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En su alegato del pasado martes, Lavítola intentó, a duras penas, defender la efectividad de la empresa Agafia Corp. constituida antes de la firma de los contratos entre Panamá y Finmeccanica que la fiscalía califica de instrumental para canalizar el 10% del monto total de los contratos bajo la figura de una “comisión de venta”.

El fiscal Paolo Ielo puso en evidencia la naturaleza artificial del contrato de consultoría entre Agafia y las empresas de Finmeccanica (Selex, Telespazio Argentina y AgustaWestland), cuando inquirió al reo sobre la necesidad de “tener un contrato tan oneroso de 18 millones de euros [unos 25 millones de dólares]”. Lavítola contestó que Agafia servía a Finmeccanica de agente residente en aquel país, pero el fiscal replicó que eso chocaba con la realidad, pues las tres empresas ya tenían un agente residente, la abogada panameña Marleni Paolo, que las representaba en Panamá.

Mientras estas negociaciones avanzaban al margen de los contratos formales entre Panamá y Finmeccanica, la compra de los equipos mantenía su curso. Dos de los contratos (radares y helicópteros) eran responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de su entonces titular, José Raúl Mulino, que, bajo su responsabilidad, preparó, negoció, analizó y sustentó ante el Consejo de Gabinete estos contratos, de cuyo total saldría paralelamente el pago de una “comisión” a Agafia por una supuesta promoción comercial que jamás se efectuó.

Agafia, cuya presidenta es Karen de Gracia ligada sentimentalmente a Lavítola, se constituyó semanas antes de la firma de los contratos. En el proceso que hizo Mulino no existió ningún estudio previo o pliegos de referencia que avalaran la compra de los radares a Selex. Tampoco se tramitó un concurso público. Ni siquiera se pidió la opinión al Servicio Aeronaval sobre la conveniencia de adquirir un sistema de radares fijos, con lo cual el Estado sufrió una lesión debido a que el sistema no cumple con los objetivos.

“Los radares no son funcionales”, no sirven para detectar las pequeñas lanchas que utiliza el narcotráfico en sus rutas costeras por Panamá, informó el presidente Juan Carlos Varela y su ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera.

HERMETISMO

Por otro lado, la negociación del precio pactado con Finmeccanica se dio en condiciones de total hermetismo y sin parámetros de referencia que permitieran verificar si el precio era justo.

Mulino se encargó de ponerlo bajo sobra al pedir una excepción alegando motivos de seguridad nacional a los procedimientos habituales de la Ley de Contrataciones Públicas. Con ello obvió su publicación en la Gaceta Oficial, a fin de que el texto del contrato de compra de los radares que incluía cláusulas beneficiosas para los italianos no se conociera.

A pesar de ello, tanto el diputado Jorge Alberto Rosas como la ex candidata presidencial Balbina Herrera denunciaron la existencia de un sobrecosto en la compra de los 19 radares cuyo valor de adquisición para Panamá fue de 125 millones de dólares– provocando que los desacreditaran públicamente.

En las investigaciones por corrupción internacional en Panamá, que adelantan los fiscales italianos, se corroboró un sobreprecio de, al menos, el 10%, que debía pagarse a la sociedad Agafia Corp.

En abril de 2012, Lavítola fue detenido en Italia y el escándalo de corrupción copó los medios de comunicación. Mulino decidió entonces viajar a Italia, supuestamente para obtener de primera mano información sobre las indagaciones judiciales que implicaban el pago de coimas a funcionarios panameños.

Mulino, pese a las graves acusaciones aparecidas en los medios y de haber afirmado que tenía poderes para cancelar los contratos e, incluso, “romper relaciones diplomáticas con Italia” si comprobaba la existencia de coimas, negó públicamente las irregularidades. Entre ellas, el pago de una “comisión” a Agafia. Y en vez de ordenar una auditoría que investigase la naturaleza de los contratos o cualquier sobrecosto, alegó que todo se trataba de “peleas entre italianos”.

LA ÚLTIMA ADENDA

Cuando Lavítola llevaba más dos años detenido y los fiscales italianos habían comprobado la existencia de la comisión oculta pactada a favor de Agafia, el 26 de mayo de 2014, Mulino, mediante resolución ministerial, decidió prorrogar hasta diciembre de 2014 el contrato con Selex, proveedor de los radares.

Esta resolución, concebida después de que Juan Carlos Varela ganara las elecciones presidenciales, en medio de la tormenta de corrupción que giraba en torno a las compras a Finmeccanica y después de que se conocieran los problemas técnicos de calibración de los primeros radares, perjudicó notablemente al Estado panameño.

Selex había incumplido los plazos de entrega de los radares pactados en el contrato original. Con ello, el Estado tenía una buena razón para suspender los pagos, al menos hasta que se aclararan los problemas técnicos y el sobrecosto que representaban las “comisiones” a Agafia. 

El 17 de junio de 2014, Mulino firmó la adenda a favor de Selex, extendiéndole el plazo de entrega por siete meses, con lo que debilitó aún más la posición de la nueva administración.

LAVÍTOLA FACTURÓ 'COMISIONES'

A pesar de que Lavítola negó su vinculación con Agafia Corp., los fiscales italianos tienen pruebas de que el reo envió facturas de la sociedad panameña para cobrar “comisiones” del 10%, conforme el Gobierno de Panamá desembolsaba los pagos.

A julio de 2011, Panamá había pagado el 15% a Selex de un total de 125 millones de dólares por los radares unos 26 millones de dólares cifra que incluía los intereses del financiamiento de la compra por parte de Citibank.

Esa fecha coincide, precisamente, con la de las facturas emitidas por Agafia, que suman más de 2 millones de euros (unos 2.7 millones de dólares) y que fueron girados en concepto de “comisiones” apenas el Gobierno panameño hizo pagos al conglomerado italiano.

Ese mes, Panamá hizo el primer abono por los helicópteros italianos. Dicho pago, de 12.7 millones de euros (unos 17.5 millones de dólares), llegó a una cuenta de AgustaWestland al banco Unicredit.

El 21 de julio de ese año, Agafia emitió una factura por el 10% en concepto de “comisión” por la venta de esos helicópteros, por valor de poco más de un millón de euros (1.5 millones de dólares). Ese mismo día, la sociedad envió otra factura, esta vez a Selex, por 1.2 millones de euros (1.6 millones de dólares), que corresponden al 10% de “comisión” por el pago recibido a cuenta del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

Ballesteros dice, además, que los nuevos magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo  han quedado muy mal ante la ciudadanía al votar por la reelección de Ayú Prado en la presidencia de la Corte. No descarta “un pacto de no agresión” entre el Judicial y el Legislativo.

En tanto, el abogado Rosendo Rivera afirma que otro magistrado sabía de las supuestas actuaciones irregulares de Ayú Prado para instaurar los pinchazos.

Rivera aseguró que la fórmula presuntamente ideada por Ayú Prado y Salomón Shamah, exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá para legalizar el espionaje usando la Corte y el Ministerio Público (MP) duró poco tiempo, porque el magistrado Jerónimo Mejía “se opuso”.

Cuando se le consultó a Rivera sobre qué pruebas tenía para relacionar a Mejía, dijo que se enteró a través de dos personas del MP.

Este medio buscó la versión de Mejía a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y de correo electrónico, pero no contestó. 

‘¿Y SI AYÚ PRADO TIENE UN AS BAJO LA MANGA?’

Alexis Ballesteros, exjuez cuarto de circuito penal de Panamá, tiene poca esperanza de que la Asamblea Nacional le inicie un proceso al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado.

“No va pasar nada. En lo absoluto”, asegura el ahora abogado litigante cuando se le pregunta cuál es su opinión sobre la denuncia interpuesta el pasado 18 de enero contra Ayú Prado, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público.

El abogado Rolando Sánchez argumenta en la denuncia que usaba expedientes de la Fiscalía de Drogas y de la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada para camuflar los teléfonos de los que Martinelli y su gobierno querían espiar.

“No sé qué está pasando, no sé si se está conversando con algunas personalidades del actual gobierno, quienes están impidiendo que las investigaciones avancen”, afirmó el abogado.

“Usted pone la denuncia y el Ministerio Público tiene que investigar. En este caso el Ministerio Público es la Asamblea Nacional [quien investiga a los magistrados] quien debe realizar las investigaciones. Sin embargo, deciden dejar de realizar cualquier tipo de acción para determinar la acreditación del hecho punible, con el pretexto de meras formalidades”, resaltó el jurista.

Ballesteros, en abril de 2014, reveló que había recibido presiones e instrucciones de los magistrados de la Corte, José Ayú Prado, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta y del entonces presidente de ese órgano, el magistrado Alejandro Moncada Luna, para fallar determinados procesos penales.

Un frustrado Ballesteros señaló, además, que lo que dijo el magistrado Harry Díaz hace poco sobre los viajes del magistrado presidente de la CSJ, “es probado y consta en documentos”.

Recordó que a él le pidieron la renuncia al cargo por no “seguir indicaciones” y revocar el archivo del proceso seguido a cinco trabajadores de la empresa Transcaribe Traiding, S.A. (TCT), por el bloqueo a Corporación La Prensa (Corprensa), ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012.

Reiteró que fue citado varias veces por Mendieta y Sáenz para recibir instrucciones de cómo actuar en este caso. “Ellos hacían los señalamientos directos, las órdenes eran de arriba. Las órdenes venían del presidente de la Corte Suprema de Justicia”, resaltó.

‘EL POLITBURÓ’

Recordó también que varias veces se le indicó que el entonces administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah era la conexión con el Judicial. El propio Moncada Luna le llegó a contar que todos ellos [Moncada Luna, Shamah, Ayú Prado, entre otros] pertenecían a un exclusivo círculo al que le decían “el politburó”.

Le dijeron que los del politburó “no podían ser tocados” por su vínculo cercano con el presidente de la República de esa época, Ricardo Martinelli.

LA DECEPCIÓN

Por estas acciones es que Ballesteros dice no entender, cómo Ayú Prado logró reelegirse como presidente de la Corte.

“Para mí fue una decepción total. Y la decepción no es solo mía, sino de una población que está esperando que la administración de justicia se encamine… es triste que los magistrados de la Corte recién designados votaran por él”, resaltó.

Y es que el pasado 4 de enero, apenas unas horas después de haber tomado posesión de sus cargos en la CSJ, Cecilio Cedalise y Ángela Russo, los magistrados que nombró el presidente Juan Carlos Varela, le dieron su voto a Ayú Prado para que se reeligiera.

Incluso, Cedalise fue más allá y lo propuso. “[Los nuevos magistrados] están mandando un mensaje bien negativo a la sociedad”, manifestó Ballesteros.

Dice que le sorprende el cambio de discurso del presidente Varela, luego de recordar que una de las primeras cosas que hizo cuando ganó la Presidencia de la República, fue pedirle por televisión la renuncia al presidente de la Corte [Ayú Prado], pero hoy, dice el exjuez, evita el tema cuando se le consulta sobre la crisis en el máximo tribunal de justicia.

Una pregunta se hace Ballesteros: “¿Y qué tal si Ayú Prado tiene un as bajo la manga con relación a este gobierno y tiene a más de cuatro personas amarradas (…)?”.

El exjuez tampoco descartó la existencia de un “pacto de no agresión” entre el Judicial y el Legislativo.

Lo dijo porque luego de que la Corte archivara varias denuncias contra diputados oficialistas, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que preside el panameñista Jorge Iván Arrocha, decide que no puede investigar las declaraciones que dio Harry Díaz en televisión en donde denunció la existencia de bandos políticos en la Corte, “turismo judicial”, corrupción y la injerencia que tenía Martinelli en el poder Judicial, entre otras cosas.

La crisis suscitada con las revelaciones de Díaz generó un cruce de denuncias entre magistrados. La directiva, que integran Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, denunció a Díaz por supuestas faltas a las normas de transparencia e integridad en la gestión judicial”. Piden la separación y destitución de Díaz.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, reconoció ayer ante la Asamblea Nacional haber realizado, el año pasado, licitaciones abreviadas para el programa Techos de Esperanza, aunque no confirmó si obtuvo el obligatorio permiso del Consejo de Gabinete.

Etchelecu, en respuesta a un cuestionamiento de la diputada Zulay Rodríguez, reconoció que 22 actos públicos para la construcción de 15 mil viviendas no fueron considerados oficialmente como de ‘urgencia notoria', una prerrogativa clave para que se convoque procesos abreviados como los que su administración llevó a cabo.

‘Al llegar y ver que había gente sin casa, o con casas sin piso, o aglomeradas, teníamos que actuar inmediatamente', se excusó Etchelecu.

Este mismo método fue el que utilizó el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en 2014, ya bajo la dirección de Rafael Stanziola, para la compra de materiales y equipos para Techos de Esperanza. El Ministerio Público ha abierto una investigación de oficio por este caso.

La diputada Ana Matilde Gómez, a su vez, le recordó que el mecanismo de licitaciones abreviadas permitió que desde el PAN de Ricardo Martinelli se cometiesen abusos en contrataciones públicas.

‘Hay que tener mucho cuidado con esas licitaciones. Son una trampa', apuntó.

El titular de Miviot reconoció que aproximadamente el 40% de los $1,340 millones que licitó su administración el año pasado para Techos de Esperanza fueron procesos abreviados.

Al respecto, la diputada Rodríguez señaló que ese mecanismo no se aplicó para la construcción de casas para los afectados por los deslaves en Samaria, el año pasado, y sí para Techos de Esperanza.

‘Todo esto se ha manejado dentro del Miviot y el equipo que me acompaña, directores administrativos, jefes de compras, para tener toda la claridad de que lo estamos haciendo bien y de forma transparente', insistió el ministro.

‘TAMBIÉN COMETO ERRORES'

El titular de Vivienda recordó que cuando entró al cargo, en julio de 2014, $86 millones del presupuesto de inversión habían sido transferido al PAN, por lo que decidió emitir las solicitudes de compra y enviar los precios de referencia para Techos de Esperanza, ‘para asegurarnos que estábamos comprando a los mejores precios', indicó.

Luego, las demás compras las asumió directamente el Miviot, porque, justamente, por la dinámica del proyecto, no todos los frentes de obra se abrieron a la vez.

El programa empezó en Altos de la Torre, en San Miguelito, pero se extendió en un año y medio a otros 17 lugares. El precio promedio por vivienda se mantuvo durante ese tiempo en $17,800, insistió, en un intento por defender la cara del programa bandera de Varela para el sector vivienda.

Etchelecu aseguró que no dejará el cargo tras los cuestionamientos por los mecanismos de compra que se han utilizado. Y tampoco pestañeó por las denuncias de la jefa de la Autoridad de Transparencia (Antai), Angélica Maytín.

‘Desconozco la auditoría de la Antai, pero la realidad es que el Miviot hizo todo el proceso administrativo al pie de la letra velando por los mejores intereses', insistió.

‘No soy dueño de la verdad, soy humano, acepto todos los errores que he cometido y cometeré, pero pueden tener plena certeza de mi compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, porque este programa viene a ayudar a las personas', añadió.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, que acompañó a Etchelecu a la Asamblea, declaró a la prensa, tras las cuatro horas de comparecencia, que ‘las críticas (contra el Miviot) están siendo orquestadas por el expresidente Ricardo Martinelli, desde Estados Unidos', a través de los miembros en Panamá de su partido, Cambio Democrático.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore envió al Juzgado Noveno de Circuito, el expediente del contrato para la instalación de 19 radares comprados a la empresa Selex, donde están involucrados el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz.

"Aclaro que Fiscalía nos negó cuatro veces comparecencia de experto en radares. En el expediente no existe experto idóneo por parte del MP", escribió en su cuenta de twitter, José Raúl Mulino (hijo).

Aregó que ayer presentaron los últimos escritos relacionados a pruebas de funcionalidad y al parecer no les gusto, porque rechazaron todos y pasaron el expediente hoy.

"Negaron al experto de la defensa de Jose Raúl Mulino, pero la fiscal pretende llevar a cabo pruebas a nuestra espalda relacionada a funcionalidad de radares", dijo Mulino Cohen.

Resaltó que espera que el juez proteja el derecho a la defensa y anule todo las ilegalidades practicadas por la fiscal Moore.

El exministro José Raúl Mulino se encuentra detenido en la sede de la Policía Nacional (PN) acusado del supuesto delito contra la administración pública.

Mulino fue quien firmó en 2010 la compra de 19 radares a la empresa Selex-filial, del conglomerado italiano Finmeccanica, a un costo de $125 millones.

Por su parte, el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz permanece detenido en El Renacer, al estar implicado también en el caso de las escuchas telefónicas ilegales.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, enfrenta una nueva denuncia en la Asamblea Nacional, en la que se le acusa de supuestamente idear junto con el exministro de Turismo Salomón Shamah una fórmula para intervenir o judicializar las intervenciones telefónicas ilegales que se hacían a opositores desde el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Según la denuncia, que llegó el 18 de este mes al Legislativo, la fórmula que ideó Ayú Prado fue incluir en las peticiones de interceptaciones telefónicas de las fiscalías contra Drogas y contra la Delincuencia Organizada los números de teléfonos de las personas que el entonces gobierno de Martinelli quería pinchar, y de esa manera camuflaban la actividad ilegal.

La denuncia, interpuesta por el abogado Rolando Sánchez Núñez, se basa en el relato que el 16 de septiembre de 2015 dio el exabogado de Martinelli, Rosendo Rivera, al magistrado Harry Díaz, quien funge como fiscal en el proceso que la Corte le sigue al exgobernante por los pinchazos telefónicos.

Rivera contó a Díaz que Shamah le reveló todo el plan y que para esa fecha no se acuerda si Ayú Prado era procurador de la Nación o magistrado de la Corte, cargos a los que ascendió por designación de Martinelli.

Según el denunciante, Shamah y Ayú Prado pusieron en marcha el engranaje casi perfecto de una estructura criminal, en la que desde el Gobierno central se giraban órdenes al Ministerio Público, que con el aval de la Corte lograba entrometerse en la vida íntima de las personas y ocultar pruebas del círculo cero de Martinelli. Este medio llamó a Ayú Prado, pero no respondió. 

DENUNCIAS ESTREMECEN LA CORTE

Denuncias sobre acusaciones por la supuesta comisión de delitos de corrupción, abuso de autoridad, infracción de los deberes de servidor público, así como faltas a la transparencia e integridad judicial en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han ingresado a la Asamblea Nacional en los últimos días.

El 18 de enero pasado a la Secretaría General del Legislativo ingresó una denuncia dirigida al presidente de la comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, en la que se acusa al presidente de la CSJ, el magistrado José Ayú Prado, de la supuesta comisión de los delitos de corrupción, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público.

El abogado Rolando Sánchez Núñez basa su denuncia en el relato que contó el 16 de septiembre de 2015, el abogado Rosendo Rivera al magistrado fiscal del proceso por los pinchazos telefónicos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, Harry Díaz.

Se destaca que entre los hechos denunciados, Rivera señala en su entrevista al fiscal que el exministro de Turismo Salomón Shamah -hombre de confianza de Martinelli- se ideó junto con Ayú Prado, siendo este procurador de la Nación o magistrado de la Corte, una fórmula para intervenir o judicializar las intervenciones telefónicas ilegales.

Según Rivera, Shamah le contó que en los procesos de intervenciones telefónicas que hacía el Ministerio Público a la CSJ se incluían los números de teléfono que el gobierno de Martinelli quería pinchar y de esta manera camuflaban la actividad de espionaje como legal.

Señala el denunciante que “lo más grave de la situación es que según lo narrado por el entrevistado, todo se hizo recibiendo instrucciones del Ejecutivo, para luego, tal cual se hizo, tener la justificación legal para intervenir las llamadas telefónicas, siendo estos actos violatorios al debido proceso legal”.

Sostiene que Ayú Prado, en sus funciones como exfiscal, exprocurador de la Nación y magistrado de la CSJ, violó normas inherentes a su cargo y disposiciones internacionales suscritas por Panamá a favor del derecho a la intimidad de las personas.

Además, solicita a la comisión de Credenciales que investigue a Ayú Prado por la supuesta comisión de los delitos señalados y aporta como prueba la entrevista rendida por Rivera al magistrado fiscal Díaz.

Rivera, quien es querellante en el proceso de los pinchazos, fue abogado de Martinelli en diversos casos, entre ellos uno contra la ex candidata presidencial Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por divulgar los correos con el italiano Valter Lavítola, y otro por $30 millones contra el entonces vicepresidente y hoy mandatario Juan Carlos Varela, por supuestamente atacar su honor.

CREDENCIALES RECHAZA

Ayer la comisión legislativa de Credenciales decidió no acoger como una denuncia formal la carta enviada por el presidente la CSJ, Ayú Prado, para que considerase citar al magistrado Harry Díaz con el fin de que presente las pruebas de sus confesiones y denuncias sobre corrupción, bandos políticos entre magistrados y la intromisión del Ejecutivo en el Judicial.

Ayú Prado había remitido en su nota a la Asamblea la entrevista dada por Díaz a Telemetro el 14 de enero pasado, así como las declaraciones que dio a La Prensa el 26 de octubre de 2014 (Harry Díaz: Moncada Luna solo es la punta del iceberg).

La comisión concluyó que es “improcedente” abrir una investigación por la carta de Ayú Prado, debido a que no se trata de una denuncia o querella tal como lo dispone la normativa legal en estos procesos especiales.

La decisión se dio a pesar de que el propio magistrado Díaz había comunicado su disposición de asistir a la Asamblea a ratificar sus denuncias. 

Los diputados Jorge Iván Arrocha, Florentino Ábrego; del partido Panameñista, Mabia Muñoz, Mariela Vega y Rony Araúz; del partido Cambio Democrático (CD) y Alfredo Pérez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) apoyaron la no apertura de la investigación. Solo Zulay Rodríguez, del PRD, consideró que había méritos para investigar.

CENSURAN DECISIÓN

Tras la decisión de la comisión de Credenciales llovieron las críticas. Por su parte, Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que tiene que darse una respuesta política a esta crisis en la Corte. Reiteró que se requiere una reforma al mecanismo de investigación de magistrados y diputados. “Se burlan de nosotros y no podemos hacer nada, porque la ley así lo dice y la ley sigue allí, hay que cambiar la ley entonces, necesitamos respuesta. Siguen los mecanismos de protección para estos funcionarios”, dijo.  

Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), señaló que “pareciera que están eludiendo el tema y la responsabilidad y de paso acrecentando la desconfianza tan grande que tenemos hoy día los ciudadanos, no solo en la justicia, sino también en la Asamblea”, precisó. 

“No podemos pasar la página ante un escándalo como este”, dijo el exdefensor del Pueblo José Antonio Tejada.