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Estimados lectores, retomando nuestra preocupación por el desarrollo de las políticas públicas de nuestro país, en esta ocasión seré enfática en que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 28, indica: ‘El Sistema Penitenciario se funda en principios de SEGURIDAD, REHABILITACIÓN Y DEFENSA SOCIAL…', añadiendo de forma concluyente ante este artículo responsabilidad de los gobernantes: RESOCIALIZACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.

En nuestro país existe el sistema penitenciario de atención integral de adultos y el sistema penitenciario de atención integral a los adolescentes en conflicto con la Ley que se regula bajo sistema y regulación especial (Instituto de Estudios Interdisciplinarios); cabe mencionar que ambos se encuentran bajo el Ministerio de Gobierno. Producto del determinante deterioro del Sistema Penitenciario y descontrol por la carencia de política criminológica, personal idóneo, haciendo referencia a la inexistencia de experiencia y preparación y, ante todo, de compromiso real de la responsabilidad que implica atender este tema tan álgido para todos los Gobiernos, es lo que más ha incrementado el deterioro observado, creciente y destructivo, convirtiéndose en un sistema totalmente inoperante.

El Sistema Penitenciario es responsabilidad de país, no solo de los gobernantes y ministros del ramo que, lamentablemente, al llegar el momento de cambio de poder, producto de nuestro sistema político e idiosincrasia de pueblo, los Gobiernos cambian cada cinco años, se ha convertido ya para nuestro país, la mejor lotería, siendo criolla descriptivamente, que se designen en cargos tan delicados a ciudadanos responsables y preparados que comprendan que el administrar los fondos del Estado producto del ‘mandato del pueblo', CONTRATO SOCIAL de Jean-Jacques Rousseau, es un derecho que ha decidido el pueblo que así sea.

Esto no lo han heredado ni tenían derecho, son designaciones, reitero, para administrar nuestros recursos, en beneficio del pueblo no en beneficio de ellos y mucho menos peldaños para figuraciones destructivas, en donde lo que menos les interesa es desarrollar su principal compromiso: EFICIENCIA, CALIDAD Y RESULTADOS bajo los cargos que administran.

Quedando que fueron designados bajo falsas identificaciones de promesas de soluciones; sorpresa, al llegar a los cargos es donde se percatan de que no era como decían y que en realidad era más delicado de lo vociferado y que van a iniciar a estudiar, a aprender para entonces ver qué se puede hacer y ya pasaron los 5 años señores.

¿No les ha parecido muy común la identificación que acabo de hacer? Estimados lectores, qué tristeza observar de qué forma tan progresiva y acelerada se deteriora nuestra sociedad en donde las políticas públicas son determinantes en el norte de los pueblos y la educación debe ser siempre el principal pilar de toda sociedad.

Con qué admiración atendemos información de sociedades en donde los centros penitenciarios, tanto de adultos como de adolescentes, han ido disminuyendo. Podremos los panameños algún día lograr avances, cuando el tema de sistemas penitenciarios, de adultos o adolescentes, esté realmente atendido como política de Estado y tema de seguridad y no bajo la concepción de que no se puede hacer nada, solo rogar a Dios no caer en estos lugares y mucho menos nuestros familiares.

Porque debemos estar claros que es comparable el INFIERNO DE DANTE y quizá peor, porque estos individuos saldrán a la sociedad, si lo logran, a seguir en sus etapas de subsistencia, a veces, hasta bajo compromisos preadquiridos en estos lugares, producto de favores delictivos, pasando a incrementar las cifras de SIEC (Sistema de Integración de Estadísticas Criminales).

Hay que seguir trabajando para que en algún momento nuestros gobernantes comprendan que no solo se debe tener buena voluntad y que cualquier profesional posee la capacidad para la atención integral de estos sistemas que deben ser atendidos de forma multidisciplinaria bajo compromiso, conocimientos, experiencia y, ante todo, entender que no son cargos de figuración y para solo devengar salarios. Sigamos trabajando por nuestro país.

En los últimos 30 años, el problema por la falta de agua empeoró al punto de que cada día más panameños sufren, pues carecen de este líquido en sus hogares. Se trata de un tema que debe ser abordado como una prioridad, sin embargo, ninguno de los últimos cinco gobiernos movió un dedo para resolverlo, y el actual se hace de la vista gorda. Los problemas en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) van desde su infraestructura hasta la gestión humana.

Muchas son las anomalías que padece esta institución y una de las más grandes es su gestión de cobro. No he visto a ningún director del Idaan lograr poner en regla a todos los panameños morosos, tanto personas naturales como jurídicas, por eso, pregunto: ¿Quién supervisa el trabajo de esos señores?

Me da coraje ver cómo exdirectores de la entidad se presentan a programas de opinión a debatir el tema. ¡Que charlatanería más grande! Quieren pasar por expertos en la materia, y no hicieron nada para salvar el hundimiento de este barco.

Observo otra falla importante en su Departamento de Planificación y Mantenimiento. La población en la ciudad de Panamá ha crecido a tal punto que el abastecimiento que se debe brindar no cumple con la demanda. No hay planificación para nada y, si hablamos del mantenimiento y prevención de daños en la propia infraestructura de las plantas potabilizadoras, concluimos que realizan un trabajo mediocre, cuyos resultados los vemos a diario y no los podemos soslayar.

El agua es el elemento más importante en el planeta Tierra, pero en Panamá nadie hace nada para preservarla. Si se respetaran las leyes y se castigaran a los que deforestan las cuencas hidrográficas y a los funcionarios que otorgan permisos a las concesionarias que sacan materiales de los ríos, todo sería diferente.

Los ciudadanos nos opusimos a la privatización de varias entidades públicas en el pasado. Estoy casi seguro de que si ahora se realiza un referendo para consultarle a la población sobre la venta del Idaan, el “sí” ganaría de forma contundente, igual que ocurrió con el referendo para la ampliación del Canal de Panamá.

Los gobernantes deben planear cómo preservar el agua de este país, para el bienestar de las futuras generaciones. Aún tenemos tiempo de hacer mucho al respecto, sin embargo, la clase política no da muestra de querer hacerlo y solo vela por aumentar sus riquezas personales.

Por esto, le hago un llamado a las autoridades para que reflexionen y planifiquen un proyecto que salve nuestro tesoro más importante: ¡El agua!

 

 

Los panameños observamos, sorprendidos, la bonanza económica y profesional que le llega a los abogados penalistas, quienes tramitan la defensa de aquellos exservidores públicos, empresarios y hasta civiles imputados en los casos de corrupción generados durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Nunca se había visto tal cantidad de abogados penalistas tramitando, de forma simultánea, la defensa de múltiples imputados a consecuencia de la corrupción que vivió el país. Al ritmo que se descubren los casos, parece que no habrá suficientes penalistas para atenderlos. Y no se trata solo de funcionarios. Ahora se inculpa a empresarios, chicos y grandes y a civiles, hombres y mujeres.

Aunque es verdad que existe la presunción de inocencia, algunos de estos casos son tan obvios, que los panameños no comprendemos cómo los imputados no son enviados directamente a la cárcel, en lugar de a sus residencias. Con esta actitud se le da el pésimo mensaje a la ciudadanía de que en Panamá el crimen sí paga. Por otra parte, los abogados, en vez de hacer una defensa legítima de sus representados, se valen de argucias para demorar los juicios hasta que prescriban. En el caso del Programa de Ayuda Nacional, el de más alto perfil hasta ahora, solo un acusado está preso. Al resto, que suma a la fecha más de 60, se le ha dado casa o país por cárcel, incluida la oportunidad de gozar de los lujos que adquirieron de forma mal habida.

Lo más asombroso de los abogados defensores es que no aceptan la responsabilidad de sus clientes y sostienen que los fiscales son los culpables, que el debido proceso ha sido violado, que las acusaciones responden a persecución política, que los términos han sido violados, que si las injusticias del sistema, la violación de la Constitución, de los derechos humanos, en fin, invocan toda clase de excusas o cualquier otro argumento, por más inverosímil o increíble que parezca.

El grupo más numeroso de abogados es el que asume la defensa de Martinelli –pese a que aún no ha sido imputado–. Ellos aducen que el expresidente es la persona más perseguida en la historia de Panamá, solo por una “venganza personal”. No admiten sus irregularidades, aunque lo señalen varios de sus ministros, altos funcionarios y allegados, también imputados. Su secretario privado y asistente personal está prófugo de la justicia, igual que el mismísimo exmandatario, quien espera volver, eso sí, “cuando el clima sea más propicio para regresar”. Es decir, cuando pase la sequía, llueva, haga frío o caiga nieve. Me impresiona que el único de estos defensores que ha conminado a su cliente a que hable ha sido el abogado de Rafael Guardia Jaén, Víctor Orobio, quien expresó que había conversado con su defendido y que este prometió devolverle al Estado los bienes mal habidos y que confesaría todo lo que sabía sobre estos delitos. ¿Por qué, si colabora con las autoridades, es el único que está en prisión, mientras los otros gozan casa por cárcel y disfrutan los lujos mal habidos?

 

Hay quienes suelen decir que la corrupción política se refiere al mal uso del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Asimismo, este fenómeno no se limita a los funcionarios. En cada acto de corrupción hay corruptos y corruptores. Pero, ¿el problema es el sistema o los que participan de él?

Quienes creen que la corrupción no es parte del sistema, sino conductas individuales, plantean que el término opuesto a corrupción política es transparencia, por ende la tarea es avanzar en transparencia como base para combatir la corrupción.

Juan López Caballero, sociólogo, señalaba que ‘Mientras sobreviva y subyazca la noción de que el mercado es el creador del mejor orden y, en ausencia de un Estado fuerte, organizado alrededor de un modelo de desarrollo, lo previsible es que esa corrupción se manifestará en todos los frentes'. López expresa que ‘No hay día en que no aparezcan nuevos escándalos que, aunque presentados solo como fruto de abusos de los funcionarios públicos, tienen necesariamente un complemento en los actores privados. En otras palabras, es posible que sea más correcto ver el problema como el de una cultura o un modelo de sociedad y de economía basado en la corrupción, que una deformación de algunas ‘manzanas podridas' que se toman el sector político y el sector oficial'. Afirma finalmente, que hoy nos sentimos en el reino de la corrupción y no sabemos a qué atribuirlo. Buscamos chivos expiatorios, sin intentar siquiera encontrar alguna explicación de por qué se ha multiplicado en esa forma. Por donde deberíamos empezar es por reconocer que ese aumento en esa modalidad de delitos es coincidente con la implantación del modelo neoliberal, y con el avance de los intereses de a quién él beneficia. Por lo tanto, es interesante buscar cómo se explica esa correlación.

En Panamá, la corrupción es galopante, no es solo del Gobierno anterior, sino de todos los que los han sucedido y el actual presenta los mismos vicios. No es solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo y Judicial. No es solo de la esfera pública, sino también de la privada. No es de un partido político tradicional, sino de toda la partidocracia. Esta realidad ha llevado a Frenadeso a catalogar el escenario como de crisis institucional, ‘una crisis del sistema que no solo tolera estas prácticas delincuenciales, sino que las promueve, mientras pone a andar la gran maquinaria institucional, publicitaria y de medios de comunicación para manipular a la opinión pública…/ … Por eso es que se oculta la verdadera dimensión de la crisis que vivimos, mientras los medios, como en el pasado, se hayan más interesados en sembrar falsas expectativas…'.

Insiste Frenadeso, ‘El sistema está herido de muerte. La gobernabilidad solo se sostiene por las componendas más inverosímiles entre los partidos burgueses, que tienen entre sus principales ingredientes la impunidad, la manipulación mediática, el nepotismo, los negociados, los acuerdos de recámara entre los componentes de la mafiocracia reinante y, si se hace necesario, el uso de la represión contra el pueblo rebelde, tal como ha acontecido en cada uno de los Gobiernos que se han sucedido'.

En este escenario, las llamadas fuerzas de recambio (sociedad civil e independientes) que promueven los grupos de poder económico ante la crisis institucional inicia un proceso de descrédito ante la conducta que han asumido algunos de sus miembros incorporados en las esferas de Gobierno. Se trata de las mismas prácticas nefastas de corrupción, nepotismo, viajes y silencio cómplice frente a cuestionables decisiones del quehacer público.

En definitiva, tenemos ante nosotros una serie de realidades escandalosas, pero inscritas en la lógica misma del capitalismo neoliberal que atestiguan cómo funcionan las instituciones políticas y los sectores dominantes.

La única salida real para acabar con este estado de situación, obligatoriamente pasa por crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria soberana con plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.

 

Ya a nadie le resulta ni extraño ni difícil de comprender que la delincuencia y la violencia son el resultado de múltiples causas y efectos que perjudican, gravemente, la convivencia pacífica, el arraigo de la Democracia y el Estado de derecho, el disfrute de los DDHH y garantías constitucionales en nuestro país, así como el desarrollo económico de nuestro pueblo.

En el diagnóstico del problema, Panamá ha identificado como sus factores críticos generadores: La incapacidad de retención del sistema escolar; la exclusión de grandes sectores de población del goce de derechos y beneficios sociales básicos; el crimen organizado, dentro del cual destacan el narcotráfico y la trata de personas; la violencia doméstica; la proliferación y fácil disponibilidad de armas de fuego, entre otros.

Junto a estos factores, se evidencia la debilidad institucional del Estado para prevenir la delincuencia y la criminalidad de manera integral, de la misma forma en que, ahora, interviene coercitivamente de manera agresiva para reprimirla. Los agentes causales de violencia insisten en incrementar su capacidad de penetración, influencia y dominio social.

El narcotráfico en particular, es el factor principal que está detrás de gran parte de la violencia que nos afecta. Después de más de dos décadas de lucha contra el mismo, cabe preguntarse si este flagelo representa ahora una menor o una mayor amenaza para nuestra institucionalidad democrática, y si las actividades ilegales que le son conexas causan menos daños a la población en términos cuantitativos y cualitativos. Igualmente, si las drogas están hoy más al alcance de la población o no y si, en definitiva, existe una mejor y mayor conciencia y control sobre el perjuicio personal que causa el consumo de drogas a los ciudadanos, y si se ha reducido significativamente o no.

Estas interrogantes son válidas hoy para todos los países, y ya no son aplicables exclusivamente en función de la visión trilateral de países productores, países de tránsito y países consumidores. Por supuesto, no pretendemos soslayar la corresponsabilidad de países con mayores concentraciones de consumidores con recursos económicos para pagar el consumo de las drogas.

Nuestra sociedad experimenta un creciente grado de afectación, porque la introducción del narcotráfico ha producido oferta y demanda. Y cada vez más, penetra y vulnera la economía formal, las instituciones de seguridad, las de administración de justicia y procura comprar al aparato político que da sostén a la vida en democracia. Hoy se paga con drogas, dinero y armas a las pandillas que apoyan los esfuerzos del narcotráfico en nuestro país. También se incrementa la posibilidad de que se financien campañas electorales e instalen, a su favor, funcionarios de elección popular.

Nuestras autoridades policiales se esfuerzan por evitar que toneladas de drogas sean traficadas a través de nuestros espacios ter ritoriales. De manera progresiva, batallan por reducir el impacto destructor de la creciente parte que se está quedando en el país. Desde esta perspectiva, Panamá ha planteado su decisión de perseguir al crimen organizado, mientras persevera en articular una estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia en el país.

Se requiere asignar recursos presupuestarios en la adquisición de equipo y tecnología para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional, hoy bajo el mando de un policía profesional. La Institución está realizando ingentes esfuerzos para enfrentar la criminalidad y dentro de ésta, el narcotráfico y delitos asociados. Ha tenido importantes avances, particularmente en la represión y persecución de delincuentes, aún con mucho por hacer. También por parte del Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, que exhiben importantes éxitos en sus misiones de seguridad nacional y cautelación de drogas y detención de traficantes.

Ahora, todas las instituciones de seguridad están bajo dirección de profesionales en la materia, demostrando una mayor efectividad policial. No obstante, éxitos solo serán posibles con políticas, estrategias y decisiones operativas de seguridad, propuestas y dirigidas por el Ministerio de Seguridad sobre una base integral, multidimensional y de amplia participación institucional y ciudadana. El Plan Barrios Seguros con más oportunidades y Mano Firme serán críticamente evaluados en sus reales resultados, no por estadísticas, por el pueblo panameño.

El escenario actual reclama una amplia visión integral de aspectos, dada la evidente fortaleza del crimen organizado en nuestro país. Ello presupone incrementar la presencia policial comunitaria en los barrios, así como la certeza del castigo a infractores, mediante la correcta administración de justicia y el proceso de rehabilitación realizado por un sistema penitenciario eficaz. Ese es el gran reto del país.

ABOGADO