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La Ley 31 de 2010, sobre propiedad horizontal, indica en su artículo 59 que solo podrán ser miembros de la junta directiva de un inmueble sometido a tal régimen, las personas naturales dueñas de unidades inmobiliarias. También dice en uno de sus acápites que el representante podrá ser la persona jurídica dueña de un inmueble.

Obviamente, en una asamblea de accionistas los tenedores de acciones pueden elegir entre ellos a quien los represente en la directiva del P.H., de esa forma se cumple con la ley.

En la práctica las autoridades no investigan, por eso tenemos que muchos testaferros lavan dinero y manejan las directivas. Además, la ley permite que las juntas directivas estén compuestas por una serie de sociedades anónimas, lo que hace más difícil rastrear el origen de los verdaderos accionistas.

Panamá se ha comprometido a que, para fines de este año, obligará a las personas con acciones al portador a cambiarlas por “nominativas”, de lo contrario darlas en custodio, lo que equivaldría a tener una acción que, para fines prácticos, es un cascarón.

Las grandes firmas de abogados tienen sociedades inscritas desde la década de 1980 o menos, que son muy cotizadas. Y las utilizan, precisamente, para dar un maquillaje de vieja transparencia, y eludir el término de paraíso fiscal, que realmente empezó con la ley original de las sociedades anónimas.

De manera ingenua, cuando me desempeñé como legislador de la República, propuse la Ley de las Fundaciones de Interés Privado. En esa época, los bufetes de abogados corporativos vislumbraban el debilitamiento de la figura de la sociedad anónima a consecuencia de la presión del Gobierno estadounidense.

En el último año del gobierno de Ricardo Martinelli, debido a un “camarón legislativo”, la Ley de Fundaciones fue modificada y ahora la figura del “fundador”, que era de por vida, puede ser cambiada por una persona jurídica, con todo lo que esto puede representar.

Creo que, haciendo honor a la tan cacareada transparencia, las leyes, decretos y códigos que rigen la materia deberían ser sujetos a una revisión integral, y que el Registro Público debe abstenerse de inscribir a los dignatarios de las juntas directivas de los P.H., si no se identifica plenamente al dueño de la unidad inmobiliaria.

Hay que acabar con la práctica “legal” de designar a los miembros de las juntas directivas de las sociedades anónimas, con respectivas personas jurídicas. Con esto no solo estamos facilitando las trampas, evasiones fiscales y otras irregularidades, sino que también lo avalamos.

 

Me preocupa el efecto de dos afirmaciones hechas recientemente por el precandidato Donald Trump; que deportará a 11 millones de indocumentados a sus países de origen y que hará las gestiones para que no se les otorgue la nacionalidad estadounidense a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos (EU). Parece ser que estas propuestas recibieron aceptación por parte del electorado republicano, al punto de que Trump aparece en las encuestas de opinión como el candidato potencialmente más favorecido por los votantes republicanos. Es aquí donde radica mi preocupación.

Si millones de personas en EU simpatizan con ambas propuestas, se puede deducir que en EU hay millones de ciudadanos dispuestos a respaldar la expulsión de 11 millones de inmigrantes ilegales, e igualmente, que están de acuerdo con que no se le otorgue la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes ilegales que nacieron allá.

Así las cosas, percibo con preocupación que se están creando dos polos de opinión dentro de esa Nación. Por una parte, están los millones que respaldan las propuestas inmigratorias de Trump y, por otro lado, los millones que se perjudicarían con las medidas mencionadas, así como los estadounidenses que no están de acuerdo con estas.

Como se trata de temas trascendentales en la vida de una enorme cantidad de gente, considero que la polarización de estos grupos puede crear malestar en esa sociedad, y que esos grupos antagónicos pueden llegar a confrontarse (por los extremos a los que pueden llevar estas diferencias de opinión).

Si usted fuera un latinoamericano entre los 11 millones de inmigrantes ilegales en EU, y ve que se acerca una votación en la que podría resultar favorecido Donald Trump, ¿cómo reaccionaría ante los simpatizantes de Trump? Seguramente, los vería como sus archienemigos, lo que resulta peligroso en una sociedad en la que los latinoamericanos se han mantenido relativamente pacíficos.

Por otra parte, ¿qué tan contrariado se sentiría si, de repente, se eliminara la posibilidad de que su hijo o hijos adquieran la ciudadanía estadounidense?

Durante los próximos meses sabremos si Trump es o no el candidato republicano. Si logra la postulación, veo nubarrones de confrontación social en el horizonte. Esto me preocupa y, por eso, escribo este artículo.

Los inmigrantes ilegales, por lo general, realizan labores que los estadounidenses o residentes legales en ese país no quieren realizar, por tratarse de trabajos difíciles o mal remunerados. Es sabido que la mayor parte de las cosechas agrícolas usan a los inmigrantes latinoamericanos, así mismo, ellos trabajan en las labores de limpieza, en oficios domésticos, etc. Si estos inmigrantes dejan de trabajar en el sector agrícola, obviamente deben ser reemplazados por inmigrantes legales o ciudadanos. Es muy posible que estas personas no quieran realizar labores agrícolas, a menos que reciban un salario mayor que el de los inmigrantes ilegales. Así las cosas, la opción sería contratar mano de obra más cara o, paradójicamente, traer mano de obra extranjera. Esto último sería un contrasentido porque se tendría que traer a los mismos inmigrantes que son deportados o a otros que no sean latinoamericanos. Algo que podría generar polémica.

Parece ser que las personas sin documentos legales que llegan ahora a esa nación, en su mayoría provienen de países asiáticos, no de México ni de Centroamérica. Si ese es el caso, cabría preguntar por qué Donald Trump no se refiere a esa inmigración e insiste en la construcción de un muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Es obvio que este muro no detendrá la inmigración ilegal que proviene de los países asiáticos.

En una economía, como la estadounidense, si se sustrae a millones de personas de la demanda, el efecto económico y de consumo sería considerable. Cabría, entonces, entender cómo se afectarían ciertas actividades al reducirse el consumo de los inmigrantes ilegales. Siempre y cuando, estos sean reemplazados por inmigrantes legales o ciudadanos estadounidense que ya eran consumidores antes de reemplazar a los inmigrantes ilegales. O sea, que no incrementarían la demanda existente.

La problemática que surge al analizar las consideraciones anteriores es más compleja de lo que parece. No basta decir alegremente que se deportará a millones de personas sin antes examinar las consecuencias de lo que ocurriría en la economía de EU.

 

El pasado mes de agosto fue prolífico en demostrarle al ciudadano avezado lo torcidas y absurdas que son muchas de las disposiciones legales y las políticas públicas en este país tropical. Varios se sorprendieron cuando en los noticieros nacionales apareció el video de un asalto a mano armada cometido por varios menores de edad en un comercio de la ciudad de David. Lo sorprendente fue ver a un niño, de unos 10 años, armado y amenazando a los que tuvieron la mala suerte de encontrarse en el lugar cuando se produjo el hecho. Todos los asaltantes fueron capturados pocas horas después de cometido el delito, pero ese niño fue liberado porque nuestras leyes establecen que los menores de 12 años son inimputables. Es decir, no pueden ser procesados ni siquiera con la especialísima legislación de menores, mucho menos con el Código Judicial o de procedimiento penal. Ni aunque él hubiese asesinado a un cliente o dependiente del lugar lo hubiesen procesado.

Ahora hay muchos menores involucrados en actos delictivos violentos a consecuencia de la impunidad legal que los ampara, pero los encargados de las políticas públicas se niegan a reconocer y enmendar este despropósito, por lo que este problema será cada vez más grave. Mientras tanto, en el mismo mes de agosto, en la provincia de Los Santos fue procesado y condenado a 48 meses de cárcel un humilde campesino residente en el distrito de Pocrí, por el “grave delito” de tener un rifle calibre 22 sin licencia. Algo de responsabilidad en esta absurda condena tienen las autoridades del Ministerio de Seguridad de esta administración, que a diferencia de las anteriores, que tramitaban las licencias de tenencia y porte de armas de fuego en las cabeceras de provincia, ahora exige que el interesado se traslade hasta la ciudad de Panamá. Es lógico pensar que miles de campesinos que tienen armas de fuego para fines de subsistencia preferirán quedarse sin las licencias respectivas, antes que movilizarse hasta la lejana capital para complacer los caprichos de un burócrata.

A estos dos ejemplos de despropósitos legales podemos sumar que tanto los menores del caso citado, así como todos los delincuentes que han cometido asaltos en bancos, comercios y residencias en los últimos meses, obtuvieron las armas o herramientas para la comisión de sus delitos sin tener los permisos o las licencias correspondientes, que no podían obtener porque no cumplen los requisitos legales exigidos: mayoría de edad, récord policivo, prueba psicológica y el test antidoping, entre otros. Sin embargo, aquel ciudadano decente y respetuoso de la ley que quiere obtener un arma para defender su vida, familia y bienes, y enfrentarse a delincuentes cada vez más osados a consecuencia de las normas legales que los protegen, se ve impedido de ello, porque desde octubre de 2010 el Ministerio de Seguridad impide la importación legal de armas de fuego para fines lícitos.

Otra de las grandes ideas de nuestros funcionarios es entregar periódicamente un bono o subsidio a los pandilleros y delincuentes, con la ilusa aspiración de que abandonen las actividades delictivas. Ese subsidio proviene de los impuestos que pagamos los ciudadanos decentes, que no necesitamos ningún bono para comportarnos dentro de la legalidad. Los honrados trabajamos y pagamos impuestos para que los gobernantes regalen bonos a los pandilleros y delincuentes.

Cualquier extranjero desprevenido que visite nuestro país pensaría que el Gobierno nacional se preocupa más por proteger y apadrinar a los delincuentes que de permitirle al ciudadano decente tener las herramientas necesarias para defenderse de la delincuencia. Pero claro, ese extranjero desprevenido no conoce la fauna burocrática que soportamos los ciudadanos en estas tierras tropicales.

De sobra sabemos que las investigaciones relacionadas con las actuaciones de funcionarios del Gobierno pasado, que hoy adelantan los fiscales, terminarán en despachos de jueces y magistrados, a quienes corresponderá la última palabra. Hasta ahora la atención y presión ciudadana se han centrado en esas pesquisas y, aunque algunos aducen un grado de selectividad en perjuicio de ciertos procesados, todos reclaman mayor celeridad en las investigaciones. Hemos insistido en que lo juicioso es otorgar el tiempo necesario para poder comprobar hechos que sustenten todas las conclusiones. De nada vale apresurar hoy para terminar con expedientes deficientes y procesos frustrados.

La percepción ciudadana sobre la justicia que nos administran es justificadamente pobrísima. Los propios magistrados de la Corte se han referido reiteradamente a la compra de fallos, al tráfico de influencias, a la corrupción rampante, y a presiones externas para anular el criterio independiente de jueces deshonestos. Recordamos que el magistrado entonces presidente, ahora encarcelado, justificó y sustentó un proyecto de ley que pretendía, según lo señaló, establecer controles para erradicar la venalidad rampante en los tribunales. A nadie extraña que encuesta tras encuesta asigne a la justicia los últimos niveles de confianza y credibilidad.

¿Qué podemos esperar de un organismo desmotivado y vilipendiado como es hoy el Órgano Judicial, cuyos funcionarios desarrollan sus actividades rodeados del desorden, la opacidad y apiñamiento típico de nuestros juzgados y tribunales?

Los casos de alto perfil que se ventilan actualmente involucran a un centenar de anteriores funcionarios y otros tantos individuos a quienes se acusa de haber participado con ellos en actividades delictivas. Salvo algunos casos que se ventilan directamente en la propia Corte Suprema de Justicia, la mayoría de estas acusaciones terminarán en el despacho de algún juez de inferior jerarquía. No resulta difícil imaginar o prever las fuertes presiones que se ejercerán sobre estos individuos por tener en sus manos la decisión de culpabilidad o inocencia de los acusados. No es descabellado anticipar ofertas monetarias o de otra índole ni sospechar que muchas de las presiones serán una llamada a la conciencia mal entendida de un juez para lograr que se doblegue ante argumentos espurios de la defensa.

No se trata de promover una especie de linchamiento público, porque no sería el clamor justo de una sociedad justa. Se reclama dar a cada quien su merecido: si es una condena, que así sea; si es lo contrario, también se hace justicia. Por eso, hoy más que nunca, porque vivimos circunstancias excepcionales, necesitamos que jueces y magistrados se compenetren de la grave responsabilidad que tienen de juzgar todos los casos con independencia de criterio, valentía y apego a la ley.

Debemos exigir que los juicios sean abiertos y públicos, excepto cuando se ventilen asuntos de seguridad pública o relaciones diplomáticas. Debe darse a la luz pública cada una de las sentencias cuando ya la reserva del sumario así lo permita para que podamos comparar homogeneidad de resultados con pruebas similares. De igual manera, una vez dictada la sentencia —condenatoria o no— ella debe ser minuciosamente analizada por expertos para llevar a la opinión pública el convencimiento de que el juez actuó correctamente.

Se necesitan jueces íntegros y valientes, capaces de analizar con criterios objetivos los resultados que arrojen las pesquisas que los fiscales hayan puesto en sus manos, y capaces de sustentar y defender sus sentencias. Ojalá haya muchos héroes en esta cruzada. Ellos quedarían satisfechos de haber cumplido su deber con la nación para orgullo de sus familias y de sus descendientes. Les corresponde devolver confianza y credibilidad a la estropeada administración de justicia.