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El presidente Juan Carlos Varela juramentó la mañana de este lunes 4 de enero a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un periodo de 10 años, que se extenderá de 2016 a 2025.

Russo fue designada por el Ejecutivo el 10 de diciembre de 2015 como magistrada de la Sala Primera de la Corte; mientras que Cedalise como magistrado en la Sala Tercera.  

Los nuevos magistrados sustituyen a los magistrados Harley James Mitchell Dale y a Nelly Cedeño, quien a su vez reemplazó a Víctor Benavides, investigado por supuesta corrupción, cuyos mandatos finalizaron el pasado 31 de diciembre.

“Recibo este nuevo reto con honor y dignidad. Mi compromiso con la democracia y la transparencia no es otro que resolver los casos respetando la Constitución, la ley y los convenios nacionales e internacionales. Con confianza, responsabilidad e independencia contribuiré a recuperar la credibilidad en el sistema de justicia”, dijo Russo al jurar su cargo.

Por su parte, Cedalise dijo que “defendiendo la constitucionalidad el orden y la seguridad jurídica sin violentar ni torcer el sentido de la misma, estoy listo para asumir ese reto honrando la confianza que se ha depositado en mí. Nuestro pueblo tiene sed de justicia, mi labor es saciar esa sed".

Por su parte, Varela expresó tener "plena confianza" en que Russo y Cedalise van a respaldar a los demás magistrados de la Corte en la administración de justicia y contribuirán a la modernización de la misma.

"Les solicito muy respetuosamente que asuman el alto cargo con la firme determinación de hacer prevalecer la Constitución de la República y las leyes de este país por encima de los intereses personales particulares, de orden político social y económico", dijo.

El 10 de diciembre de 2015 Varela anunció los nombres de los dos designados, escogidos en el Consejo de Gabinete tras terminado un proceso que incluyó la interpelación y consulta ciudadana de un total de 10 perfiles.

La Fiscalía Séptima Anticorrupción remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) copias de la investigación que adelanta por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en la construcción de hidroeléctricas en Veraguas, en la que se vincula al expresidente Ricardo Martinelli y a sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

Una fuente del Ministerio Público (MP) manifestó que la semana pasada la fiscalía envió a la Secretaría General de la CSJ copias del expediente, luego de que se determinara que Corporación de Energía del Istmo, Ltd. –en la que Martinelli y sus hijos figuran como accionistas– recibiera un cheque proveniente de Cobranzas del Istmo, S.A., un concesionario del Estado que también es investigado por el MP.

Una vez la fiscal séptima Janeth Rovetto confirmó la información –indicó la fuente– remitió el expediente a la CSJ, ya que corresponde a esa instancia investigar al exmandatario por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Las pesquisas las inició Rovetto en septiembre pasado, luego de una serie de publicaciones que ligaban a Martinelli y a sus hijos con el negocio de la generación de energía de fuentes hidráulicas en su administración (2009-2014).

Desde mediados de 2013, una investigación de La Prensa puso al descubierto que el entonces presidente Martinelli estaba relacionado con, al menos, ocho proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en Veraguas, entre ellos, San Bartolo y Las Cruces.

Por entonces, se divulgaron documentos públicos que corroboraban que Martinelli utilizó a parientes, allegados y empleados de Importadora Ricamar, S.A. (razón social del Súper 99) para acaparar el negocio.

En la investigación, la Fiscalía busca establecer si la familia Martinelli incurrió en el delito de blanqueo de capitales, luego de conocerse que Corporación de Energía del Istmo Ltd. recibió, al menos, $1.1 millones de Cobranzas del Istmo, S.A. y de Langton International Holdings Limited, ambas vinculadas al empresario Cristóbal Salerno.

Además, la fiscalía solicitó informes a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep) y a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) sobre los contratos y transacciones para la asignación de los proyectos hídricos a Corporación de Energía del Istmo Ltda., que también tiene como accionista a Navin Bhakta, mencionado en el escándalo de Financial Pacific y en negocios en el otrora Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Fuentes de la Secretaría de la CSJ señalaron que este expediente está para revisión, y no ha sido asignado a uno de los magistrados para el inicio de la investigación bajo las reglas del sistema penal acusatorio.

ANTECEDENTES

El entonces mandatario Martinelli y sus dos hijos y socios lograron información privilegiada que les permitió proyectar desarrollos hidráulicos, como en Las Cruces y San Bartolo, de 19.8 MW y 19.4 MW, respectivamente, en la cuenca del río San Pablo, en Veraguas.

Fue el propio Cristóbal Salerno quien reveló en mayo pasado que entregó bolsas con dinero en efectivo en las empresas de Martinelli, proveniente de presuntas comisiones ilegales que obtuvo por el cobro de impuestos morosos a través de Cobranzas del Istmo, S.A.

Por entonces, Salerno reveló que emitió un cheque de $900 mil a Martinelli de una de sus compañías –Langton International Holdings Limited–, pero a nombre de Corporación de Energía del Istmo Ltd.

Justo seis semanas después de las elecciones generales en las que salió derrotado el partido Cambio Democrático, el partido del exgobernante, Corporación de Energía del Istmo Ltd. recibió el 100% de las acciones de Consorcio Energético de Panamá, S.A., vinculado a sociedades relacionadas con el expresidente, sus hijos y los empresarios Navin Bhakta y Rolando Cuevas De La Vera, este último exdirectivo de Etesa.

Antes de ser disuelto, Consorcio Energético de Panamá, S.A. tenía como accionistas a Inversiones Barlín, S.A., en la que Cuevas De La Vera (beneficiario) tenía el 4% de las acciones; Inversiones Uakari, S.A., de la que el expresidente Martinelli era beneficiario, poseía el 8%, y Desarrollo Poseidón, S.A., cuyo beneficiario era Ricardo Alberto Martinelli Linares, tenía el 10% de las acciones.

Entretanto, Eagle Eyes Development Inc., cuyo beneficiario era Luis Enrique Martinelli Linares, poseía el 13%; Desarrollo Multifuncionales, S.A., del expresidente Martinelli, contaba con el 20% de las acciones y Stablemates, Inc., cuyo beneficiario era Bhakta, poseía el 45%.

El panameño fue detenido gracias a una "alerta roja" (la número A-9684/11-2015) emitida en noviembre pasado por Interpol, a requerimiento de la Fiscalía Primera Anticorrupción, que lo investiga por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

"[Mizrachi] tiene una notificación roja por parte del gobierno de Panamá, por delitos contra la administración pública. Ingresó a Colombia ayer [29 de diciembre] e iba a permanecer siete días en Cartagena disfrutando de vacaciones, para posteriormente regresar a Estados Unidos donde está actualmente residiendo", señaló el coronel Luis Poveda, subdirector de la Dijin.

"Las autoridades panameñas ya tienen conocimiento de la retención de esta persona en Colombia y manifestaron que querían hacer oficiales el requerimiento de este ciudadano [a través de la extradición]. El gobierno panameño tiene cinco días para comunicarse con el gobierno colombiano para hacer este procedimiento", agregó.

Mizrachi llegó a Cartagena la tarde del martes, procedente de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, según él mismo anunció en su cuenta en la red social Facebook. 

El joven, que tenía una compañía de tecnología que desarrolló un software ( Criptext), es hijo de Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli. 

La Fiscalía Primera Anticorrupción lo investiga porque supuestamente no instaló el software para cifrar mensajes en celulares del personal de los estamentos de seguridad.

A pocas horas de cumplirse el plazo marcado por Ricardo Martinelli, en la bancada legislativa del colectivo opositor hay diputados que analizan la posibilidad de renunciar al partido e inscribirse en otro, mientras que algunos se aferran a mantenerse en las filas de Cambio Democrático (CD).

Uno de los diputados incriminados dijo a La Estrella de Panamá , a condición de mantener en reserva su identidad, que en el caso de que se les expulse del CD, estarían optando por sumarse a las filas del Molirena, aunque no renunciarían a su curul en la Asamblea Nacional.

Los miembros del CD están estudiando la repercusión legal que tendrían sus movimientos y qué les convendría más, ya fuera seguir en las filas del CD y enfrentar las posibles represalias de la dirigencia o cambiarse de tolda, como ya lo hicieron para llegar al colectivo que dirige Martinelli desde su autoexilio en Miami.

Esta posibilidad es considerada de manera individual por los diputados y se planteará en la reunión de bancada que realizarán el 4 de enero próximo.

Molirena fue partido aliado del CD durante la administración Martinelli. Incluso, se presentaron como la Alianza Unidos por Cambios en la campaña electoral en la que resultaron derrotados por Juan Carlos Varela.

Después de conocidos los resultados de las elecciones, el Molirena decidió romper su alianza con el CD y en los últimos meses, se ha comportado como aliado del oficialista Partido Panameñista en la Asamblea Nacional.

PROCESO INTERNO

Las curules de los diputados pertenecen a los partidos políticos, así lo establece la Constitución, el Código Electoral y lo ha reiterado el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla.

A pocas horas de cumplirse el ultimátum de Martinelli, el panorama legal no está claro. La mayoría de los diputados, entre ellos Raúl Hernández, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional en alianza con el panameñismo, ha dicho que no pretende abandonar el CD, pero que no consentirán las represalias que ha anunciado Alma Cortés, presidenta encargada del CD.

CORTÉS SE MANTIENE

En tanto, Alma Cortés reiteró la advertencia. ‘Los que no estén conformes con el trabajo que vamos a hacer en el 2016, un partido de total oposición, y tengan algún compromiso con el gobierno actual o cualquier otro compromiso que le impida asumir, tienen hasta el 31 de diciembre' para irse.

Dijo que ya están redactadas las 25 cartas para que los diputados las firmen y acepten públicamente sumarse a la ‘línea del CD' opositor.

Héctor Valdés Carrasquilla, diputado de CD, anteriormente miembro del PRD, aseguró que los diputados van a esperar hasta enero para pronunciarse en bloque.

En lugar de amenazas, lo que hay que hacer es entablar un diálogo respetuoso en el cual los diputados y la dirigencia logren un acuerdo que satisfaga a las bases del partido, sostiene el diputado Valdés Carrasquilla.

LOS ESCENARIOS

Definir el procedimiento para la revocatoria de mandato a los diputados es una tarea compleja. Se presentan varios escenarios.

La Constitución Política establece, en su artículo 151, que los partidos políticos podrán revocar el mandato a los diputados principales o suplentes que hayan postulado.

El artículo, en su numeral 4, ordena que el afectado tendrá derecho, dentro de su partido, a ser oído y a defenderse en dos instancias.

Hay voces que alegan que no se podrá aplicar la revocatoria de mandato porque en el momento en que se les postuló como diputados, la norma para aplicar el proceso de revocatoria no estaba incluida en el reglamento interno del partido.

Los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirán nuevamente este martes, a las 3:00 p.m.,  para decidir el curso del habeas corpus que presentó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, luego de que se ordenara su detención provisional como parte de la investigación por los pinchazos en su gobierno (2009-2014).

Los magistrados se reunieron la tarde de este lunes por casi tres horas, sin llegar a una conclusión. Estuvieron ausentes Jerónimo Mejía y Harry Díaz, quienes actúan como juez de garantías y fiscal del caso, respectivamente,  así como José Ayú Prado, quien está impedido para actuar dentro de este proceso.

La reunión fue convocada por el magistrado Luis Ramón Fábrega, ponente del hábeas corpus.

Martinelli fue declarado “en rebeldía” por Mejía, en la audiencia realizada el pasado 11 de diciembre, dado que no compareció al acto, pese a estar  debidamente notificado por la Secretaría General de la CSJ. El 21 de diciembre, se ordenó la detención del exgobernante.

Rogelio Cruz, abogado de Martinelli, argumentó en la acción de habeas corpus que la “simple desatención al proceso” no es elemento suficiente para ordenar la detención de su cliente.

Desde el 9 de octubre pasado, el magistrado fiscal Díaz presentó un escrito de acusación en el que atribuye a Martinelli la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado). De ser hallado culpable, enfrentaría hasta 21 años de prisión.

Por la interceptación de las comunicaciones a más de 150 empresarios, periodistas, sindicalistas y políticos opositores a Martinelli, serán enjuiciados los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, en marzo próximo. Garuz y Pérez están detenidos preventivamente desde enero de 2015.