¿Presidente Varela, hechura de Martinelli?

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El 22 de enero de 2009, cara a cara, se formalizó la alianza política Martinelli-Varela, en la residencia de la embajadora Bárbara Stevenson de EE.UU. en Panamá. Varela fue electo vicepresidente de la República junto a Ricardo Martinelli, presidente (2009-2014). Desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de agosto de 2011, fungió como ministro de Relaciones Exteriores, fecha en que fue destituido por el presidente Martinelli a través de su cuenta de Twitter, lo que, a su vez, motivó el rompimiento de la Alianza política formada por Martinelli y Varela.

Después de una animada escenificación de intrigas y de matraqueos politiqueros, en las elecciones nacionales del 4 de mayo de 2014, Juan Carlos Varela, candidato a la Presidencia por el Partido Panameñista y el Partido Popular, resulta triunfador y juramentado después como presidente de la República para el periodo 2014-2019. Su mentalidad y sus hábitos de Gobierno los forjó en la fragua de ‘Entran limpios y salen millonarios’, nombre con que a sí misma se había bautizado la ‘causa’ martinellista. Ni por su formación política ni por las condiciones ambientales que determinaron su ascenso al poder, Varela era el gobernante capaz de darle a la República el vuelco histórico que estaba reclamando.

En otros escritos hemos señalado las condiciones subjetivas de Juan Carlos Varela, su mayor o menor inclinación personal a las fórmulas transaccionales de Gobierno, es materia donde el psicólogo puede recrearse, pero no quien trate de hallarle una explicación racional al proceso histórico. Lo cierto es que el gobernante al cual le correspondió la conducción del país en una agitada y convulsionada etapa de transición, llegaba al poder sin siquiera un plan de Gobierno, y sin que un movimiento revolucionario hubiera quebrantado la armazón del Estado autocrático.

Terminado el periodo presidencial de Martinelli, el pueblo, desesperanzado, no fue más allá de esperar el supuesto estilo de gobernar del nuevo inquilino del Palacio de las Garzas; y de hacerse engañar por las muchas promesas de la campaña política. Juan Carlos Varela orientó sus primeros pasos en el Gobierno hacia la continuación del viejo orden de cosas.

El nuevo presidente, en sus intervenciones ocasionales por doquier, dentro de los cuarteles de la Fuerza Pública, hizo profesión de fe en la Policía Nacional y en los estamentos de Seguridad Nacional, defraudando las expectativas de un pueblo civilista por vocación democrática. Ha sido en extremo lento, a la hora de adquirir compromisos con la opinión pública y en los puestos claves del Estado ha mantenido, con algunas excepciones, a los mismos elencos que habían dado vuelta a la noria del mando —que no del Gobierno— durante los cinco años precedentes.

Varela pronto puso en práctica los malos hábitos de la autocracia aprendidos durante los 26 meses que estuvo sometido al estilo de Gobierno de su jefe (Martinelli). Interpretado sin mayor esfuerzo de exégesis significa que la etapa post-Martinelli nació de un acto de imposición autocrática. Empero, la despreocupada creencia de que el cambio de decorado del estilo autocrático se realizaría con familiares y amigos personales incapaces, con la regularidad con que en las viejas monarquías el delfín sucedía al rey muerto, se desvaneció rápidamente.

El ansia colectiva de una auténtica vida democrática y la realización de la mayor justa consigna de ‘liquidar al martinellismo’ no encontraron cauce en los partidos políticos democráticos ni en los sindicatos obreros ni en las organizaciones magisteriales, que de inmediato comenzaron a sumarse directa o indirectamente al estilo del nuevo mandón. De esta forma se malogró la esperanza de reforma institucional, sobre todo en aplicar ‘justicia igual para todos’, mejorar la educación y la salud de la población, además de un cambio estructural en la economía y el fisco nacionales.

Después de 2 y ½ años (2014/16) de desgobierno, el pueblo consciente de la realidad del régimen mando personal de Juan Carlos Varela, su hipocresía, egoísmo, lentitud, falta de carácter para ejercer con gravedad su alto cargo, se encuentra más desorientado e indefenso que antes. ¡El triste, penoso legado del régimen Varela al pueblo y a la historia nacional está a la vista de todos!

 

Paulino Romero C.

¿Gritaremos a tiempo?

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‘No hay hombre ni partido que en la balanza de la justicia eterna valga o pese lo que valen y pesan el hombre, el honor y la nación misma’, Eusebio A. Morales, 1916.

El pensamiento que encabeza este escrito se lo debo al profesor Jaime Turner, pero el chiste que resumo y que va a continuación es un aporte del Dr. Leopoldo Santamaría:

Están los pasajeros esperando el vuelo de salida cuando llega el copiloto con anteojos oscuros y un bastón blanco, tanteando el camino. Una azafata les aclara que, si bien es ciego, es el mejor copiloto de la aerolínea. Al rato, llega el piloto, igualmente con anteojos oscuros y bastón blanco, asistido por dos azafatas. La encargada de la sala tranquiliza a los pasajeros y les explica que, aunque también es ciego, es el mejor piloto que tiene la empresa y que ambos, piloto y copiloto, son la mejor dupla de la compañía.

Ya a bordo, el avión empieza a carretear, tomando cada vez más velocidad, con los pasajeros aterrorizados porque no despega. Sigue avanzando y casi se acaba la pista cuando, en súbita explosión de histeria general, los pasajeros comienzan a gritar como endemoniados. Entonces, el avión despega y toma altura. En ese momento, el piloto le dice al copiloto: ‘El día que los pasajeros no griten, ¡nos hacemos mierda!’.

‘Así está nuestro país dice el galeno queriendo ser gobernado por ciegos o que no quieren ver la realidad, a la espera de que el pueblo grite para levantar vuelo. ¡Yo creo que como no gritamos nos están haciendo mierda!’.

En 1947, gritamos: los EE.UU. evacuaron los 136 sitios de defensa, pero los volvieron a armar en 14 bases dentro de la Zona y dejamos de gritar. En 1955, asesinaron al presidente Remón y nos arrancaron exenciones de impuestos que superaban las ventajas comerciales del Tratado, y tampoco gritamos. El 9 de Enero nos mataron a 23 e hirieron a 500 y, por no gritar más fuerte, nunca pidieron perdón ni nos indemnizaron.

En 1974 logramos la Declaración Tack-Kissinger sin gritar; pero en 1978, se le introdujeron ilegalmente enmiendas, reservas, entendimientos y condiciones a los Tratados, y no gritamos porque muchos se resignaron ‘bajo el paraguas del Pentágono’.

En 1981, asesinaron al general Omar Torrijos y no gritamos, a sabiendas de que lo eliminaron por su cercanía con Cuba, Nicaragua y el FMLN de El Salvador, además de sus pláticas con Japón. Con su muerte, sus herederos comprendieron que se achicaba la libertad, pero ni Martín Torrijos ni el PRD se interesaron en presionar por una investigación seria.

En 1985-1986, le exigieron a Manuel Antonio Noriega cortar con Cuba, atacar a Nicaragua, permitir el entrenamiento de la Contra, cesar negociaciones con Japón y desarticular la iniciativa de Paz de Contadora. Al negarse, EE.UU. desestabilizó a nuestra Patria e invadió el 20 de Diciembre, con 4000-7000 panameños muertos. Y no gritamos porque los invasores lanzaron operaciones psicológicas de largo alcance ¡para tapar tanta infamia!

Gritaron vivas los que arrojaron flores a los invasores, quienes nos impusieron una administración neocolonial, algunos de cuyos funcionarios tenían en EE.UU. expedientes por narcotráfico, lavado de dinero y financiar el terrorismo.

De 2002 en adelante, los invasores impusieron, haciéndonos violar nuestra Constitución, múltiples canjes de notas sin aprobación legislativa, según las cuales las fuerzas armadas norteamericanas ejercen jurisdicción, entran y salen libremente del territorio nacional y realizan maniobras por tierra, mar y aire (Tratado Salas-Becker). El pueblo no gritó porque esos acuerdos eran y son secretos y porque los invasores avalan a cada uno de los partidos políticos que llegaron al poder desde 1990.

En abril de 2016, EE.UU. (a través John Doe, de la CIA) sustrajo 12 millones de documentos de Mossack-Fonseca y se los entregó al Zuddeutsche Zeitung y a periodistas investigativos para bautizarlos ‘Panama Papers’ en una conspiración para destruir a nuestro país. Y desde mayo, EE.UU. nos condena a la opresión colonial y a perder nuestra memoria e identidad histórica al negarles la existencia a los diarios del Grupo Editorial El Siglo – La Estrella de Panamá , GESE .

Ya que nuestros pilotos y copilotos, además de ciegos, son sordos y cretinos, me pregunto si gritaremos a tiempo para que este avión de la Patria alce vuelo y no se estrelle con todos nosotros dentro, luego de tragarse toda la pista: antes de que nos llegue el fin de la Historia ¡y nos hagan mierda!

Julio Yao Villalaz

Justo y necesario el aumento del pasaje

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Desde que entró en funcionamiento el Metro de Panamá, mejorando sustancialmente la calidad de vida de cientos de miles de usuarios, tanto nacionales como extranjeros, todos fuimos conscientes de que la tarifa impuesta en ese momento, por el Gobierno anterior, era demasiado baja, tomando en cuenta los pagos para el financiamiento de la obra, los costos de luz, seguridad, mantenimiento, cobertura de seguros y otros muchos extras, sin contar con el pago de la planilla compuesta casi al 100 % por panameños.

Panamá entero está consciente de que el Gobierno anterior, buscando la manera de ganar votos a favor de su candidato a la Presidencia, valoró más el beneficio político que el cubrir los costos mínimos que requiere una obra de esa envergadura. Y fue la primera vez que, al unísono, todos dijimos que era un exabrupto el costo de 0.35 centavos que se le asignó al servicio en ese momento, e inclusive exigíamos, los más responsables, que era necesario un ajuste en el pago por el servicio del Metro.

Recuerdo, como si fuera hoy, que escuché a usuarios mencionar cifras entre 1.75, 1.50., 1.25 y hasta un dólar, como tarifa por el servicio. Siendo conscientes, valoramos la magna obra, que nos genera un ahorro sustancial de tiempo y dinero, si no se hubiera construido. El Metro, llevó a Panamá a ser una de las ciudades más modernas de América Latina. Y eso, no se le puede regatear al Gobierno pasado, pese a todos los excesos que cometió en su administración. Ahora, casi tres años después de inaugurado el servicio, hay necesidad de adecuar el costo que pagamos, por diversas razones.

La pretendida unificación de un solo costo, del Metro con el Metrobús con las rutas internas, de manera que el pasajero reciba por un solo pago, movilización desde la salida de su hogar, hasta llegar a su destino y viceversa. Eso era un plan que inicialmente se trató de aplicar, pero que por razones desconocidas, jamás se cristalizó. Ahora, tomando en cuentas los costosos estudios y las necesidades de la población, se ha mejorado ese plan inicial y se espera aplicarlo en los primeros meses del año que está próximo a llegar.

Otra de las necesidades para unificar la tarifa, en la busca de recuperar costos operativos y de financiamiento, es que se construyan ramales de la Línea 1 y se trabaje con un 27 % de avance en la construcción de la Línea 2 y se analice el trazado y ejecución de la Línea 3, que llevará respuesta a los cientos de usuarios del sector Oeste. Todo eso es costo que deben ser cubiertos con la eficiente prestación de un servicio, que hasta ahora es bien llevado por la Secretaria Nacional del Metro.

La modernidad, conlleva asumir costos y esos costos, sacrificios económicos en todos los aspectos de la vida. Por ello, extraña que a estas alturas existan personas que se opongan a los ajustes tarifarios que han estado considerados por el propio pueblo, desde el día 1. Podría ser el afán de ganar publicidad mediática de varios, que tienen aspiraciones políticas en el 2019. O el sentido de oposición a todo, de otros personajes de nuestra fauna política.

Lo cierto es que el ciudadano de a pie, ese que debe soportar todos los días los excesos que aplican en el pasaje, esos que nos han llenado de luto y dolor por el manejo irresponsable por las rutas que cubren, denominados ‘transporte alternativo’, esos conductores que parecieran poseídos por el demonio, cuando están detrás de un timón, han llenado las primeras planas de los diarios nacionales, con escenas dantescas, cada vez que cercenan vidas de gente trabajadora, que los utiliza por la no adecuación de las rutas que cubre el sistema de Metrobús, ese ciudadano, se siente complacido que con la estabilización de una sola tarifa, este nefasto método de movilización vaya desapareciendo.

Tengo confianza en que la consulta ciudadana que pretende hacer la Secretaría del Metro reciba un aval absoluto para que establezca una tarifa cónsona, oportuna y realista que no afecte más el tan golpeado bolsillo de Pablo Pueblo.

Ernesto A. Quijada Díaz

 

Mediación y justicia restaurativa

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La conducta del hombre, como sabemos, ha sido objeto de estudio desde tiempos remotos. Siempre ha preocupado por las controversias o conflictos que surgen en la sociedad, que pueden ser ocasionados por diversos factores. La víctima de estos casos, tradicionalmente, es olvidada por el derecho penal. Según Alexandre Lacassagne, médico y criminólogo francés, “Las sociedades tienen los criminales que se merecen y el medio social es el caldo de cultivo de la criminalidad, mientras que el microbio es el criminal”. El papel del criminólogo es el de conocer el delito, a la víctima, al delincuente y el control social formal e informal del hecho, mediante el estudio del crimen y los criminales, buscando las interrelación de personas, grupos y la sociedad en la que viven. La mediación, la conciliación y la negociación son procedimientos que contribuyen a una justicia restaurativa o reparadora del daño, y que el castigo sea sustituido por la aceptación de la responsabilidad de los hechos conflictivos y la búsqueda de métodos para su mejor solución. El criminólogo que estamos formando, como mediador social y comunitario interdisciplinario, estará versado en la victimología, el estudio y tratamiento del delincuente, la mediación penal, penitenciaria, familiar, comunitaria y escolar, de manera que incorpore esos saberes a sus funciones profesionales. Esto le permite a las partes, es decir, a la víctima y al delincuente, participar de forma activa en la solución del conflicto, con la ayuda de un mediador. Tenemos pasantías de estudiantes de criminología, derecho y ciencias administrativas en los centros de mediación comunitaria de la Procuraduría de la Administración, quienes luego serán llevados a centros penitenciarios para que se interrelacionen con los privados de libertad. De igual forma, se desarrollan programas y proyectos de reinserción social, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida y ayudar a que sean mejores ciudadanos en su comunidad, mediante estrategias de intervención preventivas. En Panamá, la práctica de la mediación se ha desarrollado de manera gradual desde 1999, esto incluye tanto la mediación pública como la privada. Hoy, a través de la Ley 63 de 2008, distinguimos en los artículos del 201 al 220, del título IV del Código Procesal Penal, la relación de la mediación y conciliación con la justicia restaurativa, lo que hace propicia la posibilidad de que intervengan infractores y víctimas de forma voluntaria ante un tercero (neutral e imparcial), gracias a la comunicación y al diálogo en espacios flexibles, confidenciales y equitativos, con miras a una reparación del daño causado. De forma que el acceso a la justicia no es solo un derecho humano, sino una forma de hacer efectivos los demás derechos. Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica.

Luis Carlos Samudio G.

Respeto, dignidad y derecho al empleo y a la vida

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La Estrella de Panamá y El Siglo representan hoy dos medios de comunicación sobre los que se cierne el oscuro telón de su cierre, por una medida que no tiene pies ni cabeza. Existe la clara preocupación de quienes laboran en esta empresa sobre la suerte que correrán si a la medianoche del 5 de enero, no se tiene una respuesta concreta que excluya al Grupo Editorial El Siglo – La Estrella de Panamá , GESE , de la Lista Clinton. Nos preparamos para el peor de los escenarios: que no se nos permita continuar en el trabajo. Nunca se ha visto esto en Panamá. Y nunca se ha visto contra un medio de comunicación y en particular, contra un grupo editorial que ha hecho de la publicación de la verdad de los hechos su norte informativo. El miércoles último, los trabajadores hablaron con claridad: ‘¡No queremos otro empleo, porque queremos conversar el que tenemos. Son días de mucha incertidumbre y angustia los que se viven, cuando deberían ser de celebración y reflexión para todos… ¡Es imposible soslayar la situación, por más que sea la Navidad la fiesta de la paz! Lo que sí rescatamos es el sentimiento de unidad familiar, porque en GESE somos una familia, dentro de la cual existe el propósito de mantenerse firmes. Sostenemos nuestra posición: Salir de la Lista Clinton. Hay que hacerse respetar, sobre todo cuando se afecta a tantas personas y sus familias.

Redacción La Estrella de Panamá

Un día histórico para Panamá y su democracia

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Cuando un país resiente el malestar de sus pobladores, surge inevitablemente la sensación de que algo no está funcionando. Hoy, Panamá se encuentra bajo circunstancias que sugieren no solo que algo no funciona bien, sino que además mantiene un sesgo contra la libertad de expresión, la libre empresa y la inversión privada. Tal preocupación rebasa con creces las explicaciones y justificaciones oficiales de que la economía del país marcha por buen rumbo. La intranquilidad y el malestar expresado públicamente por los principales actores económicos del país, ante la situación del Grupo Editorial El Siglo – La Estrella de Panamá , GESE , deja al descubierto la honda inquietud que produce una decisión extraterritorial, lacerante de la economía panameña, y que se cierne como un nefasto precedente sobre quienes ponen su dinero a producir, con esfuerzo y sacrificio, creando empleos y sosteniendo familias. Este miércoles, marcharemos desde la plaza Porras hasta la Presidencia de la República por la defensa de la libertad de expresión, la libre empresa, la dignidad nacional y el derecho al trabajo. No existen consignas políticas bajo esta invitación a manifestar la desazón por la situación en que vivimos. Está sí, marcado e implícito, el querer de un país que observa cómo se ataca y trata de destruir el sagrado derecho de no ser rehenes de quienes pretenden imponer por la fuerza su criterio y conveniencia.

Redacción La Estrella de Panamá

 

El 20 de Diciembre

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Dicen que el tiempo aclara todo. Hoy, 27 años después, las cosas parecen aflorar la realidad. La cruenta y cri minal invasión del 20 de Diciembre de 1989, jamás debemos olvidarla, por más que los cómplices y beneficiarios catalogaron la barbarie de ‘liberación’, y el invasor, de ‘causa justa’. Tampoco, el hecho de que hubo ‘panameños’ que la exigieron e incluso ratificaron que, de considerarla necesaria volverían a hacerlo. Lo peor es que hay quienes todavía creen que el militarismo norteamericano era, y sigue siendo, benefactor y que sus bombas siembran democracia, justicia y paz. Y aunque hubo más muertos en las primeras 24 horas de la invasión que en los 21 años de militarismo criollo, ninguno solo de los Gobiernos postinvasión se ha atrevido a exigir el reconocimiento del abominable hecho, como crimen de lesa humanidad ni mucho menos, a demandar la menor reparación por las innumerables pérdidas de inocentes vidas humanas y la destrucción y el daño inferido al resto de la población. Irónicamente el colonialismo ya parece impreso en el código genético, asentado en las neuronas de quienes, debiendo actuar a favor de los intereses nacionales, ‘gobiernan’ como si su deber fuera servirle incondicionalmente al amo de una hacienda; baste ver lo que ocurre hoy día con el brutal ataque a la libertad de información, de prensa y de libre empresa. ¡Hay que hacerse respetar!

 

Redacción La Estrella de Panamá

Caso GESE a la luz del derecho

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Para los conocedores del derecho internacional y por extensión las relaciones diplomáticas entre los Estados, la situación generada ante el caso del grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE), crea una situación de ilegalidad jurídica del ordenamiento internacional y aplicación de medida administrativa unilateral de extraterritorialidad, solo conocidas en Panamá, cuando los Estados Unidos de América, administraba, manejaba y protegía el Canal de Panamá y mantenía una zona restringida para ese manejo y protección y defensa del Canal desde 1903 hasta 1977 en donde en virtud de los Tratados Torrijos-Carter se puso fin a la presencia colonial, bases millitares y se le devuelve el Canal a Panamá.

El actual embajador de los Estados Unidos, John Feely, en representación de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en forma injerencista, ha realizado señalamientos muy serios a este grupo de empresas, acusada de estar involucrado en el lavado de dinero.

Pero desde mayo cuando se hizo el anuncio, ninguna entidad oficial del gobierno de los Estados Unidos ha presentado una sola prueba que corrobore la existencia de un hecho punible.

Sin embargo, a raíz de esta acción las empresas del grupo GESE están sufriendo las consecuencia de esta medida. Se ha sentenciado a la muerte comercial, financiera y moral a La Estrella de Panamá, fundado en 1849 y el diario El Siglo fundado en 1986, ya que de no revertirse esa situación dejarán de existir ‘a las 12:01 a.m., horario de verano del Este, el 6 de enero de 2017′.

La medida norteamericana ha forzado la venta de activos bajo el criterio de que: ‘el futuro de esas empresas dependen de su dueño’, tal como lo ha mencionado el Embajador John Feely en forma injerencista.

A todas luces, esta coacción a empresas panameñas constituyen un acto de intervención en los asuntos internos de un país con personalidad jurídica propia, algo no permitido por el Derecho Internacional.

Ningún Estado puede hacer acusaciones contra el nacional de otro Estado sin acordar los procedimientos bilaterales pertinentes.

Durante el 2016, Panamá ha sido señalada por una serie de eventos que atentan contra empresas y ciudadanos de nuestro país, afectando nuestra imagen internacional y en menoscabo de nuestra soberanía. Para los estudiosos de la Relaciones Internacionales, se trata de una abierta violación al Derecho Internacional, al debido proceso y de una medida administrativa unilateral de extraterritorialidad mediante la cual los Estados Unidos viola nuestra soberanía y atenta contra los intereses legítimos de nuestro ordenamiento jurídico.

Es también censurable la indiferencia oficial del gobierno panameño que en lugar de preocuparse por el nivel de indefensión de estas empresar panameñas, que es lo mínimo que todo nacional espera de su gobierno, la Administración Varela ha dado por sentada que es cierta la acusación lanzada contra este grupo empresarial, convirtiéndose en facilitador de la aplicación de una sanción sin juicio alguno ni hecho punible comprobado.

José de la Rosa Castillo

Libertad de expresión

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Todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de opinión y de recibir o comunicar informaciones o ideas sin interferencia de nadie.

El derecho a la libertad de expresión es crucial en una democracia – la información e ideas ayudan a informar el debate político y son esenciales a la responsabilidad pública y la transparencia en el gobierno. la libertad de expresión, incluye la libertad de sostener opiniones y recibir e impartir la información e ideas sin la interferencia Estatal.

Esto incluye el derecho de comunicar y expresarse en cualquier medio, incluyendo por palabras, cuadros, imágenes y acciones (incluyendo por la protesta pública y demostraciones).

El tipo de expresión protegida incluye: expresiones políticas (incluyendo comentario de los asuntos de interés de gran público); •expresiones artísticas; y la expresión comercial, en particular cuando esto también levanta los asuntos de debate legítimo público. Un aspecto importante de la libertad de expresión es que se requiere algo más que la posibilidad de expresar sus puntos de vista personales; también requiere la posibilidad de celebrar estos puntos de vista personales.

Por lo tanto, implica a la vez un “interior” y un elemento ‘exterior’. Esta diferenciación es evidente por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 0.1 La libertad de expresión se plasma en dos artículos de esta Convención.

En primer lugar, el artículo 9 CEDH afirma que toda persona tiene derecho a la ‘libertad de pensamiento, de conciencia y de religión’, y que esto incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias y la libertad, ya sea solo o en común con otros y en público o en privado, de manifestar su religión o sus creencias, el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia.

En segundo lugar, el artículo 10 del CEDH establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y este derecho comprende la libertad de opinión y de recibir y difundir.

Por lo tanto, información e ideas sin injerencia de autoridades y sin consideración de fronteras, la libertad de expresión es una doble libertad: la libertad de pensamiento y la libertad de expresar sus pensamiento.

Mirando el mundo, Si recordamos la quema de libros que se dio en Alemania que tuvo lugar en Berlín el 10 de mayo de 1933 fue una acción del partido nazi contra la libertad de expresión que tenía como objetivo condenar esos títulos y a sus autores al ostracismo por antialemanes.

Ardieron unos 25.000 libros de 94 escritores, entre ellos Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Albert Einstein, Sigmund Freud, Heinrich Heine, Franz Kafka, Erich Maria Remarque y Stefan Zweig, además de Ernest Hemingway, Jack London y Máximo Gorki. Como se puede ver, los nazis no tuvieron mucho éxito.

La expresión artística, vital para promover el cumplimiento individual y el desarrollo de ideas, también sólidamente es protegida. Para asegurar que la expresión libre y el debate son posibles, debe haber protección para los elementos de una prensa libre, incluyendo la protección de fuentes periodísticas. El derecho de liberar la expresión sería sin significado si esto sólo protegiera los ciertos tipos de expresiones.

Ramiro Campos

De allanamientos y requisas en el proceso penal de corte acusatorio

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Los allanamientos y las requisas de personas y registro de vehículos, son dos figuras de procedimiento penal establecidas en el Código Procesal Penal como medios accesorios de prueba. Los allanamientos requieren la autorización previa del juez de garantías, mientras que las requisas de personas y registro de automóviles son sometidos a control jurisdiccional posterior. En términos de la habitación de las personas, todo allanamiento es un acto de fuerza, cuando se trata de un acto ilegal se le denomina allanamiento de morada. Si es una actuación procedimental de investigación del fiscal, cuyas acciones recaen sobre derechos fundamentales (inviolabilidad del domicilio), los hay de varios tipos: Allanamiento de residencias, allanamiento atípico, allanamiento de oficinas y muebles, allanamiento de oficinas gubernamentales y allanamiento de bienes con inviolabilidad diplomática. En cualesquiera de estos allanamientos, con la entrada en vigencia en todo el territorio nacional del proceso penal de corte acusatorio, debe contar el fiscal con la autorización previa del juez de garantías; con excepción del allanamiento que tiene por objeto evitar la comisión de un delito en ejecución, en este caso el control del juez de garantías es posterior. La requisa en la acepción general del término se refiere a registro. La Real Academia Española dice que el término proviene del idioma francés réquisition e indica “revista o inspección de las personas o de las dependencias de un establecimiento”. La requisa es pues un medio accesorio de prueba de carácter personal de tipo coercitivo, que se realiza de modo compulsivo, si no hay consentimiento de quien se pretende requisar, y la cosa obtenida puede servir como medio de prueba del ilícito. De modo que tanto el allanamiento como la requisa se encuentran inmersos dentro de la fase de investigación de la que se ocupa una de las partes intervinientes, la fiscalía. La investigación da inicio a la acción penal y su objeto es acreditar los hechos, el delito, el sujeto o los sujetos activos vinculados, esto es, presentar ante el juez de garantías las pruebas que acreditan los hechos, el delito y la vinculación de individuos o personas. El acopio de estas pruebas se puede realizar mediante la práctica de allanamientos, como también a través de requisas y registros vehiculares. El allanamiento en sus diversos tipos o modalidades está presente en el Código Procesal Penal; en el artículo 293 el allanamiento de residencias; el 294 allanamiento de oficinas y muebles de particulares, incluyendo los automóviles; el 295 allanamiento de oficinas gubernamentales, y el 300 que trata del allanamiento que goza de inviolabilidad diplomática. Estos procedimientos deben contar con la autorización previa del juez de garantías. La requisa de personas y el registro de vehículos que también es un medio accesorio de prueba, está consignado en el artículo 325 del Código Procesal Penal y se diferencia del allanamiento en dos aspectos fundamentales. Primero, no requiere autorización previa del juez de garantías para llevarlo a cabo y, segundo,

es realizado por la policía, que no es autoridad, sino auxiliar de la autoridad. El requisito establecido en la norma es que “cuando existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un delito, los miembros de la Policía Nacional podrán realizar la requisa de la persona. Al registro de vehículos también se aplican estas disposiciones”. Obviamente existe una colisión normativa producida entre los artículos 293 y 294 por un lado, y el artículo 325, por el otro, porque en los dos primeros artículos por tratarse de la tutela de derechos fundamentales y de un ejercicio garantista de la ley, la norma previene la autorización jurisdiccional (juez de garantías); en el segundo caso por mandato del artículo 325 la Policía Nacional puede requisar sin autorización previa de autoridad competente, lo que provoca discrecionalidad, excesos y violación de los derechos humanos de las personas en las actuaciones de la Policía Nacional. Por lo que se debe proceder a resolver esta contradicción en la ley, sobre todo, porque hablamos de una diligencia tutelar de un derecho fundamental.

 

Antonio Saldaña