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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que el plazo de dos meses para investigar a los diputados afecta el deber del Ministerio Público de perseguir los delitos, el derecho a defensa y a ser juzgados por autoridad competente.

Así quedó establecido en el fallo del 19 de noviembre, que declaró inconstitucional el artículo 491-A del Código Procesal Penal, incluido con la Ley 55 de 2012 (ley blindaje). El fallo, cuyo ponente fue el magistrado Hernán De León, resolvió tres demandas de inconstitucionalidad presentadas ante esa corporación.

PLAZO

El plazo de dos meses que establece el Código Procesal Penal para investigar a los diputados en procesos penales, afecta la posibilidad de que el fiscal pueda conducir una investigación y perjudica también el derecho a la defensa.

Así lo establece el fallo del 19 de noviembre pasado, bajo la ponencia del magistrado Hernán De León, en el que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional todo el artículo 491-A del Código Procesal Penal -incluido con la ley 55 de 2012 (ley blindaje)- que fija el plazo de dos meses para investigar a los diputados.

El documento, al que este medio tuvo acceso, plantea que “este ajustado plazo no garantiza que en todos los casos, se satisfaga el deber de investigar los delitos que la Constitución le atribuye al Ministerio Público y conduce a la impunidad”.

La decisión resolvió tres demandas de inconstitucionalidad: dos presentadas en 2013 por el entonces candidato a diputado del Partido Popular Carlos Rubio y una interpuesta por el magistrado Oydén Ortega, el 2 de julio pasado, quien actúa como fiscal de la investigación seguida al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada.

Rubio demandó el último párrafo del artículo 491-A del Código Procesal Penal, que señala que si en un período de 10 días el magistrado fiscal no fija el plazo de finalización de la investigación a un diputado, se dará por extinguida la acción penal. Una de las demandas de Rubio se presentó como parte de una denuncia contra el diputado Sergio Gálvez, quien supuestamente regaló dinero en efectivo en una actividad política en El Chorrillo, el 7 de julio de 2013.

En tanto que Ortega interpuso el recurso contra todo el artículo 491-A, por considerar que el plazo de dos meses daba fueros y privilegios a los diputados.

RIÑE CON LA REALIDAD

Los magistrados consideran que el deber constitucional de investigar o perseguir los delitos “se ve coartado porque el fiscal en todos los casos de diputados se ve compelido a concluir la fase de investigación -que no tiene límites en el proceso común- en un plazo de apenas dos meses”.

Agregan que “esta disposición atacada ofrece un tratamiento veloz para aquellos diputados sometidos a una investigación, por su sola condición de diputado de la República, que riñe con la realidad de la justicia panameña”.

Según el fallo, “el plazo es ciego y arbitrario”. “ Se afecta la prerrogativa estatal para investigar con libertad, posibles violaciones a la ley penal. Por ello no puede aceptarse que ninguna norma pretenda establecer que determinadas personas, tengan mayores y mejores posibilidades de no ser juzgadas”, señaló.

El artículo 291 del Código Procesal Penal indica que a partir de la imputación, el Ministerio Público debe concluir la investigación en seis meses. De acuerdo con lo planteado por el ponente, en caso de que no se pueda realizar una buena investigación en dos meses y se favorezca al diputado, se vería afectado el deber del Estado. Lo anterior fue planteado en el fallo en el sentido inverso.

“¿Cómo puede satisfacerse el derecho a una defensa material, real y efectiva, si a un diputado le toca preparar sus descargos en una o dos semanas, porque el fiscal decidió imputarle cargos una o dos semanas antes del vencimiento del plazo de los dos meses? No parece haber una buena respuesta”, concluyó.

NO HABÍA PRIVILEGIOS

Aun cuando se concluyó que se violaron tres artículos de la Constitución, el fallo indica que el plazo de dos meses para la investigación no crea fueros y privilegios a los diputados.

La CSJ estimó que no se violaron los artículos 19 y 20 de la carta magna, porque el artículo 491-A incide en el término de investigación.

“Es la propia norma fundamental la que establece la necesidad de que los diputados, al igual que otros funcionarios de alta jerarquía, por la calidad del cargo que ostentan, tengan una prerrogativa”. Agregó que “sería un contrasentido establecer que existe un fuero o privilegio en el caso de los juzgamientos de los diputados de la República”.

Se determinó que se violó la Constitución, en lo que se refiere al artículo 22 [que establece el derecho a defensa], el artículo 32 [que señala el derecho a ser juzgado conforme a la ley] y el numeral 4 del artículo 220 [que da potestad al Ministerio Público para perseguir los delitos].

De León explicó que al desaparecer el plazo de dos meses no se produce un vacío legal, porque de ahora en adelante se aplican las normas de procedimiento que establecen los artículos 291 y 481 del Código Procesal Penal.

VOTO CONCURRENTE

El fallo fue avalado por los magistrados Luis Ramón Fábrega, Luis M. Carrasco, Harley Mitchell, Abel Zamorano, Gisela Agurto, José Ayú Prado y Nelly Cedeño. Harry Díaz emitió un voto concurrente, a pesar de coincidir con la decisión.

Díaz no está de acuerdo con que se aplique el término ordinario para la imputación, alegando que se trata de un proceso especial.

Señaló que “dejar indefinidamente abierto el término para imputar no es ni conveniente ni implica economía procesal”.

Fuentes del Órgano Judicial informaron que el fallo fue notificado a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, y al procurador de la Administración, Rigoberto González.

Una vez concluyan esas notificaciones, se deberá fijar un edicto por cinco días hábiles en la Secretaría General de la CSJ. Cumplido ese trámite, el fallo será oficial y se podrán reiniciar las investigaciones a Martinelli por la compra de comida deshidratada y al diputado Gálvez por regalar dinero.

Aún está pendiente que se resuelva otra demanda de inconstitucionalidad presentada el 3 de marzo pasado por el abogado Silvio Quiñonez contra cinco artículos del Código Procesal Penal, incluidos con la ley blindaje. Esta demanda tiene como ponente a la magistrada Gisela Agurto.

Además, está pendiente de resolver un recurso de inexequibilidad que presentó ante la Corte el presidente Juan Carlos Varela, en el que pidió que se declare inconstitucional cuatro artículos del proyecto de ley 214 del 29 de octubre de 2015, conocido como “ley superblindaje”.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, lamentó la muerte del director General del Instituto de Defensoría de Oficio y que también fuera su suplente en la Sala Segundo de lo Penal, Gabriel Fernández.

Según Ayú Prado, el funcionario falleció anoche en su residencia.

Aún se desconoce el día en que se realizará sus honras fúnebres

Tres días después de que la Comisión de Estado por la Justicia concluyera las audiencias públicas con los 10 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Órgano Ejecutivo inició su propio proceso de entrevistas. 

Los candidatos, que se disputan las vacantes que dejarán Harley Mitchell y Víctor Benavides –este último renunció en junio en medio de un proceso judicial–, comenzaron el pasado 30 de noviembre el desfile hasta el salón Gaviota de la Presidencia de la República, para reunirse con la comisión ad hoc, que preside el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y que integran la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero; el ministro consejero, Francisco Sierra, y el director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Salvador Sánchez.

Se les pregunta si han sido miembros de algún partido político, si forman parte de algún gremio, por qué desean ser magistrados, cuáles son los principales problemas del Órgano Judicial, su opinión sobre el concepto de “armónica colaboración” entre los poderes del Estado previsto en el artículo 2 de la Constitución Política, entre otros aspectos, informó el ministro Alemán.

Cinthya Camargo, Cecilio Cedalise, Octavio Del Moral, María Eugenia López, César Augusto Moreno y Guillermo Márquez Amado ya fueron entrevistados, precisó Sánchez. Anoche lo serían Ángela Russo y Ana Zita Rowe. Cada día reciben a dos aspirantes. Uno entre las 5:00 p.m. y 6:00 p.m., y el otro de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Alemán agregó que las audiencias culminarán el próximo lunes 7 de diciembre con la participación de Siaska Salcedo y Vasco Torres, debido a que hoy viernes no atenderán a ninguno, porque hay Consejo de Gabinete.

Cuando anunció los nombres de los 10 preseleccionados, el 17 de noviembre pasado, Alemán manifestó que aunque tomarán en cuenta el informe realizado por las diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo también entrevistaría a los candidatos.

Alemán presentará la próxima semana al presidente Juan Carlos Varela un informe sobre el proceso efectuado.

Por su parte, la Comisión de Estado por la Justicia ha pedido al Ejecutivo tomar en cuenta el informe del proceso de entrevistas públicas que realizó a los aspirantes y que fue entregado el pasado miércoles.

OTRAS ORGANIZACIONES

Mientras, las seis organizaciones de la sociedad civil que evaluaron el perfil de los postulados con base en pruebas psicométricas, entrevistas y teniendo en cuenta las audiencias que desarrolló la Comisión de Estado por la Justicia, entregaron la tarde de ayer al Ejecutivo los  

resultados de su proceso.

Se trata de las agrupaciones Agentes por la Paz Electoral, el Centro de Incidencia Ambiental, el Centro de Innovación y Acción Social, el Consejo Nacional de Organización Comunitaria, el Espacio Encuentro de Mujeres y el Movimiento Independiente (Movin). Estos grupos concluyeron que Ana Zita Rowe y María Eugenia López, ambas funcionarias del Órgano Judicial, poseen los perfiles que más se acercan al cargo de magistrado.  

Annette Planells, del Movin, reiteró que los 10 aspirantes son aptos para ocupar los puestos y que no han tenido conocimiento de nada que les impida llegar a ellos.

Le solicitaron al Ejecutivo que incluya en este proceso la designación del magistrado que reemplazará a Alejandro Moncada Luna, quien purga una condena de cinco años por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. Actualmente, ese puesto es ocupado por su suplente, Abel Zamorano.

También pidieron que se realice una dinámica similar para seleccionar a los magistrados suplentes. Sin embargo, el Ejecutivo ha manifestado que esta elección será potestad del presidente Varela y que ya cuentan con una lista que envió el Órgano Judicial con los nombres de funcionarios de carrera.

El proceso para elegir dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2016-2025 entró en la etapa final, en la cual, según el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, pueden haber cambios de última hora.

Durante una gira en la provincia de Veraguas, Varela informó que la comisión designada inicia hoy las entrevistas a los aspirantes.

‘A partir de este viernes, iniciará la evaluación de la comisión conformada por los miembros del Ejecutivo y del resto del Gabinete para ver los nombres que han sido parte del proceso y, si se da la situación, también se tomarán en cuenta otros', reveló el mandatario, pocas horas después de su regreso de Francia, donde participó en la Cumbre del Cambio Climático.

La Constitución Política establece que es facultad del presidente de la República y de los ministros designar a los magistrados de la Corte Suprema.

ENTREVISTAS

La comisión encabezada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y conformada, además, por el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y el ministro Consejero, Francisco Sierra, con el apoyo de Salvador Sánchez, de Asesoría Jurídica de la Presidencia, empezó la evaluación final.

Ahora entrevistarán a los diez preseleccionados que aspiran a reemplazar a Harley James Mitchell (Sala Primera) y Nelly Cedeño (reemplazo de Víctor Benavides en la Sala Tercera).

El informe de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, designada por el Ejecutivo para las entrevistas públicas, es el documento matriz para esta etapa.

Las consultas del Pacto de Estado por la Justicia se realizaron durante una semana y fueron de acceso público; la nueva etapa será a puertas cerradas y corresponde enteramente al Ejecutivo.

El Pacto de Estado por la Justicia está consciente de que la decisión es atribución constitucional del presidente y su Gabinete.

El 10 de diciembre, la comisión encabezada por el ministro de la Presidencia presentará a consideración del Consejo de Gabinete las observaciones sobre los diez candidatos y su historial profesional.

En las observaciones entregadas a la comisión designada por el Ejecutivo, se estableció, según documentación remitida por la Secretaría de la Corte, que actualmente ninguno de los diez aspirantes tiene instaurados procesos por faltas a la ética.

De igual forma, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados certificó que los aspirantes a los dos cargos no habían sido denunciados e investigados por ninguna falta en el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia entregó al Ejecutivo documentación en la que se incluyen señalamientos por denuncias de falta a la ética a María López, Ana Zita Rowe y Cinthya Camargo.

La estrategia legal del exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, de acogerse a un proceso abreviado, tuvo resultados.

El exfuncionario fue condenado a 64 meses de prisión (5 años y cuatro meses) por posesión ilegal de armas, delito que tiene una condena mínima de 8 a 10 años.

El juez Oscar Carrasquilla consideró que al acogerse al proceso abreviado, al imputado se le reconoce la rebaja de una tercera parte de la pena, que es de 32 meses, a la pena mínima, que legalmente corresponde a 96 meses.

De esta manera, Pérez se convierte en el primer funcionario del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) en recibir una condena de cárcel.

El juez Carrasquilla también inhabilitó a Pérez para el ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo de la condena. A los 64 meses de cárcel se le debe restar el tiempo que lleva detenido, desde el 12 de enero. Le haría falta cumplir 52 meses: cuatro años y cuatro meses.

Pérez fue detenido en un operativo del Ministerio Público en su residencia, en Amador, por una investigación por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, conocido como escuchas telefónica ilegales.

Durante el allanamiento, a Pérez se le decomisaron tres armas de fuego, incluyendo una minimax y una pistola calibre 38 en su auto.

Por esta causa, se le abrieron dos procesos simultáneos: por escuchas ilegales y por posesión ilegal de armas, este último, a cargo de la Fiscalía Décimo Cuarta Penal.

REGALOS

La defensa, encabezada por la abogada Holanda Polo, argumentó que se trataba de obsequios que Pérez recibió cuando ocupaba el cargo de director de la Policía y una herencia de su padre. Precisó que en el momento del allanamiento, se adelantaban los trámites para la legalización de las armas. También argumentó que el exdirector es un coleccionista de armas.

El juez Carrasquilla consideró que ‘no encuentra causas de justificación que eximan de responsabilidad penal al imputado, del deber de registro de armas no se excluye a ningún ciudadano, aun cuando se ocupen altos cargos en el área de seguridad y orden público…'.

Además, dijo el juez, para coleccionar armas se debe cumplir con las normas que rigen la actividad. ‘La conducta del imputado demuestra que no tenía ánimo ninguno para que la posesión de armas de fuego fuera legal y no transgredir la ley penal', recalca la sentencia.

Durante la investigación también se determinó que una de las armas, de calibre 9 milímetros, pertenecía a la Policía Nacional, incluso tenía inscrito el lema de la entidad, ‘Proteger y Servir', el escudo nacional y el de la Policía Nacional.

La gravedad del delito radica en la falta de registro de las armas, lo que dificulta a los entes de investigación darle seguimiento y, por consecuencia, se complica conocer el responsable, lo que contribuye a la impunidad en caso de ser utilizada, agrega la sentencia.

El juez Carrasquilla consideró que Pérez ‘tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos', y ordenó el decomiso de las armas de fuego.

OTRAS INVESTIGACIONES

En la sentencia, el juez Carrasquilla también ordenó compulsar copias del expediente para que se investigue un posible delito contra la administración pública. Pérez está detenido en El Renacer desde enero en espera del juicio por la investigación por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, audiencia fijada para marzo de 2016.

Por este caso también están llamados a juicio Alejandro Garuz y sus exsubalternos Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes están prófugos de la justicia.

A Pérez y a Garuz se les vincula en el caso de los pinchazos telefónicos, por haber sido secretarios del Consejo de Seguridad, desde donde se intervinieron teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas, entre comunicadores, políticos, empresarios y de la sociedad civil organizada.

A Pérez también se le investiga por la compra y desaparición del equipo de espionaje conocido como Pegasus.