Listado de la categoría: Articulo

La Ley No. 156, que modifica artículos del Título II de la Ley 28 de 7 julio de 1999, por la que se dicta la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y se establece la carrera diplomática y consular representa un paso firme y certero para la profesionalización del servicio exterior panameño. Históricamente, nuestro país ha entendido que la profesionalización y modernización de la Cancillería y del servicio exterior debe hacerse con especialistas de la diplomacia y relaciones internacionales, cuya formación multidisciplinaria garantiza que han estudiado los temas propios de la política y de las relaciones internacionales.

La Ley 156, que espera la aprobación del Presidente de la República, señala como uno de los requisitos para entrar a la carrera diplomática y consular, poseer un nivel de licenciatura o un posgrado en relaciones internacionales. No permite la entrada al servicio exterior de personas desconocedoras de estos temas. Además, establece controles académicos que garantizan la presencia de especialistas en la Comisión de Concurso, lo que de cierta manera mantiene la solemnidad y protege de gente sin escrúpulos ni controles morales, como hemos tenido en el pasado reciente.

Sería perjudicial para la imagen internacional del país contar con “diplomáticos de carrera” que no tengan el mínimo de exigencias académicas que se requieren para este trabajo. Ya suficiente escarnio hemos sufrido con los funcionarios acreditados en el exterior que han cometido toda clase de desaciertos en el desempeño de las delicadas funciones a ellos encomendadas. La rigurosidad y seriedad en la selección del funcionario que representará la más alta dignidad de la patria y defenderá nuestros más sagrados intereses no se debe manejar a la ligera. Tales veleidades darían al traste con los más puros y genuinos intereses nacionales.

En caso de los temas propios de la agenda internacional, cuando se hace necesario contar con determinado tipo de especialista, esto se resuelve por la vía de la designación de un personal del servicio administrativo y técnico de la misión o un agregado, sea político, económico, cultural, etc. Por ello, la carrera diplomática y consular ha sido reservada para funcionarios especializados, que se ocupan de los asuntos propios de esa actividad.

La vida de un profesional se caracteriza por su constante y permanente actualización, que garantiza un mejor desempeño profesional. Cierto es que hay muchos temas nuevos en la agenda internacional y cada día surgen otros, como en cualquier especialidad, que requieren ser atendidos, pero tales necesidades se resuelven con formación continua que ofrece a los profesionales las herramientas para enfrentar esos nuevos desafíos.

La Ley 156 sobre carrera diplomática y consular pretende oxigenar la legislación de 1999, así también busca disponer de un eficiente servicio exterior que contribuya a posicionar al país en el contexto internacional y que se proyecte en defensa de los intereses nacionales, acorde con la formulación de la planeación estratégica, posicionándonos como un país influyente.

Esto representa un paso en el largo proceso que debe darse para contar con un servicio exterior sólido y eficaz, como el que merecemos todos los panameños, procurando la profesionalización del servicio exterior y sin caer en prácticas nepotistas o de amiguismo ni clientelismo. El debate debe continuar porque, aunque hemos dado el primer paso, aún falta mucho camino por recorrer para que Panamá se posicione, de forma eficaz, en la sociedad internacional, a través de un eficiente cuerpo diplomático y un plan estratégico bien diseñado.

No toleremos la corrupción, avancemos hacia un progreso continuo. El servicio exterior es uno de los brazos fuertes de nuestro país y juega un papel importante en su desarrollo social y económico, por ser la herramienta de apertura de Panamá al comercio y al mercado mundial, mediante los tratados de libre comercio y las buenas relaciones con los demás países, instituciones y organizaciones.

El fuero electoral, un tema espinoso que en los últimos tiempos ha desatado más de una controversia y enorme inconformidad en amplios sectores de la sociedad no vinculados a los partidos políticos, tendrá que ser abordado y definido, esperamos que para bien, cuando se discutan y aprueben en la Asamblea Nacional las modificaciones al Código Electoral, incluidas en el anteproyecto que actualmente prepara la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que ha habido coincidencia para proponer la reducción del período, exageradamente prolongado, de duración del fuero, así como el número de personas que pueden blindarse invocando ese beneficio.

Con base en el sano principio, recogido en la Constitución Política, de que todos debemos ser iguales ante la ley, nadie debiera estar protegido por privilegios que limiten las acciones judiciales en su contra. Pero es claro que el principio no se aplica de manera absoluta, pues en más de una norma legal se establecen privilegios o fueros; pero también es claro que estos deben ser excepcionales y otorgados por razones de justicia social o comprobada equidad. Eso explica por qué, de manera casi automática, el ciudadano común reacciona rechazando los fueros y privilegios y solo los acepta cuando mediante una justificación de méritos comprobados se le convence de su necesidad o inevitabilidad.

El fuero electoral se aplica en dos campos: el penal y el laboral. El segundo es para proteger a los trabajadores de las represalias que en su contra pudieran aplicar patrones arbitrarios o políticamente motivados. El penal electoral, relacionado con muchos de los procesos abiertos por el Ministerio Público (MP), en los que se sindica o investiga a figuras políticas, es el que genera el debate que ha colocado en posiciones opuestas a la procuradora Kenia Porcell y a uno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

Para evitar que el centro de la controversia derive hacia aspectos extralegales conviene hacer algunas precisiones. Primera: es cierto que al TE, por disposición constitucional, le corresponde aplicar e interpretar, privativamente (con exclusividad) la ley electoral; pero esa facultad debe ejercerla de manera institucional; es decir, mediante fallos, resoluciones o desarrollarla con decretos reglamentarios. Una opinión personal de uno de los magistrados no es un pronunciamiento institucional, sino solo eso: una opinión. Por consiguiente, no tipifica un ejercicio de la facultad interpretativa prevista en la norma constitucional, y mucho menos puede serlo una opinión del departamento legal del TE. En este aspecto, también conviene aclarar que las interpretaciones oficiales, que no oficiosas, del TE no son finales ni están revestidas de infalibilidad. Y, además, recordar que los fallos oficiales del Tribunal, que pueden ser objeto de demandas de inconstitucionalidad, en más de una ocasión, han sido anulados por la Corte Suprema de Justicia.

Un segundo aspecto que conviene dejar en claro es que la investigación de los delitos, exceptuados los electorales, compete al MP, que debe ceñir su actuación, de manera estricta a las facultades, pero también a las prohibiciones que le marca la ley, para evitar, como ha ocurrido en muchos casos en el pasado reciente, que los sumarios sean objeto de peticiones de nulidad, que prosperan para frustración de la ciudadanía y la felicitad de muchos delincuentes.

Un tercer aspecto, y final, es el que tiene que ver con el cumplimiento oportuno de sus responsabilidades por parte de los funcionarios encargados impartir justicia. En general, las leyes procesales fijan términos para resolver los expedientes sometidos a la consideración y decisión de magistrados y jueces; pero nada nuevo ni sorprendente se dice cuando se afirma que la prontitud no es precisamente la que impera en esas esferas. Por consiguiente, se vuelve hasta bizantino que el TE, o por lo menos uno de sus miembros, en respaldo al director de su departamento legal, haya optado por pretender marcarle el rumbo al MP, cuando nada justifica que, contrario a lo que aconseja el buen sentido, en lugar de entrar a una polémica sobre competencias procesales, el TE mantenga pendiente decidir, con la celeridad que debiera hacerlo, los casos de reconocimiento o de no reconocimiento de fueros electorales penales. Ese camino, por práctico, sería más provechoso. Vistas las cosas, bajo los prismas anteriores, la procuradora Porcell tiene la razón.

El proyecto de ley 234, que reforma la Ley 37 de 29 de junio de 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones, introduce algunos conceptos novedosos en materia de administración municipal.  por lo cual nos parece que se mejora notablemente el contenido de la Ley 37. En otros casos, las reformas propuestas no mejoran el texto legal, manteniéndose la opacidad normativa que tanta polémica ha suscitado en las últimas semanas.

Aunque está claro que una cosa es la descentralización y otra los avalúos de las propiedades, no se puede ocultar que el proyecto de ley 234 las relaciona íntimamente, al punto de que lo primero cede a lo segundo.

Es inocultable que la discusión en materia de descentralización ha cedido a un aspecto específico contemplado en el proyecto de ley 234: el referente al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) vía los avalúos a los que se enfrentan o pudieran enfrentar los propietarios en el futuro inmediato o mediato.

En este aspecto, la propuesta de reforma no mejora el texto original. Veamos, el artículo 112 de la Ley 37 de 2009 señala: “El Municipio tendrá la potestad del cobro del impuesto de bienes inmuebles y el de alojamiento ubicado en la circunscripción territorial del distrito. El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, realizará inicialmente la gestión de cobro del impuesto de bienes inmuebles y lo transferirá a los municipios, mientras estos preparen y adecúen su catastro para el cobro correspondiente”.

El artículo 42 del proyecto 234 solo elimina del artículo citado la frase “y el alojamiento”, dejando lo demás íntegro. Así, pues, ¿qué alcance tiene la “potestad de cobro”? ¿Cómo ha de interpretarse la frase “mientras estos (los municipios) preparen y adecúen su catastro para el cobro correspondiente”? ¿Implica acaso esa frase que los municipios pueden decretar avalúos? ¿Qué significa exactamente que un municipio “adecúe su catastro”? ¿Una vez adecuado el catastro por el municipio, el IBI es un impuesto nacional o municipal?

No sé si las frases citadas implican lógica o jurídicamente lo que la diputada Zulay Rodríguez ha dicho en reiteradas ocasiones; pero de lo que no dudo es que esos aspectos confusos de la propuesta tienen que aclararse y mejorarse, pues no es poca la suspicacia que se ha originado en amplios sectores de la población.

Por supuesto, en materia de avalúos, el Código Fiscal (artículo 770 y siguientes) señala que estos (sean generales o parciales) se decretarán de oficio por parte de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esa disposición, a pesar de su contundencia, es insuficiente, pues no está claro si  de aprobarse el proyecto 234  aquellos aspectos referentes al IBI entrañan una derogatoria tácita de las disposiciones fiscales vigentes sobre la materia; además, ya en el pasado ha ocurrido que algunos municipios se han dado a la tarea de gravar actividades amparados en la opacidad normativa en materia de tributos municipales, violentando disposiciones legales y constitucionales, con los consabidos procesos judiciales que ello genera. ¿Qué garantías tienen, entonces, los propietarios de que sus bienes no estarán expuestos a prácticas abusivas por parte de las administraciones municipales? Yo diría que ninguna.

Panamá es uno de los países de la región con el menor índice de analfabetismo. Tal vez no tengamos el mejor sistema educativo del mundo, sin embargo, los seres humanos en ocasiones somos tan egoístas e inconformes, que nos pasamos la vida añorando lo que sabemos que está lejos de nuestras posibilidades, pero no agradecemos a Dios por lo que poseemos.

Veo que se intenta crear una ley para regular el ejercicio de la abogacía en Panamá, porque cada año se gradúan 900 abogados. Sin embargo, también se gradúan de secundaria más de 3 mil estudiantes que, en su mayoría, no tendrán la oportunidad de obtener un empleo decoroso y es muy probable que tampoco sigan la educación universitaria.

Si usted estudia, entre cuatro y seis años, una carrera universitaria, y obtiene calificaciones satisfactorias, no veo por qué debe someterse a otro examen para que alguien compruebe si usted aprendió o le obsequiaron la calificaciones. Eso sería antiético, porque pondría en duda la calidad de la enseñanza universitaria y, de forma indirecta, la honestidad del estudiante. Rechazo la propuesta por varias razones:

1. Es antiética y violatoria de la Constitución al crear un fuero, pues dudo que Toto Álvarez y comitiva tomen seminarios de actualización y menos pasen por el examen de barra, pues son colegas de larga data.

2. Someter al estudiante, después que culmina sus estudios a un examen, y a los que ya son idóneos a seminarios, es señalar que la Facultad de Derecho es mediocre y deficiente. Sería mejor designar una comisión que se acerque a las universidades para verificar si cumplen el plan académico.

3. No pienso que sea malo tener muchos abogados. Al contrario, eso hará que haya más profesionales que opten por puestos en el sistema judicial, que requiere más jueces, secretarios y funcionarios conocedores de las leyes.

Se señala que hay abogados poco preparados, sin embargo, estoy convencido de que no es así y que, por deficiente que sea la preparación, saben lo básico. De otra forma, no habrían culminado sus estudios. El examen y los seminarios son antidemocráticos, porque buscan limitar el estudio y la profesión del derecho, y el solo hecho de hacerlo obligatorio es antidemocrático. Es un derecho de cada quien capacitarse más y, también, es derecho del cliente elegir al abogado que cumpla con sus expectativas. El examen de barra y los seminarios responden a una agenda política, más que a una necesidad real.

En un lenguaje muy sencillo, la descentralización municipal no es más que el traspaso del poder del Gobierno central del Estado a los gobiernos locales. Es una forma de acercar al ciudadano y a los alcaldes, para que se solucionen los problemas que agobian los distritos. La lectura de este artículo no se debe hacer en función de los reavalúos, uno de los temas que más desconfianza produce en la ciudadanía y que espero sea derogado en su totalidad. Mi interés es escudriñar un poco cómo se articulará la seguridad ciudadana en la gestión municipal.

Al respecto, las preguntas que se deben plantear los alcaldes son: ¿Qué debo hacer en materia de seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las normas que debo asumir para cumplir esa gestión? ¿Qué pasa si incumplo las obligaciones y funciones que me competen en este tema? ¿Cuál será el rol de la Policía Nacional en los gobiernos locales en esta materia, se van a supeditar a los alcaldes? ¿Está dispuesto el Estado a descentralizar la seguridad ciudadana? ¿Será necesario reformar la ley de la Fuerza Pública para que articule la gestión desde los municipios?

Ignoro si estas inquietudes han sido consideradas. No obstante, se deben tomar en cuenta si, en efecto, pretenden que los gobiernos locales jueguen un rol en ese tema. En pocas palabras, su responsabilidad debe estar articulada con los planes nacionales de seguridad.

Panamá todavía no ha adoptado una política criminológica, pero tarde o temprano lo debe hacer, porque las circunstancias así lo exigen. Por esto, la descentralización debería estar preparada frente a un escenario futuro que contemple esa adopción, de forma sostenible, permanente e integral.

Las autoridades locales no se sienten responsables de estos temas ni asumen plenamente esa responsabilidad, a pesar de que sus comunidades exigen más acciones. No hay recursos ni conocimiento para manejar un problema tan complejo.

En este orden de ideas, se debe considerar, con seriedad, el papel de los municipios en la gestión de convivencia y de seguridad de toda la población. Es un proceso que tomará tiempo, pero es factible en la medida que empecemos a utilizar como sustento filosófico el “desarrollo humano sostenible” y la “seguridad humana”, tal como ocurrió en Colombia cuando empezó su proceso de descentralización. A pesar de que no tenemos situaciones de violencia similares, ellos tienen la experiencia suficiente que, como país, debemos aprovechar.

El manejo de la inseguridad requiere el concurso de todos los ciudadanos de cada distrito, sobre todo, en los más violentos, porque urge una respuesta que arroje resultados cualitativos que garanticen la integridad de la vida humana.

Por último, tengo mis dudas de que estemos preparados para iniciar la descentralización sin la debida capacitación de todos los actores, incluyendo, en este caso, a la Policía Nacional.