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Llama la atención la destreza que tienen los niños y adolescentes de esta generación en el manejo de aparatos electrónicos. Poseen tal habilidad de conocimientos técnicos que me interesé en el tema y comparto de manera resumida algunos datos curiosos e interesantes.

Empiezo con la llamada Generación perdida, de los nacidos entre 1883 y 1899. Un hecho que une a esta generación es que vieron de cerca los horrores de la guerra. La novela Manhattan Transfer, de John Dos Passos, y El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, son algunas de las obras que reflejan el materialismo de la sociedad estadounidense a punto de sumergirse en la inercia económica del momento. En la década de 1920 surgen grupos criminales que se dedicaban al tráfico del alcohol a causa de la Ley Seca. El pesimismo y el desconcierto, la inutilidad y crueldad de la guerra, los felices años 20, la era del jazz, la depresión económica y el liberalismo y radicalismo entre sus características.

Generación silenciosa es el término aplicado a las personas nacidas entre 1920 y 1940. Incluye líderes por los derechos humanos. Se vivió un tiempo dramático: la Gran Depresión en Estados Unidos (EU), el auge del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y la de Corea. Estos hechos hicieron que se valorara el trabajo en equipo y el alcanzar metas, mientras reinaba la austeridad y el silencio. Esta generación se caracterizó por las instituciones que ejercieron un fuerte control sobre la vida familiar, la escuela y la religión. Fueron entrenados para agradar a la gente y para que otros decidieran por ellos. La mujer fue devaluada y el hombre sobrevalorado. Educada en la discreción sexual, que solo la premiaba con la procreación, hace que se aleje del compañero varón, y este reafirma su sexualidad al tener una familia fuera del matrimonio.

La generación Baby Boomer es un término usado para describir a las personas nacidas entre 1939 y 1965. Setenta y seis millones de niños estadounidenses nacieron en esos años, cifra significativa con respecto a la repercusión económica de ese país. Los Baby Boomers del Reino Unido, en el 2004, tenían el 80% de la riqueza de ese país. La desaceleración económica, entre 2007 y 2009, se debió a la jubilación de esta generación. Crecieron en medio de acontecimientos memorables: asesinatos de grandes líderes políticos, el escándalo de Watergate, la Guerra Fría, el embargo del petróleo (con sus consecuencias nefastas), los disturbios políticos, la llegada a la Luna, la guerra de Vietnam, la libertad sexual, los movimientos civiles y el consumo de sustancias tóxicas. Los Baby Boomers actualmente conforman la mayor parte de la vida política, cultural, industrial, académica y de liderazgo en EU. Tienen los más altos ingresos económicos.

De 1960 y 1980, surge la Generación X, que se vio afectada por el bombardeo del consumismo de 1980. El manejo del sistema político, la llegada de internet, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la aparición del sida crearon el perfil X. Fue la más perjudicada en cuanto a la economía.

Generación Y son los nacidos en la década de 1980 hasta 1992. Se describen como políticamente independientes, expresan su opinión por las redes sociales. Se les denomina como los “nativos digitales”. El empleo de la tecnología es parte de su vida ordinaria. Fueron criados con, al menos, un dispositivo electrónico y el uso continuo de teléfonos inteligentes. Su apego a la tecnología dio origen a estudios sobre FOBO (del inglés Fear of Being Offline): “Temor a estar fuera de línea”.

Generación Z o Generación Punto com o Punto net, nacidos desde 1993, son los actuales adolescentes y niños. Son mucho más estructurados que las generaciones anteriores. Pueden ser adultos responsables y con alto valor humano, pero su dependencia a la tecnología riñe con sus habilidades interpersonales, desvalorizando los principios familiares. Se aíslan de su entorno. Su familia y sus amigos solo existen en internet y en las redes sociales, en las que expresan sus opiniones.

La educación formal y el trabajo en equipo desempeñan un papel poco importante. No ven la educación formal como un medio de supervivencia. Para ellos prevalece la inteligencia y el conocimiento sobre la tecnología. Son muy impacientes. Desean resultados inmediatos. Consideran a la internet el mejor instrumento para la humanidad. No creen en los amigos, pero son capaces de hacer grandes comunidades de amigos y enormes colaboraciones por medio de la tecnología sin conocer a nadie personalmente. Su manera de comunicarse es a distancia, perjudicando sus afectos cercanos.

La jurisdicción contencioso-administrativa adviene en nuestro país instituida en la Constitución Política de 1941. Es decir, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo en búsqueda de la revalorización de individuo, el papel del Estado y la nuevas concepciones de valores democráticos. Para esa época, ya la mayoría de los países hispanoamericanos había establecido y desarrollado esta jurisdicción especial.

A nuestro parecer, la jurisdicción contencioso administrativa surge en nuestro sistema jurídico bastante tarde, si tenemos en cuenta que en Colombia la misma fue regulada por la Ley 130 de 1913, pero advirtiendo que la institución del Consejo de Estado se crea en 1817, mediante un decreto del Libertador Simón Bolívar. En lo que se refiere a nuestro otro país vecino, Costa Rica, se registra el hecho de que la Constitución Política de 1917 previó la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Se reconoce como el propulsor de la jurisdicción al Dr. José Dolores Moscote, (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en esa época), y procura que la misma sea plasmada en la Constitución Política, como una de las denominadas instituciones de garantía individuales, integradas también por la acción de inconstitucionalidad y la acción de amparo de garantías constitucionales.

La Ley 135 de 1943 constituyó la Ley Orgánica de lo Contencioso Administrativo, en donde se creó el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, integrado por magistrados nombrados directamente por el presidente de la República. Luego se dictó la Ley 33 de 1946, en donde se definió al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo como un tribunal independiente del Órgano Ejecutivo y del Judicial. Los magistrados serían nombrados por el Órgano Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Nacional.

Para el momento que se creó la jurisdicción, nuestro país no tenía un gran desarrollo económico, la cantidad de empresas privadas era ínfima, no contábamos con muchas instituciones públicas, los servicios públicos estaban poco desarrollados, no había entes reguladores, el número de funcionarios públicos no era muy grande y, la mayoría de la población panameña vivía en área rurales.

Según datos de la Contraloría General de la República, en la publicación ‘Extracto estadístico de la República de Panamá, del año 1945', el Censo de Población del año de 1940, indicó que el país contaba con un total de 622 576 habitantes. El gasto público para ese año ascendió a la suma de B/32 652 158.18; solo se contaba con 6 bancos (2 estatales y 4 privados); y, el número de teléfonos fijos totales para las ciudades de Panamá y Colón, era de 6300.

Quizá para la época, a inicios de la jurisdicción contencioso-administrativa, el Tribunal Administrativo tenía la capacidad de atender las causas que se le presentaban, en tiempos razonables, entre las que se incluían las cuestiones electorales. En 1956 se adopta una reforma a la Constitución de 1946, en donde se elimina el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, y se adscribe la competencia y atribuciones a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres (3) magistrados.

El Dr. Cesar Quintero, maestro del Derecho Público panameño, siempre consideró que el haber llevado la jurisdicción contencioso-administrativa al Órgano Judicial no fue una decisión correcta, pues estimó que ello implicaba que esta justicia especial sería ‘judicializada'.

El ilustre jurista, en el anuario de Derecho No. 7, presentó los siguientes señalamientos: ‘En un auténtico régimen contencioso-administrativo, la misión del juez o magistrado de este ramo es distinta a la del magistrado judicial. El procedimiento judicialista descansa sobre el principio de la pasividad y receptividad del juez en materia probatoria. La prueba, en general, queda librada a las partes. El juez debe limitarse a fallar de acuerdo con lo que estas aduzcan. La iniciativa queda reducida a muy poca cosa. Otra es, en buena doctrina, la situación del juez administrativo. Este, en cierto modo, ha de ser al mismo tiempo juez y funcionario de instrucción. Su función en el proceso es mucho más activa e interventora'. Sigue mañana…

En Panamá es muy común que los desarrolladores construyan sus moles y que luego el Estado, con el dinero de los contribuyentes, sea el que deba adecuar el entorno, porque las afectaciones aledañas no estaban consideradas en el plano ni en la inversión. Actúan así porque no quieren disminuir sus ganancias, lo que constituye un abuso contra el pueblo panameño.

Hay muchos ejemplos de ello: en la vía Ricardo J. Alfaro, frente a un conocido gimnasio, se construyó hace un tiempo una mole que ocupó toda la huella del lote, por la evidente alteración del tráfico enfrente solo construyeron el ensanche de un carril de la avenida, de aproximadamente 100 metros de longitud. Luego, para agilizar el tráfico el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tuvo que continuar ese mismo ensanche a lo largo de toda la cuadra, casi 500 metros, pero ese trabajo lo tuvimos que pagar los ciudadanos, mientras que el desarrollador disfrutó de sus ganancias sin inmutarse.

Ahora ese mismo desarrollador construye otra mole una cuadra antes, al lado de un conocido supermercado. En este caso el edificio solo tendrá acceso frontal, por lo que todo el movimiento de entrada y salida alterará notablemente el flujo de la vía. Es necesario que el MOP, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y el Municipio de Panamá lo obliguen a construir el ensanche del carril adicional, a lo largo de toda la cuadra, para minimizar la interferencia en el tráfico.

En la misma vía hay dos centros comerciales, frente a frente, con casi 40 años de existencia, pero no han podido construir un paso peatonal seguro para las personas que habitualmente hacen sus compras en esos sitios. Están esperando que sea el Estado el que lo construya con el dinero del pueblo panameño. Uno de estos lleva a cabo una expansión millonaria, de forma que el Estado debería procurar que incluya un acceso seguro para los peatones, antes de darle el permiso de ocupación, para que así quienes lucren del centro comercial sean los que paguen, no el resto de los ciudadanos.

En el área de Punta Pacífica, detrás del hospital, se aprecia una vía sumamente estrecha para el tráfico del lugar. Esto es producto del abuso urbanístico de los desarrolladores que con ello han demeritado el valor de esas propiedades.

Otro ejemplo que se ha hecho muy común son esos conjuntos de edificios de más de dos moles que llegan hasta ocho unidades y tienen una área social común, cuyo mantenimiento se torna inmanejable o surgen otros dueños, y los compradores al final adquieren un problema del que el desarrollador elude su responsabilidad, pero sí se acredita las ganancias.

Es hora de protestar y exigir que todo el que vaya a recibir las ganancias de los proyectos sea obligado a cubrir los gastos que surgen como efectos colaterales.

A yer, el Sistema Penal Acusatorio (SPA) comenzó en una nueva región, la tercera. Ahora es el turno de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé empezar la adaptación a un nuevo método de aplicar la justicia, en el cual se han depositado grandes esperanzas. Como todo proceso de cambio, siempre habrá algunos tropiezos (la falta de presupuesto, de la tecnología y los espacios suficientes, por mencionar algunos) y dificultades que, en un principio, harán pensar que el SPA no logrará su correcta aplicación. Es solo cuestión de tiempo que los juristas se adapten y se acostumbren, tal como ya lo han hecho sus colegas de otras regiones y como lo tendrán que hacer en las regiones que faltan. En un país donde un elevado porcentaje de la población penitenciaria está conformada por personas a la espera de una condena, el Sistema Penal Acusatorio, con su promesa de mayor rapidez en sus procesos, llega como un rayo de luz para todos aquellos que están esperando que su suerte sea decidida. Ojalá todos los actores involucrados con la repartición y aplicación de justicia (abogados, jueces y demás miembros del Órgano Judicial) tengan la visión y la madurez suficientes para impulsar este nuevo sistema y hacer más llevadero un proceso de renovación total. Va a ser difícil, sí, pero las incomodidades iniciales rendirán sus frutos en el futuro.

La educación no solo es uno de los grandes pilares de la sociedad, además es el fundamento de todo el progreso de la humanidad. No obstante, debido en parte a la ambigüedad en la aplicación de los diferentes modelos educativos, en las últimas décadas se constata el desvanecimiento de un concepto claro de educación en Panamá (si alguna vez existió uno).

Esto significa que nuestro sistema educativo no se focaliza de forma racional a crear consciencia sobre la complejidad de todos los aspectos que constituyen nuestro mundo ni empodera a los estudiantes, como ciudadanos responsables y sabedores de sus derechos cívicos, políticos y sociales. Por el contrario, se limita a la idea de aprender por aprender (que termina siendo obtusa y estéril, si no hay un esfuerzo orientado a construir a un sujeto en particular). Tampoco podemos hablar de una educación dirigida a la generación de cerebros o, en otras palabras, individuos emprendedores en todas las áreas del saber, que en lugar de ser reproductores de saberes sean creadores y precursores de esto último.

En este universo de cosas, en el que la idea o concepto de educación va sin rumbo, y la moda de los modelos educativos internacionales (llámese de Singapur, Finlandia, etcétera) guía el devenir de la educación en el istmo, no es difícil imaginarse a la sociedad panameña a la deriva en educación. Si bien se poseen en alguna medida objetivos claros, no se han tomado en cuenta aspectos antropológicos y culturales sensibles, que determinan el éxito de tales patrones.

Si analizamos el modelo educativo de Singapur, no tardaremos en percibir que en su cultura la fuerte noción de disciplina y pragmatismo media en casi todas las actividades de ese grupo humano. En el caso finlandés, hay una fuerte iniciativa cultural hacia la lectura y el aprendizaje autónomo. De más está decir que, estructuralmente hablando, estos modelos educativos son muy competitivos, porque no solo buscan la excelencia en su alumnado, sino que la demanda de profesores está determinada por su nivel de estudio (en Finlandia todos deben tener un nivel académico mínimo de maestría). Por si fuera poco, en estas sociedades a los estudiantes se les orienta en materia profesional desde una etapa temprana. Por esto, todo alumno de mitad de ciclo escolar, tanto de Singapur como de Finlandia, ya tiene en mente la carrera que estudiará en la universidad y los saberes básicos y necesarios para su posterior desarrollo como profesional activo.

Entonces, no es arriesgado suponer que en Panamá cualquiera de esos modelos educativos importados sería un fiasco. En principio, se basan en criterios culturales e idiosincráticos de sus respectivas sociedades y no han sido pensados para otras. Lo que deberíamos hacer es constituir un concepto de educación basado en nuestra cultura y en una concepción clara de qué tipo de persona, estudiante y profesional queremos, en vez de importar modelos educativos desvinculados de nuestra realidad social y antropológica, por el simple hecho de estar a la moda o por seguir directrices internacionales.