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Soy del criterio que se debe recurrir al Principio de Precaución que es perfectamente aplicable en esta situación, por las graves afectaciones al ambiente y a la salud de los ciudadanos. El principio de ‘precaución', también llamado ‘de cautela', exige la adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos.

La crisis del agua que en estos momentos vive el país, por la que se ha visto afectada la operación del canal, se está afectando la producción de alimentos y agrava la escasez de agua potable para el consumo humano, son razones suficientes para que se tomen todas las medidas que sean necesarias para mitigar los efectos del cambio climático que estamos sufriendo.

Lo que debe hacer el Ministerio de Comercio, en este caso, es preparar un informe detallado de todas las afectaciones al Parque Nacional Chagres como consecuencia de la actividad minera y la necesidad de restaurarlo hasta donde sea posible. Concluyendo en que es imposible restaurar esta área protegida y al mismo tiempo desarrollar la actividad minera, con lo cual se suspende indefinidamente el contrato que ampara la actividad. Al final, la Resolución que dicte el MICI terminará en la Corte Suprema de Justicia. Y no tengo la menor duda de que, por el principio de precaución y tomando en cuenta la gravedad de la situación, terminará declarando legal la Resolución que suspende indefinidamente la actividad minera.

En un fallo del Pleno de la Corte de fecha 24 de febrero de 2010, que tuvo como ponente al magistrado Alejandro Moncada Luna, se resolvió la apelación de un Amparo de Garantías Constitucionales presentado por el Licdo. Luis González en contra de una Resolución dictada por la Dirección General de Salud de Veraguas en la que confirmaba el otorgamiento del Permiso de Construcción para la ubicación de una torre para antenas de telefonías móviles, troncales y similares; el pleno le dio la razón al accionante en cuanto a que estas torres no se debían instalar cerca de las poblaciones.

El Pleno concedió el amparo y terminó diciendo: ‘Concluye el Pleno reiterando que la aplicación del principio de precaución al presente caso está dirigida a asegurar que la población no sea expuesta en forma cercana y prolongada a los campos electromagnéticos que de ellas emanan, con el consecuente peligro de que se produzcan daños graves a la salud humana, hasta tanto no sea posible descartar dicho peligro con un alto grado de certeza científica'.

Sirios y libios huyen de la muerte. Sus países se han convertido en mataderos. Escapan a donde pueden. Ya hay 2 millones radicados en Turquía. Un tercio de la población libanesa proviene de Siria. En lo que va de este año, 435 mil han conseguido llegar a Europa. Italia y Grecia son los países más castigados. No se trata de una invasión de gentes decididas a dominar la tierra a la que llegan, como sucedía en el pasado, sino de una estampida de familias desesperadas porque quieren salvar el pellejo.

Algo parecido, pero a otra escala mucho menos dramática, sucede en América. Los centroamericanos del triángulo norte –Guatemala, El Salvador y Honduras– huyen de las decenas de miles de maras que aterrorizan a esos países. La extorsión es la norma. Le aplican a cualquiera, por pobre que sea, la brutal ley de “plata o plomo”. O pagan o los matan. O les asesinan a un hijo.

La policía que persigue a los delincuentes con frecuencia se confunde con ellos. A un buen amigo que vive en El Salvador lo han asaltado dos veces en la frontera guatemalteca. Los ladrones eran policías. En México ocurre otro tanto. El escritor cubano Raúl Rivero jura haber leído en Tamaulipas un elocuente titular de periódico: “Chocan un tren y un autobús. Los heridos y sobrevivientes huyeron despavoridos a la llegada de la policía”. Si non e vero e ben trovato (aunque no sea verdad, está bien contado).

¿Qué deben hacer las víctimas ante este letal fenómeno de inseguridad? Obviamente, lo que hacen las personas víctimas de persecuciones o en peligro de muerte: huir. Lo hicieron los peregrinos del Mayflower. Yo lo hice cuando era un muchacho. Mi familia lo hizo. Pero, ¿y las naciones receptoras de inmigrantes? Es absolutamente cierto que un cambio demográfico sustancial y relativamente rápido puede transformar el modo de vida de una región o de una nación.

Hay 100 ejemplos. Los europeos –españoles, ingleses, franceses, portugueses y holandeses– que llegaron a América barrieron con las formas de vida de los habitantes nativos e impusieron sus dioses, sus creencias, sus instituciones, todo. A los comanches, a los aztecas e incas, a los arahuacos, no les quedó otra opción que el lamento, la subordinación total, el suicidio o la rebelión, que era otra forma de perder la vida.

A veces se trata de matices. Los cubanos le han impuesto su sello a Miami, “la ciudad más cercana a Estados Unidos”, como dicen irónicamente los “anglos”. Creo que esa influencia le ha dado cierto mestizaje cultural muy positivo, luego enriquecido con venezolanos, colombianos, nicaragüenses, argentinos y otros latinoamericanos supervivientes de mil catástrofes, siempre dentro de un marcado acento latino, como sucede en Los Ángeles o en San Antonio con relación a los mexicanos.

Al fin y al cabo, tenía razón mi amigo Samuel Huntington, con quien colaboré en el libro Culture Matters junto a Larry Harrison: una riada imparable de inmigrantes modifica el sesgo de la civilización previamente asentada. Así ha sido desde tiempos inmemoriales y así ocurrirá en el futuro.

¿Qué pueden hacer Europa y Estados Unidos ante la inevitable entrada de refugiados? Resignarse, reducir los daños y convertir la crisis en ventajas. Poner muros es inútil. Los saltarán, los rodearán o cavarán túneles. Y los que lleguen indocumentados, si no les franquean las puertas, constituirán guetos y surgirán mafias que los controlen. Es peor.

Lo sensato es regularlos, explicarles cómo funcionan las sociedades democráticas regidas por la ley, dispersarlos por el territorio, y permitirles que estudien, trabajen y se incorporen plenamente a su nueva realidad. No hay que temerles. La infinita mayoría viene en son de paz. Buscan oportunidades y seguridad para ellos y sus hijos. A medio plazo, convienen y crearán riquezas. Traen el “fuego del inmigrante”.

Lo justo, por otra parte, es exigirles seguro médico y negarles los beneficios del Estado benefactor hasta que hayan contribuido sustancialmente con la riqueza colectiva. Esa limitación desmentiría la hipótesis de que llegan en busca del welfare.

Recuérdese la imponente cifra: cada persona que vive en Estados Unidos, cuando nace o cuando se radica en el país, recibe un valor hipotético en infraestructuras e instituciones intangibles valoradas por el Banco Mundial en aproximadamente medio millón de dólares. El promedio europeo es algo menor, pero en algunos países, como Suiza o Suecia resulta, incluso, un poco mayor.

Las sociedades que durante siglos han amasado ese inmenso patrimonio material e inmaterial a base de trabajo y orden social (lo que las ha hecho inmensamente atractivas) tienen derecho a cuidarlo y a exigirles a los recién llegados que paguen su cuota antes de recibir los beneficios. Pero lo primero, previo a pasarles la cuenta, es ayudarlos. Hoy se reconocen el derecho y el deber de proteger a las víctimas. Cerrarles la puerta es una vileza. Es la hora de la compasión.

He visto en la televisión a muchas personas denunciando algo que hace rato ocurre y que, al parecer, seguirá igual. Lamentablemente ¡nuestra Corte Suprema de Justicia está en una crisis! Todos los días hay algo nuevo, si los magistrados no están viajando, los están acusando de coimeros, por vender supuestamente fallos o sencillamente los procesos duermen el sueño eterno cuando los intereses tocan a quienes los llevaron a esos puestos.

¿Qué está pasando en nuestra Corte? Se supone que debemos tener confianza en la justicia, pero ¿cómo podemos confiar en esta institución, si vemos casos como el de Santa Mónica, donde la Corte rechaza un amparo, aceptaron firmas que resultaron ser falsas y se manejan con selectividad a la hora de aplicar lo que dice la Ley?

Pero veo una casualidad en cada uno de los casos, nombres como el de Alberto Vallarino, aparecen y desaparecen como por arte de magia. Sí, aparece en muchos casos de supuesta corrupción, pero desaparece ante los ojos de la justicia.

Señores, comprendan que todo lo que hagan hoy afectará el buen desarrollo del país, para eso es la justicia, para que un país tenga calma y pueda seguir trabajando por las futuras generaciones.

En días recientes, también fuimos testigos de cómo una madre denunciaba cómo pusieron en libertad a unos sujetos que aparentemente aparecen en un video robando a mano armada su hogar y amenazando a su hijo. ¿Y la justicia?

Lo mismo que el caso de Juan Hombrón y fallos en la Corte que buscan anular procesos y que las otras autoridades no los acogen. ¿Dónde vivimos?

Señores magistrados: Sean serios y que las autoridades acojan los procesos dictados.

El presidente debe prestarle atención a este tema, parece que la Corte funciona a razón del poder económico y no en función de una justicia verdadera. ¿Hasta cuándo van a manipular la justicia? Tenemos que alzar nuestras voces, no podemos quedarnos callados ante tanta injusticia. !Los panameños, quienes pagamos los salarios de los magistrados de la Corte Suprema, merecemos justicia!

Por donde uno camine las críticas hacia la presidencia de Juan Carlos Varela son constantes; múltiples los calificativos que le endilgan y que se resumen en la lentitud y falta de decisión de su gestión. No sé si la culpa de lo que pasa es del fenómeno de El Niño o el arrastre del mal Gobierno anterior; la realidad es que le echan la culpa a Varela. Por eso, acudo a asuntos puntuales que observo con preocupación y llamo la atención al presidente Varela, pues aspiro a que las cosas se hagan bien en nuestro país.

1. Me aseguran por donde voy que la gestión de quienes encabezan en la Fuerza Pública el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) deberían ser separados de sus cargos por la manera irregular como manejan las finanzas bajo su responsabilidad. Al comisionado Abrego le tienen varios expedientes en el Ministerio Público. Al preguntar, ‘¿y entonces por qué siguen en sus cargos?', la inverosímil respuesta que escucho es que estos fueron escogidos por los norteamericanos. ¿Qué clase de país tenemos entonces? Recordemos que eso mismo decían de Noriega, que hasta estaba en la planilla de la CIA.

2. En la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se ha suscitado un escándalo con lo de las licencias a marinos, que se creía ubicado en la administración anterior, pero que trasciende a la actual. ¿Por qué la actual dirección de la AMP no ha dicho absolutamente nada sobre este escándalo? Y de paso, al no ver a nadie de la administración anterior en la AMP subiendo escaleras de fiscalías, ¿debemos imaginarnos que allí no se manejó nada turbio durante el quinquenio anterior? ¿Por qué aún Gaby Btesh ostenta dos concesiones en la AMP, que por cierto impiden desarrollo de anteriores negocios productivos en el área?

3. ‘Vox populi' es conocido que el ministro de Seguridad no se lleva con su viceministro desde el primer mes de trabajar juntos. ¿Qué clase de coordinación puede haber entre ambos, si ni siquiera se hablan? Igual situación se comenta en otros ministerios, como en Educación. (En Turismo fue esa la razón de su reciente cambio). ¿Se puede trabajar así en equipo?

4. En Cable & Wireless el Estado panameño se hace representar en su directiva por tres designados por el Ejecutivo: el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha; el presidente de la Directiva de la Caja de Ahorros, Álvaro Tomas, y Carlos García de Paredes, que desconozco quién es. A sabiendas de las irregularidades denunciadas por mí en enero pasado, sobre que existen en la administración de esa empresa telefónica, donde el Estado posee el 49 % de sus acciones, ¿por qué estos señores, que reciben mensualmente B/5000.00 de dietas de C&W, no han defendido los intereses panameños en esa empresa, convirtiéndose con su omisión en encubridores de posibles graves delitos? ¿Por qué de una vez por todas el Órgano Ejecutivo no designa en esos cargos a personas que cumplan con su deber de velar por los mejores intereses del país? ¿O esas directivas sirven para redondear emolumentos de quienes son nombrados allí?

5. La denuncia de bien oculto que presenté contra Cable & Wireless, que bien podría significar una buena cantidad de millones para el Estado y hasta la cancelación de la concesión a esa empresa, reposa en el despacho de la viceministra de Economía, Eyda Varela de Chinchilla, desde el 28 de enero de este año. ¿Qué estarán esperando?

6. Panamá no ha sido consecuente con su alegada neutralidad ante las instancias internacionales, argumento esgrimido falazmente al negarse el 31 de agosto pasado a avalar en la OEA la petición de Colombia de convocar a los cancilleres del continente para discutir la crisis fronteriza provocada absurdamente por el régimen venezolano. Lo neutral hubiese sido aceptar la pedida reunión de Colombia de cancilleres. Igual ocurrió con la absurda deportación de Panamá a Venezuela del teniente Eduardo Figueroa, quien a su regreso fue sometido a torturas. Lo mismo pasó con el extraditado Galo Lara, pes a que aún se investiga en la CSJ posible corrupción del entonces presidente Ricardo Martinelli para revocarle su asilo en Panamá, ello no fue óbice para que Cancillería procediera a su deportación.

Quizá habría que preparar más interrogantes a quienes hoy nos gobiernan. El objetivo es que el país avance sin los obstáculos que pareciera algunos están poniendo y la falta de decisión que envuelve a los llamados a actuar con rapidez, coraje y determinación, sin miramientos de ningún tipo.

Desde hace años escribo acerca de la criminalidad y, al igual que lo señalé en una charla dirigida a jóvenes y orientada en la economía informal, considero que sería injusto pedir a los miembros de los estamentos de seguridad un 100% de efectividad en el cumplimiento de sus deberes. Además de apostar por la represión de los delitos, esta cruzada debe abordar el problema con un enfoque integral, en el que converjan profesionales de la sociología, de la antropología y de la criminología, además del instituto que dedica sus esfuerzos a combatir el delito, y tomar en cuenta la participación ciudadana.

Lo anterior tiene su fundamento en una verdad de acuño, tal como lo señala uno de los más consagrados criminólogos, el maestro Antonio Beristain, quien en su obra La droga, aspectos penales y criminólogos –cuyo prólogo es de la autoría del Dr. Hernando León Londoño– señala que la matriz delictual es la propia sociedad. Un análisis que ignore esta realidad, será siempre sesgado e improductivo.

Probar lo anterior no demanda esfuerzo, sobre todo, en una sociedad con carencia de valores y en la que predominan los medios masivos de comunicación que incentivan la dolce vita, mediante la actividad delictual. Por esta razón, es cínico endosarle la culpa entera a la familia, cuando esta enfrenta una crisis que empieza por su autodesintegración, y el Estado panameño no tiene control sobre esta variable.

No es suficiente que los que patrocinan y promueven los “culebrones” que transmiten las televisoras adviertan que “no son aptos para menores”. ¿Defienden la libertad de expresión o el libertinaje alienante?

En esta materia el debate no para, mientras tanto, la escuela del crimen gana cada día más adeptos. Una situación difícil de lidiar para el sistema.

Lo anterior nos lleva a señalar que carecemos de una visión antropológica de esencia garantista que, inmersa en una política de Estado, nos permita manejar la lucha contra la criminalidad desde una perspectiva integral y humana. Téngase esto como una crítica sana. Los panameños desconocemos los fundamentos tácticos y estratégicos para enfrentar el crimen, solo tenemos versiones sesgadas. Para que no se me malentienda, no aludo a cuestiones de inteligencia y contrainteligencia, sino a un componente de lo que yo denomino el enfoque integral del fenómeno delictual.

En este contexto, no podemos –como ocurre– apelar a un derecho penal represivo. Debemos procurar que se castigue y reprima la acción penal y que el autor responda por ello, sin perder la condición humana. Esto, por lo general, no ocurre. En nuestro medio, el sistema penitenciario se torna en “centros de formación delictual”, en los que el recluso acumula odio y resentimiento contra la sociedad. Por eso, al salir recaen en la delincuencia.

El derecho penal, hoy modernizado por una concepción garantista, predomina. En materia de la lucha contra el crimen, el Estado no debe actuar como un ente vengativo, sino en apego a la justicia. Y eso lo deben saber los jueces y fiscales.

Por último, a todo pulmón le he pedido a las autoridades que convoquen una gran mesa para intercambiar ideas que ayuden a enfrentar la delincuencia con un enfoque integral–estratégico, tal como lo ha hecho el presidente de El Salvador, quien entendió que se debe involucrar a la sociedad y a los ciudadanos, para enfrentar los desafíos que plantea el crimen. Ya no se trata de ganar o perder, sino de ganar ganar, para lograr un país de paz, sosiego y tranquilidad.

Señor presidente, agarre la sartén por el mango y ponga manos a la obra.