La Fiscalía Quinta Anticorrupción con la fiscal Janeth Rovetto al frente investiga al juez Víctor García Gálvez, a Manuel Tuñón Sánchez. (ex asistente del juez) y a Dayra González Marín (ex secretaria judicial) por, supuestamente, falsificar documentos en contra del Banco Nacional de Panamá, según la resolución indagatoria N°247-45 del 12 de octubre de 2015, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá .
En 2006, al Juzgado Sexto se le asignó el expediente del proceso ordinario declarativo de nulidad que interpuso la Promotora Nacional de Vivienda (Pronavi) contra el Banco Nacional de Panamá.
Pronavi pidió la nulidad del remate de los terrenos donde se construyó la barriada Prados del Este, tal como lo había solicitado el Banco como parte del proceso ejecutivo hipotecario de jurisdicción proactiva que le sigue la entidad estatal a la promotora.
El Banco asegura que el 10 de julio del 2015, el juez García había fallado a favor de ellos, negando la nulidad del proceso. Como prueba presentan unas fotografías que, supuestamente, tomó con su celular el pasante Carlos J. Arosemena al expediente, el 14 de julio, cuando realizó una visita de seguimiento al juzgado.
Otro pasante de la institución bancaria, Luis Pérez, declaró a la fiscal Rovetto que al día siguiente de que se conoció la sentencia, el 15 de julio del 2015, él acudió al juzgado para revisar el expediente y fue informado en Secretaría de que la sentencia iba a ser corregida.
El 17 de julio, cuando se presentó de nuevo en el juzgado, tuvo acceso al expediente y notó que la sentencia era la misma que les había mostrado Carlos Arosemena.
Al preguntar cuáles eran los cambios, le informaron que se trataba de signos de puntuación, básicamente. Hasta ese momento, ninguna de las partes había sido notificada.
Una semana después el 22 de julio el pasante Arosemena volvió al juzgado para darle seguimiento al expediente.
‘Al revisarlo, se percató que la Sentencia No. 26, de 10 de julio de 2015, de dicho expediente y de la cual tenía una fotografía, ya no estaba, había sido sacada del expediente y, en su lugar, se incorporó una nueva… la cual era diferente a la original, con un contenido totalmente diferente tanto en fondo como en forma, siendo esta sentencia contraria a la anterior', explica el documento.
Arosemena declaró que, al consultar sobre el cambio, Dayra González entonces secretaria judicial del juzgado lo remitió con Manuel Tuñón, en aquel momento asistente del juez García.
Tuñón le explicó al pasante del Banco que ‘la primera sentencia que se dictó fue retirada porque aún no se había notificado a las partes y que por dicha situación podía ser modificada con fundamento en el artículo 999 del Código Judicial'.
El 23 de julio, un día después de conocerse el nuevo fallo, dos abogados del Banco (Yazmín Coronado y Anthony Martínez) acudieron al Juzgado Sexto de Circuito Civil para corroborar el cambio de sentencia que había reportado el pasante Arosemena.
Así como había sucedido un día antes con el pasante, Coronado y Martínez fueron atendidos por el asistente del juez, Manuel Tuñón. En presencia del asistente, Coronado y Martínez revisaron el expediente y comprobaron no solo que la sentencia era distinta a la que el pasante Arosemena le había tomado fotos el 14 de julio; sino que el abogado de Pronavi ya se había notificado del segundo fallo, el 21 de julio.
Ante esto, los abogados del Banco llamaron al notario Natividad Quirós, del Cuarto Circuito de Panamá, para que levantara un acta en la que registrara las diferencias entre las dos supuestas sentencias.
Quirós certificó cambios que iban desde el estilo de la tipografía con el que fueron escritas las sentencias, la numeración con la que fueron foliadas, y la inclusión del fundamento en la segunda sentencia (algo que no estaba en la primera sentencia), por mencionar algunas.
LOS INDAGADOS
Tras tomar declaración a los pasantes del Banco Nacional y a varios funcionarios del Juzgado Sexto que aceptaron ‘que hubo dos sentencias identificadas con el No. 26, fechadas 10 de julio de 2015, sin que tengan mayores detalles acerca de las razones o del porqué de este trámite', la Fiscalía determinó indagar al juez García, al asistente Tuñón y a la ex secretaria González.
Tanto el juez como su asistente desestimaron la denuncia interpuesta por los abogados del Banco Nacional. Tuñón acusó a los abogados del Banco de querer ‘amedrentar a la administración de justicia para que se emita o profiera un fallo en beneficio de su representado' a través del proceso en el Ministerio Público.
Tuñón aseguró en su indagatoria que el documento al que tuvo acceso el pasante Arosemena el 14 de julio era un proyecto, un borrador, del fallo del juez y no una sentencia en firme.
Según Tuñón, el juez García Gálvez había redactado el documento; sin embargo, el propio juez le solicitó al asistente que redactara un nuevo fallo tomando unas pruebas que aparecieron, después de redactada la primera sentencia, y que se añadieron al expediente posteriormente.
Explicó Tuñón que las nuevas pruebas presentaban un panorama distinto del caso que ameritaban fallar a favor de Pronavi en vez del Banco Nacional.
‘El primer proyecto, que fue el que yo hice, se cambió por el proyecto de Manuel, porque habían nuevas pruebas', confirmó el juez en su indagatoria.
García Gálvez también restó valor, durante su indagatoria, a la denuncia, porque considera que las pruebas que presentó el Banco son ilegales ya que, según el juez, el pasante Arosemena las obtuvo sin autorización.
Además, García Gálvez desestimó la veracidad de las fotos tomadas por Arosemena al considerar que, con ayuda de herramientas informáticas, las fotografías pudieron ser manipuladas, por lo cual ‘bajo ningún concepto se puede tener como una prueba sumaria'.
El juez señala que nunca se estableció que el documento que encontró el pasante Arosemena en el expediente el 14 de julio era una sentencia: ‘El primer proyecto y que ha servido para abrir esta causa criminal en mi contra no tiene en el dorso izquierdo ningún orificio o ninguna señal de orificio, lo que significa que el mismo no fue incorporado al expediente. No hubo sentencia en ese sentido, sino un proyecto que nunca se agregó al expediente'.
García Gálvez aseguró incluso que si los papeles que fotografío el pasante estaban firmados por él y por Dayra González Marín, fue por un error de la secretaria: ‘En algunas ocasiones, los proyectos son firmados por mí, sobre todo cuando los corrijo… no los debe firmar el Secretario hasta que esté limpio… yo no tengo nada que ver con eso, las instrucciones que se le han dado es que no los firme', aclara el juez.
La propia González Marín, al ser indagada, consideró que toda la situación pudo darse por un error involuntario: ‘Debido a la cantidad de expedientes y volumen de trabajo… o por falta de información oportuna a mi persona, pudo ocurrir que le mostrara el expediente con un proyecto', declaró González a la fiscal Quinta Anticorrupción.
Al ser cuestionada sobre por qué si se trataba de un borrador y no de la sentencia final el documento que fotografió el funcionario del Banco Nacional estaba firmado por el juez y por ella, como secretaria, González Marín reiteró que se debía tratar de un error: ‘Lo que pudo haber ocurrido fue algún tipo de falta de comunicación en cuanto al proyecto realizado'.
ABANDONOS
Dayra González Marín renunció del Órgano Judicial el 28 de julio, unos días después del incidente con los abogados del Banco.
Sobre su renuncia, que se dio de manera sorpresiva unos días después del incidente, González Marín aseguró que era algo que venía pensando y que se debió a la inmensa carga de trabajo y a la excesiva presión.
Manuel Tuñón también dejó el Judicial. Lo hizo tras dos décadas en el Órgano y unos días después de su indagatoria. Según dijo el juez García Gálvez en su indagatoria, Manuel Tuñón renunció durante sus vacaciones a su puesto sin saberse por qué.
Tras la denuncia en el Ministerio Público, el juez García Gálvez solicitó un impedimento para seguir conociendo el caso, medida que se le negó.
