En la primera sesión de consultas al proyecto de ley que reforma el Código Electoral hubo cuestionamientos por el excesivo control que ejercerá el Tribunal Electoral (TE) a la propaganda política y a los medios de comunicación social, durante campaña.
Los representantes de los principales medios de comunicación del país presentaron sus recomendaciones a la Asamblea Nacional para modificar los artículos que consideran ‘conflictivos'.
En bloque, el Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá, la estación de radio Omega Stereo, Televisora Nacional, Corporación Medcom y Corporación La Prensa recomendaron cambios a seis artículos del proyecto de ley del Tribunal Electoral.
ARTÍCULOS CUESTIONADOS
Aunque destacaron la labor de la Comisión de Reformas, que ha trabajado durante un año antes de presentar su propuesta, los representantes de los medios de comunicación que acudieron a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional a presentar sus recomendaciones cuestionaron la información que se requiere de las empresas dispuestas a publicar propaganda política durante la campaña electoral.
‘Estamos ante una propuesta que requiere la atención de la ciudadanía y modificar normas que otorgan poderes al Tribunal Electoral que no le corresponden', EDUARDO QUIRÓSGESE
Los datos que se solicitan, según el artículo 198-I, son de naturaleza ‘confidencial', recalcaron los empresarios.
Además, la información solicitada está en poder de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y del Ministerio de Economía y Finanzas, recalcaron.
La propuesta de los medios modifica, asimismo, la medición de audiencia, que en el proyecto de ley exige un índice o control objetivo que no existe en Panamá. Esta condición, dicen los empresarios, atenta con el espíritu mismo de la distribución equitativa.
Las mediciones de audiencia de televisión que se conocen hasta ahora son realizadas por una empresa privada contratada y no para todas las televisoras. En el caso de las radioemisoras, las mismas empresas, no todas, realizan estudios semestrales y anuales.
Como agravante, explicaron los medios en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Pedro Miguel González, no existen índices de audiencia para periódicos ni para Internet, por lo que no habría igualdad de condiciones a la hora de repartir la publicidad según las audiencias, como sugiere el proyecto.
De no corregirse, sostienen, se podría poner bajo la responsabilidad del Tribunal Electoral la aprobación de planes de medios que no estén basados en datos confiables y comprobables.
Por otro lado, facultar al Tribunal Electoral para autorizar en cuáles medios, en qué cantidad y en qué momentos circula la propaganda electoral podría constituirse en una forma de restringir el libre flujo de opiniones y de información. ‘La censura previa está proscrita por la Constitución y convenios internacionales', señalaron.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La norma presentada propone que cada partido político tendrá la libre determinación sobre el contenido de cada pauta, pero después dice que el TE aprueba el plan de medios.
‘La intención es que en la ley quede todo claro y que no se deje a especulaciones nada de lo que luego pasaría a una reglamentación', JORGE TZORTZATOSMEDCOM
Esta redacción, advierten los directivos de medios de comunicación, plantea una contradicción, pues al rechazar o no aprobar un plan de medios se está limitando la posibilidad de que los partidos y candidatos divulguen al público sus mensajes.
Si el Tribunal Electoral siguen diciendo decide rechazar un plan de medios para considerar que el mismo no está balanceado con respecto a cierta circunscripción electoral o bajo un criterio de equitativa distribución con respecto a la diversidad de medios de comunicación social, al mismo tiempo podría estar restringiendo la libertad de expresión y de opinión de los candidatos.
‘Someter la aprobación del plan de medios, de manera exclusiva al Tribunal Electoral, es colocar en riesgo la libertad de expresión e información, así como la libertad de opinión', aseveran los medios en la carta entregada al diputado presidente a la Comisión y al presidente de la Asamblea, Rubén De León.
Se está proponiendo que del monto que cada partido tendrá disponible para propaganda electoral, sea la junta directiva del colectivo la que decida el plan de medios, de acuerdo con la estrategia política de cada grupo político.
PAUTA
Entre las preocupaciones de los medios también está la autorización escrita y notariada que se debe tener para presentar una pauta. Proponen que sea una obligación de los medios no publicar propaganda que no tenga las autorizaciones, mas no ser el responsable de obtenerlas.
Los directivos de medios comparten la idea de prohibir toda clase de propaganda indebida, pero consideran que por querer abarcar todas las posibilidades de campaña sucia y no dejar espacio para ninguna posible irregularidad, se ha redactado una definición que ‘raya en lo vago' y sostienen que la calumnia e injuria solamente puede ser calificada y determinada por un tribunal competente, mediante una sentencia.
Sin una postura más clara, la propuesta deja a los medios la calificación de campaña sucia, y la prerrogativa de su divulgación, señaló Ricardo Lombana, vocero del grupo. El artículo 204-A plantea multas diarias de diez veces el valor comercial de la respectiva propaganda. Los medios advierten que esa sanción supera, con creces, las multas previstas para otros actores por la comisión de la misma infracción, lo cual resulta un trato desigual.
La propuesta de los medios es que en ningún momento la multa sea mayor a cinco veces el valor comercial de la propaganda respectiva.
Mañana jueves continúa el periodo de consultas al proyecto.
