El pleno de la Corte Suprema de Justicia se basó en la declaración de rebeldía del procesado dictada por el juez de garantías, Jerónimo Mejía.
Las víctimas de los pinchazos calificaron como histórica la decisión y reiteraron la necesidad de que Martinelli se presente a enfrentar la justicia.
El expresidente Ricardo Martinelli salió del país el 28 de enero de 2015. Su paradero, según la Corte Suprema de Justicia, es desconocido. Foto por: LA PRENSA/Archivo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la detención provisional del expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli Berrocal, dentro del proceso por los pinchazos durante su gobierno (2009-2014).
Luego de celebrar una audiencia, el pleno de la CSJ se reunió por casi cuatro horas y autorizó al magistrado juez de garantías en este proceso, Jerónimo Mejía, a que tome las medidas para hacer cumplir la orden de detención provisional de Martinelli con la finalidad de lograr su participación en el proceso.
La medida de detención preventiva, según el fallo, se adopta con fundamento en la declaración de “rebeldía” que decretó el juez de garantías contra Martinelli el pasado 11 de diciembre.
El pleno antes de fallar escuchó las peticiones que formularon el fiscal de la causa, Harry Díaz, los querellantes y víctimas de los pinchazos, quienes elevaron diversas solicitudes como orden de aprehensión, conducción y cancelación del pasaporte, así como la detención contra Martinelli.
La CSJ explicó que no procedían las solicitudes de aprehensión ni de conducción por contravenir disposiciones constitucionales y del Código Procesal Penal.
“En plena razón, por la evidente desatención al proceso del investigado, a pesar de las notificaciones de los entes para que comparezca en derecho a esta causa, su ausencia impide el desarrollo y culminación del proceso”, destaca el fallo al sustentar la orden de detención preventiva.
La audiencia fue presidida por el magistrado Luis Ramón Fábrega, vicepresidente de la CSJ. El resto del pleno lo completaron los magistrados Hernán De León, Nelly Cedeño, Harley Mitchell, Oydén Ortega, Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta y Luis Mario Carrasco.
REACCIONES
“Estamos profundamente satisfechos”, dijo Carlos Herrera Morán, abogado de las víctimas. “Es el primer asalto de una pelea que apenas empieza, esto debe terminar con el castigo de los que abusaron del poder. Que este sea un mensaje para los que tienen el poder. Ahora ya hay un pueblo que no se deja imponer la impunidad”, agregó.
El dirigente Mauro Zúñiga, otra de las víctimas le mandó un mensaje a Martinelli: “que se venga directamente… antes de que lo vayan a buscar”.
Mientras que el dirigente perredista Mitchell Doens, otra de las víctimas, manifestó por su lado que la solicitud del pleno “se apega totalmente a la ley”.
Balbina Herrera, del PRD, señaló que espera que se establezca el mecanismo para traer al país a Martinelli. “Hoy la administración de justicia en este país ha avanzado”, dijo.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, en cambio afirmó que la Corte acaba de sentar un precedente de que se puede ordenar la detención de una persona sin siquiera habérsele imputado.
“Aquí pueden detener a una persona sin habérsele hecho la imputación”. No descartan interponer recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La Corte acaba de mirar a otro lado y ha sentado un precedente que hay que aceptarlo”, añadió.
Además, la CSJ rechazó una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa contra el artículo 490 del Código Procesal Penal, al señalar que dentro de un proceso solo se puede presentar un recurso de este tipo.
EL LUNES NEGRO DE MARTINELLI
Las banderas del partido Cambio Democrático (CD) volvieron a ondear ayer frente a la sede del Segundo Tribunal de Justicia, donde el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevó a cabo la audiencia para analizar el arresto del expresidente Martinelli (2004-2009) por los pinchazos telefónicos.
Con camisa roja y megáfono en mano, Luis Eduardo Camacho, exsecretario de comunicación del Estado, comandaba la protesta que congregó a unas 30 personas.
Mientras simpatizantes de Martinelli protestaban en contra del proceso que se le sigue por los pinchazos, un ciudadano los cuestionaba. LA PRENSA/Eric Batista
Sobresalían figuras como Mariela Jiménez, quien fungió como directora de Carrera Administrativa en el gobierno del cambio, y Alma Cortés, a quien Martinelli designó como la nueva presidenta encargada de su partido CD.
A pesar de la ligera llovizna decembrina que cayó en el área, los simpatizantes de CD gritaban: “sin lucha no hay victoria”, “el que no brinca es sapo”, “magistrados corruptos”, “Ricardo, amigo, el pueblo está contigo”.
Cortés, vestida de blanco, antes de entrar al recinto le dijo a los periodistas que el equipo legal del exgobernante estaba preparado “para lo peor”.
La gran ausente del día fue Marta Linares de Linares, ex primera dama de la República, quien en la audiencia pasada manifestó que a su esposo se le han violado todos los procesos y que no le recomendaba regresar a Panamá para que no se convirtiera en un trofeo de este gobierno.
Los seguidores de Martinelli estuvieron a punto de linchar a un hombre que les restregó esta frase en un cartel: “Se violaron derechos a la intimidad de las personas”.
Martinelli abandonó el país el 28 de enero de este año y su paradero actual se desconoce, aunque previamente se le ha visto en la zona residencial de Brickell, en Miami, Estados Unidos, donde tiene un apartamento.
PROCESO
En la sala de audiencias la atención se concentraba en el pleno. Allí estaban Hernán De León, Nelly Cedeño, Harley Mitchell, Oydén Ortega, Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz, Luis Mario Carrasco, Secundino Mendieta y Luis Ramón Fábrega, quien presidió la diligencia judicial.
El fiscal del caso, Harry Díaz, alegó que fundamentó su petición de arresto contra el ex mandatario en el artículo 158 del Código Procesal Penal, que establece: “La persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que se evada del establecimiento en donde esté detenida, así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera”.
Dice además: “la ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca”.
La solicitud de Díaz surgió luego de que el también diputado del Parlacen fuera declarado “en rebeldía” por el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías de la causa, en la audiencia realizada el pasado 11 de diciembre.
Secundaron esta solicitud los abogados Carlos Herrera Morán, Rosendo Rivera y Ángel Álvarez, quienes representan a algunas de las víctimas.
Durante su intervención de ayer, Álvarez, quien representa a la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez, al abogado Miguel Antonio Bernal, a la dirigente magisterial Yadira Pino y al exdiputado del PRD Yasir Purcait, solicitó a los magistrados que se le retire el pasaporte a Martinelli y se ordene su conducción para que esté presente en el proceso.
Rivera, en representación propia, al igual que Herrera Morán, en representación de Mauro Zúñiga, avalaron la iniciativa del fiscal y pidieron además que se le solicite a Interpol el arresto de Martinelli.
Herrera Morán dijo no entender cómo la defensa insiste en que el ex mandatario no está notificado del proceso. “Por todos los medios, el acusado se ha referido a este proceso: cadenas de televisión, redes sociales… Él es conocedor de este proceso y no ha comparecido, se está burlando y lanzando epítetos hirientes a los magistrados juez de garantías y fiscal”, manifestó.
También destacó que el 11 de diciembre, el día que fue declarado en rebeldía, “no habían pasado ni dos horas y ya estaba en un medio reprochando la decisión del tribunal.
En consecuencia, se debe hacer cumplir la ley, porque aquí no puede haber nada ni nadie por encima de la Constitución y la ley”.
Pero el equipo legal del diputado del Parlacen, liderado por Carlos Carrillo, Rogelio Cruz y Sidney Sittón, insistió en que su cliente no ha sido notificado de este proceso. “Si no ha sido imputado, si no tiene la obligación de dar su domicilio, ¿cómo es posible que se le declare en paradero desconocido?”, argumentó Carrillo.
Sittón, por su parte, anunció una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 490 del Código Procesal Penal, sobre medidas cautelares, que específicamente señala: “En la fase de investigación y en la fase de juicio, corresponderá al pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del diputado y la que ordene aprehensión o secuestro contra los bienes de estos”.
Mientras que Francisco Carreira Pittí, abogado del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático Juan Carlos Navarro, y Osvaldo Gálvez, en representación de la también perredista Balbina Herrera, se plegaron a la petición de la fiscalía. Es decir, solicitaron el arresto y la extradición de Martinelli, al igual que lo hicieron el dirigente perredista Mitchell Doens, quien se representa a sí mismo, y Cecilia Torres, representando al periodista Rubén Polanco.
EL FONDO
Doens lamentó que “nadie” se ha referido al fondo del asunto y que las partes se han centrado en debatir sobre el debido proceso.
“El fondo de este problema son los delitos que se cometieron a más de 150 personas que estuvieron en la Fiscalía Auxiliar reconociendo las intervenciones en sus celulares, correos y otros temas más”, manifestó.
Afirmó también que la defensa “está creando un ambiente para que sirva en el condado Dade, en Estados Unidos, para presentar los recursos y buscar cómo se dilata aun más este proceso”.
Balbina Herrera, otra de las víctimas, enfatizó sobre la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia establezca un precedente.
“No se pueden utilizar las estructuras del Estado para perseguir a adversarios sin autorización posible”, sostuvo. Manifestó además que no le gustaría ver a un expresidente de la República venir a Panamá esposado. “Ojalá él mismo pudiera venir caminando”.
Después de escuchar a las partes, Fábrega decretó un receso para deliberar. El pleno regresó a la sala de audiencia a las 10:15 p.m. con una decisión tomada: se ordenaba el arresto provisional del expresidente Martinelli. La decisión la comunicó el magistrado Luis Mario Carrasco. El pleno decide “ordenar la detención del señor Ricardo Martinelli Berrocal con fundamento en la declaratoria de rebeldía que decretó el juez de garantía del proceso”, manifestó.
Antes había argumentado, entre otras cosas, que “existe una clara justificación para que el Estado en este caso agote los recursos necesarios para que el imputado comparezca en este caso”. El pleno también autorizó al juez de garantía el hacer cumplir esta medida cautelar.
“Estamos profundamente satisfechos”, dijo Herrera Morán. “Es el primer asalto de una pelea que apenas empieza, esto debe terminar con el castigo de los que abusaron del poder. Que este sea un mensaje para los que tienen el poder. Ahora ya hay un pueblo que no se deja imponer la impunidad”, agregó.
Zúñiga, otra de las víctimas, le mandó un mensaje a Martinelli: “que se venga directamente… antes de que lo vayan a buscar”.
Doens manifestó, por su lado, que la solicitud del pleno “se apega totalmente a la ley”. Herrera, por su lado, señaló que espera que se establezca el mecanismo para traer al país a Martinelli. “Hoy la administración de justicia en este país ha avanzado”, dijo.
Carrillo, en cambio, afirmó que la Corte acaba de sentar un precedente de que se le puede ordenar la detención de una persona sin siquiera habérsele imputado. “Aquí pueden detener a una persona sin habérsele hecho la imputación”. No descartan interponer recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La Corte acaba de mirar a otro lado y ha sentado un precedente que hay que aceptarlo”, añadió.
