Asamblea espera las reformas electorales

Los diputados esperan con cautela el paquete de reformas electorales que llegará a la Asamblea Nacional el lunes.

Jorge Iván Arrocha, José Luis Varela y Elías Castillo aseguran desconocer el paquete en su totalidad y no se atreven a emitir criterios de posibles cambios a la propuesta consensuada en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que concluyó su discusión en diciembre.

Sin embargo, los tres diputados son conscientes de que el financiamiento de las campañas electorales será el tema medular de la discusión.

Para Castillo, es necesario el control en las donaciones de las campañas electorales.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó que las donaciones privadas solo serán para los gastos de proselitismo, movilización, transporte, alimentación en caravanas y concentraciones.

La propaganda electoral divulgación y producción solo podrá ser pagada con el financiamiento público preelectoral que administra el Tribunal Electoral para los partidos políticos y candidatos de libre postulación; quedando excluido el financiamiento privado.

La propuesta del Tribunal Electoral es que la campaña electoral, en su mayoría, sea financiada con fondos públicos y las donaciones privadas sean de menor cuantía.

El diputado José Luis Varela sostiene, por su parte, que la listas de los donantes de campaña ‘no deben ser cerradas'. En la actualidad el TE es el único que conoce quiénes son los donantes de campañas.

El Partido Panameñista se prepara para tomar una decisión y definir qué línea tomará una vez que las propuestas de reformas lleguen a la Asamblea.

Con mi elección no se violó una sílaba de la Constitución”

El presidente de la Corte, José Ayú Prado, dice saberse al dedillo cómo debe comportarse un magistrado del Órgano Judicial. Admite que cada uno de sus ocho compañeros tiene una forma distinta ‘de externalizar sus ideas y sentimientos'. Esto, en clara alusión a las declaraciones de su compañero Harry Díaz, quien lo acusó de traición por no haberlo respaldado en su candidatura a la presidencia, cargo al que aspira Díaz desde 2013.

¿QUÉ OCURRIÓ EL DÍA DE LA VOTACIÓN? SU COLEGA HARRY DÍAZ ASEGURA QUE USTED LO TRAICIONÓ…

La votación se circunscribió a lo que mandan el Código Judicial y la Constitución. No se violó ni una sílaba. El día de la votación se dio la ritualidad que debe ser: se postuló un presidente provisional, recayó en mi persona, no hubo oposición, todos estuvimos de acuerdo, se abrió el periodo de postulaciones, se postuló a este servidor y dos personas más. Nadie secundó las postulaciones de los otros dos, la postulación de este servidor sí fue secundada y al final se votó y el suscrito queda con cuatro votos, y los otros con sus propios votos. La votación quedó 5-2-2. En el periodo de votación, incluso el magistrado Díaz sugirió que la magistrada Ángela Russo fuera la que me juramentara, nadie impugnó, y no hay nada que hacer.

¿USTED LE PROMETIÓ SU VOTO AL MAGISTRADO DÍAZ?

Semanas atrás, cuando conversamos, fue en octubre, me parece, él me pregunta que entre el magistrado Luis Ramón Fábrega y él, por quién yo votaría. Yo le dije que por él, que no había ningún problema. Pero el magistrado Fábrega no se postuló.

A USTED LO CUESTIONAN LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE ESTÁN INCONFORMES CON SU FIGURA EN EL CARGO. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN AL RESPECTO, TOMANDO EN CUENTA QUE USTED TIENE VARIAS DENUNCIAS EN QUE ESPERAN SER VENTILADAS EN LA ASAMBLEA?

Lo de las denuncias tiene que preguntarlo en la Asamblea. Yo tengo entendido que una persona denunciada no es culpable, salvo que a mí me enseñen que la Constitución cambió y que los convenios internacionales han cambiado. La presunción de inocencia, ante todo. En cuanto al cuestionamiento, no somos robots, no somos infalibles, aquí también hay personas que nos felicitan y nos están apoyando.

¿POR QUÉ LO POSTULÓ EL MAGISTRADO CECILIO CEDALISE?

Pregúntele a él.

¿CONVERSÓ CON ÉL ANTES DE LA VOTACIÓN?

Antes de eso, no.

¿USTED SE CONSIDERA UN MAGISTRADO CON ÉTICA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO?

Por supuesto, salvo que usted me indique que hay prueba en contrario y que he sido condenado. Si no he sido condenado por faltas a la ética, se debe presumir mi inocencia, así como yo presumo la suya.

COMO PRESIDENTE DEL CUERPO COLEGIADO, CON ESTOS ROCES SUMADOS A LA PERCEPCIÓN QUE HAY DE LA CORTE, ¿QUÉ PIENSA HACER?

Es un reto, hay que superar otro obstáculo y vamos a hacerlo con la compañía de todos los funcionarios.

EL EXPRESIDENTE ERNESTO PÉREZ BALLADARES DIJO QUE DURANTE SU INDAGATORIA, MIENTRAS USTED ERA FISCAL DE LA CAUSA EN SU CONTRA, EL ENTONCES PRESIDENTE RICARDO MARTINELLI LE LLAMÓ PARA DARLE INSTRUCCIONES DE METERLO PRESO. ¿QUÉ TIENE QUE DECIR AL RESPECTO?

Yo no recuerdo, en los tres o cuatro momentos en que el expresidente rindió indagatoria en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, que haya recibido una llamada. Debería recordarlo si es una persona como la que usted indica. Pero no.

¿RECIBIÓ ALGUNA LLAMADA SIN QUE ESTUVIERA PRESENTE EL INDAGADO?

Yo era un fiscal, yo no sé cómo abordar la pregunta porque me parece tan inverosímil. Usted me está diciendo que él dijo que yo recibí una instrucción de meterlo preso y él nunca estuvo preso. Pero es que yo debería decir, para ganar una buena percepción, que no recibí una llamada, pero es que no lo recuerdo, no recuerdo una cosa así como esa, tan inverosímil.

La SIP deplora condena judicial a periodistas panameños

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) deploró un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condena a un diario a pagar una multa por daños al honor de un exmagistrado, al tiempo que centró su esperanza de que "este caso contra la libertad de prensa pueda ser sometido a instancias interamericanas, al haberse agotado el proceso judicial en el país".

El fallo obliga a los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio y a  Editora Panamá América (Epasa) a pagar 25 mil dólares al exmagistrado Winston Spadafora por una publicación periodística, por una noticia publicada en 2001 que denunciaba la construcción con fondos públicos de una carretera que le reportaba un beneficio personal, al brindar acceso a una de sus propiedades.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó el fallo de "nefasto antecedente para la libertad de prensa al condicionar los esfuerzos del periodismo de investigación".

Agregó que este tipo de "represalia judicial contra la prensa no hace otra cosa que incentivar la autocensura, lo que afecta directamente el derecho a la información de todos los panameños".

La SIP destacó que se ha pronunciado sobre este caso en reiteradas oportunidades mientras el proceso fue sometido a distintas instancias judiciales, "siempre desfavorables al derecho a la información sobre irregularidades en el manejo de dineros públicos y el abuso de privilegio de funcionarios gubernamentales".

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, explicó que este proceso nunca contempló antecedentes jurídicos interamericanos sobre "la verdad, la figura de la real malicia y la aceptación de la fiscalización de la prensa sobre las personas públicas".

Agregó que dado el agotamiento de los recursos judiciales en el país, el caso debería "ser sometido a instancias del Sistema de Protección de los Derechos Humanos".

Asamblea pide denuncia formal para investigar irregularidades en la CSJ

El diputado presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Iván Arrocha manifestó que por el momento, no levantará ninguna investigación tras las declaraciones del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz, quien hizo fuertes declaraciones contra la administración del máximo tribunal de justicia.

 

De acuerdo con Arrocha, la nota que envió el magistrado presidente, José Ayú Prado, solicitando que el Legislativo cite a Díaz, por las declaraciones que dio con respecto a supuestas irregularidades en la CSJ, no constituye que tenga que levantar una investigación.

"Es necesario que se presente una denuncia formal, antes de empezar una investigación", expresó.

Por lo tanto, reiteró que se deben presentar las denuncias formales a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional.

Ministerio Público investigará actuación de exfuncionarios de Educación

Fuentes judiciales dijeron a este medio que iniciarán una investigación “de oficio”, luego de que se detectaran anomalías en procesos sensitivos de la entidad, principalmente en el Departamento de Compras, hecho que le costó el cargo a tres directores de la entidad, a una subdirectora, y la renuncia del director de Asesoría Legal.

Se investigará la presunta comisión de delitos contra la administración pública, por lo que el caso se asignará a una fiscalía anticorrupción. Inicialmente, el Ministerio Público solicitará al Meduca una serie de documentos relacionados con los procesos de compra, agregó la fuente.

No se descarta la posibilidad de que se solicite una auditoría a la Contraloría General de la República, tal como ha ocurrido con decenas de casos que investigan las fiscalías anticorrupción por pesquisas que vinculan a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli con supuestos delitos contra la administración pública.

LAS FALLAS

Las pesquisas del MP surgen un día después de que la ministra de Educación Marcela Paredes de Vásquez dijera que los despidos se dieron porque le “preocupa” la multiplicidad de fallas en los procesos administrativos, particularmente las licitaciones. “Hemos tenido varias licitaciones que se atrasan porque hay reclamos en el Tribunal de Contrataciones Públicas y por subsanaciones solicitadas por la Contraloría, y cuando se hace un balance, los errores son repetitivos, dejando un margen de dudas sobre los directivos responsables y básicamente se pierde la confianza”, agregó.

Por este asunto, Paredes de Vásquez destituyó a la directora nacional de Administración, Ivanessa Mojica, y la subdirectora, Mariana Castillo; además a la directora de Currículo, Dayra García Becerra; y al jefe nacional de Compras, Rodolfo Shaik. Mientras que el director de Asesoría Legal, Luis Cedeño Merel, presentó su renuncia.

POCA TRANSPARENCIA

Pero mientras las autoridades judiciales entran a investigar esta causa, sectores de la sociedad civil exigen que Paredes de Vásquez cumpla con los principios de la transparencia y comunique a la ciudadanía qué fue lo que “realmente” ocurrió en la entidad. Argumentan que “hay varios cabos sueltos”.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que “hace falta una aclaración toda vez que [estos funcionarios] fueron designados por ella (…). 

“Debe haber una razón muy de peso para que se haya perdido la confianza de esos funcionarios, pero la población exige que haya una explicación sobre el particular”, agregó.

Mientras que Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, cuestiona además el “silencio de la ministra [Marcela Paredes de Vásquez]”, quien, aseguró, no le ha explicado a la opinión pública qué fue lo que realmente sucedió.

Agrega que el tema se ha manejado con poca transparencia, porque no se ha “querido decir todo”.

ESCUELAS EN RIESGO

El educador también habló de la posibilidad de que este hecho ocasione una crisis en el sistema educativo, ya que se retrasaría el proceso de mantenimiento y compra de mobiliario para las 3 mil 282 escuelas que existen en Panamá.

“En este momento las escuelas necesitan abastecerse de sillas y materiales y las gestiones administrativas han quedado paralizadas… no sabemos si lo que necesitan las escuelas estará a tiempo”, argumentó.

Nelva Reyes, de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, es otra que exige “transparencia”. “Siempre pedimos transparencia en los procesos de licitación, las compras y en el manejo de la cosa pública. Si se comprueba que hay funcionarios implicados en irregularidades, deben denunciarse y decir lo que pasó con transparencia”, opinó.

‘HAY QUE TOMAR MEDIDAS’

Por su lado, el procurador de la Administración, Rigoberto González, sostuvo que si como funcionarios detectan una posible irregularidad en la que se vincule a otros servidores que están a su cargo, “hay que tomar medidas”.

Pueden ser, agregó, medidas disciplinarias y por faltas administrativas, o por la posible comisión de un delito. En este último caso, explicó González, hay que presentar las denuncias correspondientes. “De lo contrario también puede ser objeto de una investigación (…)”, planteó. El también ex secretario general del Ministerio Público añadió que en este tema es necesario investigar qué tipo de irregularidad se cometió para determinar las sanciones que correspondan, y si hay señales de que se está ante la comisión de un delito que afecte el patrimonio.

Marcha popular pide destitución de Ayú Prado en la Corte

Medio centenar de organizaciones han anunciado para hoy una marcha y piquete de protesta hasta la entrada del Palacio Gil Ponce para reclamar la renuncia del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.

El último magistrado nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli y sustituto en la presidencia del destituido Alejandro Moncada Luna, su reciente reelección se interpreta como el ‘continuismo' de los desmanes jurídicos de la pasada administración.

‘Con Ayú (en la presidencia de la Corte) no puede haber cambios', sostienen algunos de los líderes cívicos que promueven la protesta.

La marcha, señalan, es además un distanciamiento de la ‘nueva Corte', renovada con la reciente designación de Cecilio Cedalisse y Ángela Russo, con quienes Ayú Prado contó para reelegirse como jefe del Judicial.

‘Si no hubiera sido por sus votos, Ayú Prado no hubiera sido el presidente, la cara pública, el representante y vocero de nuestra alta corporación de justicia. Esto ha sido una burla a los ciudadanos', indicó Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que respalda el piquete de hoy.

En un comunicado conjunto, el frente de 52 organizaciones señala que ‘los dos últimos nombramientos en la Corte Suprema no representan ningún cambio hacia una política de objetividad transparencia e independencia'.

Las agrupaciones irán a la Corte a recordarle a Ayú Prado las denuncias que pesaban sobre él, entre otras, haber forzado al florista César Segura a devolver al Estado un millonario relleno en Paitilla para que el gobierno de Ricardo Martinelli aplacase el escándalo por habérselo ‘regalado' con el propósito de luego venderlo a su ‘círculo cero'.

Recuerdan, además, las acusaciones del exjuez Alexis Ballesteros, quien denunció la manipulación del expediente que se le seguía a la excandidata Balbina Herrera, querellada por Martinelli por divulgar su correspondencia y por su falta de diligencia tras la renuncia forzada a la Procuraduría de Giuseppe Bonissi, a quién él sucedió.

EL MÁS DENUNCIADO

‘Imagine que cada persona que esté en desacuerdo con un fallo pida la renuncia de un magistrado. Las cosas no funcionan así en la Corte Suprema de Justicia. Mi reelección no pasó por nada ilegal, no se violó ninguna garantía fundamental', dijo Ayú Prado, en una entrevista exclusiva a la televisora TVN .

La Asamblea Nacional tiene en su haber ocho quejas contra el reelecto presidente del Órgano Judicial, tres de ellas presentadas en los últimos meses. Otras tres fueron desestimadas porque perdieron vigencia o por defectos de forma y cinco ‘acumuladas' esperan el ‘desestimiento' oficial del denunciante.

El Movimiento de Independientes (Movin), que no respalda la protesta, ha considerado que es ‘fundamental' que el Legislativo decida el futuro de estas causas. ‘No se puede acusar al magistrado de corrupción si no han sido definidas estas denuncias', sostuvo Anette Planells, vocera de la agrupación.

Tras su reelección, se han agregado otros cuestionamientos: los de David Sitton y de Frenadeso, que considerado que la reelección de Ayú Prado confirma la existencia de un ‘pacto' tácito entre el Gobierno y el magistrado presidente, que incluye el bloqueo de cualquier posibilidad de investigación en la Asamblea.

En abril pasado, la Comisión de Credenciales del Legislativo consideró que, tras la renuncia de Víctor Benavides, investigado por supuesto tráfico de fallos, eran los procesos contra Ayú Prado, la prioridad. Aunque los diputados sostenían que las causas eran ‘graves', no prosperaron por la compleja distribución política de la cámara tras el cambio de directiva en el primer período legislativo.

CUESTIÓN DE TIEMPO

A Ayú Prado no deben tomarle por sorpresa las protestas populares, que ya protagonizó la sociedad organizada contra Moncada Luna.

En octubre, el presidente de la Corte enfrentó los ataques mediáticos de un grupo de organizaciones civiles y exjueces que exigían su dimisión, tras negarse a tomar distancia de la investigación contra Martinelli por el escándalo de Financial Pacific. El exmagistrado Carlos Lucas López renunció al consejo de asesores del magistrado, en un mensaje contundente de desaprobación.

Aunque poco después Ayú Prado coqueteó con sus opositores, al denunciar una red de corrupción en el Judicial, no logró acabar con su mala fama: ‘la única alternativa', dicen las organizaciones que hoy protestan, es que renuncie.

Tras investigación de juez renuncian cuatro funcionarios

El Órgano Judicial de Panamá informó este jueves, 14 de enero, que el juez decimosexto de circuito penal, Enrique Pérez, detectó “presuntas irregularidades relacionadas con el expediente en trámite” durante una audiencia celebrada el pasado 12 de enero.

Por tal motivo, procedió a la suspensión de la audiencia y comenzó una investigación administrativa e interna. Además, “tomó los correctivos correspondientes”.

Tras las decisiones del juez renunció un total de “cuatro funcionarios” del citado juzgado. También hubo movimiento de personal.

El Órgano Judicial no especificó cuál era el expediente que se tramitaba y tampoco quiénes eran los implicados en este caso.

 

Ayú Prado pide a la Asamblea que investigue las declaraciones de Harry Díaz

El magistrado presidente José Ayú Prado solicitó a la Asamblea Nacional que decida si su colega Harry Díaz debe ratificarse o probar los señalamientos que emitió en una entrevista televisada, sobre la injerencia del expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ayú Prado dirigió este jueves una nota a los diputados Rubén De León y Jorge Iván Arrocha, presidentes de la Asamblea y de la Comisión de Credenciales, respectivamente, a fin de que consideren “si es necesario que el magistrado Díaz González de Mendoza se ratifique de sus dichos y presente la o las pruebas que sostengan sus aseveraciones”. Adjuntó copias de la entrevista de Díaz en Telemetro Reporta, emitida la mañana de este jueves.

"Confiamos en que esto se tramite en estricto apego a las garantías fundamentales y principios procesales que establece la Constitución y la ley", anotó.

En su entrevista, Díaz  contó cómo  Martinelli, desde la Presidencia de la República, intervino directamente en la elección de la junta directiva de la CSJ para el bienio 2014-2015, en la que Ayú Prado y  Luis Ramón Fábrega fueron proclamados presidente y vicepresidente, respectivamente. El candidato originalmente impulsado por Martinelli era el hoy encarcelado Alejandro Moncada Luna.

Martinelli –siempre según el testimonio de Díaz- le pidió a éste que renunciara a sus aspiraciones presidenciales. “Él va a hacer cosas que ustedes no quieren hacer”, le habría espetado a  Díaz, cuando éste le preguntó por su empeño en Moncada Luna.

Sobre Fábrega, dijo que fue quien fraguó la reelección de Ayú Prado para el periodo 2016-2017.

Díaz, que fue designado en el cargo por Martinelli, es ahora fiscal en el proceso seguido al exmandatario, por la interceptación de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad.

Indagarán a María Cristina González en caso de ‘call center’

La Fiscalía Segunda Anticorrupción indagará a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM) María Cristina González, por la operación de un centro de llamadas (call center) sufragado presuntamente con fondos públicos para hacer campaña política a favor de Cambio Democrático (CD).

La fiscalía asignó como fecha para la diligencia el viernes 22 de enero de 2016, informaron fuentes del Ministerio Público.

A González se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Roniel Ortiz, abogado defensor de la exfuncionaria, dijo que en este caso el contralor Federico Humbert certificó que no había dualidad de nombramiento y que González no hizo el nombramiento de Giancarlo Terán, uno de los imputados en el expediente.

“Es un expediente que no tiene sentido en el que se habla de otras personas como Salomón Shamah, exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, y diputados que no han sido investigados”, agregó Ortiz.

El origen de la investigación se da de oficio, luego de que Terán revelara públicamente la operación de un call center en el edificio H2O, ubicado en avenida Balboa y que era manejado por la exdirectora del SNM y el exadministrador de la ATP.

El exfuncionario gubernamental percibía un salario mensual de mil dólares como coordinador de planes y programas en el Ministerio de Comercio e Industrias, de acuerdo con la planilla de ese momento.

En septiembre de 2014, Terán fue indagado por la fiscalía que estaba a cargo de Lizzette Chevalier.

De acuerdo con los testimonios de Terán, parte del dinero provenía de la Asamblea Nacional, cuando el diputado Sergio Gálvez era el presidente del Legislativo. 

Para ese mismo mes de 2014, otra de las personas a la que se le ordenó su indagatoria fue el exviceministro de Comercio Interior Luis Eduardo Camacho González, que se acogió al artículo 25 de la Constitución.

Este artículo establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Diputados se rebelan contra De León por quitarles sus placas

La orden de Rubén de León de retirar las placas de los autos a los diputados, como parte de las acciones para contener el escándalo de narcotráfico en la Asamblea Nacional, ha generado agruras en el hemiciclo.

Apenas ‘un par' las ha entregado, algunos sostienen que el presidente del Legislativo no tiene potestad para ello.

‘Él es el presidente de la Asamblea y, por tanto, su administrador, pero no es el dueño', rebatió ayer Noriel Salerno, de Cambio Democrático, quien ha dicho que esperará hasta que le entreguen una nueva lámina para devolver la que posee.

De León adoptó la decisión la semana pasada, cuando un asesor del también CD, Juan Poveda, fue detenido con un kilo de cocaína en un vehículo matriculado en la Asamblea. ‘La recolección está en manos del secretario general y va a buen ritmo', dijo el diputado De León a La Estrella de Panamá. Sin embargo, la rebelión está en ciernes.

‘Eso no quiere decir que haya narcotráfico en la Asamblea. Eso responde más una campaña contra el Legislativo, en momentos que nos toca discutir temas importantes', encara el perredista Pedro Miguel González, también presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales.

UNO SOBRE OTROS

González, quien respalda la gestión de De León, también ha dado voz a otro cuestionamiento de una facción de sus colegas: ‘la placa es una prerrogativa que tenemos los diputados. El presidente no puede pasar sobre la ley'.

‘Esa prerrogativa me la gané con los votos', sazona Dana Castañeda, de CD, quien asegura, de cualquier manera, que entregó el metal que le asignaron apenas De León hizo el llamado. ‘De todos modos, los diputados debemos colaborar', agregó.

El artículo 230 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional establece que los diputados principales y los suplentes tienen derecho a una placa oficial, para uso propio o de sus dependientes familiares.

Como lo sostienen tanto González como Castañeda, el documento tampoco establece que entre las 18 funciones del presidente de la Asamblea haya posibilidad de pedir documentos a otros diputados o establecer pautas.

¿LUCHA CONTRA QUÉ?

‘El presidente no puede inmiscuirse en los asuntos de otros diputados', resaltó el perredista Samir Gozaine, quien dijo, sin embargo, haber entregado su placa y apoyar la estrategia de De León para atacar el problema.

Gozaine sostiene que es ‘peligroso' hablar de la infiltración del narcotráfico en la Asamblea. ‘¿Sería justo decir que porque se encontró en un auto del Ifarhu toda la institución está involucrada? ¿O porque a un policía se le encuentre, entonces que todos lo estén?', cuestiona.

De León ha asegurado que tras la recolección de placas, se ordenará el diseño y confección de nuevas, para tener control sobre ese distintivo oficial.

Este diario intentó ayer obtener una versión del secretario Franz Wever, sin éxito.

‘Con o sin eso, quienes estén en narcotráfico lo seguirán haciendo', insiste Salerno, quien reclama también que el presidente de la Asamblea nunca convocó a la ‘directiva ampliada' ni al Pleno  ‘el ente soberano', dice para adoptar una decisión de tal calibre.