Carrillo: no hay prueba que vincule a Martinelli en caso de “pinchazos”

Carlos Carrillo, abogado del expresidente de la República, Ricardo Martinelli reiteró que agotarán todos los recursos correspondientes.

Explicó, que tanto el magistrado Harry Díaz como Jerónimo Mejía, no podrán actuar en el pleno de la Corte Suprema de Justicia por el caso de las escuchas telefónicas, con el fin de dar orden de captura al exmandatario.

“Para tomar una decisión sobre una posible orden de detención contra el presidente, deben nombrar a dos magistrados suplentes”, indicó.

Carrillo destacó en el noticiero matutino de Telemetro que en el expediente no hay prueba directa contra Martinelli.

El pasado viernes el Magistrado Harry Díaz, Fiscal de Garantías en la investigación que se le sigue al expresidente Martinelli, presentó una solicitud para que se ordene la detención provisional del exmandatario quien fue declarado "en rebeldía" por el Juez de Garantías en el caso de supuestos “pinchazos telefónicos”.

Pleno extraordinario de la Corte definirá solicitud del fiscal Díaz

El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Ramón Fábrega convocó para la tarde de este lunes a un pleno extraordinario para determinar las solicitudes de orden de captura contra el expresidente de la República y actual diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli Berrocal.

Estas solicitudes fueron presentadas la tarde del pasado viernes 11 de diciembre, por el fiscal, Harry Díaz y el abogado Carlos Herrera Morán, luego que el juez de garantía, Jerónimo Mejía, declarara a Martinelli en "rebeldía", ya que había sido notificado en dos ocasiones e incumplió con el deber de acudir al requerimiento del tribunal.

Díaz también solicitó una pena de 21 años contra Martinelli, por el caso de las escuchas ilegales que se dieron en la pasada administración (2010-2014).

En el caso de las escuchas telefónicas también están siendo investigados los exdirectores del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, además de los exfuncionarios de esta institución, Ronny Rodríguez y Willim Pitty.

Ricardo Martinelli se encuentra fuera del país desde el 28 de enero de 2015

La Corte Suprema de Justicia y los posibles escenarios

De acuerdo con el artículo 490 del Código Procesal Penal, le corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenar las medidas privativas de libertad que afecten a un diputado. 

Para ordenar la conducción del expresidente de la República Ricardo Martinelli, el magistrado fiscal debe solicitarlo al pleno de la Corte, que decidirá por mayoría absoluta –cinco votos–. La conducción pretende que el también diputado del Parlamento Centroamericano sea parte de la audiencia en la que se le leerán los cargos. Ni el fiscal ni el juez de garantías participan en esa sesión del pleno. En su lugar votan sus suplentes.

La Corte tiene tres opciones: convocar a un pleno extraordinario para votar. Si al menos cinco magistrados dan su consentimiento, se solicita la alerta roja a Interpol. Si no se obtiene la mayoría, el expresidente estaría en un sobreseimiento temporal, pero sin la obligación de concurrir al caso. La tercera opción es sentarse sobre el expediente.

No hay ninguna norma que obligue a la Corte a tomar una decisión en un plazo determinado. Imaginemos que la Corte vota a favor de la conducción.

Con esta situación, el rol que desempeñe el Gobierno de Estados Unidos (EU) será clave, ya que le corresponde capturar al exgobernante para su traslado a la jurisdicción panameña. Incluso, si las autoridades del Departamento de Justicia cooperaran activamente, el expresidente tiene recursos judiciales en EU ante los jueces federales y migratorios para impedir su traslado.

Si su defensa legal estadounidense es hábil, su deportación podría llegar hasta la Corte Suprema de EU. De ser utilizada esta estrategia, su deportación podría tomar meses.

Fiscal solicita orden de captura contra Ricardo Martinelli

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión de ordenar o no la detención provisional del expresidente de la República Ricardo Martinelli por el proceso que se le sigue por supuestos delitos contra la inviolabilidad del secreto y la intimidad, caso conocido como el de los ‘pinchazos telefónicos'.

El magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, solicitó ayer al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenar la detención provisional del exmandatario, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos y no asistió a la audiencia, a pesar de haber sido notificado. Díaz presentó la solicitud a las 2:54 de la tarde, solo cinco horas después de culminar la audiencia de control, en la que el magistrado y juez de garantías, Jerónimo Mejía, declaró a Martinelli en ‘rebeldía' al no acudir a la audiencia para la que había sido convocado por correo electrónico desde el pasado 2 de diciembre y a través de sus abogados.

El magistrado fiscal sustentó la solicitud en que ‘se cuenta con elementos de convicción suficientes que vinculan a Martinelli (…) con la comisión de los delitos ya señalados…'.

En el caso de una condena, la pena podría superar los cuatro años de cárcel.

‘Las penas solicitadas en la acusación alcanzan los 21 años de prisión; la renuencia del acusado a acudir a la audiencia, a la cual ha sido convocado, entorpece la marcha de la administración de la justicia, lo que permite colegir que el procesado desatiende el proceso y puede poner en riesgo las evidencias testimoniales', señala Díaz en el escrito. También solicitó al Pleno de la Corte designar la autoridad competente, ya sea el magistrado de garantías, magistrado fiscal o al pleno de la CSJ , a la que corresponda ordenar la detención provisional si esprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Tras la solicitud de Díaz, el magistrado Abel Zamorano envió una nota al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, en la que solicita convocar a un pleno extraordinario para el próximo lunes, a fin de examinar la solicitud de la medida cautelar contra Martinelli.

A juicio del magistrado Zamorano, la solicitud debe ser resuelta conforme a las normas del proceso acusatorio, que demandan mayor eficacia y celeridad.

El magistrado Ayú Prado respondió, en una misiva, que trasladaba todas las solicitudes sobre este caso al magistrado vicepresidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega, en vista de que él fue declarado impedido en este proceso.

El equipo legal de Martinelli, por su parte,ha intentado frenar el proceso y evitar la detención del exmandatario.

El abogado Rogelio Cruz anunció que presentaron un amparo de garantías contra el artículo 492 del Código Procesal Penal, porque consideran que se vulnera el derecho a las reconsideraciones y van a acudir ante un juzgado superior. Según Cruz este recurso debe suspender el proceso hasta que el pleno de la Corte lo resuelva. El abogado también anunció que el lunes se presentarán otros recursos, de los que no quiso dar detalles. Sidney Sitton, otro de los representantes de Martinelli, presentó un recurso de ‘Hábeas corpus' preventivo contra la solicitud de detención provisional pedida por el magistrado fiscal Díaz.

Las víctimas de los pinchazos telefónicos no se quedaron con los brazos cruzados y, a través de sus abogados, también presentaron una solicitud para la aprehensión y conducción de Martinelli.

Sin embargo, desde 13 de octubre pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene una solicitud similar presentada por el abogado Ángel Álvarez, en representación de otro grupo de víctimas en el mismo caso.

Martinelli se mantiene fuera del país desde el pasado 28 de enero, a pesar de que hasta ayer no enfrentaba ningún cargo firme por las once investigaciones pendientes en la Corte Suprema .

RSu defensa legal intentó detener el proceso al alegar que el exmandatario no había sido notificado personalmente, como señala la norma.

Sin embargo, el magistrado Mejía respondió que el correo electrónico es una vía perfectamente apropiada para tales fines.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Martinelli responde y CD protesta

El expresidente de la República Ricardo Martinelli envió ayer una carta abierta ‘al pueblo panameño' tras haber sido declarado en rebeldía por la audiencia que lo citó en la Corte Suprema de Justicia para notificarle del proceso en su contra por espionaje telefónico. ‘Me han acusado ilegalmente, sin haber sido imputado y sin permitirme el derecho a la defensa. El magistrado al que le correspondía corregir ese abuso legal en mi contra, arbitrariamente me declara en rebeldía, sin tan siquiera resolver previamente los recursos legales interpuestos por mis abogados, los cuales jurídicamente mantienen suspendidas las abusivas acciones adoptadas por el magistrado fiscal en mi contra y que, precisamente, sirvieron de base para la absurda decisión hoy tomada', declaró.

A juicio del exmandatario, en Panamá no existen las condiciones jurídicas ni políticas para garantizar su integridad ‘física o emocional' y las actuaciones de los magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz ‘obedecen a los deseos de venganza del presidente Juan Carlos Varela', que busca destruirlo ‘política y personalmente'.

El mismo discurso se escuchó en la protesta del partido Cambio Democrático, cuyo presidente es Martinelli. La protesta empezó a las 8:00 de la mañana y se mantuvo durante toda la audiencia, en la que estuvo presente la esposa del exmandantario, Marta Linares de Martinelli. Entre los manifestantes, estuvo ‘Santa Claus'.

Abogado de Martinelli presenta habeas corpus para evitar su detención

El abogado Sidney Sitton, del equipo legal de Ricardo Martinelli, presentaron un recurso de habeas corpus preventivo para impedir la detención del expresidente, luego de que éste fuera declarado "en rebeldía" por el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías del proceso por los pinchazos en el gobierno pasado.

El escrito fue presentado la tarde de este viernes en la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), oficina que poco antes había recibido tres solicitudes para que el pleno ordenara la detención de Martinelli: una, de parte del magistrado fiscal Harry Díaz; otra, de Carlos Herrera Morán -abogado de Mauro Zúñiga, querellante coadyuvante-, y la última, de Rosendo Rivera, también víctima de los pinchazos.

Sittón dice que es falso que su cliente fue debidamente notificado de la audiencia que se celebró la mañana de este viernes, como sostienen la Secretaría General de la Corte, el fiscal y el juez de garantías.

De acuerdo con el jurista, las direcciones de correos electrónicos a los que se enviaron las notificaciones no están operativos desde hace más de un año.

También señaló que durante la audiencia se informó que a Martinelli se le envió un telegrama de notificación por mensajería postal y que tiene un sello de "recibido", pero -según Sittón- no hay constancia de ello.

En la audiencia, Mejía cuestionó que la defensa de Martinelli aportara un domicilio en el extranjero, lo que -a su juicio- establecería "algún tipo de privilegio".

"Eso produciría una verdadera dilatación del proceso… Se equivocan si piensan que este juez de garantías va a entrar en ese juego", indicó.

Russo y Cedalise, los nuevos magistrados de la Corte Suprema

Ángela Russo y Cecilio Cedalise son los dos designados para las vacantes de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El anuncio lo hizo ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Las nuevas designaciones de Russo y Cedalise se realizan en atención a la conclusión del mandato de los magistrados Harley James Mitchell Dale (Sala Primera) y Nelly Cedeño (quien reemplazó a Víctor Benavides en la Sala Tercera).

El siguiente paso es la ratificación por la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución Política.

La designación del Ejecutivo tomó por sorpresa a más de un político, abogados y hasta periodistas, que no incluían a ninguno de los dos en sus listas de favoritos.

En la selección, el Consejo de Gabinete respetó la lista de diez entrevistados por la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, sociedad civil y la comisión designada por Varela para el proceso.

REFLEXIÓN DE VARELA

‘Ciertamente, como Presidente de la República no estaba obligado a convocar un proceso público para designar a los nuevos magistrados. Sin embargo, lo hice porque creo en la democracia, en la transparencia y en que Panamá siempre será mejor en la medida que permitamos el mayor concurso ciudadano posible', remarcó el jefe de Estado al momento de hacer el anuncio.

La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia entrevistó, entre el 23 y el 27 de noviembre, a los diez aspirantes al cargo de magistrado de la Corte que fueron seleccionados previamente por una comisión del Ejecutivo.

El proceso para la selección de los dos magistrados se inició en octubre, cuando se hizo la convocatoria. Durante este proceso, que se desarrolló del 14 al 29 de octubre, 153 abogados y abogadas presentaron su hoja de vida como aspirantes.

LOS ELEGIDOS

Russo, quien en la entrevista pública reveló su opinión, según la cual debe desaparecer de la Constitución el principio de la armónica colaboración de los Órganos del Estado, ocupó los cargos de magistrada del Tribunal Superior de Familia, juez Décima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, juez Tercera Municipal del distrito de Panamá, Ramo Civil, juez suplente del Juzgado Primero del Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil San Miguelito, secretaria del Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La designada para la Sala Primera dijo en la entrevista pública de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia que no atenderá una llamada del presidente de la República. Además, aseguró no conocer al mandatario ni a la primera dama.

Por su parte, Cedalise, designado para la Sala Tercera, se desempeña actualmente como asesor y consejero del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Es miembro de la Academia Panameña del Derecho del Trabajo y ha sido expositor en diversos seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre Derecho del Trabajo. Además, fue miembro de la delegación oficial de negociadores de los tratados de libre comercio entre Panamá y los Estados Unidos.

En las entrevistas realizadas por ocho grupos de la sociedad civil organizada, incluyendo el Movimiento Independiente por Panamá, se ubicó a Russo en la cuarta posición y a Cedalise, en la novena.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, asevera que ambos designados son excelentes profesionales. Al mismo tiempo, dice sentirse orgulloso de que el presidente desatendió el informe del grupo Movin, que hizo una evaluación de los que consideraron como los mejores para ocupar las vacantes en la Corte'.

Álvarez espera que a su llegada a la Corte, los nuevos magistrados ‘sean valientes en sus decisiones, transparentes e independientes. La justicia está al borde del abismo', recalcó.

Por su parte, Annette Planells del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), felicitó a los nuevos magistrados designados y les deseó muchos éxitos en este gran reto en el Órgano Judicial.

En tanto, el exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada posteó en su cuenta en Twitter: ‘Tuvimos lista larga de ‘ungidos'. (Todos los días de cada semana): ahora quiero escuchar a esos ‘analistas políticos' y ‘bien informados”.

EL SIGUIENTE PASO

La designación de los dos nuevos magistrados, cuyo periodo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, viene acompañado del llamado a sesiones extraordinarias para su ratificación. La convocatoria la debe hacer el Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Política.

La Comisión de Credenciales, dirigida por el diputado oficialista Jorge Iván Arrocha, tiene entre sus funciones examinar las credenciales y opinar sobre los nombramientos que, acompañados de los mensajes respectivos, envíe el Ejecutivo, cuya aprobación o improbación corresponda al pleno de la Asamblea por mayoría absoluta, que serían 38 votos.

Arrocha explicó que habrá un proceso de consultas públicas previo a las ratificaciones.

Refuerzan seguridad para audiencia a expresidente Martinelli

El cuerpo de seguridad del Órgano Judicial tiene instrucciones de no permitir que grupos interrumpan hoy, viernes 11 de diciembre de 2015, la audiencia de acusación al expresidente Ricardo Martinelli en el proceso que se le sigue por los pinchazos telefónicos.

La orden responde a la posibilidad de que miembros del partido Cambio Democrático (CD) –del cual Martinelli es presidente– ingresen al Segundo Tribunal Superior Penal para obstaculizar el acto. De hecho, miembros de CD efectuarán una protesta hoy.

La medida fue solicitada por el fiscal Harry Díaz, a fin de salvaguardar la integridad física y privada de los querellantes y víctimas, quienes denunciaron amenazas y ofrecimientos por personas allegadas al expresidente Martinelli.

La audiencia está fijada para comenzar a las 9:00 a.m. y solo se permitirá el ingreso a los abogados querellantes, defensores, periodistas y familiares del exmandatario.

Fuentes del Órgano Judicial informaron que la audiencia será transmitida a través del sitio web www.organojudicial.gob.pa.

Martinelli es acusado de la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública. 

Respecto a lo que pueda ocurrir hoy en el acto, expertos manejan varios escenarios, entre estos que el juez de garantías, Jerónimo Mejía, dicte un sobreseimiento temporal basado en el artículo 278 del Código Procesal Penal, que exige la presencia del acusado. Martinelli salió del país en enero pasado.

En este escenario, el fiscal puede pedir la aprehensión del acusado y Mejía tendría que buscar los mecanismos para que Martinelli asista a la audiencia, incluyendo a Interpol.

En caso de que la defensa del acusado alegue que este no ha sido notificado, el juez puede sobreseer temporalmente hasta que se cumpla esa medida.

Juez de garantías suspende audiencia y declara a Martinelli en rebeldía

El magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía declaró al expresidente Ricardo Martinelli en rebeldía por no comparecer a la audiencia, y aseguró que fue notificado el pasado 2 de diciembre.

"Ya que Ricardo Martinelli sabía sobre esta audiencia, con su ausencia lo procedente es que él sea declarado en rebeldía"

El magistrado explicó que según lo que dispone la ley, la notificación se puede hacer por cualquier medio. "La notificación se hará por telegrama, teléfono, fax o cualquier medio idóneo".

Alegó que esta no era una audiencia de juicio, sino intermedia, por lo que argumentó que el exmandatario incumplió con el deber al no presentarse.

"Nos queda claro que el señor Ricardo Martinelli incumplió el deber al no presentarse ante esta audiencia".

"Si no está presente el defendido, la defensa no tiene cómo plantear su cuestionamiento porque no se han reunido los requisitos", reafirmó.

Orden de detención

Mejía aclaró que no expediría orden de detención contra Martinelli, porque “eso le compete al pleno de la CSJ”.

Por su parte, Carlos Herrera Morán, abogado de Mauro Zúñiga- una de las víctimas de las escuchas telefónicas- manifestó que en horas de la tarde presentará solicitud de detención contra Martinelli. "Voy a pedirle al pleno de la corte que sea detenido preventivamente, el estaba notificado de la audiencia", afirmó.

"Ahora se suspende el proceso hasta que él comparezca. Y la única manera de que comparezca es solicitando su detención", agregó.

Martinelli, quien salió del país el 28 de enero, es acusado por la supuesta comisión de los delitos de violación del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública. 

Gobierno de Panamá prorroga hasta junio de 2016 prohibición para importar armas de fuego

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) prorrogó hasta el siete de junio de 2016 la prohibición para importar armas de fuego a Panamá.

La información fue publicada en la Gaceta Oficial 27926, a través del resuelto 186/DIASP/ P/15 del 7 de dciembre de 2015.

La decisión lleva la firma del ministro de esta cartera, Rodolfo Aguilera, y del viceministro, Rogelio Donadío.

La prohibición de importación de armas exceptúa a los estamentos de seguridad del Estado y a los servicios de seguridad de instituciones públicas.

La importación de armas se encuentra prohibida en Panamá desde finales de 2011. 

Juicio por la lesión al PAN será en mayo del año 2016

Cuatro exfuncionarios que se desempeñaban en el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno de Ricardo Martinelli y un empresario relacionado con esta administración fueron llamados a juicio por la lesión patrimonial de $44.9 millones. Al mismo tiempo, se emitió orden de captura contra Adolfo ‘Chichi' De Obarrio, quien fungió como secretario privado del exmandatario.

De Obarrio, el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, la excontralora Gioconda Torres de Bianchini y el exjefe de Nutrición del PAN Ángel Antonio Famigletti, deben enfrentar un juicio por corrupción en la compra de comida deshidratada para centros escolares rurales.

Al listado se suma el empresario Rubén Antonio De Ycaza Arias.

ORDEN DE CAPTURA

El juez Decimoquinto, Leslie Loaiza, ordenó la detención y captura de ‘Chichi' De Obarrio, el único que se encuentra fuera del país y hasta el momento no se ha presentado a enfrentar la justicia.

Al empresario De Ycaza Arias, representante de la empresa Lerkshore International Limited, se le responsabiliza por la venta de la comida deshidratada a la entidad.

Además, los exministros Lucy Molinar y Federico José Suárez y las exviceministras María Fábrega y Marta Susana de Varela fueron sobreseídos de manera definitiva del proceso.

JUICIO POR CORRUPCIÓN

Tamburrelli, Torres y Famigletti fueron llamados a juicio por el delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado.

De Obarrio y el empresario De Ycaza, por su parte, tendrán que ir a juicio por el delito genérico contra la administración pública (peculado, fraude en actos de contratación pública).

CAMBIO EN CAUTELARES

El Juzgado mantuvo las medidas cautelares de casa por cárcel a Famiglietti y a De Ycaza, mientras que a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini se le mantiene su impedimento de salida del país sin autorización judicial.

En el caso de los exministros y exviceministros, se ordenó levantar las medidas cautelares de presentación periódica y de impedimento de salida del país.

El pasado 23 de noviembre se realizó la audiencia preliminar por el contrato de la comida deshidratada entre la empresa Lerkshore International Limited y el Programa de Ayuda Nacional, que tuvo una lesión patrimonial de $44.9 millones, de acuerdo con la auditoría de la Contraloría General.

Ese día, con la excepción de Obarrio, prófugo de la justicia, y Torres de Bianchini, que se mantiene en casa con padecimientos de salud, no acudieron a la audiencia.

El exsecretario privado de Martinelli salió del país a finales de diciembre del año pasado, en momentos que era mencionado por exfuncionarios investigados por corrupción.

La investigación de la comida deshidratada estuvo a cargo de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de la fiscal Vielka Broce, quien pidió llamamiento a juicio para los nueve investigados.

La fiscal argumentó, entre otros aspectos, que no solo se produjo una lesión patrimonial al Estado, sino que se afectó la salud de los estudiantes del interior del país y de la comarca Ngäbe Buglé, donde se repartió la comida.

El Juzgado Decimoquinto estableció para el 30 de mayo de 2016, a las 9:00 de la mañana, y el 4 de julio del mismo año, como fecha alterna, el juicio a los cuatro exfuncionarios y al empresario por este caso.

De esta manera, el Órgano Judicial realiza el primer llamado a juicio a funcionarios de la era Martinelli por caso de corrupción.