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La Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, le siguió la pista a los movimientos de varias cuentas de Ricardo Ricky Calvo en el Banco Universal, desde la que se emitieron cheques a abogados, políticos y a la empresa Consorcio HPC Contratas-P&V, que en el gobierno pasado obtuvo el contrato por $193.7 millones para construir el Centro de Convenciones Atlapa en Amador.

Las transacciones aparecen registradas en la vista fiscal que envió la fiscal Zuleyka Moore al Órgano Judicial y en la que pide juicio para 33 personas, incluyendo a Calvo y al comerciante Felipe Pipo Virzi. Calvo está prófugo.

Se resaltan tres cheques al excandidato presidencial José Domingo Arias ($20 mil, 100 mil y $150 mil); uno de $10 mil al excandidato a la Alcaldía de Panamá José Luis Fábrega; otro por $10 mil al abogado Sidney Sittón; y dos pagos de $15 mil a su colega José María Castillo.

Arias no respondió las llamadas de este medio para consultarle sobre el caso;

Fábrega negó rotundamente haber recibido ese cheque; mientras que Sittón y Castillo dijeron que fueron por servicios profesionales.

EMITIDOS

“De manera consciente y voluntaria” Ricardo Ricky Calvo Latorraca cumplió con las instrucciones emanadas, prestando la cuenta Summer Venture para que allí “se depositara dinero producto de un ilícito”, y a la vez, “sirvió como emisor de los cheques de quienes se beneficiaron del delito de peculado y corrupción de servidores públicos”.

Así lo concluyó la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, al sustentar los cargos que formuló a Calvo por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en la investigación que siguió su despacho por el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, obra adjudicada en 2012 a la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H).

Calvo, otra de las figuras pertenecientes al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, recibió, según el Ministerio Público (MP), $5.2 millones de la empresa Hidalgo & Hidalgo a través de Summer Venture, en la que también tiene firma el comerciante y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi.

Pero, de acuerdo con la fiscal Moore, el ejecutivo de H&H Marco Albán Crespo reveló bajo juramento que emitió cheques a Calvo por $212 mil 500, $20 mil y $25 mil 500 a nombre de la Fundación Ricala.

PAGOS

A la Fiscalía también le llamó la atención la emisión de cheques desde una cuenta terminada en 5479 del Banco Universal.

La vista fiscal del caso detalla que desde esa cuenta se hicieron pagos a políticos, abogados e, incluso, a una empresa que obtuvo un millonario contrato con el pasado gobierno.

Por ejemplo, el excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático José Domingo Arias recibió tres cheques: uno por $150 mil (14 de abril de 2014); otro por $100 mil (14 de abril de 2014) y un tercero por $20 mil (9 de octubre de 2013).

Este medio llamó a Arias para que explicara a raíz de qué se hizo ese pago, pero no respondió a las llamadas.

Estas transferencias no tienen relación con otro cheque de $100 mil que emitió la empresa H&H al partido Cambio Democrático.

Otro político que recibió dinero de Calvo, según las pesquisas, fue el expresidente de la Asamblea Nacional y también miembro de CD Héctor Aparicio, a quien se le pagaron $35 mil el 29 de abril de 2014.

Consultado sobre el tema, Aparicio dijo no haber recibido esos fondos. “Ni por medio del Banco Universal ni por medio de Felipe Virzi ni por medio de Ricky Calvo. No tengo ningún vínculo con esa gente (…)”, recalcó.

También figura un pago al perredista excandidato a la alcaldía de Panamá José Luis Fábrega, a quien, de acuerdo con documentos de la Fiscalía Tercera, Calvo le dio $10 mil el 23 de abril de 2014. Cuando se le preguntó sobre el particular, Fábrega contestó: “Tengo mi propio banco y mi campaña la financié solo. Si conocen a alguien que quiera donar a mi campaña alcaldicia para 2019, con gusto acepto la donación, previa investigación de dónde vienen esos fondos”.

También se registran pagos por $20 mil al exministro de Desarrollo Agropecuario Óscar Osorio, a través de cuatro cheques de $5 mil. Estos se emitieron entre el 1 de enero de 2012 y el 10 de febrero de 2014.

Además, aparece una transacción a nombre de María Isabel Osorio, por $20 mil, efectuada el 29 de agosto de 2012. Osorio se encuentra detenido preventivamente por este caso.

Otro de los pagos que aparece en el documento de la fiscalía es uno de $10 mil al abogado Sidney Sittón. La transacción se gestionó el 14 de agosto de 2014. Sobre ello, Sittón manifestó que si Ricky Calvo le giró un cheque “tiene que ser por honorarios profesionales”.

Dijo que no representa a Calvo en el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, pero antes le ha atendido otros temas legales.

Asimismo, figura el nombre del abogado José María Castillo, quien según la Fiscalía Tercera recibió dos cheques de $15 mil cada uno. El primero lo recibió el 27 de octubre de 2014 y el segundo, el 18 de noviembre de ese mismo año.

Castillo dijo a este medio que fue abogado de Pipo Virzi y que el pago corresponde a sus honorarios para representarlo en el proceso que siguió la Asamblea Nacional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. “Son honorarios de abogados”, aseguró Castillo.

En su momento, Moncada Luna dijo que Virzi le prestó $750 mil dólares para adquirir apartamentos en San Francisco.

La empresa Consorcio HPC Contratas-P&V, a la que el gobierno pasado le adjudicó el contrato por $193.7 millones para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, recibió pagos de Calvo por $100 mil y $80 mil. Estos se efectuaron el 14 de agosto de 2014.

Como dignatarios de esa sociedad figuraban M.O.Q. y Claudio Poma Murialdo, ambos prófugos de la justicia, luego de que el Ministerio Público los investigara por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en las pesquisas relacionadas con las transacciones que hizo el exmagistrado Moncada Luna.

EL CASO ZAPATA

Leonel Zapata, miembro del grupo de amigos de Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli, también aparece en las páginas de la vista fiscal que la Fiscalía Tercera envió al Órgano Judicial por el proceso sobre el fallido proyecto de riego de Tonosí. A Zapata se le imputaron cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La fiscalía argumenta que se benefició del cheque del Banco Universal número 53223 por $110 mil 945. “Se aprecia que el señor Leonel Miguel Zapata García presentó el cheque 53223 con fecha del 11 de septiembre de 2012, en representación de la empresa Aberdeen Global Corp, para la adquisición de vehículos”, indicó la fiscal.

Explicó que Zapata realizó la transacción en representación de la empresa, y alegó también que en los documentos comerciales de la compañía se registraba la dirección de Zapata “como punto de contacto”.

El cheque de $20 mil que enreda a Julio Miller

16 feb 2016 – 00:05h

En la vista fiscal que la la Fiscalía Tercera Anticorrupción remitió al Juzgado Decimocuarto Penal se encuentran los detalles del hecho que vinculó al abogado y periodista Ovin Julio Miller con el escándalo surgido por el fallido proyecto de riego de Tonosí.

A Miller se le imputaron cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Todo se deriva de la indagatoria rendida por Vielka Rodríguez, empleada doméstica de Miller. Cuando la fiscal le preguntó por su vínculo con Hidalgo & Hidalgo (H&H), Rodríguez dijo que no tenía relación con la compañía. Entonces, le mostraron el cheque 0093 del 27 de octubre de 2012, por $20 mil, que H&H emitió a su nombre, y dijo que fue “un préstamo” que solicitó a su jefe para pagar los estudios de su hija Melisa Moreno en el Centro Tecnológico de Panamá. Narró, además, que su patrón le dijo que no contaba con efectivo, por lo que le propuso que le cambiara el cheque de $20 mil, producto de unas prestaciones laborales que le debían. Añadió que el préstamo fue por $10 mil y que fue utilizado para costear la mensualidad de $160, y $5 en pasajes diarios. Con los primeros $500 pagó la matrícula y luego [Miller] le entregó los $9 mil 500 restantes, los que depositó en una cuenta de la Caja de Ahorros.

Pero la fiscalía argumenta que se acreditó que Moreno inició estudios en mayo de 2012, “es decir, antes de la expedición del cheque”.

“Además, la carrera no fue cancelada de inmediato, sino en letras del año 2012 al 2014”. Moore subraya que Julio Miller utilizó el nombre de su colaboradora para garantizarse la entrega de fondos “como consecuencia de delitos contra la administración pública”.

Dice también que el abogado admitió que el cheque fue expedido por sus servicios profesionales ligados a las relaciones públicas de la empresa, y por menciones en programas de radio y televisión, “tal como lo establece el contrato suscrito entre Corporación de Medios Digitales, S.A., y H&H”. Aportó grabaciones de la publicidad, entre otros. Sin embargo, los testimonios de Francisco Iturralde, coordinador general de la obra, y Sebastián Peralta, ingeniero residente del proyecto, lo contradicen.

Estas personas indicaron que “no recuerdan dichas menciones y propagandas”, y que antes de salir al aire esas piezas tenían que contar con su aprobación. También se halló una conversación vía chat entre el abogado y Porfirio Ellis, excandidato a diputado de Cambio Democrático, en la que, según la fiscalía, se ponían de acuerdo para planear una estrategia sobre el caso. “¿En qué medida debían estos imputados ponerse de acuerdo respecto a lo que debían declarar ante la fiscalía si se trataba de una relación jurídica lícita?”, se pregunta la fiscal.

Las miradas de los sectores políticos y de la sociedad civil están enfocadas en los diputados de la Asamblea Nacional, quienes se aprestan a discutir el proyecto 292 de reformas al Código Electoral, iniciativa consensuada en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

En este escenario, las expectativas de los miembros de la CNRE y de las autoridades del Tribunal Electoral (TE) son grandes, sobre todo después de que en el pasado gobierno fue rechazada la propuesta para cambiar la ley electoral avalada por la comisión, pero se aprobaron reformas a la medida del entonces partido oficialista Cambio Democrático (CD).

Esta vez, el camino no se vislumbra fácil. Analistas de temas electorales consideran que el gran obstáculo para alcanzar un acuerdo será la reticencia de dirigentes de partidos políticos y de los diputados en aprobar cambios dirigidos a promover la transparencia y la equidad en los comicios;  

esto, a raíz de que el proyecto contempla temas que serían objeto de controversia y que a la postre suscitarían un amplio debate, en el que al final diputados y partidos tendrán la última palabra.

El financiamiento privado, el tope de gastos de campaña, la paridad, los debates presidenciales, la prohibición para que un candidato pueda aspirar a más de un puesto de elección popular y el retorno del voto plancha son algunos de los temas álgidos en esta discusión, cuyo período de consultas se inicia hoy, 16 de febrero.

EJE CENTRAL

Para el presidente del TE, Erasmo Pinilla, el eje central de la iniciativa será el uso del dinero en la política. “Esa es la caja negra de la política panameña y en este proyecto de ley se devela de manera clara y se establecen reglas del juego equitativas para que todo el mundo sepa cómo se financian partidos y políticos”, explicó.

Aunque Pinilla reconoce que la facultad exclusiva y privativa de aprobar las leyes es de los diputados de la Asamblea, aspira a que las modificaciones que se le introduzcan al proyecto sean para mejorarlo.

El financiamiento privado en la política es el que más inquieta a las autoridades electorales y a la ciudadanía. Para Pinilla, no hay duda de que en el proceso electoral pasado se tocó fondo en cuanto al excesivo gasto de dinero público y privado. “Los excesos cometidos en el período electoral pasado justifican que se reflexione y se tomen medidas pensando en el futuro del país y de la democracia”, agregó.

BUSCAR CONSENSOS

Es en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Pedro Miguel González, donde se discutirá el proyecto en primer debate.

González coincidió con Pinilla en que en la campaña electoral pasada se gastaron millonarias sumas de dinero sin ningún control. “Hubo un derroche absurdo, sobre todo de recursos del Estado y también de donantes del sector privado, que apostaron decenas de millones de dólares”, dijo.

Prometió que las reformas estarán encaminadas a fortalecer el concepto del financiamiento público y también apostó a que la propaganda electoral sea pagada exclusivamente a través del financiamiento público.

Sostuvo que, como se trata de un proyecto que contiene “profundos cambios” para los que se requiere el mayor consenso posible, lo mejor es que sea aprobado en esta legislatura, cuando faltan tres años para las próximas elecciones. De esta manera, dijo, “todos los panameños tendrán claro cuáles son las reglas del juego”.

A pesar de las dudas que puedan existir en cuanto al poco interés de los diputados en darle el visto bueno a muchas de estas reformas, Roberto Troncoso, representante del sector empresarial en la CNRE, confía en que al menos 85% del contenido de la propuesta sea aprobada. “En esta ocasión, pensamos que sí habrá avances en la legislación electoral”, puntualizó.

El tope de gastos y la transparencia

Gustavo A. Aparicio O. | 16 feb 2016 – 00:05h

El documento propuesto ante el Legislativo fija un tope al gasto con fondos privados en que puede incurrir cada candidato según el tipo de cargo al que aspira, a razón de 50 centésimos de dólar por elector en la jurisdicción en la que participa. También se imponen topes a los que una nómina de candidatos puede recibir de un solo donante. Para presidente de la República, el tope de gasto será del 1%, para diputado, 5%; y para alcalde, representante de corregimiento y concejal, 10%.

Según la iniciativa, quienes violen los topes de donación y gastos de campaña serán sancionados con multa equivalente al doble del monto excedido. Y además se contempla la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de cargo público, cargo directivo dentro de los partidos, y para ser postulado a cualquier cargo en la siguiente elección.

Mientras, los partidos políticos serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir el financiamiento público post electoral.

La propuesta indica que los candidatos están en la obligación de registrar todas las contribuciones privadas que reciban y los aportes propios para las campañas a través de cuentas en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros.

El proyecto también establece que la información sobre el origen de las contribuciones privadas que los candidatos recauden de terceros o aporten de sus propios recursos deberá ser presentada mensualmente al Tribunal Electoral (TE), mediante declaración jurada. El ciudadano que lo desee, podrá ver esta información en la página web de la entidad, indica la propuesta.

El TE, además, tendrá la facultad de auditar las cuentas bancarias en las que los candidatos reciban las contribuciones privadas, así como las que sean denunciadas, o sobre las que la institución tenga indicios de que han sido utilizadas para beneficiar o adversar la campaña de algún candidato.

Roberto Troncoso, representante del sector privado en la CNRE, manifestó que este tema generará mucho debate en la Asamblea, porque aún hay políticos que tienen un chip en la cabeza de que la gente no les va a colaborar porque van a saber quienes son sus donantes, “y los donantes que apuestan a toda la ruleta, no les interesa que sepan sus nombres”.

Millones de dólares destinados al proyecto Sistema de riego del valle de Tonosí, en Los Santos, fueron desviados a través de una red de testaferros y sociedades anónimas hasta llegar a las manos de Porfirio ‘Bolita' Ellis Bonilla, político de Cambio Democrático (CD).

Así lo plasma la vista fiscal de la Fiscalía Tercera Anticorrupción que pretende demostrar ante los tribunales que Ellis es culpable de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos.

La fiscal Zuleyka Moore apunta a que el político se benefició ‘económicamente' con cheques de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H & H) emitidos a nombre de una decena de personas, entre las que aparecen colaboradores, socios y conocidos de Ellis.

En 2012, la constructora ecuatoriana H & H se adjudicó el proyecto agrícola Sistema de riego del valle de Tonosí por un monto de $155 millones. La contratación de la empresa se produjo luego de una licitación considerada ‘privilegiada', conocida por pocos, entre ellos, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la Fiscalía Tercera Anticorrupción, la contratación de la empresa fue negociada antes de la licitación del proyecto, en noviembre de 2011. La funcionaria de instrucción presume que fue Ellis Bonilla quien gestionó y ejecutó la suscripción del contrato para H & H.

En las declaraciones sobre el caso del empresario y exvicepresidente Felipe Alejandro Virzi, la inquietud de ejecutar la obra era de Ellis Bonilla, quien además tenía a H & H para construirla porque estaba asesorando a la empresa en licitaciones.

Ellis invitó a Virzi al proyecto y éste, posteriormente, vendió la idea al entonces presidente Ricardo Martinelli, quien lo avaló considerando que representaba ‘mucha plata'.

‘El proyecto en investigación iba a ejecutarse dadas las conversaciones entre el exejecutivo presidencial -Ricardo Martinelli-, Porfirio Ellis Bonilla y Felipe Alejandro Virzi', señaló Marcos Albán, representante legal de H & H, en declaración plasmada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

LA VÍA DEL DELITO

Tras haberse adjudicado el proyecto, el Estado entregó un anticipo de $31 millones ‘para sentar las bases del proyecto'. Un áudito de la Contraloría General de la República determinó que $22 millones del anticipo fueron usados para fines no relacionados con el proyecto.

Los colaboradores, socios y conocidos de Ellis, también sindicados, reconocieron ante Moore haber recibido cheques de la empresa ecuatoriana por solicitud de Porfirio Ellis Bonilla que posteriormente fueron cambiados para entregarle ‘íntegramente' el efectivo al político. Según la fiscal, así se llevó a cabo parte de la trama para el blanqueo de capitales.

A juicio de la funcionaria de instrucción, la participación de Juan Moreno, Martín Lasso, Ramiro González, Ronald Richard, Raúl Serrano, Kildare Urriola, José Martín Gómez, Hernán Hernández, Julio Terrientes y Luis González fue determinante para consumar el delito de blanqueo de capitales. ‘Prestaron sus nombres y, consecuentemente, permitieron que el dinero producto de un ilícito llegara a las manos de Ellis Bonilla', se explica en la vista fiscal.

OTRAS ARGUCIAS

En la vista fiscal, a la que tuvo acceso este diario, indica que los montos girados por la constructora ecuatoriana a estas diez personas ascienden a $319 mil. Estos testaferros fueron beneficiados con cheques expedidos de cuentas del Citibank N.A. y Citibank Panamá -con terminación 0086 y 5038 – .

Las diligencias de inspección efectuadas por la fiscalía a la constructora no hallaron facturas, documentos o registros que justificaran los pagos.

La investigación también encontró sociedades anónimas por las que se desviaron los fondos de la empresa ecuatoriana.

Por ejemplo, un áudito de la Contraloría determinó que Agroenergía Internacional, S.A. recibió $14.4 millones, casi el 52% del adelanto que entregó el Estado a H & H. Sin embargo, esta sociedad anónima ‘no participó en la ejecución del proyecto', explicó la fiscalía.

Según la declaración de Albán, la sociedad recibió dinero por ‘órdenes emanadas' supuestamente de Ellis.

Agroenergía Internacional S.A. recibió tres cheques por idéntico monto ($25,422.93 cada uno) que suman un poco más de $75 mil. Todos fueron emitidos el mismo día 18 de agosto de 2012, y cambiados en efectivo.

Juan Moreno es el representante legal de la empresa y era empleado de Ellis.

Agroenergía Internacional, S.A., emitió, según la fiscal, varios cheques. Uno de ellos por $180 mil para la sociedad Estilo 747, S.A., de donde se pagaron los honorarios de Luis Vargas, quien suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales en representación de Felipe Virzi por la obtención del proyecto de riego.

Otra sociedad con la que se vincula a Ellis es LGC Group, S.A. que recibió $30 mil de H & H. En esta sociedad aparece como director Luis González Carrasco, socio de Ellis.

LLAMADO A JUICIO

A juicio de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, los cheques cambiados en efectivo constituían el vehículo para que Ellis recibiera valores como consecuencia del delito de peculado y corrupción de servidores públicos.

La fiscal Moore considera que no existe justificación para que entes jurídicos que mantienen relaciones comerciales conforme a la ley emitan cheques a nombre de terceras personas no relacionadas. ‘La lógica y el sentido común nos lleva a concluir que el único escenario en el que ello tendría lugar es porque se conocía que la procedencia de estos pagos era la ilegalidad', concluye.

Ellis Bonilla fue detenido en julio del año pasado, cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen con destino a Nicaragua.

Ellis Bonilla, no obstante, niega los cargos que le imputa la fiscal. Negó también haber recibido un cheque de $319 mil que se giró a su favor de la cuenta de Sumer Venture, donde son firmantes Ricardo Calvo, Magdalena Latorraca y Felipe Virzi, éste último recibió $5.2 millones del anticipo que otorgó el Estado a H & H.

Junto al político del CD, 32 personas se encuentran sindicadas y pendientes de llamamiento a juicio.

La comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados coordinará fechas con sus miembros, a fin de que el próximo miércoles se puedan hilvanar temas como querellas o denuncias que existen en la comisión y ver ratificaciones que han llegado del Ejecutivo, dijo el presidente de esta  delegación, Jorge Iván Arrocha.

Arrocha manifestó que en este mes se estará resolviendo el expediente del magistrado José Ayú Prado, a través que la diputada Zulay Rodríguez entregue el informe definitivo o proceda a declararse que no verá estos expedientes.

La comisión está buscando una fecha específica, a pesar que la diputada Rodríguez no ha entregado un informe, para hacer un proyecto, ya sea de abrir una causa de investigación o archivar expedientes que tienen que ver con el magistrado Prado y denuncias contra los magistrados Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Hernán De León entre otros, comentó Arrocha.

El diputado Jorge Iván Arrocha, quien preside la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, convocoará a los diputados que integran esta comisión para el próximo miércoles, sin embargo, en esta reunión no se tocará el tema de las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como han solicitado grupos de la sociedad civil organizada.

La convocatoria será para que la diputada Zulay Rodríoguez sustente su solicitud de acumulación de las denuncias en contra del magistrado Ayú Prado, quien ayer no fue designado como embajador de Buena Voluntad por la Organización de los Estados Americanos (OE), como había sido anunciado.

No obstante, Ayú Prado sí participó en los actos oficiados por la OEA para conferir esa distinción a otros funcionarios de gobiernos de América Latina.

Las denuncias presentadas contra los magistrados de la directiva de la Corte Suprema de Justicia no estarán en la agenda de la reunión de la Comisión de Credenciales de este miércoles, como tampoco el análisis del informe presentado por la diputada Rodríguez, en el que pide juicio para el magistrado Ayú Prado.

‘Por el momento, nuestra intención es verificar que los diputados hayan leído los expedientes e intercambiar puntos de vista al respeto', dijo el diputado Arrocha.

El panameñista aseguró que el miércoles contarán con los medios tecnológicos necesarios para que la diputada Rodríguez sustente su solicitud. Ese día, recalcó, los diputados podrán decidir si es conveniente o no entregarle a la diputada Rodríguez las nuevas denuncias.

Rodríguez, por su parte, se quejó de que Arrocha eliminara el sistema de reparto de los expedientes que había instalado Luis Barría cuando presidía la Comisión de Credenciales. Antes, explicó, el reparto se hacía por número pero ahora la decisión la toma Arrocha.

El pasado miércoles 27 de enero, Rodríguez pidió juicio para el magistrado Ayú Prado tras analizar una denuncia que presentó Mariano Mena relacionada con la destrucción de documentos públicos.

Ese mismo día, la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentó una denuncia contra los magistrados Ayú Prado, Hernán De León y Ramón Arosemena por posible peculado vinculado en viajes al exterior.

La Secretaría General de la Asamblea remitió ese mismo día la denuncia a la Comisión de Credenciales.

Hasta la fecha, el diputado Arrocha no ha convocado a los diputados de la comisión para analizar el informe de Rodríguez, como tampoco las nuevas denuncias.

En la Asamblea Nacional reposan 19 denuncias en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría en contra de Ayú Prado.

La sociedad civil organizada exige la renuncia de los magistrados y pide al diputado Arrocha agilizar los procesos.

El abogado Hernán Bonilla, por su parte, no solo pide que se agilicen las denuncias presentadas, sino que se reactiven las denuncias archivadas.

En una carta enviada al diputado Arrocha, el pasado 2 de febrero, Bonilla consideró que el artículo 160 de la Constitución no exige al denunciante presentar prueba adelantadas, porque es a la Asamblea Nacional a la que corresponde recabarlas.