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La primera y única audiencia de evaluación de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, cumplió el primer paso para la ratificación de los recientemente designados por el Ejecutivo para completar la Corte Suprema de Justicia: Angela Russo de Cedeño (en la Sala Civil), y Cecilio Antonio Cedalise (en la Sala Contencioso Administrativa).

El trámite, que se cumplió con maratónico horario extendido, no fue, sim embargo, un trago dulce.

Más agresivas y directas que los interrogatorios a los que se sometieron como parte de la lista de ‘preseleccionados', resultaron las denuncias que presentaron en la Asamblea cerca de una decena de ciudadanos.

Entre las más contundentes, la de la abogada Norma González, quien quiso establecer nexos directos de Anaxímedes Cedeño, esposo de Russo, y el círculo empresarial allegado al Ejecutivo, a través de sociedades anónimas en común.

A Cedalise, a su vez, se le recriminó la vinculación de su hijo con un incidente de sangre, según denuncia de la madre del joven que sufrió la agesión, en 2004.

SUPUESTOS VÍNCULOS

En su testimonio, Norma González sostiene que varias de las empresas en las que el esposo de Russo son también de dignatarios cercanos al Órgano Ejecutivo, situación que, a juicio de la abogada, ‘resta independencia a Russo' en sus futuras actuaciones como magistrada de lo civil de la Corte Suprema de Justicia.

‘Mi preocupación es si se llega a ratificar a la magistrada, ¿a quién va a responder?. Aquí hay una serie de empresas en las que aparece Guillermo Saint Malo (pariente de la vicepresidenta de la República Isabel Saint Malo), y quiero dejar claro que los suscriptores de las empresas se hacen acreedores a acciones', insistió la jurista.

La denuncia de González involucró incluso a Eduardo Guevara, asistente de la diputada Ana Matilde Gómez, y a la procuradora Kenia Porcell, todos relacionados con empresas en común, de las que presentó fichas de registro. Según la abogada, en la lista había también sociedades de la familia hondureña Rosenthal, investigada en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales.

Al parecer, las empresas en las que figura Cedeño fueron inscritas en el Registro Público por el mismo abogado que inscribió las sociedades anónimas en las que aparecen Jaime Rolando Rosenthal Oliva, su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello.

Fue la diputada Ana Matilde Gómez quien refutó esas declaraciones y calificó las denuncias como una muesta de ignorancia en derecho societario.

‘No es lo mismo ser un suscriptor, un socio, un dignatario o un agente residente de la sociedad anónima', aclaraba Gómez. Y añadió que ‘el servicio que ofrece el país está basado en que grandes firmas de abogados que se dedican a la venta de sociedades preconcebidas antes de venderlas. En ese sentido los suscriptores aparecen en muchas sociedades, cuando ésta se vende, dejan de ejercer esa función', explicó Gómez.

Una fórmula similar utilizó González para hilar a los dignatarios de las empresas en las que Cedeño aparece con Efraín Antonio Campos Flores —ahijado del presidente venezolano Nicolás Maduro—, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Antes de iniciar su intervención, a González, así como a las otras ocho personas que solicitaron uso de la palabra, se les leyó el articulo 385 del Código Penal que regula el falso testimonio. La medida causó sorpresa, por ser la primera vez que se utiliza éste método en la Comisión de Credenciales.

Cuando el diputado Jorge Iván Arrocha, presidente de la comitiva legislativa, advirtió a la expositora que se le agotaba el tiempo. González pidió unos minutos adicionales y la Comisión votó a favor.

Antes de iniciarse la audiencia, la diputada Zulay Rodríguez, miembro de la Comisión de Credenciales, adelantó a la prensa que Norma González tenía pruebas que revelaban los vínculos de Russo ‘con el narcotráfico y los Rosenthal'.

‘Ante tales cuestionamientos, ¿cómo sabemos que los nombrados no van a responder a firmas de abogados que son la ‘llave' y están haciendo grandes negociados en la Corte?', se preguntó la diputada.

El esposo de Russo, añadió la diputada, no estaba sometido a la gravedad del juramento según el articulo 25 de la Constitución.

‘Yo no quiero que estos abogados que tengan relación con grandes firmas vengan a arreglar los casos aquí. Si tengo que ser la única que vote en contra lo voy a hacer', añadió Rodríguez.

FALSO

Presente en la audiencia, el esposo de la propuesta magistrada Russo declaró a La Estrella de Panamá que no hay nada cierto en las acusaciones en su contra y que son falsos los supuestos vínculos con los delitos que le achacaba González.

Sobre las sociedades en las que aparece como abogado, junto a conocidas figuras del país, Cedeño aseguró que, si es necesario, está dispuesto a renunciar.

‘No soy socio de esas empresas, soy abogado de muchas empresas panameñas. Mi esposa ha demostrado independencia durante muchos años. Yo soy contratado como consultor o asesor, pero no tengo participación, no tengo ningún problema en renunciar a esas empresas si mi esposa es ratificada', indicó Cedeño.

‘En realidad estoy sorprendido por cómo ,de una manera ligera y superficial, se llega a conclusiones partiendo de premisas falsas, desconociendo el derecho societario, y la función de las sociedades en Panamá, se acaba con el honor de tanta gente seria', añadió el esposo de Russo.

En el periodo de preguntas y respuestas, Russo subrayó su independencia.

‘Estoy segura que no va a haber nada que me haga resolver un caso de una forma distinta a lo que se debe resolver en justicia', dijo.

La candidata a magistrada defendió la seguridad jurídica como ingrediente de su independencia y habló de su experiencia en el campo, con los libros publicados sobre divorcio que escribió como magistrada del Tribunal Superior de Familia.

Lo mismo hizo Cecilio Antonio Cedalise, designado para ocupar la Sala de lo Contencioso Administrativa.

‘No fumo, no tomo, todos sabemos qué ser dignatario no es ser socio de una empresa', manifestó Russo a los diputados. ‘A mi me sorprenden estas acusaciones falsas que involucran a mi familia. Esperaba que se me valorara por mi trayectoria', agregó Russo.

CONTRA CEDALISE

Antes de dar paso a las intervenciones, la secretaria de la Comisión, Kathleen Levy, dio lectura a una denuncia.

‘El 1 de mayo de 2014, hirieron a mi hijo con proyectil de arma de fuego y quien causó la herida fue Cristian Cedalise, localizable en San Isidro, Pilón, provincia de Colón, República de Panamá. Hay dos testigos del hecho', se escuchaba en la lectura.

Al respecto Cedalise explicó que ‘la ética reina en su familia'.

‘No somos perfectos', reconoció, sin embargo, ‘hemos cometido muchos errores, para ser papá no hay que ir a la universidad, he intentado ser el mejor padre. En el Segundo Tribunal de Justicia consta un expediente en el que se relata que hubo un incidente. Mi hijo llevó al amigo al hospital, pero él no disparó el arma'. Hay un llamado a juicio que no se ha concretado. ‘Sabemos que tiene que responder a la justicia', reconoció el especialista laboral.

A favor de la designación de Cedalise hubo más de una docena de cartas y testimonios: profesores de la Universidad de Panamá, colegas, sindicalistas y personas relacionadas al derecho laboral, especialidad de Cedalise, abogaron a su favor invocando su impecable trayectoria.

'Es un logro para la Corte la designación de Cedalise', manifestó un conocido abogado a este diario.

La sesión concluyó, tras casi diez horas de debate, con la recomendación a favor de los dos designados que deberá ratificar el Pleno entrada la próxima semana.

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PARA REFLEXIONAR

El ‘descrédito' colectivo

A juicio del Eloy Alfaro, exembajador de Panamá en Washington, la ‘sociedad civil' parece descalificar a una serie de personas por el hecho de haber ocupado cargos, incluyendo participación en partidos, a su juicio, ‘vehículos de la democracia'.

‘Yo comprendo que quienes aspiren a estos cargos sean los más independientes, pero si seguimos descalificando se van a perder oportunidades de gente brillante porque en algún momento participaron en cualquier gremio', expresó.

El también empresario agregó que ‘tal vez se pierde la oportunidad de considerar a una persona que tiene todos los créditos y toda la capacidad para el cargo, pero no están dispuestos a someterse a ese tipo de escrutinio público'.

La Constitución establece como requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia: ‘ser graduado en Derecho, ser mayor de 35 años, haber completado un período de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Organo Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria'. Y ya es bastante.

Aunque en Panamá no hay mayores resultados, en Estados Unidos un juzgado condenó a 22 meses de prisión al empresario Vicente García, quien se declaró culpable de sobornar a tres funcionarios canaleros y un particular para la concesión de contratos públicos millonarios a la alemana SAP, para la cual trabajaba.

El juez de California Charles Breyer consideró que García, vicepresidente de Cuentas Estratégicas de SAP, violó la ley estadounidense contra los actos de corrupción en el extranjero, al reconocer que pagó a finales del años 2009 unos $85 mil en coimas para convertir a la compañía en contratista del Estado.

García fue procesado en Estados Unidos por ser ciudadano de ese país (reside en Miami) y al SAP que cotiza en la bolsa de Nueva York.

El primer contrato de la firma en Panamá se materializó en 2011 con la Caja de Seguro Social (CSS), para el suministro de un programa informático financiero conocido como Safiro, por $14.5 millones. La CSS le hizo cuatro desembolsos, refrendados por la Contraloría.

En 2012, la Caja le pagó $2.3 millones por otro contrato, y poco después recibió de la Empresa de Generación Eléctrica $245 mil.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ‘García admitió que utilizaron contratos falsos y facturas falsas para ocultar la verdadera naturaleza de los sobornos y que él creía que el pago de esos sobornos era necesario para asegurar la inicial y los futuros contratos con el gobierno panameño'.

SAP pretendía, de acuerdo con lo que reportó ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, ganar unos $100 millones en negocios con instituciones públicas panameñas.

La estrategia pasaba por utilizar una empresa pantalla (con la CSS fue Advanced Consulting Panamá) que le vendía a entidades panameñas los sistemas de SAP a un precio mucho mayor al que lo había adquirido. SAP le hacía una rebaja de 82% para garantizar negocio, según reveló una investigación de La Estrella de Panamá , de agosto pasado.

La condena a García se logró tras un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, se comprometió a pagar $85,965 por su prejuzgamiento. Así, la comisión desistió de presentar cargos civiles contra él.

En agosto pasado, la Fiscalía Segunda Anticorrupción abrió una investigación para determinar quiénes son los funcionarios que recibieron las coimas de SAP. Según declaró García en Estados Unidos, él se quedaba con el equivalente al 2% del contrato. Además, un funcionario identificado como el ‘A', recibía otro 2%, mientras que el ‘B' se quedaba con el 8%. Todos eran de ‘alta jerarquía' en el gobierno Martinelli.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recibió 24 objeciones y observaciones -a favor y en contra- a las designaciones de Cecilio Cedalise y Ángela Russo como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a partir del próximo 2 de enero.

La sesión inicio con la lectura de la documentación, por parte de la diputada panameñista  Katleen Levy, secretaria de la comisión.

MAYORÍA DE OBSERVACIONES A FAVOR DE LA RATIFICACIÓN

Durante esta fase se conoció que más del 90% de las observaciones escritas sugieren la ratificación de Cedalise y Russo, informó el presidente de la comisión, el también panameñista Jorge Iván Arrocha.

Al menos tres personas se han opuesto a la ratificación de Cedalise. Entre ellas está Xenia Cecilia Molinar Castillo, quien envió la copia de la denuncia que presentó en la agencia de Sabanitas, Colón, en mayo de 2014, contra Christian Cedalise -hijo del magistrado designado- por la supuesta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de su vástago Joel Medina. En dicha denuncia, acusa a Christian de balear a Joel en un incidente en Puerto Pilón. 

Respecto a Russo, la comisión recibió una nota de la abogada Norma Elizabeth González de Frías, quien solicitó cortesía de sala para sustentar verbalmente sus objeciones. Esta semana, González -en un medio de comunicación vinculado al expresidente Ricardo Martinelli- relacionó a Anaximedes Cedeño Espino, esposo de Russo, con sociedades anónimas ligadas a funcionarios del actual gobierno y empresarios hondureños detenidos en Estados Unidos. 

Cedeño Espino replicó a estos señalamientos. Primero, a través de una nota enviada a la comisión. Y luego, verbalmente, cuando se le cedió la palabra para expresar a los diputados comisionados que no tiene vinculación con las sociedades de la familia Rosenthal de Honduras o con los actuales gobernantes.

"No los conozco. Cualquier relación es infundada. Los documentos y sociedades a las cuales estoy  vinculado son públicos y obedecen a funciones propias de mi profesión de abogado", aclaró.

Posteriormente, el diputado Arrocha cedió la palabra a Norma González, a la que previamente se le leyó el artículo 385 del Código Penal, sobre el falso testimonio.

González dijo que Cedeño Espino "aparece en varias empresas" con Luis Varela -hermano del presidente Juan Carlos Varela-, Francisco Sierra -ministro consejero-, Emanuel González Revilla -embajador en Estados Unidos-, Alfredo Motta -del Movimiento Independiente (Movin)- y Ana Matilde Gómez, diputada independiente, entre otros. Agregó que dichas "empresas" llegan a los Rosenthal y hasta el "ahijado" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En determinado momento, también hizo referencia al colombiano David Murcia, "el rey de las pirámides", actualmente preso en Estados Unidos.

"¡Me tienen que escuchar! ¡Estas son acusaciones de narcotráfico!", dijo González, a la que la Comisión de Credenciales permitió hablar por 15 minutos y no 10, como fue previamente acordado en la metodología aprobada para evaluar a los magistrados. Varios diputados presentes solicitaron copias de las "pruebas" que llevaba González y abogaron para que se le permitiera exponer sus señalamientos. La diputada perredista Zulay Rodríguez dijo que a González intentaban "intimidarla".

La diputada Gómez replicó que si uno de sus asesores pertenecía a una red de narcotráfico -como alegó González- ella misma presentaría la denuncia y lo destituiría del cargo. Sobre la vinculación del esposo de Russo a las sociedades anónimas, indicó que Panamá mantiene una economía de servicios, "y muchas firmas se dedican a la venta de sociedades que están preconstituidas antes de venderlas. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo".

"No es lo mismo ser un suscriptor que ser socio, dignatario o agente residente. Son figuras jurídicas diferentes", dijo Gómez, quien por cinco años fue procuradora general de la Nación.

Durante la sesión, también se escucharon las notas de apoyo a Russo y Cedalise. A favor de Russo se expresaron varios grupos de la sociedad civil organizada, y de Cedalise, sindicatos trabajadores, del mismo modo que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Gilberto Boutin, entre otros.

El inicio en la Asamblea Nacional del proceso de ratificación de Ángela Russo y de Cecilio Cedalise como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido enturbiado, ahora por un enfrentamiento entre dos diputadas.

Las diferencias entre la diputada opositora Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y la diputada Katleen Levy, del Partido Panameñista, fueron las protagonistas, ambas son integrantes de la Comisión de Credenciales, que debe ratificar a los designados.

A pocos minutos de instalarse la Comisión de Credenciales para debatir el procedimiento que debe iniciar mañana, Rodríguez y Levy se enfrentaron en la oficina de la presidencia de la Comisión de Credenciales. El incidente llegó hasta los golpes. Quienes estaban en los pasillos escucharon los gritos de ambas diputadas, a pesar de que el salón estaba cerrado. La discusión duró más de diez minutos.

LAS VERSIONES

Una Levy llorosa habló con los medios al salir de la oficina de la presidencia de la Comisión de Credenciales. Visiblemente nerviosa, explicó que Rodríguez se ‘abalanzó' sobre ella y le dijo ‘insultos y argumentos bajos (soeces)'.

‘Los que me conocen saben quién soy y cómo es mi comportamiento. Jamás estoy envuelta en peleas ni escándalos, pero no puedo aceptar este actuar', publicó Levy, vicepresidenta de la Asamblea, en su cuenta de Twitter .

 

ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ 

 ‘Todo lo que recibí fueron insultos personales. Estaremos interponiendo una denuncia ante la Comisión de Credenciales',KATLEEN LEVY–DIPUTADA PANAMEÑISTA

Añadió que le apena que Rodríguez denigre a las mujeres y a los miembros de la Asamblea, porque cuando ve un micrófono comienza a hacer ‘show'.

La discusión entre ambas funcionarias fue presenciada por el diputado oficialista y presidente de la Comisión, Jorge Iván Arrocha, quien adelantó que no permitirá que mañana, cuando se inicie el proceso de evaluación a los dos magistrados designados de la Corte, la sesión sea convertida por Rodríguez en un ‘tinglado' para ganar simpatizantes

‘Zulay Rodríguez le tiró un manotazo (a Katleen Levy). Hubo una diferencia de palabras entre ellas. Fue lo único que sucedió, no tengo por qué mentir. No estoy a favor de estas situaciones', explicó Arrocha, quien ofreció disculpas por el incidente.

La diputada Rodríguez acudió al Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público a interponer una denuncia.

En su denuncia ante el MP, Rodríguez dijo que Levy no la agredió físicamente y que ‘solo la tenía acorralada en la oficina del diputado Arrocha, por lo que empezó a gritar para que alguien abriera la puerta'.

Según Rodríguez, permaneció retenida en esa oficina por unos ocho minutos.

El PRD no se ha pronunciado al respecto.

PETICIÓN DE SANCIÓN

La bancada del Partido Panameñista se manifestó ayer mismo. Solicitó al presidente de la Asamblea, Rubén De León, que convoque a los coordinadores de las bancadas para definir las acciones que pongan coto a la ‘conducta denigrante y agresiva' de Rodríguez contra más de 15 diputados en este periodo.

LO ACORDADO

 

Después del altercado, los diputados presentes instalaron la Comisión de Credenciales (Zulay Rodríguez, no estuvo; Levy, sí) y aprobaron la metodología que se utilizará para la aprobación o improbación de los nombramientos de los magistrados.

Los comisionados revisarán la documentación presentada con las objeciones que hagan algunos ciudadanos, de conformidad con la convocatoria publicada en la Resolución 94 de 31 de octubre de 2009.

Únicamente se podrá ofrecer cortesía de sala a los ciudadanos u organizaciones que hayan presentado consideraciones por escrito y oportunamente. Estas personas tendrán diez minutos para sustentar sus observaciones. Los diputados de la Comisión podrán interrogar.

Además, quien endilgue ante la comisión algún hecho delictivo a los candidatos a magistrados, deberá hacerlo bajo la gravedad de juramento, de acuerdo con el artículo 385 del Código Penal, que tipifica el falso testimonio.

El Ejecutivo designó a dos magistrados ante la conclusión del mandato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Harley James Mitchell Dale y Nelly Cedeño (quien reemplazó a Víctor Benavides). Ambos deben tomar posesión el 2 de enero de 2016.