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Sobre la base de mis experiencias personales, le he pedido a mi esposa y demás familiares que, si caigo enfermo, jamás me lleven a los hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS). No obstante, esto no podrá suceder, gracias a Dios, pues no tengo derecho a atenderme en esa institución, porque no cotizo.

Cuando era joven sufrí un fuerte golpe en mi rodilla izquierda y mi papá–que era funcionario de la CSS– me consiguió cita con un médico ortopeda. Para hacer más fácil la atención, fui en pantalón corto y el galeno me pidió que me los bajara. Por supuesto, salí huyendo del consultorio. Mi padre me hizo regresar y el médico mandó que me enyesaran, sin siquiera haberme tomado una radiografía. Mi rodilla jamás se recuperó. Después de viejo, mi papá reconoce que fue algo extraño lo sucedido.

Un tío, que se dedicaba a la ebanistería, sufrió un accidente y se cortó varios dedos de la mano con una sierra. Yo lo llevé al cuarto de urgencias del hospital de la Transístmica, pero tras ser atendido él me pidió que lo trasladara al Santo Tomás, porque en la CSS le querían amputar cuatro dedos. Así lo hice, y en el “elefante blanco” solo le amputaron la falange de uno de los dedos, lo que le permitió seguir trabajando.

Cuando mi primera esposa quedó encinta, se le diagnosticó embarazo ectópico. Perdimos a nuestro hijo, porque ella era estítica y el tratamiento que le recetaron los matasanos la hizo abortar.

En otra ocasión, mi tercer hijo padecía una fiebre de 40 grados y lo llevé, en brazos, al cuarto de urgencias del hospital que ahora se llama Susana Jones. La administrativa pidió la documentación correspondiente. Le entregué el carné de asegurado y la ficha de julio, pero ella dijo que no podían atender al niño, porque el “patrón estaba moroso”. Como yo tenía la ficha de julio en mano, pero era agosto, la insulté delante de un policía y me fui a una clínica privada, donde lo inyectaron contra la gripe y se curó.

Ahora, para desgracia familiar, mi mamá se cayó y se fracturó la cadera. Me informaron que los cirujanos de la CSS eran buenos operando a personas de edad avanzada. Como ella es diabética, hubo que esperar un tiempo para intervenirla. Tras ser operada y tres días después de haber sido dada de alta, tuvo que regresar con un coma diabético, porque se infectó la herida. Se logró recuperar en el hospital viejo, pero un día la fisioterapeuta que la atendía le hizo un ejercicio que le provocó fuerte dolor y sobrevino un paro respiratorio, fallo cardiaco y derrame cerebral.

Después, cuando ya tenía un agujero en el coxis del tamaño de un plato mediano, por estar largo tiempo en cama, fue que nos dijeron que teníamos que comprarle un colchón antillagas. Ahora mi madre sigue en cama, bajo el cuidado de mi hermana, pero ya no es la misma de antes.

Es seguro que debe haber panameños con historias más tétricas que la mía.

A mi tía Margarita, por ejemplo, la quemaron en el oncológico y todavía mi prima está esperando reparación por el daño y perjuicio ocasionado. Mi suegra, de 71 años de edad, tuvo que llamar al call center de la CSS, para solicitar cita, y se la dieron para el 2016. Ella sufre de desmayos, pues no le llega suficiente oxígeno al cerebro.

A mi cuñada, que padece obesidad y presión alta, el doctor le ordenó, con carácter de urgencia, un examen del corazón, pero la cita también se la dieron para el próximo año. Espero que lleguen a esa fecha y no se mueran antes.

Si la atención en la CSS es pésima, cruel, etc., etc., etc., ¿cómo será si se unifica el sistema de salud? A propósito, este proyecto del actual presidente no ha sido consultado con los dueños de la CSS –los asegurados– cuando es notorio que no hay capacidad siquiera para atender de forma adecuada a los asegurados.

Reitero, no hay medicinas, médicos ni equipos para hacer exámenes a los pacientes con enfermedades raras o poco comunes; no hay reactivos, camas, cuartos, suficientes camillas ni la cantidad de ambulancias requeridas para dar una buena atención, y falta mucho personal e implementos.

Y ahora, para acabar de entristecer más a los asegurados, se habla nuevamente de aumentar la edad de jubilación y las cuotas. Mientras tanto, las cuantiosas cotizaciones sirven para comprar televisiones y tranquilizar a los impacientes asegurados, y para otras cosas innecesarias.

Todavía no ha llegado quien administre, adecuadamente, esta institución estatal, a pesar de que lo que se cotiza es suficiente para que se brinde una atención de excelencia. En la CSS, si no lo matan a usted por alguna razón médica, lo matan por el maltrato de los funcionarios que trabajan en los hospitales.

 

Se designó el 9 de agosto para rendir tributo a Justo Arosemena Quesada, gran jurista, estadista, economista, codificador, reformista, historiador, escritor, político, profesor, orador y diplomático. Desde hace años sostengo que hay tres personajes que tienen el país revuelto: los malos periodistas, los malos políticos y los malos abogados. En mi calidad de comunicador social he escrito sobre los grandes yerros de quienes buscan, procesan y difunden informaciones. Mi experiencia me ha llevado a conocer excelentes abogados (muchos) y a tratar con verdaderos tiburones de esa profesión (pocos). He participado en dos actos en los que el denominador común son los hombres y mujeres de leyes. Primero, durante el lanzamiento de la campaña de quien aspiró a dirigir los destinos del Colegio Nacional de Abogados, me refiero a Carlos Lee. El segundo, al aportar conocimientos en materia de protocolo y organización, al inicio de la Semana del Derecho de la Universidad Interamericana de Panamá. En ambos me referí a las aportaciones que hizo san Alfonso en el siglo XVIII. Personaje que antes de entregarse a la pasión cristiana, fue un exitoso abogado. Cuentan que jamás perdió un caso, siempre tuvo a la verdad de su lado y solo defendía causas justas. Aconsejaba: “No es lícito jamás aceptar causas injustas, porque son perniciosas para la conciencia y el decoro”. Hoy vemos cómo ciertas figuras del foro legal se empeñan en defender a clientes culpables. ¿Será que más pesa don dinero que doña integridad?

Decía san Alfonso que: “no se debe cargar al cliente con demasiados gastos, teniendo la obligación de restituir lo no necesario”. ¿Habrá algún caso en que el abogado le dijera al cliente que hubo ahorros en el proceso, por lo tanto, le devolverá el excedente? Aconsejaba también no defender causas por medios ilícitos: “Es necesario el estudio de los procesos para sacar de ellos los argumentos precisos para la defensa de la causa”. Muchos fallos adversos al cliente nacen en la poca preparación de la defensa. Las múltiples ocupaciones del letrado impidieron su preparación.

Por otro lado, están los llamados defensores de oficio, quienes a veces solo van a cumplir con un requisito y se olvidan que la libertad o el patrimonio de una persona están en juego. También vemos que muchos abogados hacen declaraciones de los casos que llevan. De repente uno siente que tiene muchas responsabilidades con múltiples clientes. Frente a ello, san Alfonso decía: “No es digno de elogio un abogado que acepta muchas causas, superiores a sus talentos, a sus fuerzas y al tiempo que frecuentemente le faltará, con el fin de prepararse para la defensa”. “Un abogado que pierde una causa por negligencia suya está obligado a reparar los daños”. Esta sí es una perla. Me gustaría saber si aquí hay algún abogado que haya reparado los daños a su cliente debido a su negligencia. En el ejercicio de su profesión, según san Alfonso, el abogado debe ser verdadero, sincero, respetuoso y razonable.

Dirijo estas líneas a los hombres y mujeres que ejercen el derecho, en especial a los cientos de estudiantes que se preparan en las universidades. Ellos salen casi inmaculados, pero, al igual que los periodistas, muchos se dañan y eligen caminos torcidos. Recuerden que para ser abogado deben tener en cuenta estos requisitos: ciencia, diligencia, verdad, fidelidad y justicia.

 

Los delitos contra el honor tienen como presupuesto el dolo del autor o agente, es decir, que la conducta del injuriador o calumniador debe estar revestida de la “intención” o interés de ofender la honra o dignidad de una persona. Pero, algunos han considerado que además del dolo, estos delitos exigen un motivo adicional que comúnmente se ha denominado animus injuriandi o animus difamandi. Se trata entonces de un plus predicable del injuriador o calumniador, esto es, de una exigencia subjetiva de la que está“armado” el individuo que hace la ofensa, aspecto que puede tener importancia en la denuncia hecha por ciudadanos o los medios de comunicación y, en consecuencia, en la transparencia de algunos hechos que comprometen intereses sociales, económicos o políticos. No obstante, al margen de la exigencia o no de este elemento, que puede ser objeto de polémica, lo que sí parece claro es que se mantiene el carácter doloso de los delitos contra el honor, pues no hay manera de cometerlos sino de forma culposa o imprudente. El autor de la injuria o de la calumnia ha de estar investido de un interés particular de causar un perjuicio a la reputación del difamado. Los delitos contra el honor –injuria o calumnia son los únicos que contempla el Código Penal de 2007– tienen como, todos los delitos, elementos objetivos y subjetivos, de forma que quien realiza conductas delictivas, externa su voluntad con el objeto de poner en entredicho la honra de la víctima al proferir expresiones injuriosas o calumniosas.

Por ello, hay que excluir como delito contra el honor, cualquier acción que en sí misma no implique necesariamente el interés de ofender, ultrajar o calumniar la honra de alguien. Ha de excluirse del delito de injuria o de calumnia –aún cuando pueda tener otras consecuencias jurídicas– todo interés o motivo ajenos al delito, como por ejemplo, las ofensas inferidas en las alegaciones en que recurren los abogados al defender a sus clientes, el del poder del padre que corrige a su hijo en el caso de las injurias de hecho, el de quien con el objeto de divertir o de levantar suspicacia recurre a una broma e, incluso, quien de manera subrepticia realiza una denuncia que está obligado a difundir para prevenir o reprimir acciones delictivas que afectan a la comunidad. De manera que cualquier acción no constituye un ilícito penal de injuria o de calumnia. Pues estos delitos demandan cierta objetividad jurídica: inferir un daño a la honra, dignidad o decoro de una persona (injuria) o atribuir falsamente a alguien la comisión de un delito (calumnia) y que, además, no exista la obligación o justificación de decir la verdad al no estar prohibido legalmente.

Es necesario tener presente que, al menos entre nosotros, los delitos contra el honor han ido perdiendo importancia. Por diversas razones, arrastran cierto grado de desprestigio, ya que muchas veces se les agrega un contenido político que, en principio, este bien jurídico no tiene.

El tema se complica en la medida en que se contraponen otros bienes jurídicos con los que está estrechamente vinculado. Es lo que acontece con la libertad de pensamiento, expresión, entre otras, con las que se han producido algunos roces o contradicciones. El problema obedece quizás a la falta o ausencia de una delimitación adecuada de los bienes jurídicos comprometidos. Lo cierto es que el problema permanece, pues no siempre es fácil dividir un bien jurídico de otro: la libertad y el honor.

El interés prevalente entre uno y otro bien protegido es también objeto de polémica, es decir, si prevalece el derecho al honor o a estar informado. Con relación a este último aspecto que se refiere a la libertad de expresión, no hay discusión en cuanto a que se trata del derecho que tienen los ciudadanos de conocer hechos que comprometen a quienes pretenden dirigir o dirigen el Estado, pues hay, como es indudable, un incuestionable interés social en saber cuáles son las cualidades morales y sociales de las personas que ocupan o aspiran a ocupar cargos públicos, pues la sociedad y el Estado no pueden estar dirigidos por delincuentes ni corruptos. De forma que sería un absurdo castigar a quien dice cosas ciertas de las personas que están en la vida pública o aspiran a estarlo (Francisco Castillo González, La excepción de verdad en los delitos contra el honor, Ediciones Pasdiana, San José, Costa Rica, 1998, pp. 19 ss).

 

Igual que el insecto de La Metamorfosis de Franz Kafka, los desempleados viven una marginación y creciente desprecio a medida que su situación se prolonga. Los que antes eran amigos, poco a poco se van alejando e inventan cualquier excusa para no toparse con el “enfermo desempleado”. Incluso los propios familiares se apartan como lo hicieron en pasajes de la obra antes citada, quizá para evitar un posible contagio. Basta saber que una persona no tiene empleo y su círculo de antiguos conocidos adoptará una actitud esquiva para evitar un saludo prolongado. “Disculpa, tengo una cita”, “otro día te veo”, “cualquier cosa, llámame”, son las frases conocidas para esquivar a la persona que tiene la cartera vacía y, como decimos en buen panameño, “el estómago pegado al espinazo”. Sencillamente, no es un humano elegible para nuestra atención.

A muchos desempleados no solo se les desprecia, sino que se les irrespeta como seres humanos, haciéndoles formar largas filas solo para que llenen una hoja de vida que nunca será tomada en cuenta. Sé de personas sin empleo a las que, a pesar de tener a conocidos con influencia en instituciones del gobierno, se les contesta con mentiras encubiertas, solo por no tener la valentía de decirle la verdad, y se les hace pasar por un sinnúmero de vicisitudes.

Una sociedad en la que impera la competencia desleal, el éxito económico y el consumo de objetos de lujo no tolera a los mendigos o alcohólicos en las calles porque primero está la imagen, no el factor espiritual. Lo prioritario es tener una ciudad pulcra y eliminar todos aquellos elementos que la hacen lucir mal. Resulta irónico que un país que tanto pregona la bonanza económica con sus obras de infraestructura, su pluralidad de bancos y sus enormes edificios de cristal “antisismo”, no posea un dormitorio municipal para los sin techo, ni comedores para los que no pudieron conseguir un dólar, ni programas responsables de resocialización del adicto. ¡Que pidan limosna! No hay comedores para los pobres, pero sí proyectos gastronómicos ambiciosos para atraer el turismo. Debieran colocar un gran letrero en la entrada que diga: “Bienvenidos sean, si pagan”.

A los drogadictos o llamados “piedreros” se les recoge cada vez que una autoridad municipal recuerda que existen, porque se avecina una cumbre y hay que limpiar la casa. Mientras tanto, ellos pululan por doquier en la urbe, formando incluso verdaderas comunidades de narcodependientes. Hoy día, al que pide para comer, aunque no consuma drogas, también se le etiqueta con el epíteto despectivo de “piedrero”. Es la forma como la sociedad hedonista descalifica a los que ya no les son útiles.

Verdaderamente, conseguir un empleo no es un asunto tan fácil como algunos piensan. Primero se requiere de un familiar o amigo (a) muy cercano que esté en un puesto de decisión en el gobierno o la empresa privada, lo que tradicionalmente se conoce como “ palanca”. Segundo, si aspiras a un puesto gubernamental debes estar inscrito en el partido en el poder y haber mantenido un nivel de “lealtad” comprobada con la directiva. Como si el hambre y las necesidades fueran derechos exclusivos de los que están inscritos en un partido, y no de un derecho humano. Muchos empleadores también piensan que ofrecer una vacante es hacer un favor que más adelante debe ser devuelto de alguna forma. Es fácil decir que “el que no consigue trabajo es porque no quiere”, cuando se tiene la estabilidad económica para decirlo.

A pesar de que oficialmente se sostiene que el desempleo ha disminuido, lo que se respira en la calle es otra cosa. A menos que se esté utilizando el empleo informal como una cifra alentadora, incluyendo a los extranjeros que han venido a Panamá a ejercer la “buhonería”. Un desempleado que no tenga siquiera sus necesidades básicas resueltas no pensará en estudiar o cultivar actividades como la poesía o la literatura. Si su perfil no es el adecuado para la demanda, seguirá pasando hambre. En esta perspectiva sobre el problema del desempleo no hay políticas distintas, tampoco funcionarios o partidos diferentes, solo hay dos tipos de seres humanos: Los que entienden el dolor ajeno y tratan de remediarlo, y los que miran para otro lado, porque no es su problema.

 

En reiteradas ocasiones, he señalado que no se trata de hacer oposición por oposición, sino que debe prevalecer la actitud de contribuir mediante propuestas. La efectividad de lo anterior dependerá también de la capacidad que tengan los gobernantes para estar abiertos y trabajar con lo que denominamos como “las fuerzas vivas del país”.

De no ocurrir lo uno ni lo otro, se generaría un ambiente que puede predisponer a la acción contestataria de las masas, en busca de soluciones a sus problemas.

Opino que cuando elegimos a los gobernantes no es con el deseo de que ellos fallen en su labor de administrar la nave del Estado. Todo lo contrario, los panameños aspiramos a que se gobierne en función del desarrollo y el bienestar común. Observo, con preocupación, que la gestión del actual Gobierno, comparada con la de los que le antecedieron, es la que más protestas (aisladas o no) de la comunidad enfrenta. A diario, en algún lugar del país se produce ese fenómeno de la lucha por reivindicaciones populares y sociales, entre estas, el problema del agua, las mejoras en la infraestructura educativa, el sector agropecuario, el transporte, la criminalidad, alto costo de la vida, la Zona Libre de Colón, la salud, etc. Es justo reconocer que algunas no son facturables al gobierno actual. Sin embargo, le toca encontrar soluciones a esa serie de problemas de la comunidad.

El argumento y la excusa de que se tratan de problemas heredados no funciona para la sociedad. Tampoco es saludable esa política de reacción por acción. Para nosotros, algo no anda bien por los lados del Gobierno, dada esa política de apaga fuegos.

El Gobierno tiene que encontrar mecanismos más eficaces para abordar ese chorro de protestas legítimas, y debe crear grupos de tareas que dialoguen con el pueblo y, sobre todo, para que este sepa a quién dirigirse para encontrar respuestas expeditas a sus causas. Además, hay que crear espacios para el diálogo y el consenso. Los despachos ministeriales tienen que estar abiertos a los representantes de corregimientos y, con ello, a las soluciones. En esto del diálogo y el consenso, el Gobierno ha cometido errores. No le debe tener miedo a las fuerzas orgánicas de la sociedad. Lo de la cultura de participación ciudadana, no debe quedarse en el discurso. Hay que promoverla.