Víctimas y querellantes en el caso de los pinchazos telefónicos durante el quinquenio de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Presentaron ayer una solicitud al magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, para acelerar la orden de detención provisional contra el también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Según el grupo, han pasado dos semanas desde que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la orden de detención provisional contra Martinelli y hasta ahora no hay nada en el expediente que indique que se tramite algún tipo de diligencia.
En el escrito, se le pide a Mejía que “actúe sin dilaciones no justificables en el cumplimiento de la decisión dictada por la honorable Corte Suprema de Justicia, de 21 de diciembre de 2015, por la cual se ordenó detener provisionalmente a Martinelli”.
“Nosotros, las partes intervinientes dentro de la presente carpeta penal, en nuestra doble condición de víctimas y querellantes hemos constatado con preocupación que no se han incorporado a la carpetilla penal, diligencias tendientes al cumplimiento de la decisión de nuestra Corte Suprema de Justicia, pleno, el día hábil siguiente a la fecha de la orden de detención”, afirma.
La también dirigente del PRD, Balbina Herrera, cuyas comunicaciones fueron interceptadas, considera que la Cancillería y la Corte deben buscar mecanismos para que “Martinelli no siga riéndose de nosotros en restaurantes, tomando café y resolviendo problemas de su partido".
También se insta al juez de garantías a realizar las diligencias para cumplir ese mandato restrictivo de la libertad a Martinelli, en virtud de haber sido declarado en rebeldía por su tribunal, en acto de audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2015.
“Una conducta dilatoria para que no se cumpla este fin, resultaría injusta y contraria al Estado de derecho, por lo que pedimos imparta instrucciones para que se lleven a cabo todas las actuaciones judiciales”, manifiestan las víctimas y querellantes.
El grupo explicó que presentó el escrito en base a los derechos que le confiere la Constitución y la ley, de pedir justicia en tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas por parte del juez natural.
El documento lleva la firma de Mitchell Doens, quien se representa a sí mismo; Rodolfo Pinzón, abogado de Balbina Herrera; Carlos Herrera Morán, apoderado legal de Mauro Zúñiga; Cecilia Torres, representante de Rubén Polanco; Francisco Carrera Pittí, apoderado de Juan Carlos Navarro, y Rosendo Rivera, quien actúa legalmente en su nombre.
Francisco Carrera Pittí, abogado del excandidato presidencial, en 2014, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Juan Carlos Navarro, dijo que fue una decisión en conjunto de los querellantes para solicitar el cumplimiento de la decisión del pleno de la Corte, en la que se dictó la detención provisional del señor Ricardo Martinelli.
“Las partes en este proceso hemos notado que no se ha incorporado en el expediente ningún documento relacionado con la audiencia del 21 de diciembre pasado”, advirtió.
En tanto, el dirigente del PRD, Mitchell Doens –también víctima de los pinchazos– dijo que el pleno de la Corte aceptó la solicitud del magistrado fiscal y los querellantes, en el sentido de que se impartieran instrucciones para que Martinelli fuese ubicado y traído a suelo patrio, porque por encima de la máxima corporación de justicia no hay otra instancia.
La también dirigente del PRD, Balbina Herrera, cuyas comunicaciones fueron interceptadas, considera que la Cancillería y la Corte deben buscar mecanismos para que “Martinelli no siga riéndose de nosotros en restaurantes, tomando café y resolviendo problemas de su partido… lo que nos interesa es que venga a hacerle frente a la justicia panameña y si es inocente que sea declarado inocente, pero si es culpable, que también asuma su responsabilidad”.
No es la primera vez que víctimas y querellantes emplazan al magistrado juez de garantías por la lentitud con que ha manejado el proceso.
El año pasado, llamaron la atención a Mejía por su lentitud en notificar a la defensa de Martinelli de la acusación que le formuló el 9 de octubre de 2015 el fiscal de la causa Harry Díaz.
En su escrito de acusación, Díaz señaló a Martinelli como posible autor de los delitos de peculado, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad por las escuchas a, al menos, 150 personas.
No fue hasta la audiencia del 11 de diciembre de 2015 que Mejía confirmó que daba por notificado a Martinelli de los delitos por los que lo acusó el fiscal en octubre de ese año.
PROPUESTA RECIBE APOYO
Mientras que la propuesta del magistrado fiscal Harry Díaz para incorporar al Código Procesal Penal un artículo que impediría declinar el caso de los pinchazos a otra esfera judicial si el exmandatario Martinelli renuncia como diputado del Parlacen, recibió la acogida de víctimas, querellantes y de algunos diputados de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la iniciativa, si Martinelli dimite al Parlacen se evitaría que el proceso pasara al sistema inquisitivo, vigente en las provincias de Panamá, Colón, Darién y la comarca Guna Yala.
Díaz envió una nota al magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, para que presente la modificación dentro del proyecto 245 de 2015, actualmente en la Asamblea Nacional.
Debido a que la iniciativa está en segundo debate, Ayú Prado ya no puede hacer la modificación, sino que se tendría que ser a través de una moción que presente un diputado.
Rodolfo Pinzón, abogado de Balbina Herrera, consideró que la propuesta del magistrado Díaz es lógica y consecuente y respeta las garantías procesales del procesado.
“Se han invertido varias etapas como la investigación y otras que vienen en consecuencia, por lo que se debe seguir con el sistema penal acusatorio para evitar una fractura del proceso que se le inició en el penal acusatorio y no caiga en el sistema viejo”, sostuvo.
En tanto, el diputado Jorge Alberto Rosas indicó que el proyecto de ley 245 se encuentra en segundo debate y sería propicio analizar la aprobación de la modificación que pide Díaz.
En primer lugar, habrá que ver si esa norma afectaría otros procesos que ya están en trámite, dijo.
Mientras que el diputado Pedro Miguel González, presidente de la comisión de Gobierno, afirmó que la modificación al proyecto 245 se está planteando para llevar al pleno legislativo cuando se dé el segundo debate.
Precisó que sería una reforma al artículo del Código Procesal Penal, pero que, de aprobarse, podría tener incidencia en varios procesos que se adelantan en la Corte.
