Odebrecht sigue en nuestras vidas y al parecer estará por largo tiempo. Al finalizar la semana ha sido el tema de centro, luego de que la procuradora Kenia Porcell anunciara que, tras un acuerdo verbal, la empresa brasileña se ha comprometido a devolver los primeros 59 millones de dólares resultantes de un intenso proceso de coimas, cuyo periodo de inicio y duración está por conocerse.
Porcell ha demostrado que su despacho le sigue la pista a la trama, cuyos propósitos parecen ser recuperar el dinero mal habido y sancionar a los implicados, empeño que, como dice el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, demuestra que el Ministerio Público está haciendo su trabajo.
Pero parece igualmente que la saga es un cuento largo que transcurre entre sueños prolongados y sobresaltos para infarto. Los contratos logrados por Odebrecht en Panamá, según información pública ascienden a más de nueve mil millones de dólares, lo que deja mal parada la cifra de los 59 millones. Menos mal que Porcell dijo que son los primeros. Ya veremos a cuánto ascienden los segundos y los terceros.
Pero hay un elemento interesante en el pronunciamiento de la procuradora: los bancos. Por fin aparecieron los magos, esos donde entra el dinero y desaparecen los rastros, en medio de un complejo mar de rutas que, hasta donde se sabe, sirven para esconder el delito. Pero al igual que en el caso de los que coimearon, los nombres fueron omitidos.
El problema en la declaración de Porcell es que nadie se explica cómo es que el que paga la coima es el que al final devuelve el dinero al Estado, y no aquellos que la recibieron. La plata más los intereses. Habría que darle el beneficio de la duda y creer que tiene la lista y que no la da aún para no entorpecer las investigaciones.
Las dudas saltan, sin embargo, porque la forma como se desarrolla el proceso deja, en ocasiones, un tufillo que algunos interpretan como de encubrimiento, porque la empresa brasileña parece haber negociado en otros puntos de la región la devolución a cambio del silencio y como atenuante en las penas que podrían llevarse los implicados.
Por lo mismo las declaraciones de Porcell no se deben ver solo en el contexto señalado por el ministro Álvaro Alemán. No se trata únicamente de que el MP esté haciendo su trabajo, sino de la presión derivada de la indignación de ciudadanos que están hartos de que se les tome por estúpidos y se juegue con aquello que algunos llaman ya casi peyorativamente, credibilidad.
No es posible que por un siglo los panameños hayan invertido luchas, sacrificios, muertos, presos, perseguidos y todo lo demás, en avanzar hacia escenarios de desarrollo y ahora cuatro bribones, llenen sus arcas personales en detrimento de la palabrita: equidad, y dejar sin recursos a los más vulnerables de la sociedad.
La frase salvadora de Porcel ha sido: ‘los primeros 59 millones’, porque definitivamente la cifra no se corresponde con los nueve mil millones obtenidos en contratos, y menos con otro hecho que de no considerarse podría dejar muy malparado al MP.
Ni los acuerdos verbales ni la devolución ni la cooperación extinguen el delito, por lo que la lista de los involucrados sigue siendo un trofeo de espera. Claro que otro elemento que fortalece la duda ciudadana es la figura del ‘acuerdo’ en la fijación de pena, prohijado en la Corte Suprema y en curso en la Asamblea Nacional.
Si en ambas situaciones el Ministerio Público hiciera concesiones, no habría justificación para la detención de otros supuestos infractores que actualmente pagan detención preventiva.
Julio Bermúdez Valdés
