco que lo ofertado por Gas Natural del Atlántico viola ‘las reglas de la Asep', pues ‘AES presentó un precio que es inferior a los costos de producción'.

Aunque el recurso apenas está en la etapa de admisión en la Corte, Polanco confía en que la decisión de los magistrados se inclinará a su favor: ‘Tenemos mucha fe en la justicia, y nuestros argumentos legales son muy sólidos', dijo.

EN EL EXTRANJERO

Quien no confía tanto en la justicia local y ha preferido acudir a los tribunales estadounidenses es el gerente de International Panama Power Company (IPPCO), Jorge Castellanos.

Tanto IPPCO como AES Corp. son compañías cuyo capital proviene de Estados Unidos (EE.UU.), lo que ha permitido a Castellanos exponer el caso ante las autoridades de aquel país. ‘La justicia americana es 99% eficiente', considera Castellanos, quien añade: ‘Si AES no fuera una empresa americana, no podríamos hacer nada; pero lo es. Estamos viendo que es una empresa americana la que hace cosas fuera del contexto de un proceso normal. Por eso estamos denunciando la situación ante nuestras autoridades, para que defiendan los intereses de las empresas que sí lo estamos haciendo bien'.

El gerente de IPPCO presentó hace unos meses sus quejas ante el Departamento de Justicia y ante la Securities and Exchange Commission de EE.UU. por los supuestos de corrupción, tráfico de influencias, y colusión (pacto entre dos personas o empresas para afectar a un tercero).

Al ser consultado sobre el estado actual de estas querellas, Castellanos comenta que ‘a más tardar en el mes de diciembre se emitirán las citaciones correspondientes. Estas citaciones tienen implicaciones civiles y penales', señala el gerente de IPPCO, quien confía, así como Polanco, de Pentacles, en tener los argumentos suficientes para convencer a la justicia de que su denuncia es válida.

Rómulo Roux, quien en el gobierno pasado fue ministro para Asuntos del Canal y luego de Relaciones Exteriores, acudió este martes, 1 de diciembre de 2015, a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para rendir una declaración jurada.  Dentro de la investigación por supuestas irregularidades en el contrato que permitió la compra de 19 radares a la empresa Selex.

A su salida de la oficina judicial, Roux dijo que le informó a la fiscal Zuleyka Moore que efectivamente participó en el Gabinete cuando se aprobó la resolución y agregó que todos estuvieron de acuerdo con ello.

Su comparecencia obedeció a una solicitud que hiciera la defensa del extitular de Seguridad Pública José Raúl Mulino, detenido de forma preventiva desde el pasado 26 de octubre por este caso.

Roux dijo previamente que el equipo legal de Mulino ha pedido que comparezca ante la fiscalía todo el Gabinete del entonces mandatario Ricardo Martinelli que estuvo presente el día que se firmó la resolución que autorizó suscribir el citado contrato.

“Yo fui solicitado para venir a una declaración jurada en calidad de testigo”, subrayó Roux, quien para ese momento era ministro para Asuntos del Canal.

Sus excolegas Demetrio Papadimitriu, Alberto Vallarino y Roberto HenrÍquez también han rendido declaración jurada por este mismo expediente.

Fue en el Consejo de Gabinete del 3 de agosto de 2010 que se aprobó la Resolución No. 113, mediante la cual se autorizó a Mulino, entonces ministro de Seguridad Pública, ha suscribir el contrato para la ejecución de un memorándum de entendimiento suscrito entre los gobiernos de Italia y Panamá, que incluía el acuerdo entre el Estado panameño y Selex Sistemi Integrati S.p.a. para el suministro, instalación, capacitación y financiamiento de un sistema de vigilancia costera para el Servicio Nacional Aeronaval.