Lección de los papeles de Mossack & Fonseca

Hace un año que estalló el escándalo por los papeles de Mossack & Fonseca. Aunque no lo quieran reconocer las autoridades, sí ha causado un efecto negativo en el país. Y la información publicada en más de un centenar de medios de todo el mundo, tuvo una intención mortífera contra el Centro Financiero de Panamá. ¿Qué lecciones debemos aprender de este vil atentado? La lógica indica que Panamá debe dejar de ser tan dependiente de los Estados Unidos y abrir espacios a otras economías: la rusa, la china, la japonesa, la europea… El problema de Panamá es que por más de un siglo, ha dependido exclusivamente de Estados Unidos. Panamá tiene que salir de esa burbuja, si realmente quiere avanzar en su desarrollo. Este país es infinitamente pequeño, pero estratégico y no hay razón para que su economía gire solo alrededor de Estados Unidos. No se trata de que ahora seamos enemigos o echemos a un lado al coloso del norte. De lo que se trata es de diversificar nuestra economía, otras monedas, otros mercados… Nuestra economía gira en los servicios y el centro financiero es uno de ellos. Hemos sido exitosos y por ende, tenemos que blindar este servicio no solo dependiendo de Estados Unidos. Hoy fue el golpe con Mossack & Fonseca, no debemos esperar a mañana para experimentar otro golpe tan vil contra nuestro centro financiero. ¡Lección aprendida!

Redacción La Estrella de Panamá

Invasores: precaristas o sinvergüenzas

Comencemos por definir con claridad los conceptos ‘invasor’ y ‘precarista’. Invasor es toda persona o grupo de personas que ocupan ilegalmente un terreno, sea este privado o estatal. Precaristas son grupos sociales marginados que, al no tener recurso o acceso al crédito para una vivienda, establecen asentamientos en lugares inhabitables. Esta práctica no es nueva, como todos recordarán, Loma la Pava, área donde se encuentra ubicado hoy Plaza Edison, fue invadido en los años 40 por personas que, luego en la década del 70, fueron sacadas de allí porque en ese sitio se construiría un Hospital Materno Infantil. Muchos de estos invasores fueron los fundadores de lo que luego se conoció como el ‘distrito especial de San Miguelito’. Loma Cová fue otro lugar invadido por gente de todas partes, algunos de los cuales lotificaron para vender pequeñas parcelas a quienes llegaron posteriormente. Muchas invasiones de tierras han sido promovidas por dirigentes políticos que ven en esta práctica politiquera una forma de conseguir votos jugando con la gente mas necesitada. Yo llegué a la capital en 1985 con grandes limitaciones económicas. Panamá vivía una situación difícil y sin posibilidades de solución a corto plazo, pero jamás se me ocurrió invadir una tierra. En ese momento muchos jóvenes llegamos a la capital con una pequeña maleta con ropa, otra llena de sueños y deseos inmensos de convertirnos en profesionales para lograr generar ingresos que nos permitieran echar adelante y formar una familia. No fue fácil, tuve que trabajar y estudiar duro, ya que no tenía apellido ni influencias; sin embargo, logré abrirme camino para construir todo lo que hoy tengo. Con el pasar de los años la invasión de tierras, que al principio pudo haber tenido una objetivo social, se ha ido convirtiendo en un gran negociado en el que unos pocos ganan, mientras la mayoría pierde. Hoy conocemos personas que identifican terrenos privados o del Estado para invadirlos, lotificarlos y venderlos a gente necesitada que deja lo poco que tiene para caer en esta trampa o estafa. También entran en este juego abogados que le sacan dinero a los invasores, con el cuento de que nadie los va a sacar de estas tierras, a sabiendas de que son tierras privadas que tarde o temprano volverán a mano de sus verdaderos dueños. Hoy, hay más de 300 invasiones de tierras en Panamá y muchas de ellas patrocinadas por representantes, diputados y alcaldes de todo el país. Hemos visto incluso cómo algunas áreas ya se han convertido en barriadas que llevan nombres de políticos que en su momento ayudaron a los invasores desde el Gobierno para que no fueran desalojados de estas tierras. El caso más reciente, en Villalobos de Pedregal, confieso que he sido testigo de cómo un grupo de personas propietarias de 60 hectáreas de tierra fueron víctimas de invasores que llegaron allí en mayo del 2016 a levantar con palos y hojas de zinc sus improvisadas viviendas. En más de cuatro ocasiones, los dueños de estas tierras fueron a mi noticiero, con documentos, tratando de lograr que las autoridades les dieran la mano para recuperar sus fincas, resultando infructuosos sus esfuerzos. En una ocasión los dueños de los terrenos hasta denunciaron haber sido agredidos y amenazados por algunos de los invasores. El pasado jueves, la Policía Nacional, atendiendo órdenes de la corregiduría, procedió a desalojar estas tierras, luego de 10 meses de lucha de los propietarios y gastos de miles de dólares. Luego de la acción policial, organizaciones de izquierda rechazaron la medida por considerarla violatoria a los derechos humanos.Estos grupos que defienden las invasiones sustentan sus argumentos en el artículo 117 de la Constitución que dice: ‘El Estado establecerá un política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social de toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso’. Este artículo es claro al señalar que es el Estado a quien le toca, a través de políticas, garantizar vivienda a los panameños. Aquí no dice por ningún lado que es obligación del Estado promover o apoyar las invasiones de tierras ni mucho menos regalar casas. Estos grupos de izquierda lo que buscan con ese discurso politiquero es allanar el camino para, en caso de acceder al poder, abolir la propiedad privada y dejar todo en manos del Estado. El Gobierno debe, a través de políticas de Estado, procurar que esta gente pueda conseguir un trabajo y aspirar a tener su propia casa. No podemos seguir apoyando las invasiones.

Álvaro Alvarado

 

Cuando las oportunidades se escapan

La lógica elemental llamaba a una Asamblea Nacional Constituyente apenas Guillermo Endara Galimany (q. e. p. d.) asumió el poder tras la invasión estadounidense del 20 de Diciembre de 1989. Endara no lo hizo, convencido no se sabe por quién, pero lo cierto es que sigue vigente la Constitución militarista de 1972. Lo más crítico de esto es que quienes aconsejan no hacer cambios constitucionales porque ‘no es el momento’, su convencimiento no gira sobre si las renovaciones constitucionales son buenas para el país, sino que un rompimiento del status que afectaría sus negocios. La necesidad de una nueva Constitución consiste en dotar al país de una Carta Magna acorde con el momento que vivimos; porque corta con esa etapa histórica de la vida republicana que consistió en 21 años de dictadura. Porque es la primera Constitución donde el país no tiene una quinta frontera. Esta nueva Constitución que aspiramos debería traernos cambios esenciales que nos liberen de ese excesivo presidencialismo que nos tiene atados de manos como país. Ese presidencialismo que nos conduce a un desequilibrio, porque no permite el debate de ideas, sino la imposición de las cosas. El presidente Juan Carlos Varela tiene una nueva oportunidad para llamar a esa Constituyente bajo los mecanismos establecidos. Permitir que entremos al 2019 con los mismos vicios que han imperado desde hace años, es no hacer Patria; por el contrario, es condenar el futuro de la Nación.

 

Redacción La Estrella de Panamá

El manejo de la controversia pública

En estos días se han suscitado significativos ‘escándalos’, tanto en el sector gubernamental como en el privado. Mi mentor en Relaciones Públicas, se llamaba Humberto López, un colombiano brillante, orador extraordinario y persona de encantadora personalidad (quien temo que ya pasó a mejor vida, pues era mucho mayor que yo y no he vuelto a saber de él); me iluminó en los años que manejé las comunicaciones públicas de un presidente, una primera dama, una alcaldesa, un director de la CSS, un ministro, un canal de TV y varios políticos (además de ser presidente de la Asociación Panameña de Publirrelacionistas y vicepresidente de la Confederación Interamericana de RR.PP.); Humberto fue quien me entrenó en el ‘Manejo de la controversia pública’, una especialidad de esta profesión. En esta agitada vida cotidiana, de nuestro país (y el mundo), es digno de comentar el excelente manejo que se dio de la controversia suscitada en una pizzería de Costa del Este, por el impedimento de entrada que un gerente puso a miembros a nuestra Selección Nacional (según las redes sociales, por razón de su etnia y condición social), afirmando literalmente que se les rechazó ‘porque no eran su target’ (palabra que implica ‘objetivo’, desde los puntos de vista comerciales y sociales). Primero que todo, los propietarios dieron la cara: a) aceptaron que se equivocó el gerente que hizo semejante desprecio (a nuestros célebres atletas además); b) despidieron al empleado que cometió el lamentable error; c) convocaron a los ofendidos y les pidieron sinceras y públicas disculpas; d) les desagraviaron invitándolos a comer en forma especial y e) les ofrecieron ser parte de sus patrocinadores y los designaron clientes preferenciales. Este es un buen ejemplo del manejo de una controversia pública eficazmente realizado. En abierta oposición notamos, con tristeza y asombro, cómo nuestro actual Gobierno pareciera carecer de profesionales que dominen y apliquen esta especialidad de la Comunicación / Relaciones Públicas en casos tan ferozmente importante como: a) desperdicio y carencia de agua; b) seguridad e integridad personal ciudadana; c) problemas con algunas escuelas que TODAVÍA no han podido funcionar decentemente en sus instalaciones; d) organización (tranques) del tráfico vehicular en la capital (en las carreteras en días festivos, parece que ya hay mejores medidas); e) acceso a los centros de salud y provisión de medicamentos; f) manejo de la basura; g) apagones… Todos ejemplos de controversias públicas relacionadas a necesidades BÁSICAS de los ciudadanos; las cuales diariamente llenan respectivamente los noticieros. Las reacciones y manejo son vergonzosos; van desde la indiferencia (ningún funcionario o vocero acepta que hay problemas, y menos explica los porqués ni los planes para subsanar estas anomalías tan odiosas, insalubres y que atentan contra las necesidades fundamentales de los seres humanos). Hasta las reacciones evasivas fuera de toda realidad ‘percepción de violencia’, absurda sonrisa de una ministra mientras dice ‘No tienen idea la logística que implica resolver este asunto’ (el lenguaje gestual es más fuerte que el verbal); la ausencia de los responsables de tantas calamidades para dar alguna explicación coherente y admitir que hay un problema que se origina por ‘tal y tal razón’ y que ‘se procederá a remediar en tal o cual forma’ y aceptar públicamente que hay una situación que está afectando o creando malestar , para empezar.

En conclusión: cero manejo profesional de ‘la controversia pública’, gran desconocimiento y orfandad de especialistas en esta materia, es la impresión que nos da a los que conocemos el tema y lo hemos vivido en la asesoría a personalidades influyentes en momentos críticos.

Alfredo A. Arango R.

 

Un país dentro de otro país

El espíritu original de crear las comarcas en Panamá fue preservar esas áreas para los compatriotas de etnias originarias, a fin de que no se le alteraran su cultura y su forma de vivir. La realidad es que las comarcas hoy parecen un país dentro de otro país, pues los indígenas aplican sus leyes y hasta sus impuestos. Pero lejos de preservar las comarcas, muchos de sus dirigentes no respetan el espíritu que dio origen a esta división de la República. Muchos de ellos están negociando con la venta de árboles y hasta celebran contratos con empresas extranjeras para la extracción de minerales. Pero la cuestión va más allá, con el cobro de impuestos a las visitas de cualquier panameño o extranjero y, cuando aplican sus leyes, terminan aplicando sentencias de latigazos con ortigas o metiendo a los culpables en el cepo. Aunque reconocemos que sus costumbres tienen que mantenerse, tampoco podemos aceptar que cometan exabruptos inhumanos o que pretendan que su demarcación no puede alcanzarla la justicia ordinaria. Creemos en la preservación de la cultura indígena y que se necesita que esos territorios, que han conservado por años, no sean arrebatados por terratenientes avivatos no indígenas. Lo que no podemos aceptar tampoco es que dentro de la comarca los avivatos internos no los alcance la ley o que se crean dueños y señores, cual feudal, de esas tierras. Una comarca es la reserva de un área para preservar una cultura, no un país dentro de otro país. Ojalá las autoridades dejen esto muy claro y no permitan que esta situación se les escape de las manos.

Redacción La Estrella de Panamá

Memorias de la Comisión Revisora de la Constitution de 1983′

El primero de diciembre de 1982, la Comisión de Reformas a la Constitución de 1972, designada por el presidente: Ricardo de la Espriella, inicio sus labores y las concluyó el 27 de marzo de 1983. Dicha comisión integrada por 16 distinguidos panameños, miembros de partidos políticos existentes en esa época y de sectores independientes. La Presidió: Jorge Fábrega Ponce. Nander Pitty Velazquez, fue su secretario y sus miembros: Emeterio Miller, Campo Elias Munoz, Mario Galindo, Oyden Ortega D., Humberto Ricord, Fernando Manfredo, Guillermo Endara Galimany, ocupando la presidencia de la República posteriormente, Jose Antonio Sossa, Roberto Arosemena Jaen, Roberto Alemán (El Chato) Cesar de León, Carlos Enrique Landau, Carlos Bolivar Pedreschi, Alvaro Arosemena Grimaldo y mi persona: que representaba al Consejo Nacional de Legislación y a la Asamblea Nacional de representantes, de ambas corporaciones era miembro.

La Comisión examinó integralmente las normas establecidas en la constitución vigente de 1972, con toda libertad: aprobó 135 artículos e introdujo 15 nuevos, entre ellos:

1) Se reemplaza la asamblea nacional de representantes de corregimientos; por la: Asamblea Legislativa, que constituíria: el Órgano Legislativo. Y se crea el Consejo Provincial integrado por los representantes de cada provincia. Como corporación mantienen sus funciones para el desarrollo de sus comunidades.

2) Se crea la figura del Legislador: escogido por elección popular directa por cada circunscripción electoral, denominada, circuito electoral: que pueden ser uninominales o plurinominales garantizandose el principio de representación proporcional. Debo señalar que el Circuito Electoral, surge como: un híbrido entre lo que eran los diputados provinciales antes de 1968, como lo establecía la Constitución de1946 y los representantes de corregimientos, creados a partir de la Constitución de 1972 siendo elegidos por votación directa y haciendo énfasis en el principio de residencia obligatoria en su corregimiento para que conviviera con la problemática y así se viera obligado a gestionar su solución a nivel municipal o del gobierno central ya que existía inconformidad con el diputado provincial, que generalmente residía en la capital y su presencia provincial era casi nula.A este tema se le dedicó Muchas discusiones y análisis, especialmente por los que formábamos parte del gobierno en ese momento ya que la figura del representante de corregimiento era un “icono” del proceso de cambios positivos, del proceso torrijista.

3) Se estableció la elección directa del presidente de la república, dándose la primera:en mayo de 1984, con la participación de los partidos existentes: inclusive del partido comunista de Panamá, que se había constituido legalmente. La ultima elección directa para presidente había sido en mayo de 1968, 16 años atrás .Salió electo el Dr Arnulfo Arias Madrid.

4) Todos los temas fueron importantes para los comisionados ,pero el que logró se le dedicará mayor atención, fue el presupuestario. Ante su embargadura el presidente nombro una sub- comisión: presidida por, Mario Galindo, sumándosele básicamente Roberto Alemán (El Chato) y entre ellos y demás miembros elaboraron la mayor parte de las normas que garantizan la aprobación y ejecución del presupuesto de nuestra nación actualmente porque el presupuesto, es el plan anual de gobierno, en números. Lo que ahí no está; no se ejecutará: al menos que se tengan ingresos extraordinarios o muchos ahorros.

Al terminar este escrito de esa experiencia histórica vivida siendo joven político en esa época: deseo señalar, que de darse una constituyente o cambio constitucional, se debe aprovechar para otorgarle la justa participación al Órgano Legislativo actual o al que sea: en la elaboración del presupuesto rentas y gastos de la nación ya que ellos son los representantes directos del pueblo panameño y mucho aportarían para la priorizar la inversión y gasto público. Hoy en base a las normas aprobadas por nuestra comisión: sólo aprueban o desaprueban: el presupuesto nacional totalmente elaborado por el Órgano Ejecutivo. Esto también interesará a líderes independiente y profesionales a integrar el Órgano Legislativo porque a parte de aprobar, modificar las leyes y ejercicios fiscalización en la administración del Estado, participarán en la elaboración del plan de gobierno en números: si presupuesto, como lo hacen en otras latitudes.

Hirisnel Sucre S.

Hay alternativas para el puerto en Corozal

El área de Corozal a orillas de la entrada sur del Canal de Panamá se ha convertido en un botín para diferentes sectores de la clase dominante panameña y sus socios en el extranjero. Su vecindad con el puerto de Balboa hace que se especule en convertirlo en una extensión de esa facilidad. El grupo que se adueñe de las 120 hectáreas haría ganancias multimillonarias.

El proyecto de puerto en Corozal que promueve la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), empresa estatal al servicio del sector privado, iría en contra de la máxima del general Omar Torrijos, quien señaló que lo conquistado en las luchas generacionales tenía que beneficiar al pueblo panameño. La posición geográfica de Panamá ha sido asaltada por los especuladores que utilizan el soborno para ‘‘disciplinar” políticos. Demagógicamente se sirven de lo que llaman equivocadamente las ‘‘leyes del mercado” (monopolio) para justificar lo que es un atraco.

Mientras los especuladores se pelean las 120 hectáreas de Corozal, en varios países vecinos se construyen puertos para acomodar la demanda de las grandes empresas de transporte marítimo. El fenómeno denuncia la incapacidad y la poca visión de los gobernantes panameños. Esta es la oportunidad para que Panamá comience a desarrollar el país construyendo puertos en el litoral, tanto del Pacífico como del Caribe. Los puertos significarían inversiones en el interior del país que se comunicarían – a corta distancia – con el Canal de Panamá por vías férreas y otras alternativas.

Los puertos de Colón y Balboa –en los extremos del Canal de Panamá- son los más grandes de América Latina. En 2014 manejaron 6.7 millones de TEU (contenedores).

En 2001 ambos puertos apenas movían 1.5 millones de TEU. La ACP pronostica que sólo el puerto en Corozal estaría manejando a corto plazo 6 millones de TEU. Si los cálculos de la ACP tienen fundamento, sería un tremendo aporte a la economía del país. Pero no se puede dejar en manos de los especuladores que no le aportarían beneficios (desarrollo) al país.

Hay que quitarle el mando de la vía interoceánica, de los puertos y del país al pequeño grupo de especuladores que se turnan para gobernar en forma alternada. Invirtiendo en el interior del país todos los panameños se beneficiarían. Si Mariel (Cuba), Kingston (Jamaica), Buenaventura (Colombia) y Limón (Costa Rica) están invirtiendo más de mil millones de dólares en las nuevas facilidades portuarias, qué le impide a Panamá construir puertos en su propio litoral.

Hay un obstáculo. Los especuladores no se beneficiarían tanto y las ganancias no serían inmediatas. La construcción de los puertos con la más alta tecnología en el interior requeriría un par de años. Los beneficios para el país serían inmediatos con la creación de empleos, la demanda de nuevos profesionales y el desarrollo de economías locales. En 20 años los ingresos representarían 50 mil millones de dólares. En la actualidad, los puertos en Balboa y Colón no representan ingresos para el fisco, ya que sus concesionarios aseguran que sólo tienen pérdidas a pesar del movimiento récord de contenedores.

La ACP confiesa que el movimiento ‘adicional que vendría por la ampliación del Canal se tendría que atender en otros puertos regionales’. Si Panamá ‘no incrementa la oferta portuaria, las navieras tendrían que llevar sus operaciones de trasbordo a otros puertos. Esto afectaría negativamente la competitividad portuaria de la ruta panameña, con la consiguiente pérdida de ingresos potenciales’. Pero en vez de pensar en el desarrollo del país, piensan en los negocios con los especuladores.

La ACP ya tiene su plan para negociar concesiones con los especuladores. ‘El plazo de duración de la concesión será de 20 años con la posibilidad de renovación a opción de la ACP hasta por 20 años adicionales’. Un total de 40 años. La ciudad de Panamá sufriría los embates ambientales del puerto en Corozal y el país no recibiría beneficio alguno.

La ACP, por probable desconocimiento, asegura que no habrá impacto ambiental debido a su capacidad para mitigarlos. Señala que ‘el puerto en Corozal aplicará los principios generales de un puerto verde: 1. Proteger a la comunidad de los impactos ambientales nocivos, 2. Reducir las emisiones de gases provenientes de las operaciones del puerto y 3. Emplear la mejor tecnología disponible para evitar o reducir los impactos ambientales’.

No convence. La mejor tecnología consiste en dispersar las facilidades portuaria como hicieron Barcelona, Nueva York y Ámsterdam.

Marco A. Gandásegui, Hijo

 

Los países no tienen amigos (Francia vs. Panamá)

Este mes de marzo, declarado el mes de la ‘francofonía’, quisiéramos recordar algunos aspectos de este país que ha sido un acérrimo crítico de la plataforma de servicios internacionales de Panamá, llamándonos delincuentes, poniéndonos en listas negras y, sin reparo alguno, humillando a nuestros funcionarios y a nuestro pueblo. Pareciera que en Panamá solo nos sentimos orgullosos cuando suena ‘Patria’ de Rubén Blades. Al oírla sonar todos lloramos a moco tendido. Pero ante las afrentas de Colombia y Francia somos indiferentes y sale a relucir esa actitud de ‘eso no es conmigo’ tan típica de los panameños.

Recientemente, el gobierno francés envió una delegación de funcionarios de baja jerarquía para negociar con el gobierno de Panamá algunas cláusulas del tratado para evitar la doble imposición que se encuentra vigente entre ambas naciones. Me pregunto: ¿Quién tiene la ventaja en la negociación si nunca le aplicamos una medida de retorsión a Francia y ellos no sacaron a Panamá de su lista negra? ¿Para qué negociar con el gobierno de Hollande, que tiene un pie afuera? ¿Por el bien de la diplomacia?

No dudo de la buena fe y de la capacidad de nuestros negociadores, pero recuerden siempre las palabras del sabio diplomático Lord Henry Temple Palmerston ante el parlamento inglés en 1848: ‘No tenemos aliados eternos y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y solo debemos seguir esos intereses.’ Dicha frase ha sido repetida innumerables veces por diplomáticos y políticos como el sobrevalorado Charles de Gaulle, que dijo: ‘Francia no tiene amigos, solo intereses’. Panamá no puede dejarse intimidar por una potencia pasada de moda con una conducta arrogante que solo sirve para esconder su fracaso como nación.

La población panameña debe comprender que los franceses esconden la verdad y nos atacan en forma despiadada sin razón. La plata de sus empresarios y de la clase privilegiada sale de Francia porque son un infierno fiscal, al igual que muchos estados socialistas en Europa, y porque nadie quiere pagar hasta 75% de impuesto sobre la renta para subsidiar a un mega estado lleno de burócratas que no sirven para nada. Casi 60% del producto interno bruto (PIB) francés se va en mantener a su impresentable burocracia.

Por esa y otras razones, -como una economía que no crece hace años, un flujo de inmigrantes fuera de control, con 25% de la población joven desempleada y la incapacidad manifiesta de sus gobernantes- es que el año pasado más de 12,000 millonarios franceses se fueron de su país. Un informe citado por CNN Money en febrero de este año, llamado New World Wealth, establece que desde el año 2000, Francia ha visto despedirse de su tierra a más de 60,000 millonarios. El informe establece que las causas principales de que los millonarios salgan de sus países de origen son el crimen, los impuestos y los asuntos financieros. Ese mismo informe indica que, por segundo año consecutivo en 2016, Australia fue el país que más recibió millonarios extranjeros, seguido de EE.UU. y el Reino Unido.

La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) dice tener 80 países miembros, pero dudo que existan tantas naciones en el mundo que adulen a Francia o a su idioma. Me pregunto si las antiguas colonias francesas en África, que fueron tan salvajemente explotadas, participan en estos eventos en que se enaltece el idioma galo. No creo que tengan el entusiasmo después de haber sido objeto del ‘Código Negro’ que representa, en las palabras del profesor Daniel Jacobo Marín (Universidad de San Luis de Potosí, México, 2010), ‘el fruto aciago del pensamiento racial del hombre blanco europeo y la culminación de un proyecto inhumano de grandes dimensiones de la poderosa nación francesa.’

El ‘Código Negro’, abolido finalmente a mediados del siglo XIX, constaba de 60 artículos y establecía las normas para el tratamiento de los esclavos. Entre sus principios se establecía que: eran bienes muebles; los amos tenían la facultad de azotar, pero no mutilar a sus esclavos; si el esclavo se fugaba se le cortaba una oreja y era tatuado con una flor de lis; había pena de muerte si el esclavo golpeaba a su amo, ama o a sus hijos en la cara o con efusión de sangre y no podía acceder a la propiedad. Yo no me imagino a esos descendientes de esclavos saltando en un pie y gritando: ¡Loor al idioma francés!

Para no dejar pasar la oportunidad de golpear a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), leo en el Washington Post de 24 de febrero de este año un artículo de Ishaan Tharoor denominado ‘The World’s Shame’ (‘La Vergüenza del Mundo’). El autor detalla la grave crisis que se cierne sobre Somalia, Sudán del Sur, el norte de Nigeria y Yemen donde más de 20 millones de personas, de los cuales 1.4 millones son niños, pueden morir de hambre en los próximos meses. ‘La situación es crítica’, dice Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Guterres estima que se necesitan más de $4.4 mil millones pronto para evitar esta tragedia.

Me pregunto: ¿Qué pensarán Gurría y Saint Amans, ambos flamantes ejecutivos de la OCDE, cuando leen estas noticias sobre las necesidades de estos pueblos donde aún -en pleno siglo XXI- se mueren seres humanos de hambre? ¿Cómo es posible que lideran el cartel de países más ricos del mundo y sólo saben atacar a países como Panamá, sacar estudios estériles que nadie lee y que no sirven para nada más que para abanicar su complejo de superioridad?

La OCDE, en vez de estar hablando babosadas en contra de la competencia fiscal y el derecho a la privacidad, debería hacerse útil y ayudar a atajar esta tragedia que se avecina en el continente africano (el cual sus miembros europeos explotaron durante siglos dejándolo en ruinas). Espero que Donald Trump recuerde cuando Gurría (Secretario General de la OCDE) lo llamó racista y atienda el llamado de los ‘think tanks’ de su partido para recortar los fondos a esta organización tan inútil y tan desfasada. EE.UU. aporta alrededor de 23 % del presupuesto anual de la OCDE y no creo que Francia corra a llenar el vacío en las arcas.

Por como nos trata el gobierno francés y por hacer justicia con nuestra historia como nación, es que apoyo el movimiento de cambiarle el nombre a la Plaza de Francia y devolverle el nombre original a ese parque en el Casco Antiguo de la ciudad: Plaza Chiriquí. Pocos saben que fue en el Baluarte Chiriquí donde se sofocó la revuelta de los generales colombianos el 3 de noviembre de 1903. No fue hasta 1922 que Belisario Porras, en uno de sus pocos errores como Presidente de la República, le cambia el nombre a Plaza de Francia.

Álvaro Tomas

 

Con respecto al caso Mossack-Fonseca Mora

Desde que el organismo internacional de Periodistas expuso ante la faz del mundo algunas de las triquiñuelas utilizadas por empresas que venden sociedades anónimas, cuentas offshore y trazan estrategias para enmascarar dineros, de manera tal que no paguen tributos fiscales en sus países, Panamá ha estado en el ‘ojo de la tormenta’.

Esto nos ha introducido en varias listas, grises y negras, y nos han advertido sobre la imperiosa necesidad de que se develen los secretos que permiten que muchos miles de millones de dólares desaparezcan para evitar que las autoridades de diferentes naciones puedan cobrar los tributos fiscales que nos son exigidos al resto de los mortales.

De más está decir que nuestro país siempre ha sido considerado un paraíso de las ‘sociedades anónimas’ y de las otras variantes legales que permiten ‘baypassear’ a los entes tributarios mundiales. Por ello, varias naciones se han unido para hacer un frente común que detenga esta llamada mala praxis. Para ello, se han creado organismos públicos y privados que monitorean los procesos de las naciones y empresas que abiertamente ofrecen estos servicios. Llamados inicialmente para cumplir con las leyes, pero que se han ido distorsionando para defraudar.

Nadie en sus cinco sentidos acepta que una empresa que tenga más de 350 mil clientes, en todas partes del mundo, vende un producto 100% sano. Algo malo debe permitirles esquivar los procesos que siempre hacen las agencias tributarias para rescatar dineros que necesitan esas naciones para seguir creciendo.

Pensar que los grandes sátrapas del mundo, presidentes, familias multimillonarias, nuevos ricos, grandes empresarios y muchos de los que se hacen millonarios de la noche a la mañana utilizan esta empresa, por el simple hecho de llamarse Mossack y Fonseca, resulto utópico. Después del escándalo Lava Jato, iniciado en Brasil, pero con ramificaciones fuertes en Suiza y Estados Unidos, han sido los nuevos organismos que persiguen la defraudación fiscal los que han unido esfuerzos para rescatar los impuestos de miles de millones de dólares.

Tomando en cuenta eso, ya sabemos de las cosas que se descubren como pago de coimas para acceder a los grandes contratos por parte de la empresa de Marcelo Odebrecht, con 12 naciones, 8 de América Latina, del continente africano y de otras regiones. Las autoridades, en seguimiento de la ruta del dinero, se han dado cuenta de que los muchos millones de dólares pagados en coimas a mandatarios y exfuncionarios no están depositados en cuentas bancarias legales, sino que están refugiadas en los entramados que se han elaborado casualmente para no pagar impuestos. Y eso le cuesta mucha plata a los que se adhieren a este sistema.

Y no es que lo diga yo, o Usted que me lee, o que lo diga algún opositor político, esas irregularidades han sido confesadas por los propios actores. El dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, 77 altos ejecutivos encargados del entramado y creación de los mecanismos para pagar sobornos y enmascarar los dineros que se pagaron. Ya hay expresidentes juzgados, muchos de sus familiares, ex altos funcionarios, gerentes de bancos, oficiales de cuentas, y sobre todo, que es lo que nos dice que hubo toda la intención de cometer delito, que son las declaraciones de los que desde adentro de Mossack y Fonseca están dando detalles pormenorizados de cómo, cuándo, dónde y por qué se disimulaban mediante una larga cadena de hechos preconcebidos, los destinatarios finales de varios miles de millones de dólares, depositados en paraísos fiscales de todas partes del mundo.

El señor Fonseca Mora hizo serias acusaciones públicas que impactaron en el país y el extranjero. De esa fecha para acá, ha tenido todo el tiempo para presentar las pruebas, pero ahora se observa que no quiere ni siquiera presentarse a hacer sus descargos por las acusaciones directas que le hace una ex colaboradora cercana, como es la abogada María Mercedes Riaño, quien se acogió a las ventajas de la Ley de Delación Premiada e intenta reconocer alguna culpa en este caso, pero sacarle ventaja a la ley recién implementada.

Todo va a depender de que Panamá siga dando muestra de colaborar con las asistencias judiciales que están solicitando Suiza, Brasil y Estados Unidos para que poco a poco vayamos conociendo algunas cosas sucias que se han tratado de ocultar por años en esto de la venta y mantenimiento de sociedades anónimas y cuentas offshore. Vale decir que no solo Mossack y Fonseca tienen la exclusividad en la venta de estos productos. En Panamá hay muchos bufetes de abogados, sobre todo los más renombrados, que también son expertos en la venta de estos productos. Pero están callados, esperando que pase el agüaje que le cae encima a Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y a Edison Teano, a quien mencionan también como cabeza visible de todo el entramado denunciado. Amanecerá y veremos.

Ernesto A. Quijada Díaz

Diputados provinciales

La historia reciente y pasada demuestra claramente el efecto dañino en que se ha convertido la Asamblea Nacional con sus diputados circuitales. Y es que en su gran mayoría, los diputados son comprados por el Ejecutivo y por ende, no hacen el trabajo de contra peso que debe ser la Asamblea Nacional. Como estamos arrancando motores y cada día son más los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2019, aunque falta poco más de dos años, debemos aprovechar la coyuntura para cambiar la elección de los diputados. Que la elección sea provincial y no circuital. De esta manera, garantizamos al menos que los que vayan a salir sean personas que tengan una representatividad de toda la provincia y no de una parte de un corregimiento. Que quienes salgan sean personas con un nivel de independencia, conciencia y liderazgo muy distinta a lo que tenemos hoy. La elección de diputados provinciales, por lo menos, hará un contrapeso necesario al Ejecutivo, para que cuando se cite a un ministro, director o cualquier funcionario, no sea el jefe del Gobierno quien decide si va o no a rendir cuentas. Que cuando se seleccione a un magistrado, su nombre sea debidamente escrutado y no ratificado por mandato del presidente. Que la Asamblea sea quien escoja al contralor y no solo ratifique a quien eligió el presidente. Es el momento de cambiar la elección de diputados y eliminar, de una vez por todas, los caciques de pueblo, por personas que tengan un liderazgo provincial.

Redacción La Estrella de Panamá