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Se está discutiendo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona el Artículo 36-A a la Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.

El referido proyecto, además de reiterar la obligación del proveedor de recibir las monedas o billetes de curso legal de cualquier denominación y la entrega del cambio exacto que corresponda, señala en su numeral 4, ‘no incluir cargos en concepto de propina o servicios al precio final que se ofrece al consumidor cliente; la propina es voluntaria'.

El Diccionario de la Lengua Española define la propina como ‘gratificación pequeña con que se recompensa un servicio'. En ese sentido, principalmente, en el negocio de restaurantes, eventos y hoteles, es común y aceptado a nivel internacional que quien recibe el servicio, de manera voluntaria, gratifica la atención recibida mediante un pago porcentual adicional a la factura correspondiente a lo consumido y bebido.

Por otro lado, el consumidor cuando va a un restaurante y se le presenta el menú, no solo decide por el plato de su preferencia, sino también el costo indicado para el mismo, y de esa manera está seguro por cuánto será la factura final.

Si en un negocio determinado se incluye la propina como obligatoria, podría correrse el riesgo de que la misma se pueda considerar como salario, tal y como se señala en el artículo 140 del Código de Trabajo, al establecer que ‘salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo…'.

En ese sentido, el distinguido jurista Oscar Vargas Velarde, en su obra Derecho de Trabajo, estima que cuando la propina ‘es obligatoria, impuesta por la empresa al cliente, y el propio empleador la recibe y luego la distribuye entre los trabajadores sí es salario, porque el dador del trabajo la paga por causa de la relación de trabajo…'.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en fallo de abril de 1999, citado por Oscar Vargas en su obra, señaló que ‘La propina es siempre voluntaria y la da siempre el cliente para una gratificación por la calidad del servicio prestado por el trabajador para recompensarlo o agradecerle ese servicio…'

Comparto el criterio expresado por los magistrados de la Sala Tercera de la Corte, pues la propina debe ser siempre producto de la voluntad del cliente, como una gratificación por los servicios recibidos. Incluir la propina como una obligación, expone al empleador a un posible reclamo de considerar la misma como parte del salario, riesgo que no tiene sentido correr.

El proyecto de ley en discusión debe ser aprobado y que así, de una vez por todas, quede claramente establecida la prohibición de incluir la propina como un cargo obligatorio, que no debe asumir el consumidor, sino que la gratificación quede a su entera discreción, de acuerdo al servicio recibido.

Cuatro meses después de su pregonada realización en nuestra capital, la VII Cumbre de las Américas ha pasado al olvido. Al igual que las seis cumbres anteriores, eventos que solo algunos podrán enumerar, muy pocos la recuerdan. Quizá haya perdurado la imagen del saludo entre Barack Obama y Raúl Castro, la misma que los gobiernos de Washington y La Habana, a través de los buenos oficios del Vaticano, dispusieron con anticipación durante su planeado encuentro en Panamá. Pero mientras ambos gobiernos ya superaron esa etapa de sus nuevas relaciones diplomáticas, en los demás países nos preguntamos cuáles, de las siete cumbres celebradas, han sido de resultados tangibles y prácticos para sus cientos de millones de habitantes.

En abril, bajo la sombra de los preparativos de esa Cumbre, los panameños vivimos una situación anómala que por su característica festiva, de extendido fin de semana, pareciera haber ocurrido de una manera imperceptible para la mayoría.

Tres años antes, durante la VI Cumbre en Cartagena de abril de 2012, Panamá fue propuesta como sede de la VII Cumbre. Pero como con tantas cosas nuestras, llegó marzo de 2015 y la planificación del evento se mantenía retrasada. En esos tres años, la logística necesaria quedó pospuesta, según la mala costumbre panameña, para el último momento. Trasladar por la ciudad a los presidentes, comitivas y demás participantes no era tarea fácil. Aún así, en marzo muy poco estaba organizado a nivel de vías alternas, rutas temporales de transporte público y desvíos vehiculares con policías de tránsito preparados, tal y como fue el caso de otras ciudades sede en las seis cumbres anteriores.

De allí que el pasado 24 de marzo, a dos semanas de la apertura de la Cumbre, el viceministro de Relaciones Exteriores, acompañado de representantes de los estamentos de seguridad del Estado, informó en conferencia de prensa, desde la Presidencia de la República, que “para garantizar la fluidez vehicular y la seguridad de los participantes” el gobierno nacional había decidido, por medio de un “decreto de Gabinete”, que la empresa privada no laboraría en los distritos de Panamá y San Miguelito ni el viernes 10 ni el sábado 11 de abril. Así quedó plasmado en un comunicado expedido por la Cancillería ese mismo día.

Por más que ningún trabajador estaría opuesto a disfrutar de dos días adicionales de descanso obligatorio, por obra y gracia de un “decreto de Gabinete” o de cualquier otra cosa, la información emanada de la Presidencia generaba serias contradicciones legales. La principal: nuestra legislación aplicable a la empresa privada, contenida en el Código de Trabajo, no permite que el Órgano Ejecutivo decrete días de descanso por fiesta, solo por duelo nacional (Art. 44). Los únicos días feriados por fiesta autorizados por la ley son los listados en el artículo 46 de dicho Código. Esta contradicción legal, sin precedentes, era notoria. Tanto así que el propio Órgano Ejecutivo, sin duda consciente de su sospechosa legalidad, evitó hacer pública la normativa que se suponía estaba aprobada por el Consejo de Gabinete, y esperó hasta la víspera de la Cumbre, a la noche del 8 de abril.

En efecto, 15 días después del anuncio del viceministro, en la Gaceta Oficial No. 27756 al fin salió publicado, no un “decreto de Gabinete” como se había comunicado de manera oficial –y que por ende no existía– sino un “decreto Ejecutivo” del Ministerio de Seguridad Pública. En él, el No. 135, firmado apenas un día antes, el Presidente de la República y su ministro de Seguridad Pública dispusieron “el cierre de las Oficinas Privadas [sic] los días viernes 10 y sábado 11 de abril de 2015, en los distritos de Panamá y San Miguelito, y en el corregimiento de Veracruz en el distrito de Arraiján, considerando estos días libres [sic]”.

Algún funcionario sabría que, al ser publicado el 8 de abril en la noche, no quedaba tiempo para que interesados en la legalidad de los actos públicos pudieran conseguir la suspensión inmediata de los efectos de este decreto Ejecutivo al impugnarlo ante la Corte Suprema de Justicia. Para entonces, la Corte ya había decretado su propio asueto en ese largo fin de semana.

Resulta obvio que quienes formularon el decreto buscaron frases novedosas como “oficinas privadas” y “días libres”, que el Código de Trabajo no contempla. Asimismo, anularon el Art. 42 del Código, al disponer de modo arbitrario no solo donde, sino también qué“oficinas privadas” podían abrir y cuáles debían cerrar en esos días.

Pero lo más grave del decreto 135 es su alegado fundamento legal, el numeral 3 del Art. 183 de nuestra Constitución Política, que versa sobre la atribución del Presidente de la República, por sí solo, de “velar por la conservación del orden público”. Una insólita interpretación de este numeral, emanada del propio Órgano Ejecutivo, incomprensible y peligrosamente amplia, fue aplicada en el decreto 135. Irrelevante a la materia del decreto, esta logró que el Presidente de la República pasase por encima de una legislación vigente con el poder de un auténtico legislador.

Nuestra democracia exige rechazar y ponerle un alto a esta nociva interpretación, en otros países favorecida por regímenes autoritarios donde la “conservación del orden público” ha servido de excusa para toda clase de atropellos contra las libertades y garantías ciudadanas. De consentirla con nuestro silencio, estaremos dejando pasar un pésimo precedente que cualquier mandatario podrá citar como referencia en el futuro para sustentar abusivos actos de gobierno que creíamos superados.

¿Podremos imaginar dónde estaríamos como sociedad si tal interpretación autoritaria hubiese sido formulada por funcionarios de un gobierno anterior?

 Como ciudadano y profesional de la abogacía, he escrito de manera reiterada que la lucha contra la corrupción no puede dar tregua. El daño que se le hizo al país no tiene parangón en nuestra historia. Los estudiosos del tema destacan el perjuicio a los más necesitados, producto de ese saqueo, que provocó que se dejaran de hacer inversiones en renglones que tienen que ver con las necesidades básicas y elementales de los panameños.

Además de lo inmoral que constituyeron tales actos de corrupción, una gran parte de ese dinero, proveniente de préstamos adquiridos por el país, tendrá que ser pagada por la presente y la siguiente generación de compatriotas.

También he escrito que vivimos en un estado de derecho, constitucional, y que hay que respetar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, preservando la integridad de los que han sido señalados como presuntos autores de los ilícitos que integran el amplio espectro de la corrupción.

En ese contexto, los operadores de la norma legal, al igual que los encargados de investigar tales delitos, deben estar curados de interpretaciones antojadizas, subjetivas y represivas. Hace algún tiempo, escribí que una cosa es investigar y otra, reprimir el delito. Según la Constitución, los funcionarios de instrucción investigan. La represión corresponde a las autoridades de policía, en el sentido de fuerza legitimada por el propio ordenamiento legal, cuando para repeler una acción delictiva tenga que recurrir a ello.

Señalaba en aquella ocasión, que los personeros y fiscales debían cuidarse de confundir estos dos campos de acción contra el delito.

En las últimas semanas, he observado críticas contra el proceder de los funcionarios de instrucción, sobre todo, en cuanto a la aplicación de medidas cautelares. En lo particular, comparto la opinión de abogados y juristas panameños que indican que no se han dado los suficientes juicios de análisis en cuanto a los presupuestos que señalen la necesidad de aplicar la más dura medida cautelar, que es la detención preventiva. Sin embargo, dentro de este contexto, hay que hilar delgado para cuidarse de alguna campaña que, de manera intencional, procure demeritar el trabajo que lleva a cabo el Ministerio Público.

Desde su creación, el Código Minero de Panamá era contrario a la Constitución Nacional, que señala que el poder de pocos no puede prevalecer sobre el poder de muchos. Favorecía a todo concesionario que quisiera explotar recursos, menospreciando el bien común.

El Código fue reformado, en el gobierno anterior para hacerlo más beneficioso al concesionario; atenta contra el régimen ecológico y agrario de la carta magna; irrespeta la propiedad privada y los derechos humanos. Es un mandante que se eleva sobre la Autoridad Nacional del Ambiente y es manejado políticamente por el ministro de Comercio e Industrias (Mici), según los caprichos de los gobiernos de turno. Con respaldo político se logran concesiones que atentan contra el bien común, y los beneficiados quedan exentos del pago de impuestos de introducción de toda maquinaria y repuestos, sin ir a licitación ni a concurso de precios. Hablo de sofisticadas maquinarias que afectan las fuentes de agua y causan daños irreversibles, como ejemplo tenemos la explotación en el río Pacora, todo un atentando contra los derechos humanos por ser el agua el líquido de la vida. Así, las propiedades quedan sujetas al concesionario, que puede adquirir 500 hectáreas para extraer materiales por 20 años, en menoscabo de los propietarios de fincas privadas, por ser el Gobierno dueño único del subsuelo. No importa si son fincas agrícolas o ganaderas, eso no detiene las concesiones por no contar con mayor inversión que las concesionarias.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) enfrentó problemas para potabilizar el agua del río Pacora, a causa de las actividades de la cantera Moliendas Generales, S.A. e invirtió en una nueva potabilizadora, aguas arriba de la contaminante y abusiva cantera. Expuso su negación a una nueva concesión de Alturas del Río S.A., situada en la desembocadura de los ríos Cabobré y Pacora, a pesar de eso, la concesión se otorgó.

Hoy tenemos a Gethsa Internacional S.A. en el corregimiento de San Martín, que fue cerrada temporalmente este miércoles por el Mici, a pesar de todas las ilegalidades y daños ambientales expuestos por la población ante las autoridades nacionales. Al ministro de Comercio, Melitón Arrocha, se le señaló por el desafío de reabrir esa cantera cuya actividad ya restringe el agua destinada a la comunidad de Carriazo y, en el futuro, puede afectar a otros cinco poblados. El lugar solo tiene una calle principal por donde, desde el amanecer hasta el anochecer, transitan camiones en fila continua. Urge reformar el Código Minero, para el bien del país. El fenómeno de El Niño ocasiona daños inevitables en muchos países, incluido Panamá. Sin embargo, aquí los efectos del Código Minero agravan la situación de los ríos. quebradas y ojos de agua. El gobierno de turno, por honestidad, debe exigir su reforma.

El Estado panameño ha desarrollado diferentes acciones para mitigar el problema de la desigualdad de género, mediante la creación de leyes que le brindan más oportunidades a las mujeres; el rechazo de todas las formas de discriminación; la adopción de medidas para frenar la violencia doméstica, y el diseño de programas para facilitar el acceso a la educación. Todo esto ha contribuido muchísimo, pero aún falta un trayecto muy largo.

Si volteamos la mirada a la realidad, veremos dos caras: una de mujeres que aprovechan estas oportunidades y, a pesar de tener trabajos pesados y una familia que acapara gran parte de su tiempo, continúan sus estudios de pregrado y maestrías. Lo mejor de todo es que tienen muy claras sus metas y se destacan en lo que hacen. Es común escuchar: “Mejor contratamos mujeres, son más responsables y comprometidas”. Esto las convierte en verdaderas protagonistas y ejemplos para las demás.

La otra cara, la vemos en las noticias de crónica roja y corresponde a las que son maltratadas. La violencia de género ha sido y sigue siendo un delito invisible, muy poco investigado y castigado. Incluye a mujeres que cumplen dos tercios de las horas laborales, pero solo perciben el 10% de los ingresos, sufren discriminación y poseen menos del 1% de la propiedad. Si esto ocurre con ellas que hace más de un siglo emprendieron el camino para que se les reconozcan sus derechos, ¿cómo será con el tercer género? En el mundo solo hay 20 países que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Para avanzar en esta lucha, debemos reconocer la igualdad de género no solo como un asunto formal, sino trasladarlo a la vida cotidiana. Hay que hacer una realidad tangible el que hombres y mujeres se relacionen y vivan, como iguales, y trasladar esto al mundo de la política, de la economía y el profesional. Queda mucho terreno por conquistar, y tareas que concretar para superar la inercia de siglos de discriminación.

El verdadero reto empieza en la familia, el pilar más importante en la educación de todo individuo. Es ahí que se forjan los valores, se establecen los primeros vínculos emocionales y las vivencias con las personas cercanas. Es ese medio donde el niño aprende lecciones sociales básicas que le ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. Poco a poco, conocerá las normas, pautas de actuación y el comportamiento humano. La enseñanza debe ser solidaria y equitativa. Las ideas tanto de las niñas como de los niños deben ser aceptadas por igual; fomentar las fortalezas y las capacidades, tanto de mujeres como hombres; y compartir las responsabilidades, los juegos y las tareas del hogar como prácticas comunes, entre hombres y mujeres.