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La próxima semana será ‘clave' para definir el futuro de las últimas cinco denuncias presentadas en la Asamblea Nacional contra los magistrados Harry Díaz, Hernán de León, Luis Ramón Fábrega y José Ayú Prado.

‘Entre los abogados hay mucha ignorancia, y hay mucho dolo y actitudes temerarias de los gremios organizados. No se puede hablar de inacción',JORGE IVÁN ARROCHADIPUTADO

Jorge Iván Arrocha, presidente de la Comisión de Credenciales, que decide si se juzga o no a los altos jueces, aseguró que ayer la Secretaría General de la Asamblea les remitió los expedientes, por lo que el lunes los copiará a sus ocho compañeros restantes, para que en ‘consenso' definan esa misma semana en qué fechas decidirán si se abren o no procesos.

Lo ‘más probable', insistió, es que ocurra después de los carnavales.

‘Evidentemente, hay una crisis en la Corte y consternación de la ciudadanía, pero no podemos actuar políticamente', agregó, en un intento por sacudirse los señalamientos de la sociedad civil organizada, que acusa a la Asamblea de no querer resolver la crisis de la justicia. ‘El problema no lo tiene Credenciales', agregó.

Entre las denuncias figura una presentada la semana pasada por la Junta Directiva de la Corte contra Harry Díaz, tras revelar este en una entrevista en Telemetro y La Estrella de Panamá la saga de traiciones políticas para la reelección de Ayú Prado y la intromisión de Ricardo Martinelli en la justicia.

RESPUESTA DE UN MAGISTRADO

Asimismo, a los diputados les llegó oficialmente la queja de la Alianza Ciudadana Pro Justicia por los viajes de Ayú Prado, Fábrega y De León, que, según voces expertas, levanta sospechas sobre posible peculado.

Este viernes, De León aseguró que hubo ‘error humano' en la tramitación de tres viáticos para que viajara simultáneamente a finales de octubre de 2013 a Taiwán y España, y a España y la provincia de Herrera, hecho que se incluye en la denuncia.

‘Nunca he cometido en mi vida una falta o delito y mucho menos algo respecto a lo que se me endilga en los últimos días', argumentó De León en un comunicado.

Después, iracundo, en una entrevista con una televisora local, pidió a sus críticos que se ‘coman los viajes'.

De León asegura no haber viajado desde junio del año pasado, cuando estalló el escándalo de los periplos de él, Fábrega y Ayú Prado. ‘Eso es turismo judicial', dijo Harry Díaz entonces.

Otras dos quejas contra Díaz también están en la lista de pendientes. Una fue presentada por María Fábrega, en nombre de su hermano, el magistrado Luis Ramón, y otra más por el abogado Ángel Álvarez. Ambos lo acusan de calumnia e injuria.

¿VIABLE?

Arrocha no ha abierto la posibilidad de que los casos se traten ni en sesiones permanentes ni con mayores urgencias. ‘No se puede hablar de inacción, a priori tenemos que revisar si hay indicios suficientes, porque hay que seguir el debido proceso', insistió.

El diputado también ha echado por tierra las presiones de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, refrendadas por el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, de que se requiere la salida de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sumida en una crisis similar a la de 1990, cuando el régimen militar dejó el poder. (Ver relacionada)

‘No puedo dejarme llevar por ese discurso. Esa es la presión de ellos, pero no he visto a todo el pueblo reclamándolo', zanjó.

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GOBIERNO DE ENDARA

El antecedente de una corte sin jueces

En 1990, una vez asumió el poder, el entonces presidente Guillermo Endara Galimany aceptó la renuncia de ocho de los nueve los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como una medida para ‘adecentar la Corte'.

El único que quedó en su cargo fue Rodrigo Molina, un juez que políticamente adverso al régimen militar. El resto dimitió en cartas que fueron oficializadas luego en Gaceta. En su reemplazo, Endara nombró a Carlos Lucas López, Raúl Trujillo, Arturo Hoyos, José Manuel Faúndes, Edgardo Molino Mola, Aura Emérita Guerra, Fabián Echevers y César Quintero.

Algunos analistas consideran que la medida de Endara fue ‘la puerta de entrada' para la discrecionalidad presidencial vigente en la elección de magistrados.

Los datos procesados por el órgano Judicial que detallan los viajes y viáticos pagados a tres magistrados de la directiva de la Corte Suprema de Justicia resultan como poco sorprendentes. El detalle sugiere que los magistrados estuvieron en dos países al mismo tiempo. O que atravesaron medio continente para la presentación de un libro.

José Ayú Prado, magistrado presidente de la Corte, Hernán De León, vicepresidente, y Luis Ramón Fábrega, presidente de la Sala Tercera, recorrieron tres continentes en 22 meses. En algunas ocasiones, regresaron al país y, menos de cinco días después, volvían al exterior.

Entre el 24 y 25 de noviembre de 2014, por ejemplo, Ayú Prado viajó a México para la presentación del libro ‘La Justicia en el marco de los Derechos Humanos, la equidad', y cobró un viático de $800. Cinco días después, el 30 de noviembre, volvía a tomar la maleta para participar, en la misma ciudad, en la XVIII Jornada de trabajo y consejo administrativo de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual.

Los datos fueron suministrados este miércoles por la Alianza Ciudadana Pro Justicia como parte de una demanda remitida, ese mismo día, a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, responsable de investigar a los magistrados de la Corte. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, explicó que la denuncia solo incluye a estos tres magistrados, cuyos viajes dan motivo de ‘sospecha' de posible delito de peculado.

Lee revela que, de acuerdo con la documentación, suministrada por el propio Órgano Judicial, los magistrados Ayú Prado y De León estuvieron en países distintos en la misma fecha.

En el caso del magistrado De León, la denuncia señala que viajó, entre el 13 y 19 de octubre de 2013, a Taiwán, por lo cual cobró $2,450 en viáticos. Y entre el 16 y 29 de octubre del mismo año estuvo en España para un curso de formación judicial, por lo cual obtuvo viáticos por $9,800. Es decir, que entre el 16 y 19 de octubre, el magistrado De León estuvo simultáneamente en Taiwán y España. Lo curioso es que mientras se encontraba en España también estaba en la provincia de Herrera, a donde lo ubican los datos suministrados por el Órgano Judicial entre el 22 y 26 de octubre de 2013. Por este viaje al interior, De León cobró un viático de $413.

En declaraciones a Radio Panamá , el magistrado De León negó haber estado en diferentes países en las mismas fechas. ‘Se trató de un error administrativo que ya fue subsanado', dijo.

Esa supuesta ubicuidad es compartida por el magistrado Ayú Prado, quien viajó a México entre el 17 y 19 de junio de 2015 para un encuentro sobre las reformas al sistema de justicia penal y estuvo en Costa Rica entre el 18 y 20 de junio del mismo año para el encuentro de presidentes y magistrados de tribunales y salas constitucionales de América Latina.

En otras palabras, el 18 y 19 de junio, el magistrado Ayú Prado estuvo en México y Costa Rica.

Por el viaje al país centroamericano, Ayú Prado cobró viático por la suma de $1,384, mientras que no hay información del costo de su gira por el país norteamericano, según la denuncia.

Los hechos que vinculan al magistrado Fábrega con el posible delito de peculado están relacionados con un viaje para asuntos académicos. De acuerdo con la denuncia, Fábrega viajó a España para tomar un posgrado en la Universidad de Salamanca, por el cual cobró un viático de $8,400 por los 15 días que estaría en el país europeo. El posgrado tuvo un costo de 1,300 euros (unos $1,500).

‘El magistrado cometió una novedosa forma de delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, porque, además del salario que se le siguió pagando sin trabajar, asistió al curso (…) para su provecho personal', señala la denuncia.

La sociedad civil organizado pide la separación de los magistrados, petición respaldada este miércoles por el peruano José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional.

‘Respaldamos la posición de la sociedad civil de que es mejor que se vayan todos y busquemos una nueva justicia para este país', recalcó Ugaz. El abogado se reunió ayer con el presidente y la vicepresidenta de la República, Juan Carlos Varela e Isabel de Saint Malo, respectivamente.

 ‘Respaldamos la posición de la sociedad civil, que pide la renuncia de los magistrados',

JOSÉ UGAZ

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

 

LUIS RAMÓN FÁBREGA

Presidente de la Sala Tercera

El 28 de noviembre de 2011 fue designado por el Consejo de Gabinete de Ricardo Martinelli.

El periodo de Fábrega se vence en el 2021. Aún le quedan cinco años en el cargo.

 

HERNÁN DE LEÓN

Vicepresidente de la Corte Suprema

El 28 de noviembre de 2011 fue designado por el gobierno de Ricardo Martinelli

Su periodo vence en el 2021. Aún le quedan cinco años como magistrado de la Corte.

 

JOSÉ AYÚ PRADO

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

El 17 de diciembre de 2012 fue designado por el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Su periodo vence en el 2022. Por Constitución, le quedan seis años en el cargo.

En un día como hoy, pero del año 2015 el expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli salió de Panamá con destino hacia Guatemala para participar en las sesiones plenarias del Parlamento Centroamericano (Parlacen), desde que realizó ese viaje no ha retornado a su patria, por lo que algunos lo denominan "El fugitivo".

El 28 de enero de 2015 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habían decidido abrir una investigación contra Martinelli por denuncias de corrupción a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), lo que coincidió con su salida del país.

Antes de irse Martinelli, mediante la Notaría Décima del circuito de Panamá le otorgó poder general de administración de sus negocios, durante su ausencia a Marta Linares de Martinelli.

Actualmente el exmandatario de la República de Panamá se encuentra autoexiliado en Miami, Estados Unidos y desde allí ha utilizado a la red social “Twitter” como su principal herramienta para comunicarse.

Sus defensores en Panamá

Todo un equipo de abogados tiene preparado en Panamá el expresidente Ricardo Martinelli, que lo defienden en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante su ausencia. Sus defensores aseguran que existe persecución política por parte del Gobierno de Juan Carlos Varela.

Son en total 10 abogados los que forman parte del equipo de Martinelli, juristas que cargan en sus hombros los casos que acaparan la atención de la población nacional e internacional. Este equipo de abogados es integrado por: Cristóbal Arboleda, Luis Eduardo Camacho González (hijo), Carlos Carrillo, Alma Cortés, Rogelio Cruz, Iván Gantes, Dimas Guevara, Leonardo Paul, Alejandro Pérez y Sidney Sittón.

El pasado 11 de diciembre de 2015, Martinelli fue declarado en “rebeldía" por el magistrado Jerónimo Mejía, al no acudir personalmente a una audiencia en el caso de los “pinchazos”.

Luis Eduardo Camacho, no forma parte de la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli, pero ha sido él quien convoca a protestas en las diversas entidades judiciales del país e invita a los medios de comunicación a las diversas conferencias de prensa.

Solo basta con mencionar el apellido Martinelli, para que Camacho aparezca para defenderlo, como todo un soldado dispuesto a la batalla.

A Miami han tenido que viajar diversos aliados de Martinelli; pues es el único modo que tienen para verlo. Alma Cortés, jefa de sus abogados, y su leal defensor, Luis Eduardo Camacho son los que más visitas le han hecho al expresidente.

 

Los diputados del Cambio Democrático (CD) Fernando Carrillo y Marylin Vallarino, así como la exdirectora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Ana Giselle Rosas de Vallarino y algunos miembros del partido políticos forman parte de los visitantes de Martinelli.

En un tuit del 3 de diciembre del 2015 Martinelli escribió: “Bienvenidas las amistades que nos quieran visitar”; de este modo deja la puerta abierta para todo aquel que lo quiera ir a ver en los Estados Unidos.

Sus órdenes desde los EEUU

El pasado 20 de diciembre de 2015, el expresidente Ricardo Martinelli designó a Alma Cortés como nueva presidenta encargada del partido Cambio Democrático (CD); sin embargo esta orden no ha sido acogida por el Tribunal Electoral (TE).

El magistrado del TE, Eduardo Valdés Escoffery manifestó que Alma Cortés no ha presentado al TE ninguna documentación en base a los hechos que ha alegado, de que tiene un poder de parte de Ricardo Martinelli, de modo que el Secretario General del partido CD sigue siendo Rómulo Roux porque fue escogido por la junta directiva. 

Reiteró que Alma Cortés sigue siendo la subsecretaria del partido Cambio Democrático (CD).

La Comisión Nacional de Elecciones de CD, ha extendido en más de dos ocasiones las elecciones a lo interno del colectivo político por mandato de Martinelli; pues la primera vez se celebrarían el 25 de octubre de 2015, luego fueron pospuestas para el 2016 y ahora no se conoce una fecha exacta.

Escoffery aseguró que se analiza la posición del TE frente a esta situación y esta por salir una decisión en ese sentido.

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli carga sobre sus hombros denuncias en diversos casos de interés nacional e internacional, los cuales le han hecho ser portada en diversos diarios.

Martinelli es vinculado al escándalo de la casa de valores Financial Pacific y en el contrato entre el Estado y la empresa Cobranzas del Istmo, también es acusado en el sonado caso de los “pinchazos” telefónicos ilegales y en las anomalías que se cometieron en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El pasado 21 de diciembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó ordenar la detención provisional del expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli, por el caso de los “pinchazos”. 

El magistrado Harry Díaz propuso reformas para modificar el procedimiento de selección de los miembros del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fomentar la rendición de cuentas y dotar al Órgano Judicial de mayor autonomía.

Igualmente, advirtió que la carrera judicial, aprobada por ley el año pasado, no podrá ser implementada, porque no fue incluida en el presupuesto del año 2016. Eso es así, pese a que –según Díaz- el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, informó al pleno que contaba con una “reserva” de $10 millones para la misma.

"La carrera judicial no se puede implementar sin fondos", advirtió.

Díaz hizo estos planteamientos a través de una carta abierta, en momentos en que mantiene un público enfrentamiento con sus colegas José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, los tres integrantes de la junta directiva de la CSJ.

En dicha nota, Díaz pide reformar la Constitución para que los futuros magistrados sean escogidos a través de un mecanismo “científico”, con participación ciudadana y sin injerencia del Órgano Ejecutivo. Actualmente, los magistrados son propuestos por el Consejo de Gabinete y ratificados por la Asamblea Nacional.

Igualmente, que los elegidos sean mayores de 50 años de edad –la Constitución ahora exige 35 años o más- y otorgar mayor autonomía financiera a los órganos Judicial y Legislativo, y al Consejo de la Judicatura.

Sobre la conformación de la junta directiva de la CSJ, plantea que éste debe ser automático y rotativo entre los magistrados, por orden de llegada.  Ahora mismo, la elección la hacen los nueve magistrados, cada dos años. “Está comprobado que solo produce divisiones dentro del pleno”, indicó al respecto. También ha planteado que se reglamenten los viajes y viáticos de los funcionarios judiciales, luego de que La Prensa informara que entre 2012 y 2015, los magistrados realizaron 92 visitas al extranjero.

Díaz también habla de la fiscalización del patrimonio de los magistrados.

“Las declaraciones de bienes anuales no tienen eficacia, ya que quien haya obtenido fondos ilícitamente no los va a reflejar en una declaración de bienes”, acotó.

El año pasado, fue destituido y encarcelado el entonces magistrado Alejandro Moncada Luna, por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsificación de documentos públicos. Moncada Luna, en su declaración notariada de bienes, declaró como únicas posesiones una vieja camioneta Toyota y un reloj de oro marca Rolex.

Díaz propone que sea información pública el movimiento “de fondos familiares” y que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mantenga su base de datos actualizada, sin necesidad de contar con previa autorización judicial o administrativa. “Y al que no le guste este mecanismo, entonces que no sea magistrado”, remarcó.

'¿Cuál es la supuesta calumnia o injuria?'

28 ene 2016 – 10:55h

Harry Díaz se refirió a la denuncia que presentó en su contra la exviceministra de la Presidencia, María Fábrega, a nombre de su hermano, el magistrado Luis Ramón Fábrega, por la supuesta comisión de los delitos de calumnia e injuria.

La acción fue presentada el pasado 25 de enero en la secretaría general de la Asamblea. Con la exviceministra acudió el abogado Oswaldo Fernández quien informó que los hechos denunciados guardan relación con las aseveración que hizo Díaz a la vida personal del magistrado Fábrega, en una entrevista hace dos semanas en Telemetro Reporta.

En dicha entrevista, Díaz dijo que María Fábrega le pidió el voto para que hermano fuera electo vicepresidente de la CSJ. La misma solicitud se la hizo –según Díaz- el entonces presidente  de la República, Ricardo Martinelli.

“La licenciada María Fábrega se quejó de mi forma de expresar la verdad, sin embargo se refirió a mí con expresiones extremadamente vulgares en las redes y ahora interpuso una querella por calumnia e injuria contra mi persona, pero no especificó cuál es la supuesta calumnia o injuria”, indicó Díaz en su carta abierta.

Con la celebración de una audiencia de control, la Corte Suprema de Justicia reanuda hoy miércoles, 27 de enero de 2016, el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli  por  su supuesta vinculación al contrato de la comida deshidratada otorgado en 2010.

El magistrado fiscal Oydén Ortega solicitará este miércoles al juez de garantías, Jerónimo Mejía, una prórroga para culminar la investigación a Martinelli por la supuesta comisión del delito de peculado en el contrato para la comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El proceso está suspendido desde el pasado 2 de julio, cuando Ortega, en una audiencia de control, presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal, que concedía un plazo de dos meses para concluir la investigación seguida a los diputados.

Durante la audiencia, el juez de garantías ordenó la suspensión de todas las diligencias en este caso hasta que se resolviera el recurso. Además, antes de culminar, Mejía negó dos solicitudes presentadas por la defensa de Martinelli; una para que se ordenara al director del entonces PAN, ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, entregar documentación a la defensa. La otra era una queja por la publicación de un boletín de prensa de la Corte Suprema de Justicia que supuestamente daba detalles del proceso.

 

El 19 de diciembre pasado, la Corte declaró inconstitucional el artículo 491-A, pero el proceso no se reanudó por que se debió esperar a que el fallo fuera publicado en la Gaceta Oficial.

La vinculación de Martinelli con los contratos para la compra de comida deshidratada surgió el 15 de diciembre de 2014 en la indagatoria rendida por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, en la que aseguró que las órdenes para asignar los contratos las recibía del entonces Presidente.

En tanto, los abogados de Martinelli afirmaron que la Corte intenta usar los casos de Martinelli para lavar su imagen pública y no le ha importado violar la ley para satisfacer intereses políticos.

Cristóbal Arboleda, vocero de la defensa legal del exmandatario, planteó que, a pesar de ser una Corte claramente hostil, estará presente en la audiencia de hoy.

Alegó que la audiencia es una distracción para que los medios de comunicación desvíen su atención de la crisis en la máxima corporación de justicia.