Piden que se revoque contrato de los radares

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Un día después de que el presidente Juan Carlos Varela denunciara que los radares adquiridos por el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli no captan las lanchas rápidas con las que el narcotráfico transporta drogas, sectores de la sociedad piden que se revoque el contrato a la compañía italiana que vendió los equipos.

Ebrahim Asvat, exdirector de la Policía Nacional, opinó que el Gobierno debe revisar los contratos y rescindirlos, o exigirle a la empresa que cambie el equipo por uno que sea funcional.

“Debe suspender el pago hasta que la empresa le garantice la efectividad del equipo que le ha vendido”, sugirió. Según el jurista, es sospechoso que ahora los radares no sean aptos. “No entiendo cuáles fueron las calificaciones técnicas de quien hizo la evaluación para decir que esos eran los radares que Panamá necesitaba”, se preguntó.

Mientras, el exviceministro de Seguridad Severino Mejía consideró que el proyecto de los radares es positivo, pero opinó que era mejor comprar la tecnología a Estados Unidos. Mejía propuso al Gobierno que regrese los equipos o revoque el contrato. “[Los radares] ya están obsoletos (…) después del proceso de instalación, el exministro [José Raúl Mulino] está hablando de calibración. Eso puede ser cierto, pero aquí el problema ya no es de calibración, sino de sobrecosto”, señaló.

GARUZ COORDINÓ EL PROYECTO: MULINO

Mulino, quien alega que el problema tiene que ver con falta de calibración del equipo, aseguró que el proyecto de los radares fue coordinado por el exviceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, por instrucciones del entonces presidente Ricardo Martinelli.

Sobre el contrato, Mulino dijo que este se firmó bajo la modalidad “llave en mano”, lo cual implica que se pagará si se cumple con la instalación y el procedimiento exigido.

Garuz, por su parte, no contestó mensajes dejados en su celular por este medio.

Además de los 19 radares adquiridos por $125 millones a Selex –filial de Finmeccanica–, Panamá adquirió seis helicópteros y un mapa digital, todo ello por $250 millones.

Las compras directas a Finmeccanica desataron un escándalo internacional que tiene a la justicia italiana investigando posibles sobornos. Martinelli es uno de los protagonistas.

Avanzan beca universal y proyecto ‘120 a los 65’

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Los proyectos de ley que refuerzan la beca universal y el que establece el beneficio ´120 a los 65´, presentados por el Ejecutivo y que forman parte de las promesas de campaña del mandatario Juan Carlos Varela, avanzaron ayer en la Asamblea.

El pleno legislativo inició la discusión del segundo debate del proyecto que refuerza la beca universal y crea un sistema nacional de becas basado en el mérito y la excelencia académica. Los diputados se declararon en sesión permanente hasta aprobar el texto, cuyo debate seguirá hoy.

En tanto, la Comisión Legislativa de Gobierno dio el primer debate al proyecto de ley 7, que elimina la asignación de escoltas pagados por el Estado a las exprimeras damas de la República y a los hijos de los expresidentes. Este proyecto modifica la Ley No. 11 del 23 de junio de 2014, aprobada en el ocaso del gobierno de Ricardo Martinelli.

El proyecto fue aprobado unánimemente por los diputados de la comisión y busca que la ley vuelva a su disposición original, en la que se establecía solo escoltas pagados por el Estado de forma vitalacia para los expresidentes del país.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez propuso que el beneficio de los escoltas se asigne por un período de 10 años a los exmandatarios. Su propuesta será llevada al pleno cuando el proyecto sea discutido en segundo debate.

Por otro lado, la Comisión de Trabajo de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto del Ejecutivo que establece el beneficio de los ´120 a los 65´ para las personas que no gocen de una jubilación por parte de la Caja de Seguro Social.

Mientras tanto, la Comisión de Credenciales ratificó a Mariana Núñez como directora del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y a Pacífico Leonardo Alvarado Solís como director general del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV). A su vez, como subdirectores generales de esa corporación estatal fueron ratificados Jorge Concepción y Rafael Montes.

 

Rechazan demanda por horario de bares

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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó una demanda contencioso administrativa a la Asociación de Bares, Discotecas y Clubes Nocturnos de Panamá, que buscaba que se anulara el decreto 1424 emitido el 9 de noviembre de 2011 por el Ministerio de Seguridad sobre el horario de los locales nocturnos de expendio de bebidas alcohólicas.

El fallo fue dictado el 27 de junio, y tuvo como ponente al magistrado Alejandro Moncada Luna.

En sus argumentos, Moncada Luna estimó que no hubo usurpación de funciones del Ministerio de Seguridad, puesto que la actuación emana del Órgano Ejecutivo al dar órdenes a los gobernadores del país para regular los horarios de los locales.

Moncada Luna concluyó que no es ilegal el Decreto Ejecutivo No. 1424 del 9 de noviembre de 2011.

El fallo fue firmado, además, por el magistrado suplente Efrén Tello.

Mientras que el magistrado Víctor Benavides emitió un voto razonado, al considerar que el Ministerio de Seguridad no era competente para emitir el decreto.

Benavides explicó que las alcaldías y juntas comunales son las encargadas de regular lo referente a horarios y venta de licor.

El decreto ordena el cierre de los locales a las 3:00 a.m. los fines de semana y a las 2:00 a.m. los días hábiles.

Gobierno abre plazo para aplicar a licitación de la Línea 2 del Metro

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A más tardar, el 15 de septiembre se subirán los pliegos de licitaciones de la Línea 2 del Metro de Panamá, para los consorcios que estén interesados en construir esta obra, que inicialmente llegará hasta Nuevo Tocumen (Pacora). El anuncio lo hizo el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en el Consejo de Gabinete realizado en la escuela Ricardo J. Alfaro de Tocumen.

Antes de que se hiciera el anuncio, el ministro de Asuntos del Canal y secretario ejecutivo del Metro de Panamá, Roberto Roy, firmó en representación del Gobierno el contrato para la supervisión de los diseños y obras, coordinación de interfaces y asistencia técnica para el proyecto de la Línea 2 del Metro.

La firma de este contrato se realizó entre la Secretaría del Metro y el consorcio PML2, conformado por las empresas Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A., The Louis Berger Group, Inc. y Transporte Metropolitano de Barcelona, S.A.

“Hoy es un día importante porque damos inicio al proceso de lo que será la Línea 2 del Metro, un proyecto muy anhelado por los residentes del área este de la capital”, resaltó Roy.

La Línea 2 del Metro, que ofrecerá servicio a una población superior a 500,000 habitantes del sector este de la ciudad de Panamá, se integrará a la Red Maestra del Metro de Panamá por medio de una conexión directa con la estación de San Miguelito de la Línea 1 del Metro y se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana, pasando por la barriada 24 de Diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2.

Roy informó que se espera que para los primeros meses de 2015 se esté entregando la orden de proceder.

El ministro adelantó que esta nueva línea ferroviaria tendrá capacidad inicial para transportar a 15,000 pasajeros por hora en cada dirección y más de 30,000 pasajeros a futuro. Contará con una longitud de 21 kilómetros de vía y hasta 16 estaciones de pasajeros.

Señalan a exdirectivos de Financial Pacific por anomalías

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Una empleada de la Subdirección de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) responsabilizó a los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés por supuestos malos manejos administrativos cometidos en esa empresa, que provocaron pérdidas por unos 12 millones de dólares en 2012.

La funcionaria, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad, hizo la acusación al rendir declaración jurada ayer ante la Fiscalía Decimotercera de Circuito, que investiga el caso por denuncia de los propios exdirectivos.

Basada en las conclusiones de las inspecciones practicadas en la casa de valores, la funcionaria detalló que las anomalías fueron cometidas por ejecutivos con licencia expedida por la SMV, entre ellos Clare y Valdés, que niegan los señalamientos.

En las inspecciones se descubrió, entre otras anomalías, que la cuenta usada para el pago a los empleados estaba dentro de la sección de cuentas por cobrar.

Empiezan auditorías de juntas comunales

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La contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, remitió una nota a la procuradora, Ana Belfon, en la que le informa que ha girado instrucciones para realizar, con prioridad notoria, auditorías sobre fondos, bienes, valores u otros fondos públicos otorgados a las juntas comunales, municipios, y alcaldías durante los períodos 2004-2009 y 2009-2014, aunque advierte que tiene limitación de auditores.

Una fuente judicial reveló que la respuesta de Torres de Bianchini, remitida a Belfon el pasado 20 de junio, se produce luego que la jefa del Ministerio Público le solicitara verificar la asignación de gastos hecha a las juntas comunales, tras publicaciones en el diario La Prensa de una serie de reportajes en los que se denuncia la transferencia de grandes sumas de dinero poco antes del torneo electoral del pasado 4 de mayo.

En su respuesta, Torres de Bianchini plantea que las auditorías se harán tomando en cuenta la limitación de auditores que tiene esa institución. Y que se realizarán atendiendo a las normas jurídicas respectivas, así como a las normas gubernamentales para la república de Panamá, a fin de determinar la corrección o incorrección que afecte al patrimonio para el período 2004 al 2014.

El pasado 16 de junio la procuradora, Ana Belfon, remitió a la Contralora la nota DPGN 203-2014, en la que le solicita empezar una auditoría a los fondos asignados a las juntas comunales, municipios y alcaldías para los períodos 2004 a 2014.

La investigación de oficio, comenzada por el Ministerio Público, se encuentra en el despacho del fiscal cuarto anticorrupción, William Parodi. Entre 2013 y 2014 se transfirieron $76 millones en concepto de partidas a 113 juntas comunales y 20 municipios para uso de los diputados, revelan documentos del Ministerio de Economía y Finanzas.