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En conversaciones informales, he escuchado comentar sobre los supuestos males que nos acechan, como nación, cual resfriado que se esparce sin control. Cuestionan si Panamá es un paraíso fiscal, con pocas o nulas leyes y procesos para el blanqueo de capitales, y dicen que estamos en cuanta lista gris se ha inventado. Esos son algunos de los epítetos que se manejan en la plaza e incluso confunden o mezclan conceptos, debido a la falta de información y de cuidado al expresarse sobre estos temas.

Es importante saber que el término paraíso fiscal se refiere a las actividades de carácter impositivo–legales. Es decir, a una jurisdicción con un régimen tributario laxo, cuyo objetivo fundamental es no pagar impuestos; esto en Panamá es un rotundo no. Soy del criterio de que las leyes y procesos establecidos en las regulaciones fiscales son claras y su ejecución es tal que raya en necedad insistir en que el país es un paraíso fiscal, ya sea por propios o extraños.

Al referirnos a lavado de dinero o de activos, hablamos de capitales que son producto de actos ilícitos definidos, como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, etc., y que quienes los manejan utilizan jurisdicciones sin regulaciones ni procesos adecuados, que les sirvan para disimular el origen de los fondos.

El error es mezclar los conceptos lavado de dinero y paraíso fiscal, pues se manejan con regulaciones propias, aunque se insista en ponerlos en la misma “cama”. A nuestro istmo lo tienen en listas grises por carecer de elementos –a criterio del evaluador– coincidentes con las “políticas internacionales” en materia de lavado de activos y prevención de la evasión fiscal. Esto genera detractores y aliados en el proceso. Los primeros sustentan sus puntos con duros cuestionamientos al statu quo, con hipótesis de intervencionismo e imposición foránea; los segundos apelan a la cooperación internacional y al bien mayor, al ajustarnos a regulaciones que coadyuven a la captación de inversión y acceso a préstamos internacionales, con el visto bueno de las instituciones supranacionales, pues eso incide en la buena o mala reputación como país.

La respuesta ha sido un alcance adicional a los acuerdos de intercambio de información. Leyes de trascendental importancia que, en armonía, combaten el lavado de activos. La primera en el ámbito corporativo es la Ley 47 de 2013, modificada por la Ley 18 de 2015, que regula la estructura constitutiva de las acciones al portador, al establecer que deben permanecer en custodia de entidades previamente aprobadas para tal fin. Esto se suma a la dificultad de abrir cuentas corporativas en la banca local, bajo una nomenclatura distinta a las acciones nominativas, lo que persigue identificar a los accionistas. Lo anterior, en conjunto con los procesos para conocer al cliente y de cumplimiento, perfecciona una plataforma robusta en Panamá que se complementa con la Ley 23 de 2015, sobre medidas para prevenir el blanqueo de capitales.

Quedaba latente el vacío, subsanado por la precitada ley, para con las empresas que no tienen como modelo de negocios la intermediación financiera, pero manejan una cartera importante de clientes que les genera flujo de efectivo. Es decir, los sujetos no financieros dentro de la oferta del mercado, que al ser tan heterogéneo el rubro de servicios incluye un listado amplio de actores, lo que la ley cataloga como sujetos obligados no financieros.

Paso sensitivo e importante porque le cierra la “llave” a cualquier posibilidad para blanquear capitales. Claro, se espera que esta normativa vaya de la mano de empresas serias, que tengan el compromiso, se capaciten y actúen bajo principios éticos y profesionales. Todo con el objetivo de salir de las listas grises en el primer trimestre de 2016. Pero esto no es lo trascendental, para mí lo más importante es que este marco regulatorio sea el catalizador que nos permita entender que se puede generar riqueza bajo un esquema de competitividad y trabajo digno, sin cometer ilícitos. Comulgo con la intención de generar conciencia, para que el “juega vivo” sea la excepción; la ilegalidad y corruptela sean mal vistos y, por supuesto, se tenga la certeza del castigo.

Usted, amigo lector, puede estar a favor o en contra, pero lo cierto es que la bola ya comenzó a rodar hacia una dirección, la decisión fue tomada y lo importante es estar informado, ser vigilante de que las acciones conducentes se ejecuten y que no caigan en letra muerta, porque lo que todos queremos es que sea en beneficio real para el país. Yo, incluso, exijo que se pueda medir, para que los indicadores, a corto y mediano plazo, manifiesten el resultado de todo el esfuerzo. Como empresarios y profesionales tenemos esa responsabilidad, al igual que como consumidor. ¡Todo esto por un mejor Panamá!

Sin ninguna duda que las noticias que no son de primeras páginas de los medios de comunicación globales señalan las tendencias, y también las ocurrencias, que parecerían ser insólitas de los habitantes planetarios.

Según la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Italia ha violado el derecho al respeto a la vida privada “por no ofrecer una protección jurídica adecuada ni reconocer los derechos de los homosexuales”. El Estado italiano deberá resarcir a las tres parejas homosexuales demandantes con 5 mil 694 mil dólares a cada uno por daños morales.

Mientras tanto, las autoridades de San Petersburgo, Rusia, han prohibido la celebración de un desfile del orgullo gay basados en la ley que prohíbe la propaganda a la homosexualidad entre los menores. Considerada como un crimen hasta 1993 y como una enfermedad mental hasta 1999, desde 2013 la nueva ley es aprobada con multas y prisión.

En Tailandia se prohíbe contratar los servicios de una madre de alquiler, además de comprar esperma u óvulos. Los médicos serán condenados con un año de prisión y para las madres de alquiler la condena podría ser hasta de 10 años.

La prohibición llega luego de los escándalos globales del japonés multimillonario que ha concebido 16 hijos por vientres de alquiler y del abandono de un recién nacido con síndrome de Down, por un matrimonio australiano que había comprado el vientre a una tailandesa por 12 mil 869 dólares.

En España, en un pueblo de Valencia de mil 400 habitantes, el alcalde ha emitido un decreto: “Silencio durante la hora de la siesta, los niños dentro de la casa y evitar hacer ruidos con el volumen de la televisión y la música a niveles aceptables”.

En un pueblo de 800 habitantes, en Italia, el asunto es más problemático. Multa de 28 a 284 dólares para los dueños de los perros que perturben el silencio del tiempo dedicado a la siesta y al descanso nocturno.

El pueblo italiano de Sellia, en la región de Calabria, ha aprobado una decreto que establece la “prohibición de morirse”, con el fin de frenar la despoblación y amortizar sus servicios sanitarios. Y aquellos que se detecten que no se cuidan o que siguen hábitos perjudiciales para la salud deberán, sencillamente, pagar más impuestos. Los registros de los ciudadanos sabrán de los vecinos que no se curen, de quién se hace análisis y quién no; o sea, quién se cuida y quién no.

Menos mal que existe el reino de Bután. Por iniciativa del reino, que considera la felicidad como la más importante variable del producto interno bruto, el 28 de junio de 2012 la  Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 66 /281, publicada el 12 de julio, decide proclamar el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad: “Para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas públicas”.

¡Sea feliz y no se le ocurra morir!

Insisto, no estoy en contra del curso de la justicia, pero el caso de Ovin Julio Miller quedará como una muestra del exceso de quienes forman parte del Ministerio Público. Ahora, recalco y repito esa frase del Varón de Montesquieu, ‘la justicia debe ser como la muerte, no exceptúa a nadie'.

Hoy, cuando hablamos del hacinamiento de las cárceles, el Gobierno, a través de fiscales y jueces, debe reevaluar el estatus de los prisioneros y, a la mayor brevedad, decretar libertades condicionales. Eso, mientras se concreta la adquisición de los brazaletes.

Si pedimos medidas menos severas para figuras de reconocida trayectoria y para los encumbrados de cuello blanco, también debemos dirigir la mirada hacia aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy cumplen encarcelamiento, sea por condena o a la espera de la misma.

Hay quienes tienen la ventaja de que son ‘Don alguien', pero los ‘Don nadie' se pudren en las mazmorras, sin que, autoridad alguna o gremio, aboguen por ellos. Son las desigualdades que se dan en un país que se desgarra en el anacronismo y la prehistoria.

No solo debemos luchar por los derechos de Ovin Julio Miller, también hay que hacerlo por aquellos descamisados, por los que no tienen acceso a los medios masivos, por los que sufren las injusticia de un sistema perseguidor y criminal.

Así como los funcionarios de Sinaproc impiden la entrada en un estadio debido al lleno completo, alerta de no ir a las playas, por sus condiciones imperantes, también deberían estar afuera de las cárceles, para impedir que más presos entren, debido al hacinamiento.

Nuestro sistema penitenciario es una bomba de tiempo.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.

Los diputados no están conforme con todo el dinero que COBRAN. Y nos preguntamos: ¿realmente ellos están haciendo su función? Para la cual los elegimos los panameños. La respuesta está más clara que el agua, la verdad NO. Pero tienen el descaro de venir a los medios y decirnos a los casi tres millones de panameños que los 7000 dólares que generan cada mes sin hacer nada no son suficientes y en otros países hasta carros le dan.

Por Dios, ¿en qué cabeza cabe tal infamia? Una vez más repito, señores del Gobierno, con todo respeto, antes de hablar se piensa, se escucha y por último se habla, para no cometer los errores garrafales que día a día cometan al abrir la boca.

Acaso han realizado un censo de la hambruna que experimentamos tantos panameños con la inflación de los costos en la canasta básica, transporte y la vida en general. Al parecer esta realidad está muy lejos de ellos, puesto que no saben cómo sufrimos los miles de gente humilde de este país.

Antes de hablar tal atropello contra la inteligencia y los oídos de los ciudadanos preocúpense por la gran cantidad de niños que se acuestan sin comer y mueren de hambre en nuestras montañas y no dejen por fuera a los de la misma ciudad centro, porque mientras que a nuestros gobernantes su salario se les desglosa en una dieta balanceada, nuestra juventud y niñez solo puede comer yuca, plátano y en estos días, con la llegada de la falta de arroz, plato fuerte de los panameños, ni eso vemos en los platos de estos humildes.

¿Saben cuántos ciudadanos andamos a pie y en los tormentosos metros para tener un salario de hambre y poder, por lo menos, llevar a la mesa algo de comida y sufragar los gastos de agua y luz, mientras que ustedes tienen más y se quejan, póngase la mano en el corazón y seamos sensatos.

Su vida de reyes es envidiable a muchos de nosotros los humildes, antes de ponerse a pensar en más beneficios para sus bolsillos, concéntrense en formular leyes para beneficio de todos los panameños que tanto lo necesitamos y dejen de llorar por un aumento que no tiene ni siquiera que salir de su boca, si lo piensan, no lo hablen.

A ninguna persona dentro del Gobierno, llámese ministros, diputados, etc., debe aumentársele ni un centavo; más al contrario, debemos disminuir sus salarios y entregarlos a los muchos panameños que, con salarios de hambre, sacamos hijos adelante para que sean de beneficio a esta nación que tanto lo necesita.

Saludos y bendiciones.

MAESTRA

Al cumplir 101 años de su apertura, mucho debió suceder para que el manejo del Canal quedara en manos panameñas. Gobierno tras Gobierno, generación tras generación, lucharon sin pausa para lograrlo. Patriotas idealistas vertieron su sangre; la patria lloró sus muertos y heridos. Hoy ese esfuerzo, que a tantos costó tanto, puede quedar mancillado por la soberbia de un directivo de la ACP, que rehúsa renunciar mientras es citado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada para indagatoria por blanqueo de capitales. No parece entender el daño que su egoísmo le hace a la institución y al país. O no le importa. No es justo.

Asegurar la competitividad de nuestra ruta apuntó a la necesidad de ampliarla para servir a naves de mayores dimensiones. La obra, con todos los problemas enfrentados, está a punto de culminar, aunque con un retraso originado en desacuerdos entre las partes. Su costo proyectado de US$5250 millones fue especialmente cuestionado y recayó en la ACP la responsabilidad de arbitrar lo necesario para mantenerlo dentro de límites cercanos a las estimaciones originales. Algunos expertos, habiendo conocido experiencias de megaconstrucciones similares con sobrecostos normales en otros continentes, calcularon sobrecostos naturales que elevarían nuestro costo a aproximadamente US$8000 millones. Los actuales reclamos —aún no comprobados— parecen apuntar a esa última cifra, pero confiamos en que el control ejercido por la ACP no habrá de legitimar esas cantidades.

Las amenazas de huelgas de trabajadores y de paros de empresas constructoras, no han cesado durante todo el período de la construcción. Se suman también reclamos por mejores condiciones de trabajo de los propios empleados de la institución. Ciertamente, el manejo de estas relaciones laborales y contractuales ha requerido atención permanente desde el comienzo de las obras y es natural que tales conflictos ocurran en construcciones de tanta duración con la participación de consorcios que agrupan diferentes empresas y trabajadores de diferentes nacionalidades.

El problema causado por el cambio climático —y especialmente hoy por el fenómeno del Niño— ubica en primer plano la advertencia creada por la disminución del caudal de agua necesario para que la operación del canal fluya sin problemas. La restricción del calado de las naves que lo transitan es una llamada de alerta suficientemente grave sobre la vulnerabilidad que ahora se cierne sobre la vía interoceánica y la consecuente limitación de los ingresos previstos para el Presupuesto Nacional.

Los costos de la ampliación, los reclamos laborales, las disputas contractuales y la reducción del caudal de agua han sido problemas que han debido ser enfrentados y resueltos. Pero a ellos se suma ahora una vergonzosa situación causada por la criminal conducta privada de un directivo que, quiérase o no, involucra el nombre de la Junta Directiva y afectará la percepción de su bien ganada integridad.

Es lamentable que esto suceda a una junta directiva que no debe estar integrada por cualquier Perico de los Palotes, sino por once panameños excepcionales de comprobada trayectoria competente y honesta, merecedores de ocupar esas sillas que fueron ganadas con la sangre de héroes. No hay que olvidar que le cabe responsabilidad a la anterior Asamblea Nacional por su reiterada costumbre de ratificar con igual ligereza a candidatos nominados a la Corte Suprema y a la Autoridad del Canal.

La operación del canal en manos panameñas nos ha dado muchas satisfacciones desde el primer momento en que ocurrió una transición transparente, sin ruido. La ACP ha cumplido procesos, sorteado obstáculos, resuelto problemas con entereza y buen juicio, consciente de su importancia para el país y el comercio mundial. No es hora de mancharla: renuncie señor.