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En fecha reciente, la diputada Ana Matilde Gómez dio a conocer un anteproyecto de ley que tiene como objetivo evitar la reelección de autoridades en la Universidad de Panamá (UP). La propuesta no contempla al resto de las entidades de educación superior oficiales, que también permiten la reelección, y menos a la Asamblea Nacional, cuya repetición de diputados en las curules no tiene límites. ¿De qué se trata entonces? Entre lo correcto y lo incorrecto de un ideal legislativo no cabe una sola dirección, y habría que proponer con los ejemplos del caso.

Es cierto que la Ley 24 de la UP después de un referendo universitario fue reformada para permitir la reelección de las autoridades. La propuesta original era permitirla por un periodo más, lo que nos parecía acertado para las instituciones académicas, pero durante el debate en el Consejo General Universitario se le agregó el “carácter a perpetuidad” (sin que se use este concepto). Esto es, la posibilidad de que el conjunto de las autoridades pueda optar por la reelección las veces que así lo considere.

Es esa condición –de reelecciones sucesivas– la que en todo caso habría que discutir, pero con la observancia de que el tema esencial que, hoy por hoy, es requerido para mejorar los procesos institucionales está por encima de lo meramente electoral. Lo electoral ha sido la tónica desde que se estableció el modelo de la Ley 11 de 1981. Ese mismo fin que impedía la reelección del entonces rector Abdiel Adames, se dio 10 años después con la Ley 6 de 1991. Resultado de aquel impedimento fue la rectoría de Carlos Iván Zúñiga y la emergencia del sistema ponderado de elección con la participación de todos los universitarios, como votantes. Ahora bien, si la intención legislativa es sana y no personalísima, entonces habría que proponer con ejemplo. Un compromiso de los diputados en el sentido de “no acudir al proceso reeleccionista en sus respectivas curules haría creíble un anteproyecto como el que ha presentado la “diputada independiente”. Para el caso de los diputados, la legislación constitucional no establece tope, y habría que cuestionar si es hora de que sea tomado en cuenta, tal como lo sugirió la propuesta de reforma constitucional de los notables, que jamás se abordó porque el entonces presidente Ricardo Martinelli lo consideró un “disparate”.

Impedir la reelección, como visión legislativa, se reduce a la superficialidad frente a la necesidad de fortalecer la educación superior, como valor estratégico. Hay que abordar la esencia de la problemática en asuntos del presupuesto. Las facultades, centros regionales, los institutos y los programas anexos requieren sostenibilidad financiera, sobre todo porque el contexto que define hoy el predominio del conocimiento hace exigible que las instituciones de educación superior logren una real autonomía financiera, así como lo tienen en sus constituciones las universidades de la región, para impedir que sean presas de los antojos políticos y de las imposiciones de momento.

Un esfuerzo legislativo en esa dirección representaría un aporte efectivo a un valor estratégico para la nación y para los futuros profesionales que son el sustento intelectual del desarrollo nacional.

Sigo sin comprender cómo no se presenta acción alguna, después de las declaraciones, ante medios nacionales e internacionales, de Pedro Chaluja, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y, recientemente, nombrado miembro del comité ejecutivo de la Concacaf, relacionadas con el “amaño” del partido entre México y Panamá, como él mismo acertadamente lo definió y, además, sus expresiones sobre: “Las malas decisiones fueron deliberadas”; “El esfuerzo, compromiso y tenacidad de nuestra selección fue relegado a un segundo plano, por lo cual lo han sufrido amargamente”; “Considero que los desatinos arbitrales le truncaron a Panamá, de forma indebida, su legítima aspiración a convertirse en campeones de la Copa Oro 2015”; “Como panameño, me siento indignado”. Tales señalamientos parecen no tener trascendencia a falta de una acción concreta, con mayor razón si además realizó el mismo día y ante la misma concurrencia las solicitudes que ya había presentado a la Concacaf: “Exijo la remoción integral de la Comisión Arbitral de la Concacaf” a lo que ya ese organismo contestó con sanciones a los jugadores y a la Fepafut. También le pidió“abrir una investigación por el bien de nuestro fútbol, ya que las malas decisiones fueron deliberadas y motivadas por una intención de proteger a terceros”, a lo que la Concacaf respondió exonerando al árbitro delincuente, al manifestar que “fue un error que es propio del juego”.

Es sabido que un cargo internacional es importante, más para quien lo ocupa, pues no somos tontitos (hemos tenido en un cargo deportivo mucho más elevado a otro panameño y de nada ha servido para el desarrollo deportivo nacional), pues desde esa posición se puede ayudar a algunos otros dirigentes, para que sean veedores de partidos internacionales y se hagan acreedores a viajes pagados con sus respectivos viáticos, pero no para ayudar al desarrollo del deporte a lo interno del país, pues eso le corresponde a la respectiva política de Estado. Esta es inexistente en Panamá, pues se apuesta al show mediático sustentado en la improvisación, ante la mirada cómplice e indiferente de la dirigencia y del periodismo deportivo, con honrosas excepciones. Pero hoy ese estado placentero, tan deseado y buscado por algunos (turismo deportivo) debe quedar en segundo plano para la dirigencia del fútbol local, pues a Chaluja le corresponde honrar su declaración final: “Si no recibo respuestas a mis peticiones me haré a un lado” y, principalmente, por solidaridad con la dignidad que demostraron tener los jugadores panameños y como respaldo concreto a la indignación del pueblo, en especial, de la “marea roja” que tanto se promociona.

La Concacaf no se autoinvestigará. A la cuarteta arbitral dirigida por el estadounidense Mark Geiger no le pasará nada y el resultado del partido no cambiará, de forma que los daños y perjuicios infligidos a la sele y a la Fepafut quedarán en la impunidad. No podemos lograr que otros jugadores, otro cuerpo técnico y una dirigencia foránea, jueguen al fair play, pero lo que sí podemos exigirle a la dirigencia del fútbol es dignidad. Ningún interés personal ni mentalidad mercantilista puede estar por encima de ese valor esencial, que queda eternizado como ejemplo para la juventud y como lección ética en el deporte. Por ello, con todo respeto, Chaluja: ¡Renuncie al comité ejecutivo de la desprestigiada Concacaf!

Al ver las noticias que a diario se transmiten o publican en los medios de comunicación social, no dejo de preguntarme: ¿Cómo esperamos corregir la falta de agua, el deterioro de las escuelas, la inseguridad, la escasez de insumos y médicos en los hospitales y clínicas públicas, y la necesidad de vías de acceso a las comunidades rurales?

Es decir, ¿cómo hacer para brindar una mejor calidad de vida a todos los residentes en Panamá? Labor que se complica más cuando los que demandan los correctivos quieren que sea el Presidente de la República, en persona, el que atienda y brinde solución rápida a todas las deficiencias anotadas.

Físicamente es imposible que una sola persona –por más interés que quiera demostrar en la búsqueda de soluciones– pueda repartir su tiempo y talento por todo el país. Para ayudar al Presidente de la República están los funcionarios asesores, con rango de ministros de Estado, responsables de informar las deficiencias y buscar posibles soluciones en materia de salud, seguridad, educación, obras, acueductos y transporte público.

A su vez, los ministros cuentan con asesores, responsables de actualizarlos e indicarles la mejor manera de corregir problemas como el deterioro que presentan muchas escuelas del país; la falta de médicos e insumos hospitalarios; la falta de acueductos y carreteras o aplicar controles de seguridad. Es decir, si todo el equipo de asesores con que cuenta el Gobierno demuestra capacidad y responsabilidad, no existiría justificación válida para el deterioro tan visible en los aspectos mencionados.

La responsabilidad que sí le cabe al Presidente del país, es exigirle a sus ministros y asesores que atiendan personalmente a las comunidades y que busquen las soluciones más viables a los distintos problemas en las áreas que les corresponda.

Considero que los directores, maestros y profesores que laboran en las escuelas públicas también tienen su cuota de responsabilidad por el grave deterioro de los planteles, pues si bien es cierto que el Estado es responsable de cubrir los costos de mantenimiento y reparación de todos los edificios públicos, los administradores y funcionarios de las escuelas tienen la obligación de advertir con tiempo tal deterioro, no esperar a que sea tan grave que obligue a la suspensión de clases.

Administrar un país es una tarea ardua y exigente, por lo tanto, es responsabilidad de todos los ciudadanos –por medio de sus votos– depositar la confianza en los mejores hombres y mujeres; aquellos que demuestren tener capacidad profesional, ética y moral, y que nos garanticen un Gobierno que se preocupa y trabaja para conducir al país por los senderos de la paz, la prosperidad y la dignidad.

Cuando nos independizamos, al salir del nido maternal, empezamos a vivir la realidad con un muro “protector” que nos protege del entorno hostil que nos rodea. Dicha barrera es creada por nuestros padres, desde que nacemos, gracias a la influencia ancestral de la familia, la cultura, la religión y, en ocasiones, hasta las ideologías.

Por ende, todo lo que conocemos es lo mejor para nosotros, porque es lo que acostumbramos, aceptamos, entendemos o, también, tememos. La mayoría de las personas no se atreve siquiera a asomarse a ver qué hay más allá de su propia barrera mental, lo más seguro por temor a lo desconocido o por comodidad.

De esta forma muchos se limitan a mantenerse inmersos en su pequeño mundo perfecto.

Esto no es malo, pues la costumbre conlleva un ingrediente de seguridad que nos permite, por ejemplo, evitar comer alimentos que desconocemos, utilizar atuendos, peinados o visitar lugares que no consideremos apropiados. En lo laboral, esto se refleja al ver a una persona que durante años ocupa el mismo puesto, que almuerza sola o siempre con el mismo grupito de compañeros.

Por este motivo, salir de esa barrera no es una obligación, más bien es una opción que implica un autoconocimiento profundamente introspectivo –lo más amplio que nos permitamos– para así saber reconocer las reacciones positivas o negativas de las experiencias que vivamos.

Con esto hecho, solo queda revestirnos de seguridad en nosotros y es ahí cuando saltamos las propias barreras mentales y empezamos a disfrutar la vida a plenitud, sin criticar.

Cambiando la palabra tolerar por aceptar, te sientes dueño de tus actos y expresiones; descubres el verdadero significado de la libertad de pensamiento y comienzas a ¡vivir! Todo esto, gracias a que te llenas de la paz que te lleva directamente a la felicidad.

Este punto es el que yo llamo “conciencia global”, que no es una meta en sí, sino una manera sin límite de ver y experimentar las cosas de la vida, con la certeza de que todo lo que nos rodea nos puede enseñar algo, siempre y cuando, estemos preparados para aprender.

Una educación sin fronteras e incluyente da sentido a la idea de que todo lo que conocemos es poco para poder triunfar en la vida, considerando que el logro más importante de una persona no es la fortuna que amase, sino el conocimiento “positivo” que pueda transmitirle a sus congéneres –empezando por sus hijos– y generando cambios importantes para que la sociedad mejore la calidad de vida de todos.

Lo seguro es que los actuales sistemas sociales no tendrán la capacidad ni el interés de transmitir todo esto. De forma que ampliar nuestro conocimiento se convierte es una obligación personal para así encontrar el camino hacia el crecimiento. Reconociendo, en ese caminar, nuestros propios límites para luego dejar a un lado las barreras mentales y empezar a vivir sin remordimientos por el pasado que heredamos o que nos impuso el sistema, que encasilla mediante barreras mentales que limitan a todos aquellos que no se atreven a globalizarse.

Según un sondeo realizado entre el 14 y el 20 de julio de 2015, con 2002 adultos de todo Estados Unidos, el 73% dijo aprobar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba ha indignado a algunos políticos en el Capitolio y al exilio anticastrista de Miami. Pero la gran mayoría de los estadounidenses, incluido un porcentaje nada desdeñable de republicanos, aprueba el proceso de normalización de relaciones iniciado por el presidente Barack Obama y que revirtió el lunes en el restablecimiento de relaciones diplomáticas interrumpidas por 54 años. Y es más: otra gran mayoría está incluso a favor de dar pasos más contundentes y acabar con el embargo, según una encuesta nacional del Pew Research Center publicada este martes.

De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 14 y el 20 de julio de 2015 –día en que se reabrieron las embajadas en Washington y La Habana– entre 2002 adultos de todo el país, el 73% de los estadounidenses dice aprobar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Son 10 puntos porcentuales más que en enero, destaca la encuestadora. Y aunque el apoyo es mucho mayor entre demócratas (83%) e independientes (75%), la cifra de republicanos que saludan este paso no es nada desdeñable, 56% o 16 puntos más que en enero, cuando el Pew hizo una encuesta similar entre el mismo número de personas.

El apoyo es también contundente a la pregunta de si están a favor de poner fin al embargo comercial contra Cuba. Un 72% de los encuestados respondió afirmativamente, al considerar que este paso “le permitiría a las empresas estadounidenses efectuar negocios en Cuba y a empresas cubanas hacer negocios en EU”. En enero el apoyo a poner fin al embargo, exigencia recién reiterada por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al inaugurar el lunes la embajada de la isla en Washington, era ya alto (66%). Lo interesante de ahora es lo que el Pew denomina un “cambio dramático” en el posicionamiento de los republicanos conservadores: el 55% de ellos, es decir, una cómoda mayoría, apoya ahora también acabar con el embargo, cuando en enero solo lo hacía el 40%.

Otra cosa es la cuestión de si los cambios hacia Cuba traerán el cambio democrático que el gobierno de Obama dice seguir teniendo como meta. El escepticismo es en este punto generalizado, señala el Pew. Solo el 43% dice creer que Cuba será, gracias a los cambios, “más democrática” en los próximos años, mientras que el 49% piensa que la situación será más o menos la misma, pese al cambio de rumbo estadounidense frente a la isla. Solo un 3% opina, sin embargo, que Cuba será menos democrática debido al acercamiento.

Numerosos expertos han subrayado que la normalización de relaciones con Cuba trasciende lo bilateral y servirá también para mejorar los vínculos de Washington con todo el hemisferio occidental, que desde el anuncio de diciembre ha respaldado públicamente el proceso que el lunes tuvo el primer paso concreto con el restablecimiento de relaciones diplomáticas.