Objeciones al proyecto de ley 234

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Con la advertencia de que soy un fiel convencido de que los procesos de descentralización son saludables y efectivos para el mejor desarrollo de los gobiernos locales, y que el proyecto de ley 234, que reforma la Ley 37, del 29 de junio de 2009. (que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones), fue presentado a consideración de la Asamblea Nacional por el gobierno actual, y que este ha dado muestras de seriedad en la administración de la cosa pública, me permito hacer algunas observaciones como aporte al debate que ahora se realiza en la Asamblea Nacional.

En primera instancia, la Ley 37, en su artículo 19, crea la Autoridad Nacional de Descentralización (entidad autónoma y administrativa, con presupuesto propio), como organismo responsable de cumplir ese proceso en el ámbito público. El proyecto de ley 234 modifica este artículo al crear la Secretaría Nacional de Descentralización, adscrita al Ministerio de la Presidencia, como organismo responsable de ese proceso. Con este cambio vemos cierto grado de incongruencia, porque no tiene sentido que la llamada descentralización de la administración pública sea desarrollada y regida por una institución centralizada.

De ser así, estaríamos hablando no de descentralización, sino de “desconcentración” de los recursos del Estado para pasarlos a los municipios, bajo el control del Ministerio de la Presidencia.

Una entidad descentralizada debe ser autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con cierta independencia del Ejecutivo. Solo así nos podíamos abocar a una verdadera descentralización de la administración pública.

Por otra parte, el proyecto 234 mantiene vigente el artículo 100, de la Ley 37, que establece: “Los partidos políticos destinarán fondos del subsidio electoral, para la capacitación en materia municipal a sus candidatos a puestos de elección popular, ya sea para alcaldes, concejales y representantes de corregimiento.

Esta disposición se prestará para proseletismo político, pues no tiene sentido capacitar a candidatos que ni siquiera sabemos que resultarán electos.

También se elimina o deroga el artículo 166 que establecía un programa intensivo de capacitación.

Por último, en la Asamblea Nacional, constantemente, se están creando nuevos corregimientos, muchos de ellos injustificados, a los que también hay que asignarles recursos económicos, de acuerdo a lo que establece la ley.

 

Hacia un liderazgo responsable

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Leí un artículo en el que se mencionaba que las competencias clave para los ejecutivos y empresarios son: trabajo en equipo, conocimientos técnicos, gestión del tiempo, dominio de diferentes gamas de productos y necesidades de los consumidores.

Si bien estas características son importantes para cualquier gerente y personal operativo aquí o en otros países, los gerentes ejecutivos deben aspirar a competencias que superen este conjunto de habilidades básicas, y respondan a las necesidades y particularidades de la economía local, y su contexto de negocios.

La economía de Panamá depende, en gran medida del sector de servicios, que está bien desarrollado y abarca desde el Canal hasta logística, puertos de contenedores, Zona Libre de Colón, banca, hotelería, turismo y proyectos de desarrollo de infraestructura a gran escala. Muchas de estas actividades son altamente dependientes de los recursos naturales, y/o tienen un impacto significativo sobre el medio ambiente (ecosistemas y biodiversidad) y sobre el bienestar de los panameños y sus comunidades.

Cualquier pensamiento económico, a corto plazo, que se fije solo en la maximización de beneficio a costa del medio ambiente y su gente es insostenible e irresponsable. El crecimiento económico insostenible destruye las oportunidades de crecimiento y el futuro de las generaciones venideras. El país sufre ya de enorme desigualdad socioeconómica y deterioro ambiental (erosión del suelo, explotación forestal indiscriminada y contaminación del agua).

Los empresarios deberían desafiar las prácticas y normas tradicionales de negocios que han llevado a esta situación. Ser más innovadores y visionarios, viendo más allá de la tentación y de la inercia del corto plazo empresarial, impulsado por el paradigma habitual de los negocios. Más innovadores y creativos, para la búsqueda de soluciones que combinen de forma simultánea los beneficios para la empresa, para la comunidad y el ambiente.

Tener una visión a largo plazo ayudaría a los empresarios a ser más proactivos en sus decisiones y transformar los desafíos en oportunidades. Estos deben guiarse por sus propósitos y sus valores –que vayan más allá del interés de los accionistas–, que sean inclusivos y consideren la naturaleza. Este enfoque gana la confianza de las comunidades y de los empleados en los empresarios.

Solo un enfoque inclusivo, combinado con valores fuertes y compartidos, y basado en el bien común, puede contribuir a la sostenibilidad del futuro de Panamá. Estos valores dan a los empresarios no solo fundamentos morales sólidos, para tomar decisiones de negocios sostenibles, sino que pueden proporcionar la protección que necesitan, ante las tentaciones, sobornos y otros esfuerzos de corrupción que, por desgracia, existen en Panamá.

La mayoría de las características y competencias descritas en este artículo se basan en el esfuerzo de cada ejecutivo y en la voluntad de reflexionar y evaluarse, críticamente. Hacer preguntas y desarrollar una mayor conciencia de sí mismo es el primer paso para un liderazgo eficaz y responsable.

 

La modificación a la Ley de la Abogacía

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He leído el Anteproyecto de Ley por el cual se modifica la Ley N° 9 de 18 de abril de 1984, por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía (reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993), que se presentó a la Asamblea Nacional, y me parece hostil.

Atenta contra el derecho adquirido y el libre ejercicio de una profesión liberal. Se pretende obligar a los abogados a capacitarse obligatoriamente de manera continua, so pena de sanción contra la ética.

Esta reforma incluye la obligación para todo abogado en ejercicio de acreditar que está en constante actualización. Esto como requisito para garantizar la vigencia de su ‘idoneidad profesional de abogado'. INCREIBLE.

Norma propuesta en el anteproyecto.

(ARTÍCULO NUEVO): Con el propósito de fomentar la constante actualización de los profesionales del Derecho, con miras a brindar una representación legal adecuada a la ciudadanía, se establece el Programa de Educación Legal Continua para el ejercicio de la profesión de abogado en Panamá. …

(ARTÍCULO NUEVO): El incumplimiento del requisito de acreditación a la Educación Legal Continua, constituye una infracción a esta Ley, y al Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, y podrá ser sancionada conforme a lo establecido en esta misma excerta legal. Los parámetros, procedimiento y todos los aspectos relacionados a la aplicación de estas sanciones, será reglamentada por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

Al primero (1°) de enero de 2017, todo abogado que desee seguir ejerciendo la profesión deberá acreditar el cumplimiento de este requisito.

Por otro lado, exige, para otorgar la idoneidad para ejercer la abogacía, la aprobación de un Examen Profesional de Acceso al ejercicio de la Abogacía, basado, principalmente, en conocimientos éticos y prácticos de la profesión de abogado.

Considero que esta idea va a sacar del escenario jurídico laboral a cualesquiera cantidades de profesionales del Derecho y a aspirantes de abogados, de manera agresiva.

Me opongo a esta iniciativa, por temeraria.

 

Precaria credibilidad institucional

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En reiteradas elaboraciones teóricas, he sostenido que si bien la manera de conducirse del individuo es el elemento causal de la precaria credibilidad de nuestro entorno institucional, político–jurídico, no menos cierto es que tales actitudes fallidas se dan en el marco de las reglas del juego constitucional que a gritos pide reformas profundas, temidas por la clase política.

También he escrito que, en la medida en que mantengamos la forma de relacionar y correlacionar los factores del poder institucional, la acción individual de querer que las cosas mejoren caerá en el vacío. La vida en sociedad no resiste esa forma triangular en que el Ejecutivo selecciona a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estos son juzgados por la Asamblea Nacional y, a su vez, los diputados por la CSJ. Así nunca tendremos un Órgano Judicial que se desempeñe con independencia, fiel garante del equilibrio entre el poder Ejecutivo y el poder político institucionalizado en la Asamblea Nacional.

Además, históricamente han sido las propias constituciones políticas del país las que han dado un curso exacerbado, y hasta execrable, al régimen presidencialista que asfixia al ciudadano con esa concentración de poder y control que siembra temor. En no pocas ocasiones se comporta como el leviatán y emula prácticas absolutistas. La verdad sea dicha, nuestros gobernantes y políticos se comportan como si los ciudadanos fueran sus súbditos. Les cuesta entender que entre gobernantes y gobernados –y así lo entienden autores modernos de ciencia política– hay una relación sinalagmática; es decir, la cultura democrática–ciudadana y deliberativa (Ronald Dworkin), que no se agota con el acto de votar. Desde la perspectiva republicana, el pueblo –soberano popular y fuente primaria del poder político– nunca renuncia a fiscalizar y controlar la gestión de sus gobernantes. Estos últimos son reacios a esa forma de intervención ciudadana. Les incomoda eso de “sociedad civil” y la tratan eufemísticamente con alegatos y discursos para mediatizarla. En ese contexto, poca importancia se le da al artículo de la Constitución que señala que el poder, en todo su alcance, descansa en el soberano pueblo. En mi opinión, nada impide que este sea invocado cuando haya que asumir decisiones política de recomposición republicana y democrática. Se trata de una norma heredada de esa mentalidad de cambios que impregnó a la evolución francesa.

Tenemos una institucionalidad perniciosa, y ello es de vieja data. Llevamos décadas de lidiar con las mismas situaciones, pero nos resistimos a dar un salto de calidad y esto continuará, si la ciudadanía no obliga a los gobernantes y políticos a que se despojen de los privilegios y beneficios que la Constitución le otorga. Por ejemplo, respecto a la justicia, observamos espectáculos que en otra circunstancias darían lugar a la deposición de su cuerpo colegiado. En lo particular, no veo que exista esa voluntad, por lo que seguiremos escribiendo y hablando de lo mismo en los próximos lustros.

Somos prisioneros de una especie de lógica del trompo, es decir, damos vueltas y vueltas, mientras los gobernantes y políticos siguen en su zona de confort, a contrapelo de la necesidad de renovar la arquitectura constitucional para caminar hacia una nueva república.

Acuerdos municipales, intelectuales y cultura

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Ante las críticas de panameños por la ausencia en el país de una política cultural y la indiferencia hacia el patrimonio histórico, el pasado ofrece reveladores documentos sobre decisiones que el Concejo de la ciudad de Panamá, en los primeros años de la República, aprobó en apoyo a la cultura.

Según el historiador estadounidense Peter Szok, en aquel periodo, Panamá ‘experimentó una fermentación intelectual sin precedentes. Un pequeño siglo de luces '. Fecundos ensayos y poesías patrióticas narraban y trazaban el pasado de la nación que estaba en construcción a inicios del siglo XX. A través de contratos de compra de obras literarias, aprobados mediante acuerdos municipales, prolíficos intelectuales panameños proveyeron de sus valiosos escritos al país. En el Archivo Municipal de la ciudad de Panamá —este que requiere un apremiante proyecto de digitalización— reposan algunos de los folios de esos contratos e información de incalculable valor histórico.

Entre 1919 y 1922, diez acuerdos municipales decretaron la adquisición de meritorias obras literarias. El acuerdo n° 47 del 17 de septiembre de 1919 aprobó comprar sesenta ejemplares de la Revista Nueva y subvención al periódico escolar El Niño , dirigido por Octavio Méndez Pereira, en ese mismo año, mediante un acuerdo el Concejo adquirió la obra Frases históricas, su origen y su uso en el idioma de Juan Méndez, ciento cincuenta ejemplares de la obra Justo Arosemena de Méndez Pereira. En 1921, doscientos ejemplares de la obra Poemas extraños del poeta Demetrio Korsi e igual cantidad de las obras La tristeza del Vals de Enrique Geenzier y Ritmos melódicos de Aizpuru Aizpuru; asimismo, cien ejemplares del libro Lienzos de José Oller y la subvención de la revista Panamá. En 1922, se aprobó la compra de cien ejemplares de la obra Guía de Panamá de Guillermo Andreve, mediante los acuerdos n° 17 y n° 24 del 7 de junio y 10 de agosto de 1922, respectivamente, se aprobó la subvención de las revistas Preludios y El Mundo .

Esos testimonios del pasado exponen la preocupación de esas autoridades quienes, a través del Gobierno local, procuraron dotar a la población de la creatividad y narrativas de los intelectuales panameños y de esa floreciente época de las letras a inicios del siglo XX. Si bien hoy vivimos en plena era de la globalización y en la sociedad del conocimiento y es necesaria una visión más planetaria, es urgente una reflexión sobre las prioridades que tenemos como sociedad. La promoción de la lectura y el cultivo de las artes, serían aspectos insoslayables en un proyecto cultural dirigido a la población, especialmente, a la juventud. Esta que le ha correspondido vivir en una época en que la competencia está basada en el saber y no en la generación de mano de obra barata. No parece justo que un país con admirables cifras de crecimiento económico en los últimos años, prorrogue una tarea pendiente e indispensable a favor de la cultura y el conocimiento de los ciudadanos.

 

Pastor y político

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Su santidad Francisco, el primer Papa latinoamericano y primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro, acaba de concluir una extraordinaria jornada en el continente. Cuba y Estados Unidos fueron escenarios válidos para que mostrara ante el mundo su condición de pastor y de político, ambas facetas cumplidas a plenitud.

Algunos olvidan que Francisco es un jefe de Estado. Nada más ni nada menos que del Vaticano. Tiene obligaciones extraordinariamente serias derivadas, entre otras cosas, de la exitosa intermediación entre los dos países visitados, relaciones que avanzan, no sin serias dificultades, pero diremos que los católicos cubanos están ahora mejor que antes y el pueblo, en general, acaba de recibir una dosis de fe y entusiasmo hacia la libertad. El fervoroso respaldo de la calle y el respeto por parte del gobierno ratifican nuestra visión optimista del futuro.

He seguido atentamente todas las intervenciones de Francisco. Tanto en Cuba como en Estados Unidos, en la Organización de las Naciones Unidas y, finalmente, en Filadelfia, con relación a la familia. Confieso cierta melancolía al recordar nuestros primeros pasos en la política, desde las filas de la Juventud Revolucionaria Copeyana y la Democracia Cristiana Universitaria a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Las mismas lecciones básicas, hasta con casi el mismo lenguaje de nuestros fundadores y primeros maestros.

Se trata de una vuelta a las raíces que mucha falta hace en este tiempo perverso que vive Venezuela. Ojalá y los actuales dirigentes de Copei, independientemente del bando en que estén ubicados y los millones de socialcristianos alejados de la actividad partidista, se tomen un tiempo para analizar y asimilar los mensajes de Francisco.

En mi opinión, hay un relanzamiento de la Doctrina Social de la Iglesia, sin dogmas de fe que no tendrían cabida. Se trata de un camino claro y factible para quienes no son comunistas ni socialistas ni socialdemócratas indefinidos, ni neoliberales rabiosos y excluyentes. También para todos estos en la medida que estén dispuestos a luchar por la dignidad de la persona humana, es decir, del individuo y su familia, por la perfectibilidad de la sociedad civil y por la justicia social como instrumento para alcanzar el bien común.

Pongamos punto final a la politiquería baratera de este tiempo, dando una nueva dimensión a la lucha por la democracia.

 

Abbas se desvincula de los acuerdos de Oslo

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El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, aprovechó el miércoles su intervención ante el plenario de la Asamblea General para anunciar que se desvincula de los acuerdos de Oslo firmados en 1993 con Israel y que han ido quedando en papel mojado. El líder palestino calificó de “insostenible” la situación por la que atraviesa el pueblo palestino por las políticas de Israel. Su respuesta, sin embargo, no será el recurso a la violencia, sino por medios jurídicos para conseguir que Israel asuma sus responsabilidades como potencia ocupante.

Abbas recordó que los Acuerdos de Oslo de 1993 estipulaban que sus términos se aplicarían en cinco años, culminando con la independencia plena de Palestina y el fin de la ocupación de Israel. “Pero Israel dejó de completar el proceso de retirada de sus fuerzas”, lamentó, a la vez que señaló que se han intensificado los asentamientos “por todos lados” y eso está poniendo en riesgo todo el proceso. También citó que no se está respetando el pacto en materia de seguridad y económicos.

Por todo esto, considera que Israel está destruyendo la fundación misma sobre la que se basan los acuerdos. “Mientras rechacen comprometerse”, continuó, “no nos dan otra opción que insistir en que no seremos los únicos comprometidos con su aplicación, mientras Israel los siga violando”. Ante esta situación, dijo que va a acudir “a todos los medios jurídicos disponibles” para defenderse. Los acuerdos de Oslo, firmados por el entonces líder palestino Yaser Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin, posteriormente asesinado, son la base sobre la que han pivotado las relaciones entre Israel y la ANP. El pacto estaba concebido para ser temporal, pero no fue completado y, a falta de un acuerdo de paz definitivo, ha seguido siendo el marco entre ambas partes.

“Aquellos que temen a los tribunales internacionales deben dejar de cometer crímenes”, señaló Abbas, al denunciar que el recuso a la fuerza por parte de Israel está generando una situación que calificó de “explosiva” y que no hace más que incrementar el odio de los extremistas en toda la región. También emplazó a los miembros de las Naciones Unidas a hacer su parte en la solución del conflicto. “Es inconcebible que la cuestión palestina no se resuelva después de tantos años”.

En su opinión, el estancamiento que sufre el proceso no hace más que “destruir la solución de los dos Estados”. Abbas dejó muy claro que la autoridad palestina no va a permitir que impongan soluciones temporales al conflicto ni un estado fragmentado. “Se nos ha agotado la paciencia”, repitió en varias ocasiones, al tiempo que anticipó que los palestinos no van a “claudicar” ante la intimidación constante que sufre su pueblo y la amenaza a la que se someten sus lugares de culto.

El anuncio del presidente de la ANP es una muestra más de la tensión creciente que domina las partes en el conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reaccionó poco después a las palabras de Mahmud Abbas con un comunicado en el que asegura que el discurso del líder palestino de “engañoso y promueve la incitación y el desorden en Medio Oriente”.

La intervención del líder palestino se produjo mientras en paralelo se celebraba una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a debatir sobre cómo afrontar la amenaza del terrorismo en Medio Oriente. Abbas aprovechó el estrado del plenario para decir que “los que desean promover la paz y luchar contra el terrorismo deben resolver antes la cuestión palestina”. “Desde Palestina y con Palestina se alcanzará la paz”, repitió, “así es como queremos vivir”.

El Gobierno debe servir al ciudadano

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En cualquier sociedad del mundo hay dificultades cuya solución depende de las personas, en especial de la gente que a diario se enfrenta a ellas.

En Panamá, tales problemas sociales tienen nombres específicos: educación, justicia, delincuencia, salud, pobreza y tranques, y lejos de solucionarse, se acentúan e intensifican. Por definición y por ley, deberían ser resueltos por los gobiernos de turno, los que a la vez basan su propia existencia en el ataque, la mitigación y la solución de esos males. Sin embargo, en la práctica los funcionarios no los enfrentan de manera certera, como debería ser, sino que se enfocan en la generación de múltiples proyectos, principalmente de construcción.

Al parecer, ellos consideran que esto les da prestigio, incrementa su buena imagen y les sirve para promocionarse –aunque de forma engañosa, por supuesto– y hacer ver que sí están solucionando los problemas sociales de los ciudadanos. Por lo tanto, los problemas reales persisten, sin que el ciudadano común experimente alguna mejoría en su nivel de vida, por el contrario, empeora porque lo fundamental no se resuelve.

Lo más delicado de esta situación es que el caos social se agrava, el nivel de vida de la mayoría desciende y el descontento social, en general, se profundiza, algo que tiene un límite y de rebasarlo, se producen “explosiones sociales” muy graves.

La razón de este comportamiento gubernamental generalizado, reside en el hecho de que no es el ciudadano el que está en el centro del interés estatal, sino que ese lugar lo ocupa el interés político de permanecer en el poder, de beneficiar a los allegados y de generar riqueza de cualquier manera.

Estos componentes son los que mueven el interés gubernamental del grupo político que esté en el poder, sin importar lo que ofrezcan en las campañas políticas, pues estas no son más que una sarta de promesas que se incumplen y cuyo único objetivo es lograr el poder, como sea.

Por otro lado, los ciudadanos en general no poseen la capacidad analítica para definir la razón que explique por qué su nivel de vida baja continuamente, aunque sí saben quiénes son los responsables. Tratar de resolver todas las deficiencias de una vez, es irreal, sin embargo, entre todos los problemas que los ciudadanos panameños tenemos, el principal y más importante es el de la mala educación. De mejorarse este, inclusive se podrían resolver otros, a corto y mediano plazo. Todos estamos de acuerdo en el poder y el valor que tiene la educación en la vida de la gente, porque educar reviste acceder al conocimiento, como herramienta perfecta para la superación del ser humano y, por ende, del mejoramiento social.

Educarse no radica únicamente en el hecho de asistir a las aulas, tiene que ver con la generación de un medio propicio para que todos los ciudadanos accedan al conocimiento de manera sencilla, contando con los medios, las condiciones físicas y, sobre todo, el personal capacitado para educarlos.

Los gobiernos no invierten en la educación ni le dan solución a los problemas que la aquejan, porque con eso no promueven su imagen de manera inmediata, lo que necesitan para mantenerse en el poder. Temen fracasar en esa gestión y que, al término de su período, en las siguientes elecciones carezcan de resultados que mostrar a los ciudadanos.

Mientras los políticos mantengan esta manera de dirigir el país, Panamá continuará siendo subdesarrollado, por más edificios y rascacielos, y por más carros nuevos que circulen en las calles de la ciudad. La que, por cierto, a pesar de muchos, no es el reflejo del resto del país, sino solo una parte de este.

Si no cambian, seguiremos atrasados socialmente. La situación se agravará porque el mundo civilizado avanza y se aleja cada vez más de nuestro estándar de vida, estancado en el siglo pasado.

 

Crisis en la administración de justicia

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Uno de los pilares de todo sistema democrático, lo es el sistema de administración de justicia. Precisamente, en Panamá este órgano del Estado atraviesa por una profunda crisis institucional, desde hace muchos años, producto de su subordinación a los sectores de poder y la inconsistencia en sus actuaciones. Si a lo anterior le sumamos la cultura panameña de evaluar la efectividad de la justicia, de acuerdo con lo favorable o desfavorable que sean sus fallos para sus amigos, enemigos, copartidarios, opositores, familiares, etc., o según se afecten sus intereses o los intereses de esas personas, entonces sin duda alguna estamos ante una disyuntiva de difícil solución.

La efectividad de un sistema de administración de justicia depende en gran medida de las personas que ejercen los cargos de jueces y magistrados, quienes son los encargados de dirimir las controversias que ante ellos se presenten. La independencia, imparcialidad, sapiencia y equidad con que dichas personas administren justicia habrá de determinar el nivel de eficacia y credibilidad de dicho órgano del Estado.

Sin embargo, para que los jueces y magistrados actúen con independencia y objetividad es necesario que reúnan ciertas características y condiciones, personales y profesionales, que les permitan no ser susceptibles a las presiones del poder político y económico, que en no pocas ocasiones habrá de intentar utilizar los medios que tiene a su alcance para influenciar el juicio crítico de los administradores de justicia.

Los jueces y magistrados deben ser independientes, tanto de sus superiores, como de los grupos sociales en particular y de los otros órganos del Estado. Deben gozar de independencia de criterio, es decir, tener la suficiente formación jurídica para desentrañar las controversias de acuerdo con el derecho, además de carácter y estabilidad emocional que les ayude a afrontar las presiones propias del cargo.

Estas cualidades no son fáciles de encontrar e identificar a primera mano, sin embargo, hay mayor posibilidad de ubicarlas si a la hora de hacer la designación se escogen a personas sin compromisos políticos, que no tengan dependencia económica de quien los nombra, con reconocida trayectoria profesional y personal, y capaces de someterse al escrutinio público previo a su nombramiento.

Debemos tener claro que la individualidad del magistrado no lo es todo para garantizar una recta administración de justicia, y que el compromiso de todos los sectores sociales de someterse a la justicia y de respetar las decisiones jurisdiccionales es parte importante del fortalecimiento del sistema. Este compromiso incluye a los ciudadanos en particular, a los grupos políticos, a la sociedad civil, a los gremios de trabajadores y empresarios, a los medios de comunicación, al Gobierno y a todo el conglomerado social en general, quienes deben entender que una administración de justicia fuerte y transparente es un elemento esencial para la seguridad jurídica y, por ende, para la democracia.

Supeditar la aceptación o crítica del sistema de justicia, a la conveniencia o no de sus fallos a nuestros intereses, no solo es una postura contraria a los principios y valores éticos y morales, sino que pone en peligro tan importante institución del sistema democrático, debilita las bases de la sociedad y crea un mensaje de oportunismo e impunidad en extremo peligroso.

De igual manera, pretender designar en la posición de jueces o magistrados a determinadas personas, en razón de su grado de afinidad, amistad o sumisión con quien les nombra, crea un círculo vicioso que compromete la independencia de los órganos del Estado, la seguridad jurídica y la vigencia del derecho en la sociedad.

La justicia suele definirse como darle a cada quien lo que le corresponde, y eso conlleva que todos aceptemos el respeto a la Constitución y la ley, por ende, a los tribunales y sus fallos; que afrontemos la responsabilidad derivada de nuestros actos; que exista seguridad jurídica en la sociedad y certeza del castigo para quien infrinja la ley.

El adecentamiento de la administración de justicia es tarea de todos, y debe ser un compromiso de Estado. Los discursos y las promesas políticas que se lanzan en campaña y se olvidan en Gobierno, ya no tienen cabida. O asumimos con seriedad la tarea de rescatar nuestra administración de justicia o nos condenaremos a vivir para siempre en una sociedad sin ley ni orden, en la que imperaría la voluntad del más fuerte, el “juega vivo” y la inmoralidad. Sociedad que, sin duda alguna, se sumergirá en el caos y en la destrucción total de la democracia.

 

Justicia que premia al delincuente

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Uno de los principios universales de la justicia establece que quien la hace, la paga. La manera como se ajusta la pena a la falta ha ido cambiando con el paso de los tiempos desde aquella estricta literalidad de la moral bíblica –ojo por ojo, diente por diente– a la idea mucho más avanzada de que el castigo no tiene que ser una venganza.

A veces cuesta aceptarlo, en especial si uno es la víctima de un atropello, pero abundan las razones que hablan en favor de una justicia que deje de lado el ajuste de cuentas. Es esa la frontera que separa las sentencias propias de la barbarie de lo que entendemos que debe ser una fórmula civilizada de condena. Pero lo que resulta paradójico es que la búsqueda del equilibrio, alejando la tentación de igualar pena y castigo, termine por convertirse en lo contrario, en un premio para el infractor.

El señor Martin Winterkorn, presidente hasta la semana pasada del grupo Volkswagen, dimitió no porque se hubiera cansado de trabajar o porque le ofreciesen un empleo en otra empresa. Lo hizo asumiendo su culpa como máximo responsable de la manipulación de los medios de control de los gases emitidos por los motores de sus automóviles. De acuerdo con los principios más básicos de la justicia, su dimisión es un castigo insuficiente; merecía una condena superior. Tampoco era cosa, en recuerdo del ojo por ojo, de obligarle a respirar las miasmas contaminantes que lograban escapar a las inspecciones técnicas. Pues bien, ¿cuál ha sido entonces la pena elegida? Los diarios ya lo han dicho. Al señor Winterkorn le han concedido nada menos que una indemnización de casi 33 millones de dólares.

Alejar la condena de los rituales bárbaros nos ha llevado a la civilización. Me pregunto dónde nos conduce ahora el convertir la justicia en una tomadura de pelo que premia al delincuente con un regalo superior a la suma que recibirán a lo largo de su vida los trabajadores que estaban a las órdenes del sinvergüenza confeso. Por la misma regla de tres habría que convertir en millonarios a quienes mienten, roban, falsifican, trampean y engañan en cualquiera de los muchos ámbitos en que las leyes determinan para los culpables penas de cárcel. Una de dos, o bien la Volkswagen cree que su hasta ahora director le proporcionó beneficios muy jugosos gracias a sus artimañas, unos beneficios que han de reconocerse y premiarse, o los directivos de la multinacional temen lo que Winterkorn sabe y se aseguran su silencio a un precio capaz de garantizarlo. En cualquiera de los dos casos el asunto apesta. Pasar de los linchamientos salvajes a las sentencias emitidas por los jueces tras un juicio justo con fiscal y abogado defensor es sin duda una de las claves de lo que entendemos por estado de derecho. Pero cruzar esa línea, llegando a indemnizar a quien ha llevado a cabo tropelías y las confiesa, se instala en el terreno del absurdo. En particular si, al mismo tiempo, se nos quiere convencer de que subir las nóminas lleva a cualquier país a que se hunda.